NOTICIAS INMOBILIARIAS

FISCALIDAD INMOBILIARIA NOTICIAS ANTIGUAS

NOTICIA > -Promoción > Financiación > Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Las inmobiliarias se enfrentan a un duro ajuste de sus activos > El Gobierno evita los peores efectos de la depreciación ... El Gobierno introdujo recientemente una modificación temporal de dos años en la ley de sociedades anónimas para evitar que las pérdidas en las empresas derivadas del deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias se tenga en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contempla la ley.  No obstante, los expertos confían en que el ajuste actual sea ya suficiente para reactivar gradualmente la actividad. “Se desconoce si habrá un mayor ajuste, pero los precios oficiosos reflejan ya la situación real. En el momento en que vuelva la financiación, tendremos una situación normalizada. Cierto que en un mercado bajista, pero un mercado al fin y al cabo, explica Fernando Fuente, director de valoraciones de CBRE.  Las nuevas tasaciones echan más leña al fuego - Los activos de suelo serán los más damnificados. Se prevén desplomes de precios de entre el 15% y el 40%. - A pesar de su menor exposición a la crisis, los edificios de oficinas también se verán afectados con caídas de entre el 10% y el 15%. - Para todos aquellos inmuebles que no estén situados en zonas de ubicación privilegiadas, los descensos llegarán al 25%
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Los promotores chocan con Hacienda en su búsqueda de vías de financiación > Establece que en las operaciones de intercambio de solares por edificaciones futuras. El pago del Impuesto de Sociedades debe fijarse según el valor de los pisos al entregar el terreno, por lo que no se beneficiarán de la futura caída de la vivienda. Lo que en tiempos de bonanza podría haber sido una buena noticia para los promotores, se ha convertido en un quebradero de cabeza más para un sector en plena caída libre motivada por el descenso del precio de la vivienda. La Dirección General de Tributos ha establecido en una consulta vinculante que en la base imponible del Impuesto de Sociedades el valor de las operaciones de intercambio de solar por edificación futura es el que tengan los pisos en el momento de la transmisión del solar, pero no en el que tengan los pisos en el momento de su entrega, que puede ocurrir al cabo de dos o más años. Este tipo de intercambios o permutas se están utilizando precisamente para no frenar la actividad pese a la falta de financiación. De esta forma, la base imponible será más alta ahora por la previsión de bajada de los precios de los pisos para los próximos años. Si Hacienda no hubiera hecho esta aclaración, la base imponible habría bajado en los próximos años, en concordancia con el descenso de los precios de la vivienda. En el caso estudiado por Tributos, una promotora había firmado en 2007 un contrato con otra firma del sector por el que entregaba un terreno a cambio de dos apartamentos y un local comercial que se construirían en ese mismo solar con un plazo de entrega de tres años y medio. La empresa preguntó a Hacienda si la base imponible del Impuesto de Sociedades se calcula con arreglo al valor de mercado de los pisos en el momento de transmisión del terreno –según los precios de 2007– o según el valor de entrega de los pisos –con arreglo a los precios de 2010–. La forma de cálculo de la base imponible es esencial, ya que estas operaciones se integran en la base restando al valor de los pisos el del solar. Con precios altos, sale una base imponible superior y si el precio es bajo, será inferior. Como explica la consulta de la DGT, se “deberá integrar en la base imponible del periodo impositivo en que se realice la operación de permuta de entrega del terreno a cambio de construcción futura, la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos –pisos y bajo comercial– y el valor contable del transmitido –terreno–”. De esta forma, en tales operaciones ya no se podrá incluir el valor de los inmuebles prevista para 2010, previsiblemente más baja que ahora. Según explica la consulta, “se considerará producida la operación de permuta en el momento en el que se produce la transmisión del terreno, que puede entenderse que tiene lugar en la fecha de formalización de la permuta en escritura pública”.  Hasta ahora, ésta era una cuestión controvertida, lo que había perjudicado históricamente a los promotores porque la revalorización de los pisos durante el boom hacía que, en las ocasiones en que la base imponible se determinaba según el precio de mercado en el momento de la entrega de los pisos –más elevado–, tuvieran que pagar más impuestos. Pero ahora el perjuicio será el mismo, provocado por un cambio de criterio. El precio de la vivienda ha bajado un 3% en 2008 según el Instituto Nacional de Estadística y podría caer un 25% hasta 2010 según el servicio de estudios del BBVA. Por tanto, los promotores que suscriban ahora este tipo de contratos de transmisión de solar a cambio de edificación futura, pagarán más impuestos según el precio del momento del contrato, ya que ahora los precios son más elevados de lo que se prevé en un futuro. Los promotores podrían haberse ahorrado un buen pellizco si la Dirección General de Tributos no hubiera aclarado su criterio. Por otro lado, Tributos aprovecha para recordar qué se entiende fiscalmente por ‘valor de mercado’. Según explica la consulta, hay que acudir al artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Según esta norma, tal valor será “el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes”. Hay que apuntar que la doctrina establecida por la DGT para fijar la base imponible de estas operaciones en Sociedades también tendría sus repercusiones en otros impuesto como el IVA. Sin embargo, aquí Tributos no tiene una posición clara.
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NOTICIA > -Impuestos > deducibilidad por inversión en el extranjero > Expansión y económicos
Valor añadido > - las empresas podrán deducirse en España gran parte de las pérdidas de sus filiales en el exterior. La ayuda se traducirá, de este modo, en un mecanismo de incentivo fiscal que beneficiará más a quien mayor exposición de riesgo haya asumido en el extranjero, un perfil que corresponde mucho más al de las mayores compañías españolas que a las de tipo medio. La pérdida de valor, de hecho, será deducible “en proporción a la participación”. El cambio permitirá, así, modificar el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de forma que el actual artículo 12.3 permita que sean deducibles las pérdidas por depreciación de las entidades, siempre que no coticen en un mercado regulado. La deducción, además, no exigirá su reflejo contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, puesto que la nueva normativa en materia de contabilidad impide la aparición de este tipo de conceptos como provisión por depreciación de cartera. Ahora bien, el deterioro de las filiales se calculará tomando como referencia los valores a cierre del ejercicio “siempre que se recojan en los balances formulados o aprobados por el órgano competente”, que se convierten en el requisito de control. En cualquier caso, se deja constancia de que no serán deducibles las pérdidas por depreciación correspondientes a la participación en entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, algo que, sin embargo, no ha hecho desaparecer el debate previo a la aprobación de esta modificación. El punto de polémica radica en el hecho de que muchas de las filiales que generarán el mecanismo de deducción serán países, por ejemplo, del mercado latinoamericano, que no revisten las garantías suficientes a la hora de controlar la depreciación de los activos, algo que podría generar una vía de justificación de deducciones difícil de comprobar y controlar por parte de las autoridades tributarias españolas. La reforma contable, iniciada por la Ley de 2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional, y desarrollada después por el nuevo Plan General de Contabilidad, generó un problema fiscal que, sumado a la actual recesión económica mundial, ha acabado afectando gravemente a la competitividad e internacionalización de las mayores empresas españolas y, en el corto plazo, incluso a su situación financiera, según exponen fuentes de CiU. En esa reforma contable, se modificó la norma de provisiones por depreciación de sociedades filiales y participadas. De esta forma, se inutilizó la posibilidad de deducir por este tipo de provisiones, recogida en el artículo 12.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  La creciente importancia del negocio exterior  Los negocios en el exterior son una fuente importante de ingresos para las empresas españolas.Tanto es así que mientras que el resultado ordinario neto de las compañías nacionales dentro del país–según la Central de Balances del Banco de España–cae a ritmos del 3,6%, los dividendos recibidos de filiales, principalmente extranjeras, explican aproximadamente la mitad del incremento de los ingresos financieros en los últimos dos años. Los expertos apuntan que en etapas de desaceleración de la economía española la actividad internacional cobra mayor importancia. Sin embargo, el problema es que ahora el entorno exterior también atraviesa una fuerte crisis, ya que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mundo está en recesión. De ahí la importancia del cambio introducido, pues da un balón de oxígeno a las grandes compañías que apuestan por los negocios extranjeros en un entorno adverso. El Gobierno no da datos de la facturación de las filiales extranjeras, pero la actividad dentro del país da idea de su importancia. Así, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las filiales de empresas foráneas en territorio nacional generan casi el 17% del volumen de negocio total de las compañías englobadas en el sector servicios, que supone, en conjunto, dos tercios del PIB español y más del 66% del empleo total.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Impuestos > artículo de opinión de J.L Bárcenas > Cotizalia
Valor añadido > -En cualquier compra de suelos destinados a ser desarrollados en el futuro, era práctica habitual lo siguiente: Contabilizar como existencias a corto plazo los activos inmobiliarios, aun a sabiendas de que esos activos no generarían riqueza para la sociedad hasta bien cerrados unos cuantos ejercicios contables más. ¿Quién no habrá hecho esto con suelos cuyos tiempos de desarrollo son a largo plazo? La deuda contraída para financiar la adquisición de estos activos, por supuesto, ahora sí tocaba ser contablemente ortodoxos, se contabilizaba como un pasivo a largo plazo.  El resultado de 1+2, en este caso concreto, era el ofrecer una imagen de la sociedad que no se correspondía con la realidad. Estaríamos ante una empresa mucho más solvente de lo que en realidad era. Es lógico: aparentemente podríamos generar liquidez con nuestros activos a corto plazo mientras que no nos exigirán cumplir con nuestras deudas hasta más adelante. Otra práctica habitual era (ya no es posible con la modificación del Plan General de Contabilidad en España) el adelantar en el tiempo el reconocimiento de los beneficios empresariales. Hasta el ejercicio pasado se podía reconocer el resultado contable de una promoción inmobiliaria una vez que ésta se encontraba desarrollada sustancialmente (el PGC hablaba del 80% de avance de la misma). Esto facilitaba el acomodar el resultado contable al antojo de la dirección de la empresa. El “80% de desarrollo de la promoción” admitía una gran flexibilidad. Servía:  En el caso de una sociedad cuyas acciones cotizaran en un mercado organizado, para dar una imagen de fortaleza ante el mercado, lo que siempre suponía buena noticia ante los accionistas. En el caso de sociedades no cotizadas, lo que se conseguía era capitalizar “ficticiamente” un balance al que le sobraba algún que otro kilo de deuda bancaria. Puro “marketing contable”. De esta forma, cualquier ratio financiero que tuviera en su cociente la partida de “Fondos Propios”, mejoraba notablemente. Eso sí, esta práctica tenía un único “pero” para la sociedad pero que, por otro lado, beneficiaba al Estado: Hacienda ingresaba, por anticipado, el 35% de estos beneficios. Se trataba de un coste que, en épocas de bonanza, se asumía sin excesivo dolor. Vaya, vaya. Ahora bien, lo expuesto anteriormente, no pasaba de ser puro maquillaje barato ante cualquier análisis medianamente serio de las cuentas de estas sociedades. Esto que se hacía en el inmobiliario, se llamaría de cualquier otra forma mucho más censurable en cualquier otro sector empresarial. En todos los sitios cuecen habas. Quien de verdad quería saber cuál era la verdadera situación de una sociedad, sabía qué documentación pedir y qué datos escudriñar. Otra cosa es que lo hiciera. Había muchas empresas que no practicaban estas artes y otras muchas que las practicaban de una forma más abusiva que la expuesta anteriormente. Por supuesto, no se puede generalizar. Tan sólo he tratado de ofrecer una idea de cómo se podía vestir la realidad contable de las empresas inmobiliarias pero, como bien sabemos, aunque se vista de seda, mona se queda. Lo más importante de todo esto es que no creo que, quien necesitara saber cuál era la situación exacta de una empresa en concreto, no pudiera hacerlo sin mayores problemas. Con esto trato de responder a una de las cuestiones planteadas al principio del artículo. Las entidades financieras sabían perfectamente cuál era la situación de las empresas a las que prestaban millones y millones de euros. El promotor que no paseara un balance con un endeudamiento bancario equivalente a seis, siete o más veces el importe de sus Fondos Propios, no era nadie. Le vendían la idea de que estaba dejando escapar la oportunidad de multiplicar sus beneficios empresariales más allá de lo que nunca hubieran imaginado. En realidad, lo que nunca hubieran imaginado era la ruina en la que se estaban metiendo. Estoy seguro de que, tanto el Banco de España (tengo buenas referencias del serio y exhaustivo trabajo que realizan los inspectores de este organismo analizando los riesgos de las entidades financieras españolas) como la CNMV, se surtían de los mejores datos necesarios para tener una visión realista de la situación en cada momento. Por tanto, si la información era buena, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Sinceramente, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que aquí todo el mundo sabía dónde estábamos hace dos años, el año pasado y ayer mismo. Otra cosa bien distinta es que no se hayan querido, o podido, tomar las decisiones que requería la situación de los mercados en cada momento.
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NOTICIA > -Impuestos > País Vasco
Valor añadido > -Las Juntas Generales de Vizcaya derogarán la normativa del Impuesto de Patrimonio gracias a un acuerdo alcanzado por PNV y PSE, que sigue así la línea de reforma fiscal iniciada hace meses por el Ejecutivo central.
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NOTICIA > -Impuestos > Fiscalidad de la Vivienda > Cinco Días y Expansión
Valor añadido > -El propietario de una vivienda puede deducirse un máximo de 1.352,28 euros anuales ya que la ley permite una deducción del 15% de las cantidades invertidas en la adquisición, rehabilitación, ampliación y construcción de una casa sobre una cantidad máxima de 9.015 euros. En esa cifra también se incluye la amortización del capital e intereses del préstamo hipotecario. Hay que tener claro que si se realiza una declaración conjunta, el límite máximo de deducción es el 15% sobre 9.015 euros, esto es, 1.352,25 euros únicamente, porque el límite de 9.015 euros es por declaración y no por declarante. No entra en la declaración de la renta de 2008 pero conviene tener en cuenta que el Gobierno tiene pendiente aprobar en la recta final de año que la deducción anual por compra de vivienda se realice mensualmente en las retenciones de IRPF de la nómina. Se podrán beneficiar de esta medida aquellas personas que tengan unos ingresos brutos anuales de hasta 33.000 euros y tendrán que informar a sus empresas que tienen una hipoteca de una casa de su propiedad y quieren acogerse a esta herramienta. De esta forma, las empresas les rebajarán dos puntos de las retenciones practicadas mensualmente a su sueldo. Una de las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir la crisis económica e inmobiliaria ha sido la ampliación de la cuenta ahorro vivienda, que pasa de cuatro a seis años. Pero hay que tener en cuenta que lo que se amplía es el plazo, no la cuantía, es decir, que durante los dos últimos años el propietario de uno de estos productos no podrá incrementar el capital. En el caso de separados y divorciados judicialmente, se pueden seguir desgravando un 15% sobre la base de 9.015 euros por la que fuera su vivienda habitual durante su matrimonio siempre que continúen viviendo en ella sus hijos y el otro progenitor. Si durante el ejercicio 2008 ha vendido una vivienda, conviene recordar que tendrá que tributar por el concepto de “ganancias y pérdidas patrimoniales” y, si el resultado es positivo para el contribuyente, dicha cantidad tributará al 18%. Pero, si se trata de vivienda habitual, la plusvalía puede quedar exenta si se reinvierte en otra vivienda habitual. Además, se ha aprobado una moratoria en el plazo de exención por reinversión en vivienda habitual de dos años. Reducciones de los rendimientos de los alquileres Si es propietario y ha alquilado o tiene previsto alquilar su vivienda, se podrá aplicar una reducción del 50% del rendimiento neto obtenido si el inmueble es usado como vivienda, pero no como oficina. Un porcentaje que puede llegar al 100% si el arrendatario tiene una edad comprendida entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores al IPREM. Para los que viven de alquiler, desde el 1 de enero de 2008 se pueden deducir el 10,05% de las cantidades pagadas durante el ejercicio sobre la cuota íntegra del impuesto. La base de la deducción será 9.015 euros cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros y en el resto de los casos habrá que aplicar la fórmula: 9.015 euros – (base imponible – 12.000 euros) x 0,75.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -el Gobierno ha anunciado ayudas con las que suavizar el impacto fiscal del pinchazo inmobiliario y que serían de aplicación en la declaración de 2008. Las cuentas de ahorro vivienda que expiren este año podrán aplazar la compra de casa hasta finales de 2010 y quienes compraron su casa entre 2006 y 2008 aún tendrán de plazo hasta finales de 2010 para disfrutar de la exención en las plusvalías obtenidas por la venta de su anterior vivienda habitual.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contiene un conjunto de medidas para aliviar la situación económica de las familias que están pagando una hipoteca y tienen dificultades, en especial de los desempleados, y para favorecer la creación de empleo, tras su aprobación por el Consejo de Estado. Hipotecas  En primer lugar, se facilitará una moratoria temporal parcial en el pago de las hipotecas. Podrán solicitar esta moratoria los titulares de una hipoteca sobre su vivienda habitual suscrita antes del 1 de septiembre de 2008, siempre que el importe inicial de esa hipoteca fuera inferior a los 170.000 euros, no se encuentre en situación de mora y se cumpla alguna de estas condiciones: Estar desempleado o pasar a estarlo antes del 1 de enero de 2010 y cobrar prestación por desempleo contributiva o no contributiva. Ser trabajador autónomo que haya cesado su negocio o acredite ingresos anuales inferiores a tres veces del IPREM (algo más de 18.900 euros). Ser pensionista de viudedad.  La aplicación de esta medida exigirá el acuerdo entre el interesado y la entidad de crédito. El Ministerio de Economía instruirá al Instituto de Crédito Oficial para que concierte los correspondientes convenios con las entidades de crédito en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones. Rebaja de las retenciones  La segunda medida del Real Decreto supone la reducción de las retenciones y los pagos fraccionados en el IRPF para los trabajadores que se aplican la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena. Todos los trabajadores por cuenta ajena, que tengan ingresos por trabajo inferiores a 33.000 euros anuales y que se aplican la deducción por adquisición de vivienda habitual con financiación ajena en el IRPF, podrán solicitar una reducción de dos puntos en las retenciones aplicadas en sus nóminas. Los contribuyentes que ya están pagando una hipoteca por su vivienda habitual y deseen que se les aplique la rebaja de retenciones podrán comunicarlo a su empresa antes del 31 de diciembre de 2008. La Agencia Tributaria pondrá a disposición de las empresas el modelo de comunicación que deberá utilizarse y el programa de ayuda para el cálculo de retenciones.  Si la hipoteca se empieza a pagar a partir del 1 de enero de 2009, el contribuyente deberá comunicarlo a la empresa en el momento en que comience a realizar los pagos. En el caso de los autónomos, con ingresos anuales inferiores a los 33.000 euros, se podrán reducir el 2 por 100 de sus rendimientos en los pagos fraccionados. Cuentas ahorro-vivienda  La tercera medida incluida en el Real Decreto es la ampliación del plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda. Los titulares de una cuenta ahorro-vivienda, cuyo plazo de cuatro años para materializar la inversión en la compra de una vivienda se cumpla entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2010 para llevar a cabo la compra de la vivienda. Durante ese período de tiempo adicional las aportaciones que se realicen a la cuenta de ahorro-vivienda no tendrán derecho a desgravación fiscal. Reinversión de ganancia por venta de vivienda  La cuarta medida del Real Decreto es la ampliación del plazo para vender la vivienda habitual, cuando previamente se haya adquirido otra, manteniendo la exención fiscal de la ganancia patrimonial obtenida. Pueden acogerse a esta medida las personas que hayan adquirido su vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior. Hasta ahora disponían de un plazo máximo de dos años para vender su vivienda y poder aplicarse la exención fiscal de la ganancia patrimonial obtenida. Con esta medida, el plazo para vender la vivienda antigua, manteniendo la exención fiscal, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2010.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión y económicos
Valor añadido > -CiU arranca a Solbes mejoras para las empresas en las amortizaciones El proyecto de ley que suprime el Impuesto de Patrimonio sigue introduciendo en su periplo parlamentario “otras modificaciones en la normativa tributaria”, como su nombre indica. Y esta vez lo ha hecho para dar una alegría a las empresas españolas. El texto vuelve ahora al Senado con importantes cambios que servirán de balón de oxígeno en plena crisis: la libre amortización de activos de las empresas durante dos años y la exención del IVA en fusiones bancarias. La primera, que supone la posibilidad de deducir de golpe todos los gastos de amortización de los activos comprados, ha sido posible gracias a una enmienda que arrancó CiU, a cambio de salvar la promesa de eliminar el Impuesto de Patrimonio que desafiaba IU-ICV. El objetivo: lograr “un beneficio fiscal importantísimo para las compañías”, como resumía ayer el Portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Sánchez Llibre. La ley mejora la adaptación de las empresas al nuevo Plan General Contable > La medida, eso sí, tiene dos limitaciones: de un lado, es sólo para inversiones en “elementos nuevos” del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en 2009 y 2010. Acorde a estos plazos, la segunda limitación se refiere a la duración temporal de la medida: de 24 meses –2008 y 2009–, siempre y cuando las sociedades beneficiadas mantengan su plantilla “de acuerdo con la media de los últimos 12 meses”, según dice la enmienda de CiU, que permite libertad para despedir y contratar trabajadores siempre que se cumpla esa media aritmética temporal. CiU logra por ley reducir de 2 años a 12 meses la devolución del IVA liquidado y no cobrado Fusiones bancarias, sin IVA La segunda gran novedad de la ley beneficia al sector bancario. El texto que llevó el Gobierno al Congreso eliminó la exención del pago del IVA en las operaciones de reestructuración de las empresas financieras. O, lo que es lo mismo, las fusiones en este sector pasarían a pagar el IVA. Ahora, la enmienda de CiU “neutraliza el IVA” en las fusiones entre entidades, con lo que de nuevo quedan exentas de su pago. Referente al IVA, además, a partir de ahora los colegios profesionales, las cámaras de comercio, los organismos de las patronales y todas las entidades sin ánimo de lucro de carácter social podrán optar por soportar el IVA y cobrarlo a todos sus asociados por las actividades que ofrecen. Según Sánchez Llibre, “va a permitir que no contabilicen el IVA como una pérdida de explotación”.
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NOTICIA > -Impuestos > Madrid
Valor añadido > -Unos 750.000 madrileños podrán desgravarse una media de 200 euros sobre su declaración de la renta del próximo año gracias a las nuevas deducciones por vivienda ideadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre para compensar la subida de los tipos de interés que está mermando los ingresos de las economías familiares, según expertos fiscales consultados por Europa Press. Esta medida, anunciada esta semana e incluida en la Ley de Acompañamiento, entrará en vigor el 1 de enero de 2009, pero utilizará como referencia el índice Euribor de 2007, cuando los tipos de interés hipotecarios estaban en el 4,450. De este modo, los contribuyentes que hayan suscrito una hipoteca y que tengan derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán aplicar una deducción por el incremento de los costes financieros derivados de la variación de los tipos de interés. Se trata pues de compensar la subida aproximada de un punto que ha sufrido el Euribor en el último año, aunque la cifra exacta no se conocerá hasta diciembre. La cifra a deducir con la nueva medida se calculará, además, en función de la cuantía pagada en cada caso de intereses, y no del capital amortizado. Más concretamente, se tendrá en cuenta el importe total de los intereses satisfechos por el contribuyente en el periodo impositivo, con un límite anual de 9.015 euros. De ahí, se restarán los instrumentos de cobertura del riesgo de variación del tipo de interés variable de préstamos hipotecarios. Según el Anteproyecto de Ley, al que tuvo acceso Europa Press, los requisitos necesarios para optar a la deducción es que la vivienda habitual se pague mediante un préstamo hipotecario contratado a tipo de interés variable y que la adquisición de la vivienda se haya efectuado antes del inicio del periodo impositivo. El texto legal, que ha recibido la contestación de sindicatos y oposición política por no haber sido pactada y por adelgazar las arcas públicas, ha sido ya entregada al Consejo Económico y Social, quien deberá realizar un informe consultivo. Posteriormente, será debatido en la Asamblea de Madrid, donde deberá ser aprobado antes de finales de año.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Impuestos
Valor añadido > -Texto completo del 2º borrador de la ley de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi) > Los bienes inmuebles adquiridos lo deberán ser en propiedad. En particular, se entenderá incluida la propiedad resultante de derechos de superficie, vuelo o subedificación, inscritos en el Registro de la Propiedad y durante su vigencia, así como los inmuebles poseídos por la sociedad en virtud de contratos que cumplan los requisitos para ser considerados como de arrendamiento financiero a efectos del Impuesto sobre Sociedades. La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento serán objeto de contabilización separada para cada inmueble promovido o adquirido con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada inmueble o finca registral en que éste se divida. Las operaciones procedentes, en su caso, de otras actividades deberán ser igualmente contabilizadas de forma separada al objeto de determinar la renta derivada de las mismas. 6. Junto a la actividad económica derivada del objeto social principal, las SOCIMI podrán desarrollar otras actividades accesorias.
Texto completo borrador  / Suscriptor

NOTICIA > -Impuestos > Madrid
Valor añadido > - Vivienda. La deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda en el IRPF permitirá compensar la subida de los tipos de interés, que han incrementado las letras de las hipotecas de tipo variable a los madrileños. La base imponible tiene las limitaciones en vigor: hasta 25.600 euros de ingresos para los contribuyentes con hipotecas individuales y 36.200 euros si es una pareja la que ha firmado el préstamo. Las deducciones se calcularán según la diferencia entre el tipo medio de 2007 y el tipo medio de 2008. "Es una ayuda para soportar la carga por el incremento de los tipos de interés, debida a la progresiva escalada del Euribor", explicó el consejero Antonio Beteta.
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NOTICIA > -Impuestos > el País Propiedades
Valor añadido > -disminuir la carga fiscal en lo que queda de año. Por ejemplo, pagar por la hipoteca de la vivienda hasta 9.015 euros antes del 31 de diciembre para aprovechar el máximo beneficio fiscal; si se está a punto de cumplir 65 años y quiere vender, esperar a cumplirlos; si se tiene ya esa edad o se está en situación de dependencia severa, interesa contratar una hipoteca inversa. Y si se vende la vivienda para comprar otra no se debe olvidar que existe la posibilidad de aplicar la deducción por reinversión. En caso de alquiler, si el arrendatario tiene entre 18 y 35 años puede deducirse, al igual que si se va a hacer obra, consideradas como rehabilitación.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Se eleva la prescripción de los delitos fiscales. Se incrementa de cinco a diez años el plazo de prescripción de delitos contra la Hacienda Pública.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Urbanismo > Expansión
Valor añadido > -La última tentativa del poder local puede desembocar en un nuevo aluvión de litigios entre ambas partes. Los ayuntamientos se han lanzado a la revisión al alza de los presupuestos de ejecución de obras de los promotores, para, así, exigirles un bocado mayor de impuestos.  Al incrementar el peritaje de los costes, arguyendo que no se ajustan a la realidad urbanística de la obra en cuestión, los consistorios podrían girar nuevas liquidaciones complementarias del Impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de las tasas por expedición de licencias urbanísticas o prestación de servicios, tributos imprescindibles para la edificación.  Pese a su heterodoxia, esta práctica se está popularizando en los últimos meses. De hecho, en la Comunidad de Madrid varias empresas dedicadas a la prestación de servicios locales "que prefieren mantener el anonimato" se han lanzado a asesorar a los ediles de localidades pequeñas y medianas.  Las fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN confirman esta nueva tendencia impositiva. Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores, asegura: "Muchos ayuntamientos ni siquiera sabían que podían reabrir el presupuesto de ejecución de obras de los promotores para revisarlos al alza".  En la otra esquina de la contienda, los constructores tienen dos opciones. La primera es apechugar y plegarse al nuevo pago fiscal, para evitar contratiempos de peores consecuencias. En una época en la que la falta de liquidez y la dificultad para vender pisos apremian, ésta puede convertirse en la única opción para las inmobiliarias.  Pero hay una segunda opción: recurrir la decisión del ayuntamiento por la vía de lo contencioso-administrativo, con el consiguiente retraso para el saneamiento de las cuentas de unos y otros. En ese caso, se elaboraría un nuevo peritaje, determinado por un juez.  Hasta el estallido de las turbulencias subprime y la consiguiente merma de la financiación de proyectos urbanísticos, las promotoras habían satisfecho sin problemas algunas de las peticiones más heterodoxas del poder local, que concentra la facultad urbanística en España.  Planes parciales De hecho, durante los años de bonanza, para no perder tiempo, y conservando altos beneficios, las empresas pagaban el ICIO y las tasas por servicios urbanísticos en la tramitación y aprobación de planes parciales y en los proyectos de urbanización o de reparcelación que contemplaban dichos planes.  Pero, a principios de este año (ver EXPANSIÓN del 15 de febrero) abrieron una batalla legal contra los ediles que los exigían. Ahora ambas partes están condenadas a entenderse, ya que los despidos colectivos y los concursos de acreedores acechan a los ayuntamientos y a las inmobiliarias. ¿Quién ganará el pulso?  La nueva Ley de Suelo ya dio pie a polémicas interpretaciones En plena crisis inmobiliaria, los ayuntamientos buscan cualquier rendija para que puedan respirar sus maltrechas arcas. Algunos incluso pretenden aprovecharse de la nueva Ley de Suelo para insuflar oxígeno a sus cuentas, intentando exigir un 15% de cesión de suelo para dotaciones a los promotores, como ya adelantó EXPANSIÓN el 2 de julio.  La Ley de Suelo, en su artículo 16, establece que la cesión de suelo para aprovechamiento dotacional "no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%", aunque podrá permitir "excepcionalmente" alcanzar un máximo del 20%.  La confusión de los ayuntamientos que quieren forzar a los promotores a cederles más suelo proviene de la disposición transitoria segunda de la norma. Ésta establece que las autonomías tienen un año para "establecer las reglas precisas" sobre actuaciones de dotación.  Si se incumplía este precepto, "el instrumento de ordenación [ayuntamiento] delimitará las nuevas dotaciones". Sin embargo todas las regiones que facilitan información mantienen el porcentaje tradicional de aprovechamiento (10%), menos Cantabria (15%) y Cataluña (10% en general y 15% en áreas residenciales estratégicas).  Además, Castilla-La Mancha ya prepara una reforma al respecto. Por lo tanto, sólo los ayuntamientos de estas zonas podrían exigir la cesión de tan elevado porcentaje de terrenos para viales, espacios libres y zonas verdes, entre otras actuaciones.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > Cinco Días
Valor añadido > -La Agencia Tributaria va a vigilar el consumo anual de electricidad de millones de contribuyentes con el ánimo de detectar más alquileres ocultos al fisco. La nueva medida que acaba de aprobar el Gobierno facilitará la penalización por parte de las administraciones locales de contribuyentes con pisos desocupados.
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NOTICIA > -Impuestos > Madrid
Valor añadido > -La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que en el proyecto de Ley de medidas fiscales para 2009 que el Gobierno regional llevará a la Asamblea la próxima semana se suprime totalmente el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -El Ministerio de Hacienda ultima el nuevo plan de prevención del fraude fiscal. Entre las líneas de actuación en las que trabaja, destaca el interés en estrechar la relación entre la Agencia Tributaria y los grandes contribuyentes para unificar criterios sobre cómo cumplir con las múltiples obligaciones fiscales que afrontan las grandes compañías. De hecho, el 40% de lo que recauda la Agencia Tributaria depende de poco más de un millar de sociedades, por lo que los últimos años ha desarrollado una delegación central de grandes contribuyentes para mejorar esta gestión. Además, la agencia estatal mantendrá la lupa sobre el sector inmobiliario y ampliará el rastreo de los billetes de 500 euros para perseguir operaciones de blanqueo de capitales. También destinará recursos a vigilar las importaciones de ciertos países, que puedan ser el primer eslabón de la economía sumergida e impulsará nuevos convenios con las administraciones de países latinoamericanos, donde la presencia de empresas españolas es creciente.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -Para aliviar la crítica situación de algunas firmas, la Agencia Tributaria ha dado instrucción a sus delegaciones territoriales de que sean flexibles y atiendan las peticiones de empresas de aplazar el ingreso de las retenciones que practican en las nóminas de sus trabajadores. La iniciativa es tan novedosa como controvertida. Hasta ahora se concede en general el aplazamiento del pago del IVA o del impuesto de sociedades, pero sólo se atiende a las peticiones del IRPF de forma testimonial. La razón es que es un dinero que la empresa descuenta de la nómina a cada empleado, como pago a cuenta del IRPF que éste declara al año siguiente. No es, por tanto, un dinero de la empresa, sino del trabajador. La empresa es un mero intermediario o colaborador con el fisco.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Hacienda pretende estrechar el control sobre este tipo de transacciones porque estima que se falsean los precios de estas ventas, eludiendo el valor real de mercado de los productos o servicios en cuestión, con el único objetivo de recortar a efectos fiscales el pago de los impuestos. Así, por ejemplo, se hace figurar un precio inferior al real al vender un producto a otra compañía, de manera que el ingreso declarado se reduce frente al real, originando un menor pago del Impuesto de Sociedades. El organismo de lucha contra el fraude fiscal ha aprovechado el texto del nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, para arrogarse un poder hasta ahora reservado a organismos técnicos: La Agencia, es decir, un órgano de contenido y finalidad recaudatoria, será la responsable de controlar lo que se denominan acuerdos previos internacionales, es decir, los procedimientos por los cuales las compañías consultan previamente a las administraciones tributarias de los países de las distintas filiales implicadas el procedimiento a seguir para no tener problemas con el Fisco.  Hasta ahora era la Dirección General de Tributos, organismo técnico especializado en cuestiones normativas, y no recaudatorio, el encargado de esta delicada función, lo que puede despertar cierto escepticismo. Y es que los acuerdos previos internacionales son los pactos en los que ahora la Agencia Tributaria podrá directamente decir qué precio debe constar a efectos fiscales en las operaciones.  ¿Cómo afecta?  Por poner un ejemplo: si una empresa española decide vender a otra compañía de su mismo grupo en Alemania una determinada mercancía, para no tener problemas posteriores con la Inspección, puede reclamar este tipo de acuerdos previos.  Allí, la Agencia le explicará cuál es el precio que aceptará como valor real de mercado, con lo que la empresa sabrá que si adopta otro valor puede encontrarse en el camino con la Agencia Tributaria. Hasta ahora, en esa función intervenía la Dirección de Tributos, sin ánimo recaudatorio, cuando implicaba a otros países al margen de España, que es precisamente el contexto en el que suceden las mayores operaciones.  El reglamento, por otra parte, supondrá un alivio de trámites empresariales en un punto concreto, en el de la documentación que tengan que preparar los grupos empresariales en caso de inspección fiscal.  Frente a la idea del primer borrador impulsado, Hacienda ha decidido ceder a una petición empresarial y permitir que buena parte de las obligaciones documentales sean comunes para el grupo, sin que se deban individualizar por cada filial. Además, el plazo inicial de preparación de esta documentación será el fin del periodo declarable, con lo que se gana en la práctica un año, puesto que los inspectores no podrán reclamarlos al inicio del ejercicio en cuestión, sino al término.  Por otro lado, la documentación podrá ser válida para más de un periodo, siempre que no haya cambios sustanciales de las circunstancias. Los expertos apuntan que, en la práctica, esto supondrá poder mantener la misma documentación aproximadamente durante dos años, evitando el coste extra de tener que renovarla cada ejercicio.  Las obligaciones de documentación  La documentación obligatoria más importante de operaciones entre personas o entidades vinculadas , según el texto del nuevo reglamento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, es la siguiente:  - Para la determinación del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende por grupo, a estos efectos, el establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español. Tratándose de un grupo en los términos previstos en el apartado 3 del articulo 16 de la Ley del Impuesto, la entidad dominante podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no sea residente en territorio español, deberá designar a una entidad del grupo residente en territorio español para conservar la documentación. - Deberá incluir el obligado tributario en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de Economía y Hacienda. En cuanto a la obligación de documentación del grupo al que pertenezca el obligado tributario, la documentación relativa al grupo es: - Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio relevante. - Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario. - Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario. - Descripción de las funciones y de los riesgos asumidos por las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones del obligado tributario, incluyendo los cambios del periodo impositivo o de liquidación anterior. - Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, así como el importe de contraprestaciones derivadas de su utilización. - Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método o métodos de fijación de los precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre competencia.  - Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades del grupo, en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.  - La memoria del grupo o, en su defecto, informe anual equivalente.
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NOTICIA > -Impuestos > Cinco Días y SER
Valor añadido > -La Agencia Tributaria está ultimando el software informático que permitirá extender a un buen número de empresas el sistema de devolución mensual de IVA, una de las medidas que aprobó el Consejo el Consejo de Ministros en junio para favorecer la liquidez. Las empresas que quieran optar por la devolución de IVA con carácter mensual, deberán presentar telemáticamente a Hacienda el libro de registro, donde aparecen las facturas que emite y recibe una compañía. La Agencia se compromete a efectuar la devolución en un plazo medio de 30 días siempre y cuando no se detecten irregularidades. Aquellas que sigan con el modelo de compensación anual, no tendrán la obligación de realizar el envío por la red. A partir de enero de 2009 y hasta el 20 de febrero -último día para presentar la autoliquidación mensual de IVA correspondiente a enero- las empresas que opten por la devolución mes a mes deberán darse de alta en un registro de la Agencia Tributaria. En un mismo año no se podrá compaginar la devolución mensual y anual. Es decir, que aquellas empresas que en enero se decanten por la declaración de IVA mensual deberán seguir con ese modelo hasta diciembre, independientemente de que la declaración les salga a devolver o a pagar. Cada principio de año, las compañías tendrán la posibilidad de optar por uno u otro sistema, según les convenga. Hacienda calcula que más 100.000 empresas se sumarán a la declaración mensual de IVA, lo que supone un tercio del total de empresas que, en la actual, tienen derecho a devoluciones de IVA. Según indicó a CincoDías el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, la medida será beneficiosa para aquellas compañías de nueva constitución, ya que es 'al principio cuando más IVA se soporta y menos se repercute'. Cuando una empresa se constituya tendrá la posibilidad de sumarse a la declaración mensual o realizarla a finales de año. Por otra parte, el director de la Agencia Tributaria recalca que la devolución mensual será también útil para las empresas que quieran emprender un proceso inversor y para aquellas que tengan una caída en sus ventas. Desde Hacienda, se asegura que para aquellas compañías que ya lleven la facturación de su empresa informáticamente, la medida no tendrá un coste extra. Y para las demás, Pedroche espera que la medida sirva para que las empresas se modernicen en el uso de las nuevas tecnologías. El programa de ayuda, que aún no tiene nombre, se colgará en la web de la Agencia (www.aeat.es) a partir de diciembre. Aquellas grandes empresas que ya cuentan con su propio software de facturación podrán prescindir del programa de ayuda y utilizar su propio sistema para el envío del libro de registro. Para ello, la Agencia Tributaria está en contacto permanente con las empresas proveedoras de software para facilitar que sus programas sean compatibles y homologables al programa de ayuda de Hacienda. Un universo formado por 1.700 millones de facturas > Hacienda calcula que se emiten cada mes 1.700 millones de facturas. Pedroche asegura que el software ideado para la devolución del IVA está preparado para 'digerir' esa cantidad de información si hicera falta. Sin embargo, el trabajo será mucho menor ya que es improbable que todas las compañías opten por la devolución mensual. La Agencia estima que algo más de 100.000 empresas se darán de alta en el registro para recibir mes a mes la devolución de IVA. Pedroche confía en qué el nuevo sistema no presente problemas y sea sencillo de utilizar. 'La Agencia Tributaria siempre ha estado en la vanguardia de las nuevas tecnologías', defiende. Por otra parte, Pedroche recalca que el sistema de devolución mensual no incrementará el fraude, como auguran los inspectores de Hacienda. Los libros de registro que envían las compañías pasarán por un programa de 'análisis de riesgo' que determinará qué compañías son susceptibles de cometer fraude. Aquellas empresas que no pasen el control serán investigadas para comprobar si son falsas.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -el Gobierno ha decidido prorrogar de cuatro a seis años la duración de las cuentas de ahorro vivienda. El plazo para beneficiarse de las deducciones sigue en cuatro años En un momento en el que conseguir un crédito es más difícil y caro que hace unos años debido a la crisis financiera, el Gobierno ha optado por elevar dos años el plazo para comprar una vivienda sin tener que devolver a Hacienda las deducciones practicadas en el IRPF por sus aportaciones a la cuenta. Durante esa prórroga de dos años, sin embargo, los inversores no podrán beneficiarse de más deducciones por sus nuevas aportaciones a la cuenta. Hasta ahora, se podía desgravar en la declaración del impuesto sobre la renta durante cuatro años el 15% de las aportaciones a una cuenta ahorro vivienda, sobre un máximo de 9.015 euros anuales. Si vencido el plazo estipulado no se había formalizado la compra de una casa había que devolver a Hacienda las deducciones (si ha aportado 30.000 euros, debe reintegrar los 4.500 euros que ha recibido en ayudas). Ahora se amplía ese límite hasta los seis años, pero sólo para ejecutar la compra, no para hacer más desgravaciones. Unas 230.000 personas aportaron dinero a cuentas de este tipo durante el ejercicio 2006, según la última declaración de IRPF publicada. El Gobierno aún no ha decidido a partir de qué fecha se aplicará la ampliación del plazo, pero la Agencia Tributaria calcula que al menos 50.000 cuentas lo agotaban este año. Los plazos para formalizar la adquisición de una vivienda son distintos en Navarra (ocho años) y en País Vasco (seis años), por su régimen foral. Sin embargo, la Diputación de Vizcaya también ha aprobado esta semana aumentar el plazo a ocho años, y lo mismo tiene previsto hacer las haciendas forales de Guipúzcoa y Álava.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, un total de 230.745 contribuyentes se beneficiaron en 2007 (según la declaración correspondiente al ejercicio 2006) de deducciones en el IRPF por una cuenta de ahorro vivienda, con una deducción media de 900 euros anuales.  Esta cifra es el resultado de sumar una deducción media de 603 euros en el tramo estatal del impuesto y de 297 euros en el autonómico. Así, el impacto de las deducciones en las cuentas públicas alcanzó los 207,7 millones de euros, por el montante de 139,1 millones de euros del tramo estatal y de 68,5 millones de euros en el autonómico. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció ayer que el Gobierno ampliará dos años el plazo de las cuentas ahorro-vivienda, hasta los seis años, aunque mantendrá el derecho a la deducción en el IRPF durante los primeros cuatro años, tal y como está ahora. Así lo puso de manifiesto Solbes en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP José Manuel García Ballestero sobre el criterio del Gobierno en relación con la posibilidad de aumentar el plazo de vigencia de estas cuentas.Actualmente, el contribuyente tiene cuatro años para adquirir una vivienda con las aportaciones realizadas a la cuenta ahorro-vivienda y con una deducción del 15% sobre un máximo de 9.015 euros anuales, pero una vez pasado este plazo, si no compra una casa, debe devolver las deducciones practicadas a Hacienda. Con esta modificación, el contribuyente se podrá seguir practicando deducciones durante cuatro años, pero dispondrá de un plazo superior --seis años en total-- para adquirir una vivienda sin tener que devolver a Hacienda las deducciones de las que se ha beneficiado. Solbes explicó que las aportaciones con derecho a deducción se podrán hacer durante cuatro años como hasta ahora, pero se ampliará de cuatro a seis ejercicios el periodo para comprar una vivienda. 'Esa es la propuesta del Gobierno', indicó.  No obstante, Solbes rechazó las críticas vertidas por el senador del PP y la defensa a la propuesta de la oposición, y consideró que la medida que propone el PP, que incluye la ampliación de las aportaciones a la cuenta, no incentiva la compra de vivienda, sino que la retrasa. El ministro de Economía y Hacienda recordó que cuando se definió esta cuenta en el reglamento del IRPF en 2007 se estudió con todo detalle la posibilidad de ampliar los plazos de la cuenta vivienda, aunque se encontraron diversos argumentos que demostraban que no era 'conveniente'  >> Reaciones: Sí a la moratoria de las cuentas ahorro vivienda, aunque lo ideal sería ampliar también las deducciones fiscales durante los dos años de prórroga". José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ha comunicado a suvivienda.es la posición de los promotores ante la medida anunciada por el Gobierno. En contra de lo que ha afirmado Solbes, Galindo no opina que esta ampliación del plazo repercuta en una caída de las ventas de casas. En la misma dirección que apunta el PP, pero con matices, el máximo responsable de la APCE apunta que "lo preferible hubiera sido aumentar dos años el plazo de las cuentas vivienda, pero con sus respectivas desgravaciones". Galindo defiende esta opción indicando que de esta manera "los beneficiarios podrían pagar la entrada de una casa con mayor facilidad" tras transcurrir los seis años de margen. "De esta manera, se incentivaría el ahorro dos años más y su depósito para comprar una vivienda contaría con más dinero", afirma. Una vez que el Gobierno se ha decidido por una prórroga sin aportaciones fiscales, Galindo adelanta que la medida será positiva, aunque menos de lo que lo hubiera sido si los contribuyentes reunieran otros 18.030 euros -9.015 anualmente como cantidad máxima a ingresar en estos depósitos- más sus respectivas deducciones fiscales (unos 2.500 euros extras). "El lado positivo de la apuesta del Ejecutivo está en que se evitará que muchos beneficiarios tengan que devolver lo que ya han ingresado gracias a su cuenta vivienda", señala. Galindo, consciente de la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país, se muestra partidario de dar dos años más de plazo y esperar a que las entidades bancarias abran el grifo de las hipotecas. "En estos momentos resulta muy complicado que te concedan un crédito y es preferible retrasar la compraventa de pisos y evitar que miles de titulares de las cuentas vivienda pierdan las subvenciones recibidas durante cuatro años", declara.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > País Vasco
Valor añadido > -La Diputación de Vizcaya aprobó un conjunto de medidas temporales, entre ellas la ampliación a ocho años del plazo de las cuentas ahorro vivienda, durante el cual se seguirán aplicando las deducciones, y la ampliación de dos a tres años del plazo para la reinversión en vivienda habitual. Estas medidas estarán vigentes para los ejercicios 2008 y 2009
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció que la ampliación de la cuenta ahorro-vivienda podría reducir la venta de inmuebles en un momento en el que "lo que más se necesita es vender viviendas", por lo que, admitió que, "en cierta medida plantea una contradición"Durante su intervención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Solbes indicó, sin embargo, que frente a esta posibilidad, "la restricción crediticia hace que mucha gente que son titulares de vivienda pueda no ejercer en contra de su voluntad la posibilidad que tienen de comprar la vivienda". "Esa es la razón por la que estamos estudiando la posibilidad, que nos parece razonable, de mantener la cuenta tal como está en términos de aportación y que se alargue dos años más la disposición de la cuenta, sin que eso suponga sufrir ninguna obligación para Hacienda", añadió.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El Gobierno estudia una moratoria para las cuentas ahorro vivienda > Ocaña anuncia que los ahorradores podrán posponer la compra sin hacer nuevas aportaciones una vez acabados los cuatro años de plazo > el Gobierno ampliará el plazo de las cuentas ahorro-vivienda, pero mantendrá el derecho a deducción en el IRPF durante los primeros cuatro años, tal y como está ahora. Actualmente, el contribuyente tiene cuatro años para adquirir una vivienda con las aportaciones realizadas a la cuenta ahorro-vivienda y con una deducción del 15% sobre un máximo de 9.015 euros anuales, pero una vez pasado este plazo, si no compra una casa, debe devolver las deducciones practicadas a Hacienda.  Con esta modificación, seguirá practicándose deducciones durante cuatro años, pero dispondrá de un plazo superior --aún por determinar-- para adquirir una vivienda sin tener que devolver a Hacienda las deducciones de las que se ha beneficiado.  No obstante, el mecanismo que rige la cuenta ahorro-vivienda será el mismo, por lo que una vez transcurrido este plazo ampliado que fijará el Ejecutivo, los contribuyentes tendrán que devolver a Hacienda las deducciones de las que se han beneficiado si no se han comprado una vivienda.   En la rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria, Ocaña, que calificó esta medida como una "moratoria", eludió concretar en cuántos años se ampliará el plazo de las cuentas ahorro-vivienda, pero reiteró que se trata de un cambio motivado por la "coyuntura actual", en la que es más complicado tanto adquirir una vivienda como conseguir un crédito hipotecario.
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NOTICIA > -> Impuestos > Expansión
Valor añadido > -El Gobierno presentó en su momento, agosto 2008 un paquete de medidas, donde se incluía la eliminación del Impuesto de Patrimonio y, entre otras, una segunda medida que fue anunciada como especialmente benéfica: el sistema de devolución del IVA mensual, un mecanismo que debía permitir que las empresas percibiesen de Hacienda el IVA que se les debiese mes a mes, en vez de a través del actual sistema, que sólo permite que el saldo se efectúe anualmente. El alivio fiscal para las empresas que estimó el Ejecutivo era de 6.000 millones de euros.  Pues bien, el texto del anteproyecto que articula esta medida, sin embargo, se ha ido desmontando a la vez que se han ido sumando desincentivos al uso de este mecanismo.  En primer lugar, y según detalla la reforma del artículo 118 actual, las empresas que soliciten este tipo de devolución anticipada podrán quedar sujetas a inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria. Por otro lado, la reforma del artículo 116 de la misma ley de IVA genera otro peculiar sistema de gran relevancia. Y es que el mecanismo que Zapatero llamó de devolución anticipada no lo será así, al menos con exactitud, puesto que lo que será realmente es un sistema de devolución y pago anticipado. Las empresas que se acojan al mecanismo anticipado de devolución mes a mes, igualmente deberán anticipar los pagos, mes a mes, a Hacienda.  Y, como colofón, las compañías que quieran obtener la mejora del IVA deberán admitir «la obligación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro a que se refiere el artículo 36 de este reglamento, desde el 1 de enero de 2009». Sin embargo, para el resto de «obligados tributarios [empresas], el cumplimiento de esta obligación será exigible por primera vez para la información a suministrar correspondiente al año 2010». La diferencia es notable: en los libros registro se deben incluir todas las facturas emitidas y recibidas. El objetivo es tener un control total a efectos fiscales de los movimientos de las empresas.  La mayoría de las compañías realiza este control una sola vez al año debido a los costes que implica. Pues bien, ahora, si se quiere recibir la devolución del IVA de forma rápida, hay que incurrir en ese gasto de forma continua. Y, si no se solicita el incentivo, la empresa tiene permiso para evitar este coste. Fuentes internas de la Inspección Tributaria aseguran que, de fondo, resurge un serio problema. O las empresas envían los datos «masticados e informatizados» para que puedan ser chequeados o será imposible controlar con los medios actuales la veracidad de las devoluciones del IVA, con lo que surge la amenaza de una gran bolsa de fraude. El Gobierno no está dispuesto a ello, y menos, en medio de la actual pérdida de ingresos recaudatorios.
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NOTICIA > -Promoción > Vivienda > Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Solbes frena el deseo de Corredor de mejorar las cuentas ahorro vivienda  > La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, consideró ayer “razonable” prorrogar los plazos de vencimiento de las cuentas de ahorro vivienda que ofrecen las entidades financieras, teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesan los mercados inmobiliario e hipotecario. Sin embargo, este deseo de Corredor se ha visto frenado, de momento, por Economía. Fuentes del departamento que dirige Pedro Solbes, que tiene la última palabra, aseguraron a Servimedia que “no está estudiando” esta hipótesis.  Estas cuentas tienen importantes ventajas fiscales. Durante cuatro años, Hacienda deduce al ahorrador el 15% de las aportaciones realizadas hasta un máximo de 9.015 euros. Como contrapartida, una vez concluido el plazo establecido, el titular está obligado a invertir en una vivienda el dinero depositado en esa cuenta. En caso contrario, debe devolver todas las deducciones, además de los intereses acumulados.  El problema radica en que muchos ahorradores se encuentran en la tesitura de que les ha vencido el plazo de la cuenta vivienda, pero no pueden comprarse un piso porque no encuentran una entidad financiera que les conceda la hipoteca que necesitan.  En la presentación de los Presupuestos de su departamento, la ministra quiso dejar claro que “no es una cuestión [el incremento del plazo de las cuentas vivienda] que entre en la competencia del Ministerio de Vivienda”. “No me corresponde a mí pronunciarme, lo tendrían que decidir los que tienen competencia en ello: el Ministerio de Economía y Hacienda y las entidades financieras”, señaló.
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NOTICIA > -Promoción > Vivienda > Impuestos
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera "razonable" prorrogar los plazos de vencimiento de las cuentas ahorro vivienda que ofrecen las entidades financieras, dada la actual situación del mercado inmobiliario. En rueda de prensa para presentar los presupuestos de su departamento, la ministra ha querido dejar claro en todo caso que "no es una cuestión que entre en la competencia del Ministerio de Vivienda". "No me corresponde a mí pronunciarme, lo tendrían que decidir los que tienen competencia en ello: el Ministerio de Economía y Hacienda y las entidades financieras, que son las que facilitan las cuentas ahorro vivienda", ha señalado Corredor. Por lo general, estos productos de ahorro tienen un plazo de vencimiento de cuatro años, a excepción de algunas comunidades, y una deducción fiscal del 15% en la declaración de la Renta, hasta un máximo de 9.015 euros. Esta propuesta ha sido formulada tanto por el líder popular, Mariano Rajoy -que apuesta por incrementar estos plazos de 4 a 6 años-, como por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) a través de su presidente, Guillermo Chicote. Sobre los presupuestos de este Departamento, la ministra ha defendido que de los 1.608 millones de euros de los que dispone, un 16,4% más que en 2008, el 97% del total se destinará a políticas de acceso a la vivienda, que fiscalmente recibirán más de 6.000 millones de euros en ayudas: deducción por compra (4.268 millones), por las rentas procedentes del alquiler (265 millones), la deducción para inquilinos (350 millones) y las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para entidades arrendadoras de viviendas (131 millones). El Plan Renove de edificios se ha incluido como un programa específico dentro del nuevo Plan Estatal de vivienda, que se aprobará en las próximas semanas. Además, Corredor ha dejado en lugar preferente que su "preocupación" por "detener el goteo de nuevos desempleados, cuyo número se incrementa conforme se terminan las obras en curso sin que despegue la iniciación de nuevas promociones". Sin embargo, ha dejado entrever que el Gobierno no se plantea la posibilidad de comprar promociones de viviendas libres para convertirlas en protegidas, pero ha indicado que las comunidades autónomas "son soberanas en el ámbito de sus competencias para tomar estas decisiones".
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > Cuenta ahorro vivienda > Finanzas
Valor añadido > -Llega el fin de mi cuenta vivienda, pero el banco me niega el crédito, no encuentro casa o, como las previsiones apuntan a menores precios en 2009, quiero esperar. ¿Qué hago? En estos momentos, la única opción posible es la de devolver todas las deducciones fiscales practicadas en los últimos cuatro años por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con intereses. Porque la otra, obtener una prórroga de la Agencia Tributaria, no está prevista en la Ley y solicitarla sólo supondría una pérdida de tiempo para el usuario. Así, el poseedor de una cuenta vivienda que venza al fin de sus cuatro años y no haya encontrado piso o, más probablemente, financiación, tendrá que abonar el 15% de lo ahorrado esos cuatro años y los intereses de demora correspondientes. Esto es, el 7% de la diferencia entre lo tributado cada año y lo que se tendría que haber pagado cada uno de ellos. Sin embargo, ante la actual situación de los mercados inmobiliario y crediticio, la Asociación Hipotecaria de España (AHE) propuso ante la comisión de vivienda del congreso de los diputados que “sería conveniente revisar los incentivos al ahorro previo, para hacerlo atractivo tanto a los demandantes de viviendas libres como protegidas, incluyendo la posible prórroga, ampliación y mejora de las cuentas vivienda ya en vigor, y permitiendo su aplicación tanto al primer acceso como a la reposición de la vivienda principal”. Por su parte, el Reaf, propone algo más concreto, “que se aplace dos años el periodo máximo de las cuentas viviendas”. En opinión su director Luis del Amo, “las arcas del Estado no se verían demasiado perjudicadas por esta decisión y se permitiría que los ahorradores tuviesen más tiempo para encontrar esa financiación”. No obstante, apunta Gustavo Reglero, del Gabinete de Estudios de AEDAF (Asociación de Asesores Fiscales), que esta solución “aunque parece razonable, en realidad sólo aplazaría el problema”. “En realidad, añade, esto ha pasado desde siempre con las cuentas ahorro vivienda. Quizás antes el problema era el precio de la vivienda, y ahora, la financiación, pero entre medias siempre ha habido -por ejemplo- casos de personas que se quedaban en paro. Es el problema de este producto”.  Por último, Mónica Reinaldo, portavoz de Adicae (Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros) reconoce que no han llegado muchas quejas a su organización por el vencimiento de las cuentas vivienda “porque se trata de un producto bastante transparente” y que –por tato- no suele generar reclamaciones.  Sin embargo, en Adicae están a favor del aplazamiento: “Una moratoria no sería una mala idea, aunque tampoco es la solución”, afirman. Desde su punto de vista, no se puede achacar a los consumidores que no puedan comprar vivienda, pues se trata de una imposibilidad real ante la situación económica, por lo que aportan una nueva propuesta: Que los ahorradores que se vean en la obligación de devolver las deducciones fiscales por cuenta vivienda no se vean al menos penalizados por los intereses de demora.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -La presión fiscal creció en España seis veces más que en la OCDE en 2007  El desfase con el que se publican las estadísticas arroja resultados paradójicos. Cuando el frenazo de la actividad económica pega dentelladas a la recaudación del Estado, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca a España entre los países en los que más subió la presión fiscal en 2007. El análisis publicado ayer por el organismo internacional, que aglutina a 30 economías avanzadas, confirma que en 2006 la presión fiscal en España superó por primera vez la media de estos países. Y que el año pasado siguió creciendo a buen ritmo, hasta situarse en el 37,2% del PIB. Con datos homogéneos (hay que descontar a Australia, Grecia, Japón y Polonia, sin cifras en 2007), la presión fiscal en España aumentó seis veces más (0,6 frente a 0,1 puntos porcentuales) que en el promedio de la OCDE.
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NOTICIA > -Constructoras > Contabilidad > Impuestos > Expansión y económicos
Valor añadido > -El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, en su siglas en inglés), el organismo encargado de emitir normas contables en el ámbito mundial, se ha convertido en el azote del sector constructor español. Después de recomendar una reforma contraria a los intereses de las compañías de autopistas (como Cintra, Abertis o Itínere), la institución tiene sobre la mesa un borrador de modificación de la denominada NIC 31 que pone patas arriba el método más común, utilizado durante décadas por las compañías del sector, para contabilizar el negocio procedente de la construcción. El IASB recomienda a la Comisión Europea que elimine la consolidación proporcional de los negocios conjuntos (donde hay más de un accionista de control), que consiste en aplicar en las cuentas propias la parte de los activos y los pasivos de la empresa participada. Se trata del régimen habitual de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) para la realización de obras como carreteras, ferrocarriles o puertos. La propuesta se debate justo cuando el sector atraviesa uno de sus peores momentos en términos financieros y de actividad.  “El documento se encuentra en fase de borrador hasta finales de este año y su aplicación se podría retrasar hasta finales de 2009 o 2010”, apuntan desde el sector, unido a nivel europeo contra la propuesta. “Nadie defiende esta medida, ya que ataca el sistema por el que se ha regido la actividad constructora durante décadas”, concluyen. La propuesta del IASB consiste en eliminar la integración proporcional y mantener los otros dos métodos: la integración global, por el que una compañía se anota el 100% de sus filiales menos el beneficio correspondiente a minoritarios; o puesta en equivalencia, donde la empresa se apunta únicamente la parte del beneficio equivalente a su inversión. Ninguna de estas dos opciones se adapta a los principios fundacionales de una UTE, ya que se trata de un negocio compartido frecuentemente por dos empresas durante toda la vida útil de una obra. Las compañías consultadas reconocen que se trata de un importante trastorno, ya que, si bien es cierto que no tiene efectos sobre el beneficio neto, sí afecta al resto de magnitudes de la cuenta de resultados. “Si la norma se aplicase según la redacción actual, se produciría un fuerte adelgazamiento de los balances de las constructoras”, asegura la financiera de uno de los mayores grupos españoles. Como botón de muestra, ACS, la mayor constructora española por facturación, vería seriamente reducida su cifra de negocio, ya que, en 2007, los ingresos procedentes de sociedades de gestión conjunta ascendieron a 3.689 millones de euros, el equivalente al 17% de la facturación total registrada el año pasado. “Va a ser muy complicado que esta iniciativa prospere en los términos actuales. Desde que se publicó el borrador, a finales de 2007, se han enviado cientos de alegaciones. Además, contamos con la defensa de que Francia se opone a la medida” advierten fuentes patronales del sector. La propuesta del IASB también provocará efectos sobre los resultados de alguna de las mayores empresas de la bolsa española. Uno de los ejemplos más claro es el de Acciona y el método de consolidación del 25% de Endesa. Aunque la compañía de la familia Entrecanales no es el socio de control de la eléctrica, tiene una influencia significativa sobre su gestión (José Manuel Entrecanales es el presidente ejecutivo). Por esta razón, Acciona consolida a su participada proporcionalmente desde la segunda mitad de 2007. Endesa se ha convertido en el primer activo del grupo en términos de facturación, ebitda y beneficio, pero también en cuanto a deuda. Donde Bruselas podría adoptar una decisión firme es en la contabilidad de las concesionarias, seriamente afectada por la obligación de computar los gastos financieros derivados de las inversiones realizadas al inicio del contrato. La Comisión Europea podría debatir la última modificación antes de finalizar 2008.
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NOTICIA > -Contructoras > Impuestos > Contabilidad > Editorial de Expansión
Valor añadido > -El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB en sus siglas en inglés) sigue empeñado en complicar la vida a las empresas, especialmente a las constructoras españolas.  Sin que todavía hayan tenido tiempo de digerir los ajustes que afectan al método de cálculo de los gastos financieros asociados a las inversiones de su negocio de autopistas, en vías de resolución en Bruselas, el organismo privado encargado de homogeneizar las reglas contables ha puesto sobre la mesa una reforma que afecta directamente a uno de los modelos societarios más comunes del sector, las Uniones Temporales de Empresa (UTE). Estas sociedades se integran en el balance consolidado proporcionalmente, el método que el IASB ha decidido, precisamente, eliminar. Esta fórmula, la utilizada también por Acciona para consolidar su 25% Endesa, no es un producto exclusivamente español, ya que se utiliza con regularidad en toda Europa. Este es el factor que puede determinar el fracaso de la inicitiva. España, en esta ocasión, no se encuentra aislada. Las principales compañías rivales europeas también se oponen a la reforma, especialmente, las francesas, cuyo Gobierno ostenta actualmente la presidencia de la Unión Europea y no permitirá que se produzca más daño a un sector en peligro por culpa de la crisis financiera mundial.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos
Valor añadido > -los fondos públicos de las administraciones se resentirán este año con fuerza por la merma en la recaudación urbanística. Entre Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana dejarán de generar 1.000 millones de euros en impuestos y tasas relativas a la vivienda. En un reciente informe, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) señala que a finales de año las administraciones habrán obtenido alrededor de 16.000 millones de euros menos que en 2007 por los ingresos de actividades urbanísticas; una merma similar al 1,4% del PIB actual y el peor dato para casi todas las comunidades desde la década de los noventa.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos
Valor añadido > -La Agencia Tributaria ha respondido al colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) que sus acusaciones acerca de que 6 de cada 10 alquileres están sin declarar carecen de rigor, porque se limitan a cruzar los datos de declarantes de capital inmobiliario en el IRPF con las cifras de alquileres, dejando fuera a las empresas que se dedican al alquiler de vivienda.  Según las estadísticas del Ministerio de Vivienda, en la actualidad existen 1,8 millones de viviendas en régimen de alquiler, mientras que el número de declarantes por rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF ascendió a 1,4 millones en 2006. Estas cifras, según la Agencia Tributaria, ponen de manifiesto que no es posible que seis de cada diez alquileres estén sin declarar en España. Además, indica que no todos los contribuyentes que obtienen rendimientos por alquileres están obligados a declarar. No obstante, las mismas fuentes precisaron que no todos los rendimientos de capital inmobiliario que se declaran en el IRPF se refieren a viviendas, dado que también hay otra tipología de inmuebles alquilados, como locales. Además, advierten de que puede haber un mismo contribuyente que obtenga estos rendimientos por más de un inmueble. En cualquier caso, indicaron que los rendimientos del capital inmobiliario han aumentado en el IRPF desde que se estableció la obligatoriedad de consignar el número de referencia catastral de la vivienda alquilada en la declaración de la renta y, según los últimos datos disponibles, ascendieron a 12.000 millones de euros en 2006.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > el Mundo
Valor añadido > -El Gobierno estudia ofrecer incentivos fiscales para hacer aflorar el dinero negro obtenido en buena parte en el sector inmobiliario. La idea, que cuenta con partidarios y detractores en el propio Ejecutivo, pasa por estimular a los particulares para que ingresen en los bancos los más de 108 millones de billetes de 500 euros que hay en circulación en nuestro país. Los 54.207 millones de euros que representan esos billetes podrían dar a la banca la liquidez que, en estos momentos, necesita. Y eso ayudaría a relajar su restricción crediticia, de manera que las entidades volvieran a dar préstamos a las empresas y a las familias que los demandasen. La idea, que a Zapatero no le parece mal, cuenta con la oposición de la Secretaría de Estado de Hacienda y del Banco de España, por considerar que, en la práctica, esto supondría una amnistía fiscal para las transacciones inmobiliarias realizadas con dinero negro y otras operaciones opacas.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Legal > Concurso de acreedores y responsabilidad de los administradores > Expansión. Cinco Días. País, varios
Valor añadido > -La crisis inmobiliaria se ha cobrado una nueva víctima. El presidente de la inmobiliaria sevillana Contsa, José Salas Burzón, ha entrado en la cárcel por cuatro presuntos delitos societarios en la administración de su empresa, por lo que el juez ha dictado prisión incondicional sin fianza. La inmobiliaria tiene un agujero de 86 millones de euros.Salas declaró ante la juez de Instrucción 17 de Sevilla, por tercera vez desde la suspensión de pagos de Contsa, acaecida en febrero pasado, y a continuación se ha ordenado su ingreso en prisión incondicional por los presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible. El empresario ha salido de los juzgados custodiado por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía por una puerta lateral para eludir a los fotógrafos. Fuentes judiciales han explicado que la decisión del ingreso en la cárcel se ha producido tras haber aparecido nuevos datos que indican que Salas pudo desviar activos por valor de varios millones de euros a su esposa, dos hijos menores de edad o a empresas de su propiedad en los tres meses posteriores a noviembre de 2007. Con estos movimientos, Salas "agravó la situación de su empresa", que según el informe presentado en julio por los administradores judiciales tiene un "agujero" de 86,8 millones de euros, ya que presenta un activo de 28,4 millones y un pasivo de 115,2. "Soy el primer sorprendido" Salas ha declarado al juez que él es "el primer sorprendido" por el balance de los administradores concursales ya que la contabiidad de la empresa la llevaba su hermano, quien se suicidó en febrero pasado, cuando se produjo la suspensión de pagos. Entre las presuntas irregularidades que Salas ha atribuido a su hermano figura el hecho de que la sociedad de Contsa que gestionaba sus inversiones en Miami (EE UU) era propiedad en un 70% de una administrativa de su empresa. Las mismas fuentes han señalado que la declaración de hoy de Salas deja claro que realizó ventas de activos por al menos seis millones de euros en fechas inmediatamente anteriores al concurso de acreedores, cantidades que no declaró a Hacienda ni a los administradores concursales y que repartió "a su antojo" entre los acreedores o sus propias empresas. Uno de estas ventas, desvelada por la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Policía, consistió en dos pagos realizados a Salas por el empresario sevillano Luis Castel, del que se habló como posible comprador del Real Betis: uno por tres millones de euros para comprar el crédito hipotecario de un hotel en El Rocío (Huelva) y otro de 400.000 euros por dos áticos en el barrio sevillano de Los Remedios. Con ese dinero, recibido en diciembre de 2007, Salas pagó a tres de sus acreedores, ha dicho hoy al juez, aunque lo ha negado en su segunda declaración judicial, han añadido las fuentes. > Estos datos contrastan con los que José Salas declaró al Juzgado Mercantil cuando pidió el procedimiento concursal. Según Salas, sus activos estaban valorados en 79.870.023,18 euros y sus deudas sólo de 49.399.202,92 euros. Asimismo, Salas atribuía a "un problema de liquidez" los impagos a los 603 acreedores que decía tener. Los administradores judiciales afirmaron además en su informe de auditoría que Contsa se dedicaba a la "captación de fondos en estructura piramidal", y que 29 de los supuestos acreedores son entidades vinculadas a la propia Contsa por accionariado, unidad de gestión o domicilio social. Los peritos judiciales afirman de esos acreedores que "todas ellas giran en torno al propio presidente de la empresa, José Salas Burzón, su esposa o hijos menores". Curiosamente, Salas Burzón, sólo había sido denunciado por la vía penal por tres de las personas que se sintieron estafadas en la gestión de sus inversiones. Al resto de acreedores, en su mayoría pequeños inversores particulares además de sociedades y empresas, los había convocado el próximo jueves para realizarles una oferta de pago, del 50% del dinero adeudado en un plazo de cinco años.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda > Presupuestos del Ministerio de Vivienda
Valor añadido > -La inversión en política de vivienda asciende a 1.606,83 millones de euros, un 16,6% más que en 2008. Ello es consecuencia, fundamentalmente, de la dotación prevista para la aplicación de la Renta Básica de Emancipación –ayuda al alquiler por 210 euros mensuales para jóvenes-, que asciende a 330,75 millones. Las políticas inmobiliarias se vertebrarán a través el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, dentro del que destaca “la promoción, administración y ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda”, que estará dotado con el 94% del total presupuestado (1.510,04 millones) en 2009. Las cuentas del Estado para el próximo año incorporan, además, otros 6.254 millones de euros a incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda y el fomento de las entidades dedicadas al arrendamiento. La deducción por inversión en una casa habitual costará 4.268 millones, un
0,96% más que en 2008. La nueva exención por reinversión en vivienda habitual alcanzará los 1.239 millones y la deducción por alquiler habitual los 350 millones. Para la reducción sobre arrendamientos se reservan 264,36 millones, un 14% más que en 2008.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > el País y SER
Valor añadido > -El pinchazo inmobiliario y las complicaciones derivadas de la prolongada crisis financiera pueden tener graves consecuencias sobre las comunidades autónomas. La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) advirtió del empeoramiento previsto para los dos próximos años en las cuentas autonómicas por la caída de los ingresos tributarios procedentes del ladrillo, que podrían derivar en rebajas de su calificación. A la postre, eso encarece la deuda que emiten y complica su salud financiera. Los problemas serán más graves en regiones con "mayor dependencia respecto de los ingresos inmobiliarios" y una posición de partida tanto presupuestaria como de deuda "más débil". Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid pueden ser las más afectadas. No habrá que esperar mucho para verlo: la recaudación de los impuestos autonómicos vinculados a la vivienda han caído un 42% hasta junio, con rebajas especialmente intensas en la costa mediterránea, como en Murcia (con una caída del 50%) y Cataluña (47%).
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda > Expansión y revistas fiscales
Valor añadido > -Las cuotas de hipoteca que el promotor se preste a pagar como estímulo para atraer compradores son una ganancia patrimonial sujeta al IRPF y que, por tanto, tiene que tributar. Las empresas no reciben ventajas.Las nuevas técnicas que utilizan las promotoras para captar compradores de viviendas en época de crisis no tienen beneficios fiscales claros para el comprador ni para las inmobiliarias. Así lo ha entendido una consulta de la Dirección General de Tributos –DGT– que ha respondido la pregunta realizada por una promotora acerca de las repercusiones fiscales que puede tener el ofrecimiento a los compradores de pagarles los 24 primeros meses de hipoteca. Según la consulta, las cantidades que satisface la promotora por cuenta del comprador constituyen para éste una ganancia patrimonial sujeta al IRPF como ganancia patrimonial, que tributaría al 40%. Además, para poder integrar esas cantidades en la deducción por inversión en vivienda habitual tienen que incorporarse previamente al patrimonio del comprador. En el caso del promotor, éste no recibe ventaja fiscal alguna porque tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA su efecto es neutro. El único beneficio claro se encuentra en el Impuesto sobre Sucesiones, ya que Hacienda entiende que no se tributa por esta figura porque el objetivo del pago de esas cuotas no es enriquecer al comprador sino simplemente atraer compradores. En el caso que ha analizado Tributos, la transmisión del inmueble se hacía por el valor de mercado y el cliente se subroga en el 100% de la hipoteca. Después se firmaba un contrato privado entre promotor y comprador, por el que aquél se obligaba al pago de las cuotas de los 24 primeros meses del préstamo hipotecario. La empresa había adoptado esta decisión “ante la actual crisis del mercado inmobiliario, para incentivar las ventas”. Según explica Tributos, “las cuotas que del préstamo hipotecario, en el cual el cliente figura como único prestatario y que cubre el precio de la vivienda por él adquirida, sean satisfechas por la promotora, reduciendo la deuda del prestatario, constituyen para éste una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, que se integrará como renta general (artículo 45)”. Esta ganancia tiene que tributar por el tipo actual de la renta que puede llegar hasta un 40%. Por otro lado, para que se puedan aplicar tales cantidades en concepto de deducción por inversión en vivienda habitual, Tributos precisa que “han de haberse incorporado previamente, en todo caso, a su patrimonio, en este caso como renta procedente de una ganancia patrimonial. Cumpliendo los requisitos establecidos por el IRPF, las cantidades satisfechas por la promotora una vez hayan entrado en el patrimonio del cliente podrán integrar la base de la deducción”. En opinión de Javier Seijo, director de la oficina de BDO Audiberia en Madrid y  exsubdirector general de Política Tributaria del Ministerio de Economía, “efectivamente, no hay ninguna ventaja fiscal para el comprador de la vivienda ni para el promotor”. En lo que se refiere a este último las repercusiones fiscales son neutras. Por ejemplo, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la DGT explica que la base imponible se puede reducir “por cada pago de cuota hipotecaria que realice el promotor”, pero en realidad esto no supone beneficio alguno para la empresa al tratarse de un impuesto neutral. Algo similar sucede en Sociedades, ya que el pago de las cuotas hipotecarias “se corresponderán con un menor importe de la venta realizada”, lo que entra dentro de toda lógica: si se gana menos la base imponible del impuesto será inferior. Donde Hacienda se muestra más benévola es en dejar al margen del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a este tipo de beneficios o regalos para los compradores. Según explica Tributos en la consulta, “no existe donación en aquellos supuestos en los que la entrega de bienes o la prestación de servicios se haya producido sin que existiese la voluntad de enriquecer al beneficiario, aun cuando éste no haya desembolsado precio alguno”. Esta tesis, recogida de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es perfectamente aplicable al caso planteado en la consulta, ya que “el pago de las primeras cuotas del préstamo con carácter gratuito por la entidad en favor de sus clientes no parecen tener como intención la de beneficiar a éstos –animus donandi–, sino que probablemente respondan a mecanismos comerciales de captación y conservación de clientela a que se ven forzadas la empresas en entornos de libre competencia”. Por este motivo, matiza Tributos, “no es coherente gravar la operación a través del Impuesto sobre Sucesiones”.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Urbanismo > Andalucía > corrupción urbanística > el País
Valor añadido > -Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía. A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > el País
Valor añadido > -Llegan las nuevas sociedades de alquiler cotizadas ... La pérdida de capitalización bursátil de las inmobiliarias, de alrededor de un 35% este año, también es un obstáculo. El director de Capital Markets de CB Richard Ellis, Adolfo Ramírez-Escudero, explica que el descuento con el que cotizan las inmobiliarias ya se come por sí solo la rebaja en el impuesto de sociedades. "Si se suman otros gastos, como el cambio de estructura, para algunos no será buen momento", afirma. Pero los analistas coinciden en que España no puede permitirse desechar estas sociedades, más cuando varias empresas y asociaciones están planteando en Europa la creación de una legislación común para REIT. Hasta ahora, el capital español había acudido a Francia. El primer REIT galo, allí denominado SIIC, salió a Bolsa en 2003. Enseguida fueron las empresas españolas, atraídas por su fiscalidad. Las grandes inmobiliarias se lanzaron a por SIIC. Colonial adquirió Société Foncière Lyonnaise, Metrovacesa se hizo con Gecina y Sacyr Vallehermoso, con Eiffage. Luego tuvieron que desinvertir porque Francia legisló para que ningún inversor tuviera más de un 60% de una SIIC. "Fue una norma con sabor español. Lo hicieron porque el dividendo de los accionistas no tributaba allí", sostiene el profesor de IESE, José Luis Suárez. "Cuando Francia sacó estas sociedades el precio de los activos estaba en alza, y ahora estamos en una situación contraria, pero es una cuestión de oportunidad. Si no tenemos estos instrumentos, quedan limitadas posibles operaciones de inversión extranjeras", sostiene Santiago Barrenechea, socio de PwC. Antes de la crisis, el potencial de los REIT era muy amplio. Sólo el 11% de los inmuebles globales está titulizado, mientras que el resto está en manos de privados, estima Atlas Capital. Se calcula, además, que el crecimiento de este mercado debe ser de un 10% cada cinco años, por lo que podría superar el billón de euros en 2010. Su introducción en España fue planteada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como un revulsivo para el maltrecho mercado inmobiliario. Fuentes del sector coinciden en que puede ser una oportunidad para que una sociedad se haga con inmuebles de viviendas que están sin vender y que quiera sacar al mercado de alquiler. Sin embargo, Ramírez-Escudero advierte de que los interesados en sacar a Bolsa una sociedad de alquiler deberán cuidar que sea atractiva. "No podrán lanzar cualquier producto. No podrán ser pisos, deberán definir un perímetro de activos de edificios enteros", asegura. Todavía falta por ver varios detalles. Por ejemplo, cuál será el máximo de participaciones que podrá tener el principal accionista o la forma por la cual sociedades patrimonialistas ya existentes (como Testa o Colonial) podrían acogerse al régimen REIT. Según el Gobierno, la respuesta llegará antes de final de año, cuando se presentará al Congreso su regulación como proyecto de ley. El sector espera que el Ejecutivo avance de acuerdo con el primer borrador para que los REIT españoles sean flexibles. Es decir, que puedan invertir en lo que quieran, sin las cuotas por segmentos que no han permitido despuntar a los fondos inmobiliarios.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cinco Días y económicos
Valor añadido > -Nozar presentó el pasado año solicitud de aplazamiento de parte del importe a pagar por el impuesto de sociedades del ejercicio 2006 (en total casi 20 millones de euros). La compañía aportó como garantía de la deuda tributaria la constitución de hipoteca a favor del Estado sobre varias fincas de su propiedad 'y sobre una parte de una finca propiedad de otra sociedad del grupo', explica la empresa en las cuentas de su ejercicio pasado, recientemente publicadas en el Registro Mercantil. El grupo, centrado en el negocio inmobiliario, registró el pasado año las primeras pérdidas en años. Nozar perdió 69,6 millones de euros y sólo en 2007 el descenso en el valor de sus participaciones en empresas cotizadas (Afirma, Colonial y Aisa) ocasionaron una disminución en el resultado del ejercicio pasado de 237 millones de euros. En el informe de gestión de las cuentas anuales de Nozar la compañía admite que la situación del sector inmobiliario y la crisis crediticia 'provocará en años venideros descensos de los márgenes operativos, del volumen de operaciones y disminución del valor de las tasaciones realizadas a los terrenos y solares, principalmente en el área del sector residencial'. Ante las pérdidas registradas, la coyuntura económica y la fuerte deuda que soporta la compañía de la familia Nozaleda ha elaborado un plan de desinversión 'muy agresivo', indica en ese informe de gestión. Nozar se ha puesto como objetivo para 2008 la venta de activos inmobiliarios por importe de 1.000 millones de euros y venta de participaciones financieras por 200 millones. La consecución de ese plan supondría la reducción de su deuda financiera en más de 900 millones. Deuda a corto y largo  Según las cuentas anuales de 2007 la deuda a largo plazo de Nozar asciende a 2.056 millones de euros. Y la deuda a corto plazo alcanza los 1.954,5 millones (en total 4.010 millones de euros). Los fondos propios del grupo son de 237,3 millones (313,6 en el año 2006). El grupo Nozar, con intereses en otros negocios como el agroalimentario, ha pignorado gran parte de sus participaciones en las cotizadas en las que participa y parte de otras sociedades. En garantía 'de diversas operaciones crediticias de la sociedad y de sociedades del grupo' Nozar ha pignorado la totalidad de su participación en Boi Taüll, un complejo en el Pirineo leridano formado por seis hoteles, la estación de esquí y un restaurante, para responder por operaciones realizadas con la inmobiliaria Colonial y el 74,5% de su participación en Viñedos y Crianzas del Alto Aragón (productor del vino Enate). También pignoró el 25% de Galerías Primero, grupo de distribución que este año Nozar ha vendido, junto a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, al grupo Sabeco. En el informe de gestión Nozar informa que el valor contable de sus terrenos asciende a 1.406 millones, el 33% de sus activos. La compañía indica que según las últimas tasaciones, esa cartera de suelo supone más de 1,4 millones de metros cuadrados de edificabilidad con un valor de mercado superior a los 1.770 millones de euros. En mal momento, en mal lugar  En lugar de salir a Bolsa Nozar decidió hace poco más de dos años convertirse en accionista de compañías cotizadas. Por el valor de sus activos la empresa de la familia Nozaleda superaba en mucho a otras empresas que se aventuraron a salir a Bolsa. Fue el caso de la inmobiliaria Astroc, en la que Nozar tomó una participación del 5% en plena subida del valor (superó los 70 euros por acción). Un año después Astroc se desplomó. Hoy Nozar sigue de accionista de Afirma (9,3%), resultante de la fusión de Astroc y empresas del grupo Rayet cotizando por debajo del euro por título. Llegó a tener más del 12% de Colonial, empresa ahora en manos de varios bancos y que cotiza por debajo de los 0,25 euros por acción. Participa en Aisa, inmobiliaria suspendida en Bolsa bajo la amenaza del concurso de acreedores. Y tenía una empresa conjunta con Martinsa, hoy en concurso.
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NOTICIA > -Financiación > Impuestos > Prórroga de hipoteca y Hacienda > Expansión
Valor añadido > -  Artículo en el que se comenta que en los últimos meses se han introducido importantes modificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concretamente en lo referente a préstamos hipotecarios. Por un lado, la Ley 41/2007 de 7 de diciembre declaró exentas de la modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios. Por otro, el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno en abril sobre medidas de impulso a la actividad económica estableció que las escrituras públicas de ampliación del plazo de préstamos con garantía hipotecaria concedidos para la adquisición, construcción y rehabilitación de vivienda habitual realizadas en el periodo de dos años a contar desde su entrada en vigor se extenderían en papel común. Estas modificaciones hicieron pensar, como hizo el Colegio de Registradores en una consulta a la Dirección General de Tributos, que el gravamen fiscal sobre estas operaciones de ampliación de plazo de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda habitual ha desaparecido. Sin embargo, esta Dirección entiende que a pesar de todo ello, antes de llevar la escritura al Registro de la Propiedad, ésta debe pasar por la oficina liquidadora de la Agencia Tributaria para que se examine la procedencia o no de la exención.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión y económicos
Valor añadido > -El Tribunal Superior de Cataluña afirma que no es necesario acreditarlos con una factura completa ni individualizada. Manga ancha en los gastos de representación. Los gastos desembolsados por los directivos en viajes, peajes, cenas o invitaciones pueden ser deducibles fiscalmente de forma amplia en el Impuesto de Sociedades porque no es imprescindible presentar una factura completa ni individualizada. Y en la valoración de las operaciones vinculadas la Inspección no puede exigir una prueba imposible o desproporcionada de los gastos por servicios prestados intragrupo, realizados a través de lo que se denomina operaciones vinculadas.   El Tribunal Superior de Cataluña ha abierto una vía favorable que permitirá a las empresas un amplio margen para acreditar en los tribunales los gastos de representación y, a su vez, que son razonables los gastos destinados a empresas del grupo. La sentencia del tribunal catalán pone además el dedo en la llaga en la actividad inspectora de la Administración, ya que le atribuye la carga de la prueba de que los gastos son desproporcionados para evitar su deducibilidad. El tribunal ha estudiado el recurso que presentó una empresa contra la liquidación y sanción que le impuso la Inspección –que ascendía a 6.500 euros– al haberse deducido varios gastos por “invitaciones y atenciones a clientes”.La Inspección rechazó el carácter de gasto deducible porque la empresa no probó que eran “atenciones a clientes” y tampoco gastos destinados a obtener beneficios empresariales. Sin embargo, el tribunal rechaza esta tesis porque en el caso de los “gastos de restaurantes, bares, parquímetros, peajes, taxis, etc., no cabe exigir que la empresa aporte, respecto de cada uno de ellos, una factura completa con indicación del destinatario, lo que resultará del todo inviable en la práctica totalidad de los casos, ni menos que, también de forma pormenorizada, se acredite la relación directa con la actividad”. Y acto seguido regaña a la Inspección porque “se ha basado, estrictamente, en consideraciones formales que no permiten conocer si el gasto es necesario o se trata de gastos particulares de los empleados”. El tribunal destaca que la Ley del Impuesto de Sociedades “se ha remitido al concepto mucho más lógico y flexible de gasto contable, el que se realiza para obtener los ingresos, superándose los criterios negativos de gastos convenientes u oportunos,  como contrarios al de gastos necesarios”. En relación con los servicios prestados a empresas del mismo grupo –contabilizados como gastos de apoyo a la gestión–, en concreto el mantenimiento de un sistema de software, el tribunal los considera deducibles porque, siguiendo los criterios de la OCDE, la empresa probó que “se prestaron efectivamente y que se obtuvo de ellos un provecho real”. Por ello, concluye, la Inspección no puede “exigir una prueba desproporcionada en base a una distribución encubierta de beneficios que en absoluto se acredita”.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Las aportaciones que realicen los socios de un grupo, incluso las que no se destinen a reponer pérdidas, pagarán Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La inspección de estas operaciones pasa a manos de las comunidades. El paquete de medidas anticrisis que lanzó el Gobierno a principio de verano, y que aún deberá esperar hasta finalizar el año para entrar en vigor, parece haberse centrado en algunas materias un tanto alejadas del frenazo económico. Al margen de la tardanza en la tramitación, el texto definitivo trasladado a las Cortes ha recogido un incremento del ámbito de aplicación de los impuestos autonómicos sobre las empresas. Algo que suena más a cesión de recursos a las arcas territoriales que a incentivos empresariales para solventar el fuerte impacto económico que atraviesa España y el resto de economías. El cambio, en concreto, aparece recogido en el artículo 7.3 del proyecto, donde se modifica la normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). El retoque es de apariencia técnica y, de hecho, no ha sido comentada oficialmente en los avances del plan que ha realizado en repetidas ocasiones el Ejecutivo. El cambio supone que las aportaciones que realicen los socios a las compañías del grupo –a partir de la entrada en vigor del texto– deberán tributar por la vertiente empresarial del ITP, el impuesto conocido como Operaciones Societarias y cuyo tipo es del 1% de la cuantía traspasada. Hasta ahora, este tipo de aportaciones pagaba este impuesto sólo si se destinaban a reponer pérdidas de las compañías. Ahora se aplicará siempre con una única salvedad, que el traspaso de dinero amplíe el capital social, algo que no será recibido por las empresas como un gran alivio puesto que en ese supuesto ya actualmente se está exigiendo el pago fiscal.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Impuestos > Vivienda > Medidas anticrisis > Expansión
Valor añadido > -Ventajas fiscales  Además del rescate del ICO, el Ejecutivo posibilitará la creación de sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria prácticamente exentas de la tributación del Impuesto de Sociedades.
Estos vehículos de inversión, generalizados en buena parte de los principales mercados inmobiliarios del mundo con el nombre de REIT (Real Estate Investment Trust), vienen siendo demandados por un sector que, en el escenario de crisis que atraviesa, necesita potentes estímulos a la inversión.  “Hay que esperar a ver cómo se concreta la ley, pero indudablemente, estas sociedades pueden ayudar al mercado. Es una buena fórmula para buscar financiación y organizar el sector. En  mercados equivalentes, se busca la mejor situación fiscal en activos de tenencia a largo plazo”, señalan Adolfo Ramírez-Escudero, consejero director general de la consultora CB Richard Ellis.  A cambio de su tratamiento fiscal (en principio, el tipo impositivo del impuesto de sociedades en estos vehículos de inversión es del 1%), estas sociedades deben cotizar en bolsa, tener una cartera de activos mayoritariamente en alquiler y repartir como dividendos la totalidad o la gran parte de los ingresos que procedan de las rentas de alquiler o de las plusvalías en la venta de inmuebles. “Del 32%, al que tributa normalmente una compañía en el impuesto de sociedades, al 1%, hay 31 puntos de ahorro implícito que te dotan de una mayor resistencia y un mejor balance”, señala Ramirez-Escudero. La introducción de las Reit puede representar, en definitiva, financiación a largo plazo para activos a largo plazo. En Alemania, estos vehículos mueven cerca de 80.000 millones de euros anuales, frente a los 10.000 millones de los fondos de inversión inmobiliaria que actualmente operan en España. La introducción de estos vehículos de inversión “es una decisión acertada. España tiene que hacer esta apuesta para dar atractivo al mercado inmobiliario, ya sea en un mercado en expansión o bajista, como el actual, señala Ángel Serrano, director general de Aguirre Newman.   “Una de las ventajas de esta figura es que da acceso al mercado a los pequeños inversores”, explica Antonio Sánchez Recio, socio del departamento fiscal inmobiliario de Landwell-PWC. “Va a permitir a operadores inmobiliario captar fondos lanzando participaciones al mercado con indudables ventajas fiscales”, indica. El éxito de estos vehículos de inversión dependerá, según Edward Farrelly, director de investigación de mercados de CB-Richard Ellis, de la flexibilidad en el contenido de la ley que elabore el Gobierno.  “El Gobierno debería hacer una ronda de consultas con la industria para saber qué es lo que más le beneficia. Sería preocupante que el Ejecutivo solo abordara las reit residenciales. Estos vehículos deben integrar todo tipo de activos, desde viviendas en alquiler, a oficinas, centros comerciales, hospitales, garajes y un largo etcétera”, puntualiza.  ¿Qué son los ‘reits’? Las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario son vehículos de inversión, que cotizan en los mercados bursátiles. Se trata de un modelo inspirado en los reits (Real Estate Investment Trust) americanos. Este tipo de compañías destinan su actividad a la inversión inmobiliaria, obteniendo ventajas fiscales a cambio de repartir todos sus beneficios entre sus accionistas. Desarrollados en Estados Unidos en la década de los 60, estas sociedades cotizadas están implantadas en países como Francia o Alemania, donde poseen características más o menos similares al modelo originario. En Francia, se denominan Siic (Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées) y fueron la razón del desembarco inmobiliario español en el país.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -Corredor, contraria a las exenciones fiscales para facilitar el acceder a la vivienda. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado no compartir las medidas promovidas por el Gobierno de Reino Unido para facilitar el acceso a la vivienda, que incluyen determinadas exenciones fiscales para las viviendas cuyo precio no supere los 215.000 euros. En declaraciones a los periodistas, Corredor se ha mostrado en desacuerdo con este tipo de iniciativas, toda vez que entiende que "pueden repercutir directamente" en el precio de la vivienda, además de suponer "un gravamen para las arcas públicas de 4.000 millones de euros". La ministra de Vivienda entiende igualmente que con este tipo de medidas quedan en "peor condición" quienes optan por acudir al mercado de alquiler, un modo de vida "tan digno como cualquier otro". Corredor cree que las administraciones públicas deben ayudar "tanto a los que tienen hipotecas como a los que no" las tienen, de ahí que el Gobierno de España esté apostando "por el fomento del alquiler" o por la posibilidad de incrementar los periodos de amortización de los préstamos hipotecarios sin gastos adicionales.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos
Valor añadido > -El arrastre del sector inmobiliario > A principios de agosto ya se veían venir estos cálculos. La crisis económica y el desplome del negocio inmobiliario han disminuido a lo largo del curso buena parte de las fuentes de ingresos del Estado. Las Administraciones Públicas contarán este año con 10.000 millones de euros menos de lo presupuestado a causa de los menores ingresos y del incremento de los gastos. Gran parte de esa desviación tiene su origen en el frenazo inmobiliario. Los expertos calculan que el erario público recaudará este año alrededor de 3.300 millones menos por el parón del sector, que ha traído consigo una caída de los ingresos tributarios derivados de las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA de primeras viviendas o los impuestos por venta de terrenos.
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NOTICIA > - Impuestos > Vivienda > Canarias
Valor añadido > - Los contribuyentes canarios que hayan firmado la hipoteca para su primera vivienda de tipo variable --desde el 1 de enero de 2008-- podrán desgravar de su renta hasta 9.015 euros durante cuatro años cuando la renta no supure los 30.000 euros al año, en caso individual, y los 42.000 compartida.  Así se recoge en el Boletín Oficial de Canarias en el que el Gobierno de Canarias dispone este medida con el objetivo de "favorecer" la situación económica de los contribuyentes canarios, a la vista del alza experimentada por el Euribor.  Para ello, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias establece una deducción en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con base en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El boletín recoge que "la deducción la podrán aplicar aquellos obligados que hayan obtenido un préstamo hipotecario destinado a la financiación de la adquisición o rehabilitación de la que constituya o vaya a constituir su primera vivienda habitual".  En cuanto a la deducción se explica que el porcentaje de la deducción será la diferencia entre el Euribor medio anual del período impositivo y el del período impositivo inmediatamente anterior, y se aplicará sobre el importe de las cantidades satisfechas por amortización, intereses y demás gastos derivados de la financiación de la primera vivienda habitual, con el límite de 9.015 euros. Se añade además que La vigencia de la deducción es hasta el año 2012 y será aplicable a los contribuyentes que hayan obtenido rentas en el ejercicio en el que se origina el derecho a la deducción por un importe inferior a 30.000 euros, o en el supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar haya obtenido rentas por un importe inferior a 42.000 euros.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Andalucía > el País y locales
Valor añadido > -La Audiencia Provincial de Granada ha condenado al constructor granadino José Ávila Rojas a ocho años de cárcel y a pagar una multa de diez millones de euros por defraudar a Hacienda. Lo hizo en la compraventa de dos fincas en Marbella (Málaga). Según el tribunal, "deliberada y conscientemente" manipuló su declaración de IRPF y de IVA para cometer el fraude. La indemnización al erario público se eleva a los cinco millones de euros. El constructor granadino José Avila Rojas reiteró ayer su inocencia, mantuvo que nunca ha "intentado quedarse con nada, ni público ni privado" y anunció que presentará un recurso contra la pena. El constructor está condenado por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública. La pena impuesta es de dos años de cárcel por cada delito, si bien el fallo establece que el máximo de cumplimiento será de seis años (el triple de la mayor) y quedan extinguidas las restantes. Ávila Rojas no tendrá posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. De nada ha servido el esfuerzo de su defensa que intentó negar el carácter de "empresario" del acusado en las operaciones efectuadas en los años 2001 y 2002. Entonces adquirió y vendió posteriormente las fincas Huerta de las Monjas y Coto de los Dolores, ambas en Marbella. No declaró los impuestos a los que estaban sujetas (IVA e IRPF) y defraudó a Hacienda. No actuó como persona física, sino como profesional dedicado a la promoción inmobiliaria, según el fallo.La primera de las fincas implicadas, Huerta de las Monjas, la compraron el acusado y la mercantil CCF 21 Negocios Inmobiliarios el 22 mayo de 2001 por tres millones de euros. Ese mismo día la vendieron por 11,4 a una sociedad que entregó a cada vendedor la parte proporcional de IVA que debía ingresar en el erario público. Ávila Rojas no reflejó la cantidad en sus autoliquidaciones de 2001 y defraudó 583.000 euros. Con la reventa de la finca logró una ganancia que no fue declarada tampoco en la renta, defraudando así 1,9 millones de euros. El 29 de julio de 2002 vendieron el ahora condenado y la misma mercantil la otra finca, Coto de los Dolores, que habían comprado previamente por 1,8 millones de euros a 7,6 millones. La operación se declaró "expresamente sujeta" a IVA. En octubre se otorgó nueva escritura y se elevó el precio de venta a 10,2 millones de euros, no sujetos a IVA. Eludió así el pago de este impuesto. El perjuicio para el erario público fue de 1,6 millones. La Audiencia no ha dado credibilidad al argumento esgrimido por el acusado, que mantuvo en el juicio su inocencia, y negó haber actuado como empresario para negar el sometimiento a IVA de las operaciones. El tribunal destaca que Ávila Rojas ejerce de manera "pública y notoria" como profesional de la actividad inmobiliaria. Aunque en sus declaraciones dijo, además de que no estaba sujeto a IVA, que no leyó nada de lo que firmó y que no se enteró de que le pagaron el IVA, la sentencia considera que "deliberada y conscientemente" manipuló sus declaraciones de IRPF y de IVA en 2001 y 2002 con "el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, eludiendo el pago de los impuestos que le correspondía ingresar". Es más, de no haber sido por el procedimiento inspector no se hubiera conocido la situación real del acusado, generadora de beneficios "muy superiores a los declarados". Ávila Rojas llevó a cabo actuaciones para reparar el perjuicio causado a la Hacienda Pública pero fueron posteriores al inicio de la comprobación tributaria. Además, según la resolución, no se sujetan a lo indicado por Hacienda, sino que fueron "a su gusto y medida, descubriéndose una total falta de propósito del recurrente de ser transparente con la Administración Tributaria".
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos
Valor añadido > -La crisis inmobiliaria ha sido una de las principales causas del espectacular descenso del superávit de las cuentas del Estado que, en los cinco primeros meses del año, se ha reducido un 80 por ciento respecto al mismo periodo de 2007 y sólo ha sumado 2.722 millones de euros, frente a los 13.592 de un año antes. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, presentó estos datos en el Congreso de los Diputados, atribuyendo este acusado descenso del superávit a la desaceleración económica, principalmente en lo que afecta al sector inmobiliario, y al aumento de los costes empresariales por el encarecimiento del petróleo. El superávit hasta mayo, equivalente al 0,24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), fue el resultado de unos ingresos de 60.351 millones de euros, un 8,9 por ciento menos que entre enero y mayo de 2007, y unos pagos por valor de 57.629 millones, un 9,5 por ciento más. La recaudación del IRPF subió un 9,8 por ciento, mientras que la del IVA descendió un 17,8 por ciento debido al frenazo del consumo, que también se dejó notar en la recaudación del Impuesto de Hidrocarburos, que bajó un 2,4 por ciento debido al alza del precio del crudo en los últimos meses.
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NOTICIA > -Impuestos > Paraisos fiscales
Valor añadido > -La secretaria general de Hacienda, Mª Dolores Beato Blanco, y la ministra de Finanzas de las Antillas Holandesas, Ersilia T. M. de Lannooy, en presencia del embajador de los Países Bajos, J.G.S. van Hellenberg Hubar, han firmado esta mañana un acuerdo de intercambio de información tributaria entre España y los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas. Se trata del primer acuerdo de este tipo que firma España y su
negociación se inició en el año 2004. La finalidad fundamental del acuerdo es establecer un marco jurídico que permita el intercambio de información tributaria como un instrumento esencial en la lucha contra el fraude fiscal  internacional.Precisamente, con la firma del acuerdo, las Antillas Holandesas dejarán de formar parte de la lista de paraísos fiscales, ya que según la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal no tendrán la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información. El contenido del acuerdo de intercambio sigue el modelo de la OCDE y permite obtener información bancaria, regular las consecuencias si no se proporciona la información requerida en el plazo de seis meses, establecer una cooperación en la notificación de decisiones administrativas, así como la posibilidad de conseguir información correspondiente a períodos impositivos anteriores a la fecha de de entrada en vigor del acuerdo y todavía no prescritos.
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NOTICIA > -Financiación > Impuestos >Vivienda > Créditos puente > el País
Valor añadido > -Cuando el mercado estaba boyante, muchas familias optaron por un crédito puente, instrumento financiero que permite comprar una vivienda nueva sin vender antes la antigua. Se juntan las dos hipotecas y el banco, durante el tiempo que se pacte con el cliente, que sólo paga intereses, quedando una letra mensual asequible. El problema surge cuando vence el periodo de carencia y no se ha logrado vender la antigua y el importe mensual resulta inasumible. ?Se está dando en muchos casos? -señala Mariela, empleada de la inmobiliaria de Alcorcón Sudoeste Viviendas- y los propietarios tratan de paliarlo ?alquilando la vivienda antigua o vendiéndola por un preciomuy inferior al previsto?. Otro inconveniente de estos créditos es que resultan carísimos: más comisiones, mayor coste de la escritura y, sobre todo, del impuesto de actos jurídicos documentados, el 1% de la total responsabilidad hipotecaria. Una cantidad que no se fija en función de lo prestado, sino sobre la base de lo que la entidad bancaria podría reclamar en caso de impago.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > Rifas de Pisos
Valor añadido > -La rifa del piso de Miguel Marina, en Ciempozuelos, por cinco euros es ilegal. Para estar dentro de la ley necesitaría de una autorización de Loterías y Apuestas del Estado que no tiene. Además, tendría que haber abonado las tasas del sorteo, que son el 15% del valor de los 64.000 boletos, 48.000 euros, que no ha pagado. Por todo ello, Hacienda, en concreto la Agencia Tributaria, le abrirá un expediente sancionador, según aseguró un portavoz de Loterías y Apuestas del Estado, que podría ser por contrabando o bien por realizar una actividad sin autorización.
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NOTICIA > -Impuestos > Cataluña
Valor añadido > -Los ingresos de la Generalitat vinculados a la vivienda siguen en caída libre. En el primer cuatrimestre se recaudaron por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), 659,8 millones (-48%), prácticamente la mitad de la suma ingresada en el mismo periodo de hace un año, según los datos de ejecución presupuestaria del Ejecutivo catalán. Las últimas cifras consolidan en las cuentas de la Administración catalana la senda bajista por el impacto de la desaceleración económica que comenzó tras el verano pasado. Mientras el conjunto de los impuestos directos se mantiene en torno a lo previsto y por encima de lo ingresado en el primer cuatrimestre del 2007, el conjunto de los procedentes de la tributación indirecta, 2.706,3 millones, registraron hasta abril una caída de casi el 17%. El parón experimentado en la compraventa de viviendas y de vehículos de segunda mano --las principales operaciones que gravan el ITP y AJD, a las que se suman también las escrituras hipotecarias-- ha impactado de lleno en este tributo y, por tanto, también en el presupuesto catalán. El volumen total de ingresos de la Generalitat hasta abril, 7.633,9 millones, se redujo el 1%. La Conselleria de Economia, dirigida por Antoni Castells, ya rebajó sus expectativas de ingresos del ITP y AJD para este año: previsión de 3.830,7 millones para todo el año, el 13,8% menos que en el 2007--, pero tendrá que reducirlas todavía más. De hecho, cuando ya ha transcurrido un tercio de todo el ejercicio, apenas se ha recaudado el 17,8% de lo previsto, lo que supone unos 600 millones menos de lo estimado. De mantenerse esta tendencia, como todos los indicios apuntan, la merma recaudatoria puede superar este año de nuevo los 1.000 millones, como en el ejercicio pasado. El ITP y AJD, además, ya perdieron peso en el primer trimestre, al pasar de tercer puesto en el ranking de tributos por los ingresos generados hasta el cuarto. Hasta el 2006 fueron dos de los tributos que más crecieron, con incrementos anuales de entre el 19% y el 28%.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El Ministerio de Vivienda propondrá incrementar del 15% al 20% la deducción en el IRPF por rehabilitación de la vivienda habitual, dentro un conjunto de medidas para reflotar el sector que presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del jueves y que, según declaró hoy a los medios la titular del ramo, Beatriz Corredor, tocará "varias líneas, no sólo la fiscalidad".
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NOTICIA > - Impuestos > Expansión y económicos
Valor añadido > -El Tribunal Superior de Valencia afirma que los inspectores deben motivar con claridad el fraude detectado. La Justicia pone trabas a las actuaciones que se basan únicamente en la falta de explicación del contribuyente. La falta de explicación de los contribuyentes no es suficiente motivo para lanzar un paralela. En las liquidaciones provisonales debe ser la Inspección la que explique en qué ha consistido el error cometido o las posibles infracciones legales. De lo contrario, las actuaciones de Hacienda serán nulas. Así lo ha declarado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha anulado la liquidación paralela que la Inspección practicó a una promotora por los supuestos errores cometidos en la declaración de la base imponible del Impuesto de Sociedades de varios ejercicios fiscales. Cuando giró la liquidación complementaria, la Inspección simplemente adujo que la empresa “no ha declarado correctamente los conceptos e importes que se destacan con un asterisco en el margen de la liquidación”. El tribunal censura la escasez de motivación en las actuaciones de la Inspección y anula la liquidación practicada porque entiende que se ha producido indefensión para el contribuyente. Y lo hace esgrimiendo una amplia jurisprudencia. Incluso, la sentencia critica la actuación de la Inspección teniendo en cuenta el valor que tienen “los medios de información y programas informáticos de ayuda facilitados por la Administración”. Compensación de bases En esta ocasión, la Inspección giró una liquidación paralela por las diferencias encontradas entre los importes fijados como bases negativas para compensar en las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades de 1996 y 1997 respecto a los periodos de la autoliquidación del ejercicio de 1999. La empresa había enajenado un edificio pero no había incluido en el coste de la edificación los gastos financieros. Según explica la sentencia, “la ley obliga a la Administración a motivar la mayoría de sus decisiones, lo que quiere decir hacer públicas las razones en las cuales se apoya; motivar implica razonar cómo se adopta la resolución”. Como explica el Tribunal Constitucional, “la motivación no es sólo un elemento de cortesía”. La indefensión es la clave para entender por qué la Administración, en este caso la Inspección Tributaria, debe motivar sus actuaciones, ya que el contribuyente necesita todos los elementos posibles para recurrir si así lo considera oportuno. Como explica el Tribunal Superior de Valencia, “la simple confrontación a través de columnas paralelas de los datos declarados por el interesado y los calculados por la Administración no basta, por sí sola, para que el interesado tenga un preciso y suficiente conocimiento, a efectos potencialmente impugnatorios, de cuáles son esos concretos errores, con especificación de su naturaleza y del por qué de su comisión”. El fallo especifica que la Inspección también debe explicar “la vulneración normativa que se ha producido, con la adecuada puntualización de su conformación técnico jurídica, ya que, de lo contrario, se coloca al contribuyente en una evidente situación de indefensión al no conocer, con las matizaciones necesarias, los motivos reales de la liquidación provisional paralela”. Todas estas razones llevan al tribunal a considerar la liquidación practicada como “constitutiva de indefensión”.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Vivienda > Guía informativa (texto completo)
Valor añadido > -Firmado el Acuerdo para la ampliación sin costes del plazo de las hipotecas  El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, durante los cuales las entidades de crédito no cobrarán comisiones por estas operaciones y los notarios y registradores eliminarán los aranceles.Gracias a este Acuerdo, las operaciones de ampliación del plazo de amortización de los préstamos hipotecarios, cuando exista acuerdo entre la entidad de crédito y el cliente, se realizarán sin coste alguno para el prestatario durante un periodo de dos años. Las entidades de crédito se comprometen a promover que no se cobren comisiones en este tipo de operaciones y los notarios y registradores a que las mismas se lleven a cabo sin coste alguno en concepto de aranceles notariales y registrales.La Administración General del Estado, por  su parte, ha dispuesto la exención del gravamen del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios que se refieran a la ampliación de los plazos. Esta medida se incluyó el Real Decreto-Ley 2/20087 de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. Guía informativa Además, y con el objeto de facilitar a los ciudadanos información sobre las implicaciones de la ampliación del plazo de amortización del préstamo hipotecario, así como sobre los trámites que deben seguir para que la ampliación del plazo de los préstamos hipotecarios se lleve a cabo en los términos contenidos en este Acuerdo y sin costes adicionales para el prestatario, se ha elaborado una guía informativa que estará a disposición del público en las notarías y Registros de la Propiedad.
Ver >  Guía informativa/ Suscriptor

NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Desaparece el impuesto del patrimonio, y rebaja de 400 euros en el IRPF El impuesto sobre el patrimonio se despide del mapa fiscal español después de 30 años. Cerca de un millón de contribuyentes dejarán en 2008 de pagar a Hacienda por sus bienes y derechos, con un ahorro de 1.800 millones de euros.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda > REHABILITACIÓN > Cinco Días y económicos
Valor añadido > -Las empresas que se dedican a la rehabilitación de viviendas tienen barreras normativas que les impiden obtener algunas ventajas fiscales para su actividad. Lo mismo ocurre en el caso de los particulares. Dentro de las medidas aprobadas ayer por el Gobierno, mejora la fiscalidad en ambos casos. El objetivo es dar un estímulo al sector de la construcción y ayudar a mejorar el entorno urbano. Hasta ahora, las obras realizadas en un piso eran consideradas rehabilitación cuando el coste superaba el 25% del precio de adquisición del inmueble, incluido el precio del suelo. A partir de ahora, ese 25% no tendrá en cuenta el precio del suelo. Las empresas podrán, con menos inversión, recuperar el IVA soportado en la obra.Rehabilitación A partir de ahora, cuando una comunidad de vecinos decida arreglar una finca podrá beneficiarse también de la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el IRPF siempre que el coste de las obras no supere el 25% del valor del edificio, cómputo en el que dejará de tenerse en cuenta también el precio del suelo. La mayoría de estas rehabilitaciones estarán exentas de Transmisiones Patrimoniales.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > Cuenta de ahorro vivienda > Expansión
Valor añadido > -Hacienda rechaza todos los pretextos para flexibilizar las cuentas ahorro vivienda   Hacienda se muestra cada vez más firme a la hora de defender los criterios establecidos para que se puedan deducir fiscalmente los ahorros que se destinen a la compra de vivienda.  Son las conocidas como cuentas ahorro vivienda: los depósitos o cuentas abiertas en una entidad financiera (aunque no se llamen expresamente “cuenta vivienda”) cuyo saldo se destine a la adquisición de un piso. Las cantidades invertidas en estos depósitos dan derecho a una desgravación en el Impuesto sobre la Renta similar a la que se obtiene por la compra de vivienda habitual: un 15% del dinero dedicado en el año, hasta un máximo de 9.015,18 euros, (esto es, se puede obtener una  deducción efectiva de hasta 1.352,28 euros). Pero tiene que cumplir unos requisitos: Las cantidades que se aporten a esta cuenta vivienda deben destinarse a la adquisición de la primera vivienda habitual; no se puede disponer para otro fin; hay un plazo de 4 años para realizar la compra el contribuyente sólo puede tener una única cuenta, y las cantidades que se depositen tienen que haberse ganado en el año. Hacienda considera que “los requisitos exigidos en la regulación de las cuentas vivienda han de entenderse de forma estricta”. Y el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para este tipo de depósitos obliga a devolver las deducciones de las que el contribuyentes se haya podido beneficiar. Así se destaca en una reciente respuesta a una consulta formulada por una contribuyente a la Dirección General de Tributos (el organismo encargado de la elaboración y la interpretación de las normas fiscales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda). La Administración es tajante, y no admite ninguna interpretación de la normativa del impuesto que dote de cierta flexibilidad a este producto de ahorro. En el caso de la consultante, son circunstancias ajenas las que le fuerzan a no observar de forma literal los requisitos de las cuentas vivienda. Así, explica que, después de abrir uno de estos depósitos, resultó beneficiaria de una vivienda en régimen de arrendamiento con opción a compra, después de un plazo de siete años. La contribuyente planteó a Tributos si podía destinar el saldo de la cuenta a pagar parte de la renta de alquiler; y, de no ser posible, si podía seguir realizando aportaciones hasta cumplir el plazo de cuatro años y luego dejar la cuenta congelada hasta poder disponer de la misma para ejecutar el derecho de compra. Tributos responde de forma negativa: “la regulación normativa de las cuentas vivienda no admite alternativa alguna en cuanto al destino o ampliación del plazo”. Más aún, insiste en que el plazo de cuatro años es “improrrogable”. Y, si no se cumplen los requisitos, la normativa “tampoco posibilita exonerar del reintegro de las cantidades deducidas”, subraya el texto de la Administración. Según los expertos consultados, en el actual contexto de crisis financiera e inmobiliaria, la firme posición de Tributos puede colocar en una situación complicada a muchos titulares de estos depósitos que ahora no pueden cumplir con su deseo de comprar su propia vivienda. La principal deducción del IRPF La deducción por compra de vivienda es la principal deducción de la que se benefician los contribuyentes. Su importe viene a representar habitualmente una quinta parte del total de las desgravaciones que cada año se presupuestan en el IRPF. Pero, en la realidad, las cantidades deducidas suelen superar de largo lo previsto. Por ejemplo, en 2004 (último año del que existen cifras), la deducción por compra de vivienda ascendió a 4.429,5 millones de euros, unos 1.400 millones más de lo que se había contemplado en el Presupuesto para ese año. Se beneficiaron de esa deducción 5,2 millones de contribuyentes, lo que da una media de 840 euros de ahorro fiscal por persona. Tres cuartas partes del importe total de esta deducción (en concreto, el 74,1%) correspondió a contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros. La deducción media aumenta de forma sistemática a medida que el nivel de renta de los contribuyentes es mayor.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Hacienda amplía el plazo para pagar sociedades  > Las empresas dispondrán de dos semanas más para pagar impuestos. Hacienda ha ampliado del 21 de abril al 5 de mayo la fecha límite para presentar el primer pago del impuesto de sociedades (o, en su caso, del IRPF), que se puede declarar desde ayer. El motivo es que el nuevo plan contable, en vigor desde enero, ha supuesto para algunas empresas pagar más tributos. Se trata de un efecto indeseado de la reforma, que sólo pretendía adaptar la contabilidad española a la internacional. La situación se corregirá lo largo del año para que ninguna firma pague más que antes.
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NOTICIA >-Promoción > Impuestos > Editorial de el País
Valor añadido > -Está por ver si esta depresión inmobiliaria afectará al sistema financiero; es más que probable que las instituciones bancarias hayan provisionado sobradamente los créditos que tienen con particulares y empresas. En cualquier caso, lo que de ningún modo debe hacer el Gobierno es atender las histéricas peticiones para aumentar las deducciones fiscales en vivienda. Sería un error, porque la subvención fiscal ha contribuido poderosamente a hinchar la burbuja cuyo final empezamos ahora a padecer. Las empresas promotoras e inmobiliarias han vivido un largo y próspero auge en el que se han beneficiado de una espectacular sobrevaloración de los activos y del dinero barato. Las reglas del mercado exigen que ahora se paguen los errores de gestión. Los contribuyentes no tienen la culpa de que en los periodos de vacas gordas algunas empresas no se preocuparan de aumentar sus reservas. El mercado de la vivienda debe depurar el exceso de oferta, asimilar el parón que se viene encima y prepararse para una recuperación lenta a partir de mediados de 2009 en el mejor de los casos. Debe evitarse, eso sí, que el frenazo inmobiliario y la inevitable destrucción de empleo tenga efectos irreparables sobre el crecimiento y el bienestar. En repetidas ocasiones se ha reclamado un aumento de la inversión en obra pública, para reabsorber parte del empleo perdido. Sería aconsejable abordar también otras políticas de estímulo del empleo y deflactar la tarifa del IRPF para que el estímulo económico implícito en la reducción del impuesto no desaparezca con la inflación. Y el nuevo Gobierno debería explicar con claridad hasta dónde llega la desaceleración y cómo piensa aliviarla.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -Hacienda descarta reactivar el sector inmobiliario con más deducciones fiscales > El secretario de Estado de Hacienda en funciones, Carlos Ocaña, descartó la posibilidad de que el futuro Gobierno aumente las deducciones por la compra de vivienda habitual para fomentar la demanda del sector ante un periodo de clara desaceleración. En una rueda de prensa para valorar las cuentas financieras del Estado, Ocaña resaltó que la actual situación del sector requiere la atención de los agentes económicos, aunque rechazó las medidas que esta semana propusieron empresarios y asesores fiscales, que pasan por actualizar la desgravación por compra de vivienda habitual con el fin de reactivar la compraventa de inmuebles. En cambio, aseguró que el Gobierno desarrollará otras iniciativas para hacer frente a la actual situación, entre las que destacó el fomento de la obra pública en España y la rehabilitación de los cascos urbanos más antiguos para compensar el descenso de la actividad en la obra privada. Según Ocaña, el modelo actual de IRPF ya contempla la deducción por la compra de vivienda habitual y ampliar dicha desgravación "no serviría de nada" porque no beneficiaria ni a los consumidores ni supondría la reactivación del mercado.  "Haremos otras cosas", señaló el secretario de Estado, tras insistir, de nuevo, en la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento de la economía española para que la construcción pierda peso en el mismo. Críticas de los promotores Los promotores inmobiliarios pedirán al nuevo Gobierno que acometa una rebaja de impuestos para dotar de más liquidez a las familias y reactivar así la compraventa de viviendas, que cayó un 27% el pasado mes de enero, según afirmó hoy el secretario general de la Asociación Nacional de Constructores y Promotores de España (APCE), Manuel Martí. En declaraciones a Onda Cero, Martí precisó que ésta sería una de las medidas “más efectivas” para combatir la crisis en el sector, si bien, quiso dejar claro que el Gobierno deberá acometer también toda una serie de medidas “anticíclicas” dirigidas, entre otras cosas, a recuperar la confianza de los hogares en la economía. Así, el secretario general de los promotores mostró su deseo de poder mantener un próximo encuentro con el nuevo Gobierno para exponerle estas propuestas, con el fin de que la crisis en el sector no tenga “efectos excesivos” sobre la economía. En este sentido, Martí comparó el sector de la construcción con una locomotora que ha estado 'tirando' de la economía durante los últimos años y argumentó que “si la locomotora se para, se paran también los vagones”. “Hay que buscar soluciones para que la locomotora siga en marcha”, afirmó haciendo un guiño al nuevo Ejecutivo. “Nos preocupa este ajuste”, aseguró Martí para reconocer finalmente que el proceso de desaceleración del sector está siendo más agudo de lo esperado por la irrupción de la crisis crediticia.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > el País y locales
Valor añadido > -La crisis inmobiliaria ya muestra su peor cara en la recaudación de los dos primeros meses del año, según las cifras difundidas ayer por el Ministerio de Economía. Hasta febrero, el Estado ingresó por IVA 16.924 millones de euros, un 8,2% menos que en el mismo periodo de 2007. Un recorte que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, no dudo en relacionar con "la contracción del sector de la construcción". La recaudación del IVA ya mostró signos de desfallecimiento el año pasado, cuando sólo creció un 2,2%. Un parón que el Gobierno achacó al alza del petróleo -el aumento de costes permitía a las empresas mayores devoluciones- y a la ligera desaceleración de la economía. Pero los datos de este año convierten el frenazo en marcha atrás. "La caída de la recaudación del IVA se concentra en las pymes de la construcción y la promoción inmobiliaria", explicó Ocaña. La recaudación bruta del IVA en las pequeñas y medianas empresas del sector bajó un 16,6% respecto a los dos primeros meses de 2007. Un efecto que no se extiende aún a las grandes inmobiliarias y constructoras. En su caso, la recaudación bruta por IVA subió un 9% una vez excluidos los efectos de la norma que permite la gestión consolidada del impuesto de las filiales. Los ingresos de impuestos indirectos se resintieron por el IVA y bajaron un 6,1%. Pero los impuestos directos, con el IRPF a la cabeza, salvaron la situación al crecer un 10,5%. La recaudación del IRPF rozó los 16.500 millones de euros, un 9,5% más que en los dos primeros meses de 2007. Ocaña se apoyó en el dato de las retenciones del trabajo -un 8,3% más-, para rechazar que el descenso del IVA reflejase también una caída significativa del consumo. El gasto de las familias guarda relación con la solidez del mercado laboral y las retenciones del trabajo en el IRPF son un buen indicador de su salud. Como lo es la evolución de las cotizaciones sociales, que también crecieron un 8%, según datos difundidos ayer por la Seguridad Social. El retroceso en los impuestos indirectos tiene su reflejo ya en el superávit público, aunque Ocaña llamó a la cautela en las interpretaciones, dado el bajo nivel de gasto ejecutado y de recaudación de algunos tributos, como el impuesto de sociedades, que es habitual en este periodo. El superávit de la Administración central se quedó en 9.381 millones, un 27% menos que en 2007. Este saldo equivale al 0,8% del PIB, mientras el de la Seguridad Social (7.561 millones) supone el 0,6%. Ocaña mantuvo que el Gobierno sigue en disposición de cumplir con la previsión para 2008: un superávit global del 1,2% del PIB.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cataluña > el País y locales
Valor añadido > -La crisis inmobiliaria se ha dejado notar en las finanzas de la Generalitat de 2007, y de qué manera. El Gobierno catalán recaudó 1.141 millones de euros menos de lo presupuestado: 19.123 millones frente a los 20.264 previstos en el presupuesto. El 5,6% menos de una previsión "que ya era conservadora, dados los los datos que se tenían a principios de año", se sorprendió ayer el consejero de Economía, Antoni Castells, que presentó la liquidación de la recaudación de 2007 acompañado del secretario general del departamento, Martí Carnicer. Los ingresos de la financiación crecieron por debajo del IPC (4,2%) La merma tiene un culpable muy claro: el parón inmobiliario, que fue especialmente intenso en el mercado de segunda mano. Así lo reflejan las dos figuras tributarias relacionadas directamente con la actividad residencial: el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), por un lado, que grava las transacciones de las viviendas usadas, y el de actos jurídicos documentados (AJD), que básicamente tiene en cuenta la constitución de hipotecas. Ambos dejaron una recaudación de 3.200 millones de euros, lo que representa el 28% menos (1.246 millones) de lo previsto y una mengua del 17% sobre la recaudación del ejercicio anterior. Pese a los paños calientes y a los esfuerzos de Castells por quitar hierro al asunto -"sólo está mal la construcción residencial, que representa el 35% de todo el sector" y "[la merma de la recaudación] se está produciendo en todas las comuniades autonómas, pero en Cataluña se anticipa unos seis meses"- el efecto de la crisis inmobiliaria sobre las cuentas es "preocupante".
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NOTICIA > -Impuestos > Asturias > ICIO > Expansión y locales
Valor añadido > -cada vez más empresas se niegan a pagar a los ayuntamientos las tasas por la prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ahora le toca el turno al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –también denominado impuesto municipal de plusvalía–. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado 347 liquidaciones que giró por este impuesto el Ayuntamiento de Oviedo a una promotora inmobiliaria por no haberle notificado previamente la revalorización catastral de las fincas afectadas por dicho pago. Así, gracias a esta sentencia, por el momento, el promotor podría haber evitado pagar el impuesto de plusvalía durante casi tres años, ya que los primeros recursos se presentaron a mediados de 2005. Así lo establece el Alto Tribunal después de estudiar el recurso de casación en interés de ley que presentó el propio Ayuntamiento. No sólo eso. Después de esta sentencia, los ayuntamientos, las autonomías y el Estado deberán agilizar sus procesos de notificación si no quieren que se retrase el cobro de sus impuestos, necesarios para la financiación local. No en vano, en los últimos años las arcas municipales se han nutrido de forma excepcional gracias al boom del desarrollo urbanístico. Tal y como explica el fallo, “si el valor catastral constituye el presupuesto sobre el que se va a determinar la base imponible del impuesto municipal de plusvalía, es evidente que ese valor no puede quedar determinado a espaldas del sujeto pasivo del tributo”. Al menos, precisa el Supremo, “ha de notificársele al promotor para que pueda, como así hizo la sociedad mercantil recurrente, formalizar reclamación económico-administrativa contra los valores determinados si no estuviera conforme con los que había establecido el Centro de Gestión Catastral”. El Supremo rechaza el planteamiento del Ayuntamiento de Oviedo de que una doctrina de estas características puede ocasionar “sacrificios para el interés económico municipal en la medida en que pueda producir una dilación en la obtención de ingresos derivados de este impuesto”. También desautoriza la estrategia del municipio de “dotar de eficacia inmediata a la liquidación practicada, de tal modo que, al menos provisionalmente, se proceda a la recaudación del tributo, sin perjuicio de que después, si los nuevos valores catastrales han sido impugnados y dejados sin efecto, se proceda a revisar la liquidación practicada y a la devolución del exceso percibido”.Para el Supremo sería “deseable” que existiera “una mayor coordinación entre la Administración estatal y la local, facilitándose toda clase de datos e información sobre modificaciones en el régimen de valores catastrales”.Según explica Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores Inmobiliarios, bufete especializado en urbanismo, con esta sentencia el promotor podría obtener beneficios por tres vías: “Ganar tiempo para financiarse; que prescriba el pago del impuesto; o bien que, si consigue que se impugne la nueva valoración catastral en vía económico-administrativa, se anule la liquidación con la valoración inicial”.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda > Baleares
Valor añadido > -Los promotores de Baleares creen que el Gobierno central debería rebajar la fiscalidad que graba las viviendas en España como medida para reactivar las transacciones inmobiliarias, ya que un 23 por ciento del importe que debe afrontar el comprador de un inmueble en España corresponde a tributos, lo que incrementa todavía más el precio ya de por sí muy elevado de una casa. El presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, Gabriel Oliver, opinó, en declaraciones a Europa Press, que hay que buscar fórmulas para disminuir la fiscalidad que graba la vivienda, porque la fuerte subida que ha registrado el precio de los pisos en los últimos veinte años se ve todavía más acusada por la elevada base impositiva que paga el comprador. "Por un mismo trabajo la administración cobra el triple que antes, generando unos ingresos en las arcas del Estado mucho más altos", afirmó. Oliver incidió en este punto en el escaso poder competencial que tiene la administración central en materia de vivienda, ya que casi todas las competencias han sido transferidas a las comunidades, y sólo le corresponde administrar las ayudas para la construcción de viviendas protegidas que van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. "Siendo éste el único aspecto que sigue en manos de la administración no tiene demasiado sentido la existencia de un Ministerio de la Vivienda", consideró. "Existe una duda muy importante en torno a si dicho Ministerio tiene alguna efectividad, ya que bastaría con que fuera una Dirección general", agregó el promotor, para quien el hecho de que el Gobierno carezca de competencias en materia de urbanismo y suelo reduce su capacidad de acción para incidir en la crisis que actualmente atraviesa el sector. En este punto, se mostró pesimista a la hora de valorar la evolución del mercado de la vivienda en España y en Baleares y estimó "difícil" que pueda reactivarse en los próximos meses, ya que se han unido varios factores negativos como son el empeoramiento de la situación financiera, el aumento de los tipos de interés, la falta de confianza provocada por el estallido de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, y que afectó a toda Europa y, concretamente en la Comunidad balear, por la "grave inseguridad jurídica" que existe en la actualidad. Unas palabras que suscribió el director general de la Asociación de Constructores de Baleares, Manuel Gómez, quien sin embargo se mostró más optimista y confió en que la victoria del PSOE en las elecciones ayude a agilizar la obra pública pendiente en el archipiélago, lo que debería producir una reactivación del sector, después de varios meses de ralentización. En declaraciones a Europa Press, Gómez enfatizó el "hecho histórico" de que por primera vez en mucho tiempo coincida el color político de los gobiernos autonómico y central, lo que, auguró, posibilitará que buena parte de las obras y proyectos de envergadura pendientes y que precisan de financiación del Estado puedan realizarse con mayor agilidad. La Asociación de Constructores, que agrupa a unos 800 asociados, celebrará el próximo viernes sobre las 19:00 horas en el restaurante el Molí d'es Compte la Asamblea general que realiza anualmente, a la que está prevista que acudan unas 200 o 300 personas. Previamente, por la mañana, la Asociación convocaráa las 10:30 horas una rueda de prensa para dar cuenta de lo que tratarán en la Asamblea.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cataluña > editorial de el periódico
Valor añadido > -El parón inmobiliario se dejó notar de forma sustancial el año pasado en las arcas autonómicas. Los ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), gravamen estrechamente vinculado a la construcción, alcanzó en el 2007 los 16.192 millones de euros, con un retroceso del 10,83% con respecto al ejercicio precedente, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso este diario. Estas cifras revelan que el conjunto de las autonomías ingresaron el año pasado casi 2.000 millones de euros menos de los previstos.El desplome confirma las señales de alarma lanzadas desde algunas comunidades respecto al agotamiento del actual modelo de financiación autonómica. La caída es mucho más considerable en la parte que afecta a las transacciones de la vivienda de segunda mano (el ITP), con un descenso del 16,40% y un recorte de 1.600 millones menos en el conjunto de las autonomías. La porción de gravamen que recae sobre las escrituras de compraventa y de hipotecas (AJD) se redujo en conjunto el 3,88% o 313,6 millones. Canarias, con el 20,80%; Extremadura, con el 18,47%; Catalunya, con el 17,46%; Madrid, con el 13,70% y Valencia, con el 12,54%, encabezaron las caídas de recaudación de este tributo el año pasado. En términos absolutos, la mayor reducción correspondió a Catalunya, que es la comunidad en la que más se ingresa por este tributo, seguido de Andalucía, donde la rebaja fue apenas del 5,7% (181 millones). El año pasado, la Generalitat ingresó 673 millones de euros menos de lo liquidado el ejercicio anterior por este concepto y 1.200 millones menos de lo previsto inicialmente. Ante los primeros indicios de ralentización, el conseller de Economia, Antoni Castells, ya pidió hace unos meses a todos los departamentos que redujeran gastos de promoción, publicidad y protocolo. La mayoría de comunidades se vieron forzadas a revisar las previsiones a partir de la primavera pasada. Los recortes y la evolución mejor de la prevista de otros ingresos en Catalunya han amortiguado en parte los efectos de la caída del gravamen sobre las transacciones de viviendas de segunda mano, que son la tercera vía de ingresos por impuestos del gobierno autonómico catalán. En el presupuesto de este año, la Generalitat ya prevé un descenso del 13,8% en la recaudación de este tributo. La evolución de este impuesto comenzó a generar cierto alarmismo la primavera pasada, cuando se detectaron los primeros síntomas de ralentización en la construcción. Este tributo tan ligado al sector inmobiliario supone, de media, en torno a 10 de cada 100 euros recaudados por las autonomías, aunque en unas, como Catalunya, Valencia o Madrid, tiene más peso que en otras. En cualquier caso, la evolución actual supone el mayor reflejo de que el sistema de financiación autonómica está demasiado vinculado a impuestos muy ligados al ciclo, con subidas y bajadas muy drásticas que perjudican a las autonomías, según las críticas de algunos gobiernos autónomos. Castells ya dijo al presentar las cuentas de este año en el Parlament que el actual sistema de financiación "está agotado" y que ya "toca" proceder a su reforma. En algunas comunidades, el desplome de esta vía de ingresos ha coincidido con agresivas rebajas fiscales. Este es el caso de Madrid, donde, a la práctica exención de gravamen a las herencias y donaciones entre parientes directos se suma este año un sustancial recorte del impuesto del patrimonio y varias deducciones del IRPF propias. En esta comunidad gobernada por el PP el impuesto de transmisiones y actos jurídicos redujo el año pasado su recaudación en 475 millones de euros. Para el 2008, esta comunidad prevé un descenso superior al 20%.
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NOTICIA >- Promoción > Impuestos > ABC
Valor añadido > -La recaudación de las arcas públicas se está viendo afectada por la desaceleración económica, informa ABC. Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el superávit se redujo en enero un 50,8% respecto al mismo mes de 2007, hasta los 1.434 millones de euros (el 0,13% del PIB). La menor recaudación del IRPF y el IVA es la responsable de esta bajada. En concreto, la recaudación por IRPF disminuyó en este mes un 8,9% en términos homogéneos (11.527 millones), una vez descontados los ingresos que se recibieron en este mes de retenciones del trabajo correspondientes al mes de diciembre de 2007. En términos reales sí aumentó la recaudación por IRPF. En el caso del IVA, tanto en términos reales como homogéneos la disminución de los ingresos fue de un 16,2% y un 16,7%.
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NOTICIA > -Impuestos > crisis inmobiliaria
Valor añadido > -Las comunidades autónomas son las que más están acusando el ajuste inmobiliario. El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, argumentó ayer durante la presentación de la ejecución presupuestaria de 2007, que el déficit de 1.730 millones de euros de la administración autonómica se debe a un menor crecimiento por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la venta de viviendas de segunda mano. Gracias al boom inmobiliario, la recaudación de este impuesto creció un 37% entre los años 2003 y 2005, último año liquidado. Es el impuesto que más contribuye a engrosar las arcas autonómicas, después del porcentaje de cesión del IRPF y del IVA. Las corporaciones locales, por su parte, tampoco lograron en 2007 cerrar sus cuentas en positivo, por tercer
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > Fuente: CCOO
Valor añadido > -CCOO quiere inyectar mil millones de euros adicionales al año para reequilibrar las políticas públicas de vivienda. Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un mecanismo injusto e ineficiente de las política públicas porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto Las elecciones del 9 de marzo son un buen escaparate para que las fuerzas políticas asuman compromisos concretos en relación con las principales demandas de la ciudadanía. Es el caso de la vivienda. Más allá de las ocurrencias electorales y la subasta de rebajas fiscales en la que parecen haber entrado los partidos mayoritarios, CCOO considera que las necesidades en política pública de vivienda son apreciables, tanto por los excesivos pagos que asumen las personas endeudadas como por la barrera para independizarse que no pueden superar otros, y también por sus repercusiones sobre la negociación de los salarios. La transición a un modelo productivo diferente, no permite un crecimiento desmesurado de los salarios alejado de las ganancias de productividad, por tanto, el acceso a la vivienda se debe solucionar disminuyendo el esfuerzo real de las personas, y la experiencia muestra que después de gastar cantidades ingentes en políticas públicas dirigidas a la compra de vivienda, la fórmula de apostar por el alquiler puede ser muy interesante. A juicio de CCOO, una política ambiciosa de vivienda con estas características ayudaría a los “mileuristas” a mejorar su vida cotidiana sin empeorar la competitividad de la economía española. Un aumento del gasto significativo (1.000 millones de euros adicionales al año) en la línea de reequilibrar las políticas públicas de vivienda, puede rebajar los precios finales al conseguir un aumento en la oferta y hacer más solvente una parte de la demanda. De esta forma, concluye CCOO, una medida como la citada sería neutral para las cuentas públicas a medio plazo al reducir el elevado coste de una deducción que a quien beneficia en mayor medida es a los promotores. El intento de modificar una política cara y fracasada como la aplicada en los últimos treinta años se enfrenta a los intereses particulares, pero se podría producir una alianza entre las distintas administraciones, sin cuestionar las competencias de cada una, para primar el acceso de los ciudadanos sobre los intereses de una minoría.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Efectos de la crisis
Valor añadido > -La ralentización del mercado de la vivienda y, la consecuente caída de la recaudación de los impuestos asociados a la compraventa de inmuebles, son los responsables del déficit registrado por las comunidades autónomas y las corporaciones locales en 2007. Así lo explicó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien presentó las cuentas públicas de 2007 que cerraron con un superávit de 23.369 millones de euros, el 2,23% del PIB. "Si tenemos que buscar un factor único, es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que refleja las transaciones de la vivienda", aseveró Ocaña. Ocaña explicó que las comunidades autónomas cerraron 2007 con un déficit de sus cuentas del 0,17% del PIB, equivalente a 1.745 millones de euros. Igualmente, Ocaña dijo que gran parte del déficit de las corporaciones locales, que llegó hasta el 0,14% del PIB, también es consecuencia de la caída del mercado inmobiliario.
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NOTICIA > OBRA PÚBLICA-Constructoras > Financiación > Impuestos > Expansión
Valor añadido > -La contabilidad amenaza el negocio concesional >  Según Bruselas, aquellos activos considerados intangibles, como las autopistas de peaje, deben contabilizar todos los gastos financieros en los primeros años de vida de la explotación. Inseguridad e incertidumbre. Son las constantes de las empresas que se dedican a la gestión privada de infraestructuras y de servicios por culpa de la aplicación, todavía no definitiva, del nuevo marco contable en España. Desde el pasado 1 de enero, el Plan General de Contabilidad incorpora un nuevo estándar válido para el conjunto de la Unión Europea.  El objetivo final de la reforma es homogeneizar y eliminar las diferencias entre las legislaciones nacionales, acercándola más al modelo anglosajón. Pero, por el camino, la unificación de criterios corre el peligro de hacer estallar una fórmula autóctona que ha servido para que empresas como Cintra, Abertis o Itinere se encuentren entre los líderes mundiales del mercado concesional. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Según Bruselas, aquellos activos considerados intangibles, como las autopistas de peaje, deben contabilizar todos los gastos financieros en los primeros años de vida de la explotación. En la práctica, esto supone que, en un proyecto nuevo, la empresa concesionaria registrará pérdidas considerables, mientras que, si se cumplen las expectativas, en su últimos años acumulará unos beneficios muy abultados. Impacto  La norma ya era de aplicación, desde 2005, para los estados contables consolidados. A partir de ahora, también afectará a las cuentas de pérdidas y ganancias de las sociedades individuales. “Calculamos que, con el nuevo modelo, una concesión de autopista tipo no comenzaría a arrojar beneficios hasta el sexto o séptimo año de explotación”, asegura Jesús González, responsable de Poject Finance de BBVA y miembro del Foro PPP, la asociación que representa los intereses de la industria concesionaria. Aunque, en teoría, se trata sólo de un apunte contable, que no cuestiona la salud económica del proyecto, los expertos advierten de que la reforma tendrá graves consecuencias sobre la rentabilidad y generación de sobrecostes. Para empezar, según la legislación mercantil española, una sociedad en pérdidas no puede  repartir dividendos. Pero lo más grave es que los accionistas también tendrían que ir al rescate de la empresa para reestructurar su equilibrio patrimonial. De lo contrario, la concesión tendría que entrar en suspensión de pagos. “Se trata de un modelo que distorsiona la imagen fiel de la empresa, algo que no ocurría con la legislación todavía vigente en la que los costes se distribuían a los largo de la vida de la concesión”, subrayan desde el Foro PPP. De momento, el cambio no es de aplicación en España, gracias a una disposición transitoria que prorroga sine die el la norma sectorial anterior. Según las fuentes consultadas,  existe un plazo mínimo de un año, entre otras razones, porque la norma europea que interpreta la contabilidad de las concesiones (Ifric 12) no ha recibido el visto bueno del Parlamento Europeo, hasta que se detalle su impacto económico. En esta batalla, hay empresas que pierden más que otras. Como botón de muestra, Abertis, con activos muy maduros, no está expuesta al impacto de la reforma, mientras que Cintra, con una cartera de autopistas muy joven, sí lo refleja. Además, los fondos de inversión en infraestructuras, cada vez más numerosos y agresivos,  no están sometidos a este corsé contable, con lo que se convierten en la principal competencia y amenaza de los grupos tradicionales. La industria pide una reforma de la Ley de Sociedades Anónimas que corrija estas alteraciones y que dé cobertura a cualquier proyecto de colaboración pública privada.
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NOTICIA >-Impuestos > informe CCOO
Valor añadido > -El volumen de ingresos que el Estado dejará de percibir por los beneficios fiscales relacionados con la vivienda --cerca del 80% del gasto en políticas de vivienda-- alcanzará los 6.868 millones de euros, un 53,8% más que los 4.464,5 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008, según un estudio elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CC.OO. Este desfase en los cálculos se explica, según el sindicato, porque la previsión del Ejecutivo no refleja "correctamente" una serie de deducciones y reducciones fiscales para inquilinos y propietarios y la desgravación por compra de vivienda habitual. Así, el estudio afirma, por ejemplo, que, a la vista de la evolución del precio de la vivienda, de la cifra de viviendas adquiridas y de los tipos de interés, "no es nada descabellado estimar que el coste real de la deducción por compra de vivienda en 2008 alcanzará un mínimo de 6.277,5 millones", lo que supone un 48% más que los 4.277,5 millones presupuestados. Asimismo, CC.OO. estima que el Estado dejará de ingresar 287 millones de euros (+24%) por la reducción para propietarios de viviendas en alquiler, en lugar de los 231,5 millones presupuestados, mientras que tendrá que hacer frente a 348 millones de euros por deducción en el alquiler de los inquilinos, que ni siquiera aparece en el capítulo de gasto estatal en políticas de vivienda.  Sin embargo, el estudio coincide con las cuentas anuales en el coste de los beneficios relacionados con el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las empresas arrendadoras de viviendas, fijado en 5,6 millones de euros. El gasto fiscal supone un 79% del total CC.OO. considera de gran importancia este desfase en las cuentas, ya que el gasto fiscal del Estado en vivienda supone cerca del 80% del gasto total en políticas de vivienda. Además, los cálculos de los recursos estatales dedicados a ayudas directas tampoco cuadran. Según el sindicato, el coste derivado de la aplicación del Plan Nacional de Vivienda (PEV), la renta básica de emancipación y el resto de programas ascenderá a 1.805,5 millones de euros, un 31,8% más que los 1.369 millones presupuestados. Teniendo en cuenta estos cálculos, sumando gastos fiscales y directos, el coste total de las políticas de vivienda ascendería a 8.673,5 millones de euros en 2008, un 48,6% superior a la cantidad presupuestada para este año, de 5.833,5 millones de euros. El efecto perverso de los beneficios fiscales  Por otro lado, CC.OO. asegura que este esfuerzo fiscal obtiene resultados "contrarios" a los que persigue. Así, explica que los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un "mecanismo injusto" porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda. Asimismo, dice que son un "mecanismo ineficiente" porque tienen un efecto inflacionista sobre el coste de la vivienda, ya sea en compra o en alquiler, al suponer una transferencia de las rentas desde los PGE, "pagados por todos", a los propietarios, que se apropian de esas ayudas vía incremento del precio.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Expansión y económicos
Valor añadido > -El fin del "boom" inmobiliario abre una batalla legal entre promotores y alcaldes  El número de litigios entre los promotores inmobiliarios y las administraciones locales se ha disparado con el fin del boom del sector de la vivienda. Se ha iniciado una batalla legal que radica en que cada vez más empresas se niegan a pagar a los ayuntamientos la tasa por prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ni por la tramitación y aprobación de Planes Parciales ni por los proyectos de urbanización o de reparcelación derivados de la ejecución de dichos Planes.  En la última década era más que habitual el cobro de estas tasas en multitud de ayuntamientos, aunque la jurisprudencia las declarase “reiteradamente” ilegales. Los promotores inmobiliarios consentían abonarlas, “puesto que los números les seguían saliendo y trataban de evitar cualquier confrontación que pudiera retrasar u obstaculizar sus desarrollos urbanísticos y promociones”, asegura Carlos Peña, socio de Urbe Asesores, bufete especializado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario. Ahora, el delicado estado del sector, en crisis de rentabilidad, ha dado un vuelco considerable a la situación y las promotoras controlan rigurosamente el coste de cada uno de sus desarrollos urbanísticos. La justicia está de su parte: “La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO”, ha recogido el Supremo en varias sentencias. En esta línea, se ha multiplicado la cifra de promotores que impugnan por la vía contencioso-administrativa las liquidaciones giradas por los ayuntamientos en concepto de tasa o ICIO de un Plan Parcial (en otros casos, estos cobros sí son legales). Antes de llegar a eso, el plazo para requerir administrativamente la reposición del importe ya liquidado es de un mes. Había quien pagaba estas tasas por desconocimiento –y eso que la doctrina se remonta a 1980–. “Ahora se animan a recurrir muchos más promotores”, subraya Peña. Y si se hace a tiempo, “lo normal es ganar el litigio, porque te estaban cobrando por sustituir por delegación a la propia administración”, añade. Autoliquidación Otra vía de pago que ahora rechazan los promotores inmobiliarios es la autoliquidación. Tradicionalmente acudían de motu propio al Ayuntamiento para abonar el coste exigido, y así aceleraba el inicio de las obras de urbanización y construcción. Ahora la tendencia ha cambiado y reclaman un reembolso: “Están requiriendo la devolución de ingresos indebidos, solicitud para la que contarían con un plazo de cuatro años desde que se autoliquidó la tasa”, apuntan desde Urbe Asesores. Julio Gil, Gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España, también constata que “estas reclamaciones han aumentado mucho”. “Unos plazos reducidos son esenciales para el promotor, pero dependen de la tramitación local, y antes convenía pagar las tasas e impuestos si no eran muy gravosos”, añade. La suma de la tasa y el ICIO suele suponer entre un 3,5% y un 5% del coste de construcción de un edificio. Y en los proyectos de ejecución de un Plan varía según el municipio. La tasa que algunos aplican ronda el 0,75%, mientras que otros cobran un 1,5% o unos 0,11 euros por metro cuadrado.Y, al final, la guerra judicial de los promotores contra estas tasas puede dañar aún más las arcas locales, que se nutren fundamentalmente de ingresos derivados del urbanismo. Las arcas municipales se resienten El boom inmobiliario no sólo ha sido una época alcista para las empresas. En los últimos años, los ayuntamientos se han financiado, en gran medida, gracias al desarrollo urbanístico de sus municipios. Por un lado, las promotoras deben ceder el 10% del aprovechamiento medio de sus suelos urbanizables al gobierno local; por otro, los consistorios también cobran impuestos y tasas –entre ellas, algunas que no les corresponden– y gozan de solares propios con los que hacer caja. Así, la actual desaceleración del sector ha provocado que las arcas municipales se resientan. A la menor financiación vía aprovechamiento se le une la guerra judicial de los promotores, que se niegan a pagar, en los Planes Parciales, la tasa urbanística y el Impuesto de Construcciones. “Depender de los ingresos inmobiliarios produce efectos muy perniciosos en las arcas municipales”, asegura el gerente de APCE, Julio Gil.
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NOTICIA > -Impuestos > Cinco Días
Valor añadido > -Hacienda descubre un 65% más de fraude inmobiliario en 2007 La deuda liquidada -cantidad que Hacienda ha descubierto y notificado que se le adeuda, pero que aún no ha cobrado- aumentó el año pasado un 65% en el sector inmobiliario, que sigue acaparando el mayor esfuerzo inspector de Hacienda. La deuda asciende a 1.223 millones según los datos que ofrecieron ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cinco Días
Valor añadido > -La Agencia Tributaria sigue dedicando el 30% de sus recursos a investigar operaciones inmobiliarias. El director de este organismo, Luis Pedroche, afirmó que tiene bajo vigilancia 82.000 promociones inmobiliarias. La Agencia pide información sobre los proyectos de ejecución de las promociones y ello permite al fisco obtener información acerca de las rentabilidades esperadas. Cuando estas promociones abonen el impuesto de Sociedades, Hacienda podrá detectar si existen indicios de fraude.
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NOTICIA >-Promoción > Impuestos > el País y económicos.
Valor añadido > -La construcción centra el 40% de actuaciones de Hacienda  El sector inmobiliario será este año el principal foco de atención de la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria dedicará el 40% de sus actuaciones a las actividades vinculadas al ladrillo, según explica un portavoz de esta organización. En los últimos años, Hacienda ha concedido especial relevancia al sector, uno de los principales núcleos de fraude fiscal en España. El plan de control tributario 2008, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, amplía las labores de los inspectores destinados a esta tarea. El plan insta a controlar la promoción inmobiliaria para detectar las operaciones en las que la rentabilidad sea muy reducida y, por tanto, susceptibles de ocultar beneficios al fisco. Se estudiará también si el precio que figura en las compraventas de viviendas se ajusta al de mercado. En ocasiones, el declarado es muy inferior para eludir impuestos. Respecto a los desarrollos urbanísticos, Hacienda se propone captar información "masiva y normalizada" para detectar "posibles bolsas de fraude tributario".
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NOTICIA >-Impuestos
Valor añadido > - La Agencia Tributaria centrará sus esfuerzos de control del fraude durante este año en el sector inmobiliario, las tramas de IVA e Impuestos Especiales, la tributación por módulos y estimación objetiva, la ingeniería fiscal y las operaciones con paraísos fiscales, según las principales líneas del Plan General de Control Tributario al que tuvo acceso Europa Press. El citado plan, que está ultimando la Agencia Tributaria y se presentará en las próximas semanas, sigue la senda marcada por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal y por los planes de control elaborados desde el año 2005. Además de estos sectores prioritarios, también se cercará el control del blanqueo de capitales y del delito fiscal. Para ello, Hacienda pretende configurar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude como "unidad de inteligencia fiscal", encargada de coordinar las distintas unidades de investigación que existan en las delegaciones de la Agencia Tributaria, con el fin de reforzar las actuaciones de investigación, especialmente ante el fraude "más complejo y reprobable". En la misma línea, el departamento de Pedro Solbes se propone reforzar las actuaciones frente a los fraudes específicos de la fase de recaudación, a fin de culminar eficazmente las actuaciones de control mediante el cobro de las deudas liquidadas, dado que parte de las mismas no pueden ser finalmente cobradas. Potenciar la colaboración con otras administraciones públicas nacionales e internacionales, especialmente en materia de intercambio de información, y dar continuidad al uso intensivo de las nuevas tecnologías, mediante herramientas de análisis de riesgos para la selección de contribuyentes y para las tareas de comprobación y recaudatorias, son otras de las prioridades que ha fijado la Agencia Tributaria para este año.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Con la nueva Ley del IRPF, las deducciones por la cantidad destinada a la amortización y al pago de los intereses de los préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual son del 15%. Esta deducción se aplicará sobre una cantidad máxima de 9.015 euros. En el caso de las viviendas adquiridas con anterioridad al 20 de enero de 2006 se respetan los porcentajes anteriores del 25% y 20% sobre la cantidad aportada para los primeros 4.500 euros y del 15% para los restantes hasta alcanzar igualmente un máximo de 9.015 euros. Este tope de 9.015 euros se fija por declaración, de tal forma que si la vivienda es de un matrimonio o pareja con declaraciones individuales, cada contribuyente puede aplicar esa cifra y dicha cuantía se duplica. Si pensara en adquirir la primera vivienda habitual en un plazo máximo de cuatro años, le conviene aportar a una cuenta ahorro vivienda para acogerse a la deducción del 15% sobre las cantidades aportadas, cuyo límite es igualmente de 9.015 por declaración.  Dicho tratamiento no ha cambiado sobre la ley anterior, e igualmente es aplicable para el ahorro que se vaya constituyendo para la rehabilitación de la vivienda habitual, entendiendo como tal las obras necesarias para poder habitar una vivienda, no las simples reformas de mejora o mantenimiento.  Si piensa crear una empresa en el plazo máximo de cuatro años, con una persona, al menos, contratada a jornada completa, se pueden realizar aportaciones a una cuenta ahorro empresa. Estas aportaciones, con un máximo de 9.000 euros por declaración, se benefician también de la misma deducción del 15 por ciento. A pesar de que con la nueva ley el tratamiento de los fondos de pensiones ha empeorado, continúa siendo interesante hacer aportaciones a ellos o a otros productos dentro del marco de los Sistemas de Previsión Social, tales como los Planes de Previsión Asegurados (PPA), las Mutualidades de Previsión Social (MPS), etc.  Las aportaciones máximas realizadas a un plan de pensiones son de 10.000 euros o la cifra equivalente al 30% de los rendimientos netos del trabajo o de las actividades profesionales o empresariales, en el caso de los menores de 50 años. Esta cantidad aumenta hasta los 12.500 euros, o el 50% de los rendimientos netos del trabajo, en el caso de los mayores de 50 años. Estas aportaciones resultan más interesantes cuanto mayor es el nivel de renta.  Las inversiones realizadas en un plan de pensiones reducen la base imponible general del contribuyente. Esto explica que el ahorro fiscal será como mínimo del 24% y como máximo del 43%, en función del nivel de renta del contribuyente que realiza las aportaciones. Si el cónyuge no tiene rentas netas del trabajo superiores a los 8.000 euros, conviene realizar aportaciones a un plan de pensiones a su nombre por un máximo de 2.000 euros. Estas aportaciones también se deberían realizar a los familiares, hasta un tercer grado de parentesco, con discapacidad. En este caso, se pueden hacer aportaciones a un plan de pensiones a su nombre con el límite máximo de 10.000 euros por aportante y de 24.250 euros globalmente. Los límites máximos de tales aportaciones son independientes entre sí, además de con el límite de aportación personal del contribuyente que realiza la aportación. Cuando a nivel familiar se tiene una persona con discapacidad, existe una figura jurídica muy interesante, pero poco utilizada, que es la del Patrimonio Especialmente Protegido. Con ella se pretende crear a favor del discapacitado, un patrimonio con el que afrontar gastos futuros, o simplemente asegurar su sostenimiento cuando los progenitores o tutores ya no estén. Lo regula la Ley 41/2003 de 18 de noviembre y su constitución requiere cierto trámite administrativo sencillo. Las aportaciones se pueden hacer dinerarias, de bienes muebles e inmuebles, y por personas con un grado de parentesco directa o colateral hasta el tercer grado, e inclusive los tutores o acogedores si no lo fueran.  La desgravación anual máxima por aportante es de 10.000 euros, los cuales reducen la base imponible, produciéndose por tanto un ahorro al tipo marginal que puede llegar a ser hasta del 43%. Las aportaciones realizadas por diversas personas no podrán exceder conjuntamente el límite de 24.250 euros; los excesos podrán deducirse durante los cuatro ejercicios siguientes.Conviene tener presente que tales aportaciones, en la persona del discapacitado tienen la consideración de rendimiento del trabajo, pero dado el grado de minusvalía, posiblemente no tuvieran incidencia fiscal alguna. Si se tienen materializadas en el ejercicio plusvalías de distinto tipo –con fondos, acciones, vivienda, etcétera– y se tienen minusvalías latentes sin materializar, conviene ponerlas de manifiesto antes del cierre del ejercicio para así compensarlas y ahorrar su tributación al 18%. Del mismo modo, si se tuvieran pendientes de compensar minusvalías materializadas en el ejercicio, e incluso de ejercicios anteriores de más de un año, sería interesante analizar la conveniencia de materializar plusvalías latentes o, por el contrario, dejarlas para próximos ejercicios hasta un máximo de cuatro años. Asimismo, si se tuvieran rendimientos negativos provenientes de productos de seguros, o de depósitos estructurados, conviene analizar la posibilidad de compensarlos con rendimientos positivos. En tal sentido, conviene tener presente que muy probablemente en la Ley General de Presupuestos de este año salga aprobado el régimen transitorio que regula la compensación a aquellos titulares de productos de seguros que con el régimen actual se vean perjudicados por la no consideración de las reducciones del 40% y 75%, respectivamente. Para estos productos que tuvieran antigüedades superiores a dos y cinco años, hay que tener cuidado con acogerse a tal compensación cuando lo que se tuvieran fuesen pérdidas, ya que éstas también se reducirían y el efecto sería el contrario. .Teniendo en cuenta que las plusvalías en las transmisiones mortis causa (sucesiones) quedan exentas de tributación en aquellos casos en que el patrimonio que se tuviera en fondos fuese a pasar teóricamente, en mayor o menor parte, a manos de los herederos conviene tener presente que a la hora de realizar reembolsos parciales lo más interesante es hacerlo desde los fondos que tuvieran menor plusvalía implícita, en vez de retirar del que realmente se quiere hacer, todo ello al objeto de retrasar hasta la exención final el mayor beneficio posible.  En tal sentido, por ejemplo, si se quisiera reembolsar de un fondo de renta variable cuyo futuro fuese más incierto, pero la plusvalía en él fuese mucho mayor que en otro de renta fija, podría resultar muy interesante hacer previamente un traspaso del primero al segundo y reembolsar después, siempre que la antigüedad en él fuera superior.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la supresión del impuesto sobre el patrimonio como una de las primeras medidas de la próxima legislatura, en caso de que el PSOE vuelva a ganar las elecciones. En su intervención en la conferencia organizada por The Economist, Zapatero también adelantó que, según los cálculos del Gobierno, las cuentas públicas alcanzarán este año un superávit en el entorno del registrado el año pasado, del 1,8% del Producto Interior Bruto, "algo más incluso".
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -La evasión fiscal en el sector inmobiliario en Galicia ronda los 476 millones de euros, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta de España en esta materia, sólo superada por Cataluña, Madrid y Andalucía, según datos facilitados a Europa Press por los técnicos de Hacienda (Gestha). El fraude fiscal inmobiliario es de 8.600 millones en el conjunto de la economía española y está encabezado por los 1.836 millones de euros que se detectaron en Cataluña, seguido de Madrid, con 1.479 millones; Andalucía, con 1.392, y Galicia, con 476. Por debajo de estas comunidades se encuentran Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones); Castilla-La Mancha (341 millones); Murcia (303 millones); Baleares (290 millones); Aragón (225 millones) Extremadura (114 millones), Cantabria (94 millones) Valencia (49 millones), País Vasco (4 millones de euros) y Navarra (1,3 millones de euros). Este es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se investigaron 6.516 empresas en toda España del sector inmobiliario, un 2,1 por ciento del total. La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 290 millones de euros anuales en Balears, de un total de 8.600 millones en el conjunto de la economía española, según los datos facilitados a Europa Press por los técnicos de Hacienda (Gestha). El fraude fiscal inmobiliario está encabezado por Cataluña, donde se ha detectado el mayor fraude fiscal que se eleva a 1.836 millones de euros, seguido de Madrid, con 1.479 millones, Andalucía con 1.392 y Galicia (476 millones).Este es el balance en la Comunidad del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se investigaron 6.516 empresas en toda España del sector inmobiliario, un 2'1 por ciento del total. El sector inmobiliario, por su opacidad, es uno de los más proclives para invertir dinero y escapar al control fiscal. Este es uno de los motivos que propició en la pasada legislatura la intención de cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para así poder controlar el turismo residencial y evitar la competencia desleal a la oferta reglada. El turismo residencial es uno de los principales nichos en donde se producen situaciones irregulares de cara a Hacienda.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > el País y económicos
Valor añadido > -El freno paulatino que afecta a la construcción y al consumo está trasladándose a las arcas del Estado. El IVA, uno de los impuestos más dinámicos de los últimos años, se ha estancado en este ejercicio. Hasta octubre sólo ha crecido un 1,1% y cerrará el año "plano", en palabras del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. La menor pujanza se nota sobre todo en pequeñas y medianas empresas de construcción y de servicios, explicó Ocaña en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > ABC y económicos
Valor añadido > -A punto de terminar la legislatura, el Gobierno no ha podido desarrollar el reglamento que le permita aplicar un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, como prevé la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al no haber sido capaz de concretar una definición de vivienda desocupada permanentemente.Según la Ley, promulgada por el PP en 2002, «tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto», informa Ep. Ante este problema técnico, no ha sido posible aprobar ninguna norma desde entonces, ni de rango reglamentario ni de modificación del precepto legal para incorporar los requisitos necesarios para la aplicación del recargo. El Ejecutivo asegura que la Dirección General del Catastro ha trabajado en el estudio de fórmulas basadas en consumos medios de agua y, especialmente de electricidad, que permitiesen, sin acudir a la inspección directa, establecer unas «presunciones» a partir de las cuales pudiera determinarse la desocupación del inmueble.Estas modalidades no ofrecen las garantías necesarias,por lo que el Ejecutivo considera que habría que buscar otras fuentes de información, o limitarse a un censo construido a partir de las declaraciones de los propietarios.El Gobierno ha barajado otras alternativas para definir el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente, pero ninguno de ellos le ha satisfecho completamente.Algunas comunidades autónomas han mostrado menos escrúpulos a la hora de descongestionar sus respectivos parques de viviendas vacías, como son los casos del País Vasco, que tiene un proyecto de Ley de Vivienda en tramitación y Cataluña, con su proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite en el Parlamento autonómico.Además, otros 189 municipios han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo en el IBI a la espera del desarrollo reglamentario preceptivo, según datos del Catastro correspondientes al año 2007.
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NOTICIA > -Promoción > Fiscalidad > Vivienda > Impuestos excesivos para segundas residencias > el País, Expansión y económicos
Valor añadido > -Tras calcular el dinero que pagan compradores y promotores, el registro de economistas asesores fiscales, órgano que reúne a 4.500 profesionales, recomienda algunas medidas para relajar la fiscalidad, sobre todo en un momento en el que los precios astronómicos de los pisos han desencadenado un parón en la demanda y una crisis en el sector. La primera propuesta de los economistas es la limitación del gravamen por actos jurídicos Documentados. Porque, siguiendo el caso anterior, desde que el promotor compra el terreno hasta que la familia hace la escritura de compra por 230.000 euros, este impuesto se devenga hasta siete veces. Reducir a la mitad el número de pasos en el que se paga este impuesto a la comunidad autónoma supondría un ahorro de 6.000 euros. Los economistas calculan que, de aplicarse sus recomendaciones, los compradores pasarían de pagar en impuestos un 17% al 14% aproximadamente. Este porcentaje del 17% se ha mantenido constante en los últimos años, según los autores del informe. Aunque la fiscalidad es muy beneficiosa para los propietarios de primera residencia, y ha mejorado en los últimos años el trato al casero que adquiere un piso para alquilarlo, las segundas residencias se gravan "con todo rigor, hasta hacerlas tributar por una renta presunta", apuntan los economistas asesores fiscales.“Hay un problema de acceso a la vivienda, y, en la medida de lo posible, una menor tributación podría ayudar a contener algo los precios, y sería otro elemento que ayudase a mantener la demanda, sobre todo en este momento”, comentó Jesús Sanmartín, presidente del REAF. En las diferentes etapas del proceso de promoción inmobiliaria, desde la adquisición del solar hasta la entrega de las llaves al propietario último de un piso, se llegan a aplicar hasta siete figuras impositivas: el de Transmisiones Patrimoniales (ITP); el de Actos Jurídicos Documentados (AJD); el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); el de Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, también conocido como la plusvalía municipal); el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el IVA; y diferentes tasas municipales. Uno de ellos, el AJD, según destaca el estudio de los asesores fiscales del Colegio de Economistas, se llega a cargar hasta en siete momentos distintos. Por eso, creen necesario revisar la fiscalidad de la vivienda, y, más concretamente, una “limitación” del gravamen de AJD, ya sea rebajando su tipo o eximiendo del tributo algunas operaciones. Según las estimaciones del REAF, la reducción a la mitad del tipo de este impuesto, del 1% al 0,5%, podría rebajar la fiscalidad de la vivienda unos tres puntos porcentuales, hasta el 14%. También proponen la supresión o la deducción de alguno de los tributos locales; la revisión de los requisitos para calificar una obra como rehabilitación (que permitiría aplicar un IVA del 7%, en vez del 16% general, e incluso su deducción en el IRPF), o la aplicación del tipo superreducido de IVA del 4% en la compra de vivienda destinada al alquiler. “Es necesaria una reorganización de toda esta cesta de impuestos; la tributación local y la autonómica está basada en el sector inmobiliario, en gran medida, y, en la coyuntura actual, el sistema no va a aguantar”, comentó Luis del Amo, gerente del REAF.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
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NOTICIA >-Impuestos
Valor añadido > -Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario.
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NOTICIA >- Promoción > Impuestos > Nuevo Plan General de Contabilidad
Valor añadido > -Nota informativa del Ministerio de Economía. Plan General de Contabilidad y el Plan específico para pequeñas y medianas empresas.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > el País y económicos
Valor añadido > -Las comunidades autónomas también pagan la crisis inmobiliaria. Un estudio de Standard & Poor's estima en 4.200 millones de euros el dinero que las administraciones autonómicas dejarán de recaudar en 2009 por la desaceleración del sector. Mientras que en 2006 ingresaron 11.400 millones, el estudio prevé una caída del 37%. La agencia asegura que los fondos procedentes del ladrillo son "el mayor riesgo" para las finanzas de las autonomías, cuyos ingresos proceden en un 9% de la actividad inmobiliaria. Además, el estudio prevé para 2009 una disminución en el número de compraventas de pisos superior al 35%, y no descarta una ligera caída de precios ese mismo año.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cinco Días
Valor añadido > -La menor actividad en el sector inmobiliario ha calado muy hondo en los Presupuestos que las comunidades autónomas han diseñado para 2008. Tanto que tres de ellas -Madrid, Cataluña y Galicia- prevén por este motivo una caída conjunta de 1.500 millones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, un tributo que grava las compras de vivienda de segunda mano y las escrituras notariales en la que se formaliza esta operación. En el resto de territorios, el panorama no es más bonito. El menor crecimiento que se espera en los ingresos de este impuesto costará no menos de 1.000 millones en relación con la recaudación prevista para 2007.  Las haciendas regionales tienen muy claro que las perspectivas para 2008 del sector inmobiliario no pintan nada bien y, por ello, prevén bruscos descensos en los ingresos que le proporciona el impuesto con mayor incidencia en las operaciones inmobiliarias. En el caso de Madrid, los ingresos por la modalidad de transmisiones patrimoniales serán de 1.615 millones de euros, lo que supone una reducción del 28,29% respecto a 2007. Pero también cae la modalidad de actos jurídicos documentados, en concreto un 7,6%. En conjunto por las dos modalidades, esta comunidad estima ingresar 3.100 millones, 759 millones menos sobre 2007 (un 13,8% inferior). En Cataluña, el impuesto de transmisiones también supondrá una pérdida directa de recaudación de 614,4 millones de euros, y en Galicia, de 65.3 millones. En otras haciendas autonómicas, aunque aún se prevea un aumento de ingresos en el impuesto sobre transmisiones en relación a este año, la moderación en la previsión del crecimiento es la tónica general. Tras años de crecimientos presupuestarios de dos dígitos y, casi siempre por encima del 15%, algunas comunidades estiman para 2008 crecimientos que apenas rozan el 9% en las situaciones más optimistas. En Valencia, la peor evolución del tributo hará que se dejen de ingresar 645 millones Entre los casos más llamativos están la Comunidad Valenciana y Canarias. En Valencia, el parón inmobiliario provocará pasar de un crecimiento de la recaudación del 45% (2007 sobre 2006), a un escaso 2,5% en 2008 sobre este año. O lo que es lo mismo, 645 millones que se dejarán de ingresar respecto a una situación en la que se mantuviera el ritmo de años anteriores. Y de Canarias cabe decir otro tanto. De un crecimiento del 39% se pasa a un modesto 4%. En el análisis de estos datos hay que tener dos aspectos. En primer lugar, sólo se recoge el menor efecto recaudatorio del año 2008. Y ya hay comunidades como Madrid y Andalucía, que han reconocido que la desaceleración se está notando en los ingresos fiscales de este año. Por otro lado, el impuesto sobre transmisiones no es el único que grava las compra- ventas. El IVA, que recae sobre la adquisición de vivienda de primera mano, también se verá afectado en su recaudación por la desaceleración inmobiliaria, por lo que vendría a agravar la situación. En general, el mercado inmobiliario de segunda mano y, por tanto, con impacto en el impuesto de transmisiones mueve el 55% del total. El 45% restante tributa por IVA, impuesto del que también se nutren parcialmente las comunidades a través del Estado central.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Vivienda > el Mundo y otros
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, Carme Chacón, reconoció que el Ministerio de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, puso en su día "sobre la mesa" que la deducción por alquiler del 10,05%, incluida en el Plan de Ayuda a la Emancipación y al Fomento del Alquiler, debería mantener la "progresividad" del IRPF para tener su visto bueno. Esto es, sugirió que sólo deberían acogerse a ésta los que tengan unos ingresos máximos de 12.000 euros y no 28.000. Y así ha sido. Durante su participación en la Comisión de Fomento y Vivienda del Senado, Chacón se refirió así a la enmienda introducida por el PSOE en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008, por la que se divide la deducción en dos tramos de renta. Así, los inquilinos con una base imponible igual o inferior a 12.000 euros anuales podrán aplicarse la deducción máxima del 10% sobre 9.015 euros, mientras que los que superen esta renta disfrutarán de una desgravación menor. Así, Chacón afirmó que esta enmienda responde a la necesidad de aprobar las condiciones de la deducción al alquiler con rango de Ley y confió en que sea aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas. Además, justificó esta condición de progresividad ante la necesidad evitar "declaraciones de ingresos que no sean reales" y frenar así posibles fraudes. Asimismo, recordó que la no generalización de la deducción y su acotación a un tope de ingresos de 24.000 euros netos anuales persigue evitar efectos inflacionistas.
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NOTICIA > -Impuestos > Cinco Días y económicos.
Valor añadido > -La Inspección de Hacienda tiene sobre la mesa 247.000 nuevas operaciones inmobiliarias susceptibles de esconder algún tipo de fraude. Los chivatos han sido los notarios, que están obligados a comunicar actuaciones que levanten sus sospechas. En el primer trimestre del año, el total de transacciones inmobiliarias en España fue de 221.284 según las estadística que maneja elMinisterio de Vivienda. Pues bien, para los notarios, la gran mayoría debe ser operaciones de riesgo y así se lo han comunicado a Hacienda. Según explicó ayer Carlos Cervantes, director de Inspección de la Agencia Tributaria, hastajunio de este año, los notarios les han comunicado un total de 247.000 operaciones inmobiliarias realizadas este año y sospechosas de fraude. Escrituras en las que los intervinientes no se quieren identificar y aquellas en las que tampoco quieren decir cuálha sido el medio de pago utilizado son algunas de las que obligatoriamente los notarios comunican a Hacienda. Pero, además, según explicó Cervantes, los notarios también han proporcionado datos de operaciones que, en sí mismas son “sospechosas”. Un ejemplo es el de las sucesivas transmisiones de un mismo inmueble. Una persona (o sociedad) vende a otra y ésta a una tercera. Detrás de esta situación, en apariencia normal, hay una plusvalía que escapa al control de Hacienda. Se hace que la ganancia de patrimonio se genere en el primer comprador, que suele ser un testaferro insolvente, y no en el segundo comprador final, que es el auténtico y que también elude su impuesto. Según aclaró Cervantes, el intercambio de información con los notarios tiene su origen en dos vías. Por un lado, en la información que por propia iniciativa envían estos fedatarios y, por otro, en la que solicita Hacienda. En este segundo caso, la inspección está procediendo a identificar y seleccionar operaciones de riesgo como las sucesivas compraventas de un mismo inmueble. El intercambio de información entre los notarios yHacienda tiene su base en la ley de prevención del fraude. Esta ley obligó a los notarios a renovar su base de datos informatizada y desde enero, un resumen de las escrituras en las que intervienen se traspasa al nuevo Índice Informatizado Único. Desde ahí se envía por vía telemática la información a la Agencia Tributaria.
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NOTICIA > -Construcción > Impuestos > Obra pública
Valor añadido > -Orden Ministerial sobre la expedición de facturas por medios electrónicos > Los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda han aprobado la Orden Ministerial sobre la expedición de facturas por medios electrónicos, cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > el país y económicos
Valor añadido > -Un millón y medio de ciudadanos pusieron sus viviendas en alquiler el año pasado e ingresaron por esos arrendamientos 12.376 millones de euros. Los datos de la declaración de la renta de 2006 revelan un notable salto en tres años, que el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, atribuyó a la obligación que rige desde 2004 de suministrar los datos catastrales. Entre 2003 y 2006, se han identificado 320.000 nuevos alquileres y el rendimiento declarado se incrementó en 3.050 millones de euros. Pedroche hizo una extensa referencia a la lucha contra el fraude fiscal ante la comisión de Presupuestos del Congreso, que ayer siguió con las comparecencias de altos cargos para explicar las cuentas públicas de 2008. El director general de la Agencia Tributaria destacó que "el 59% de los recursos económicos y humanos" se destinarán a la prevención del fraude, mientras el 41% restante se centrará en la recaudación y asistencia al contribuyente. El presupuesto para 2008 de la Agencia Tributaria es de 1.248 millones de euros y la plantilla rozará los 28.000 profesionales. Entre los resultados más notables de la lucha contra el fraude, Pedroche citó la identificación de nuevos alquileres por la obligación de consignar en la declaración de la renta la referencia catastral de las viviendas que se habitan. Una medida en vigor desde la declaración de 2004, que se complementó el año pasado al ampliar esa obligación a los recibos de la luz. Las declaraciones también incluyen las nuevas viviendas puestas en alquiler y el incremento del precio cobrado pero, en opinión de la Agencia Tributaria, la notable diferencia entre 2003 y 2006 se debe casi en su totalidad a que la consignación catastral ha hecho aflorar pisos alquilados que antes no se declaraban. En 2003, había 1,18 millones de arrendadores con un rendimiento declarado de 9.327 millones. En 2006, fueron 1,5 millones de alquileres (un 22% más) con un ingreso de 12.376 millones (un 32% más). El sector inmobiliario volverá a ser el objetivo preferente de la agencia -concentra el 40% de los recursos de la inspección-, en 2008. Entre enero y septiembre de este año, la deuda liquidada tras las actuaciones de control asciende a 836 millones, frente a los 741 millones cobrados en 2006 con 6.500 actuaciones.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Gaceta de los negocios
Valor añadido > -La caída de la demanda de pisos, debido el aumento de los tipos hipotecarios, pueden tener un efecto muy negativo en las arcas municipales, ya que los ayuntamientos se nutren fundamentalmente de impuestos y tasas relacionadas con la vivienda, que suponen unos ingresos cercanos al 40% del total. Por eso, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que ya es la principal fuente de financiación vía tributos de los ayuntamientos, y cuya base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, ha sufrido importantes aumentos a lo largo del año 2007. Así, 35 de las 52 capitales de provincias españolas -el 70% del total- han incrementado el IBI en el presente ejercicio, a través de la revisión del valor catastral de los inmuebles e incluso con la subida del tipos impositivos del tributo. Sólo uno de estos grandes municipios –Ceuta- ha reducido los valores catastrales de los inmuebles y los otros 16 ayuntamientos lo mantienen, según se desprende del Ránking Tributario de los Municipios Españoles, al que ha tenido acceso La Gaceta de los Negocios, y que elabora la Agencia Tributaria de Madrid. Pese a la subida prácticamente generalizada en este impuesto, los primeros lugares del ránking apenas varían con respecto a 2006. Lérida, Tarragona y Ciudad Real se mantienen a la cabeza en cuanto a una mayor cuota media del IBI, que ronda los 100 euros. En el otro extremo de la tabla se sitúan Pamplona, Vitoria y Ceuta, ciudades en las que la cuota es prácticamente cinco veces inferior a la que registran los municipios que encabezan la lista
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Los ingresos obtenidos por la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude fiscal aumentaron un 0,4% en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 2.556,25 millones de euros, lo que supone un estancamiento frente a los 2.545,99 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, según datos del organismo recogidos por Europa Press.  Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a Europa Press que este ligerísimo aumento se debe a que en junio de 2006, el organismo obtuvo una serie de ingresos extraordinarios que no se han repetido este año. De esta forma, las mismas fuentes indicaron que la recaudación por control del fraude hasta agosto se ha incrementado un 6,75% respecto al mismo periodo del año anterior, aumento que la Agencia Tributaria espera mantener para el conjunto del año. Así, considera que los incrementos tan altos registrados en los últimos años es difícil que vuelvan a repetirse, dado que ahora se está poniendo el foco en las tramas de fraude más complejas, que implican más tiempo y que suponen "mayor resistencia" por parte del contribuyente. En 2006, la recaudación obtenida por actuaciones de control del fraude ascendió a 5.310 millones de euros, un 15% más.   Del importe total del efecto recaudatorio obtenido hasta el 30 de junio de 2007 (2.556 millones de euros), 2.047 millones de euros corresponden a los ingresos derivados de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria, lo que supone un aumento del 1,1%, y los 509,25 millones de euros restantes corresponden a las minoraciones de devoluciones, que han caído un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar del escaso incremento de los ingresos obtenidos en la lucha contra el fraude, dentro de las actuaciones de control selectivo, la persecución de las actividades en el sector inmobiliario crecieron un 52% en el primer semestre de 2007, hasta las 22.918 actuaciones.  Así, Hacienda ha fijado como uno de sus principales objetivos la comprobación e investigación de las distintas operaciones e intervinientes en las transacciones inmobiliarias, poniendo el foco especialmente en recalificaciones de terrenos, promoción y construcción de edificaciones, transmisiones de inmuebles de segunda mano entre particulares y adquisiciones o transmisiones entre no residentes, entre otras.   Las actuaciones sobre las tramas de fraude también experimentaron un crecimiento del 16% en el primer semestre de este año, hasta alcanzar 9.124, así como el control sobre las operaciones de Aduanas e Impuestos Especiales, con 35.079 actuaciones, un 17% más.  En conjunto, el total de actuaciones de control selectivo ascendieron a 122.376 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.   Por su parte, dentro del control extensivo, que ha superado los 3,3 millones de actuaciones, un 4% más, destaca especialmente la investigación de la Agencia Tributaria sobre las grandes empresas --las que facturan más de 6,01 millones de euros anuales--, que aumentó un 45%, hasta las 71.399 actuaciones. Por el contrario, las actuaciones de control de tributos internos y contribuyentes en módulos se estancaron hasta junio, tras crecer apenas un 1%, con 2,11 millones de actuaciones.  Finalmente, la gestión recaudatoria de deuda llevada a cabo por la Agencia Tributaria en el primer semestre se situó en 4.266 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,1%. De este total, 1.619 millones de euros (un 6,9% más) fueron ingresos en ejecutiva, y 1.390 millones (un 4,6% más), en voluntaria.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > Promoción > Vivienda
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha expuesto en el Congreso dos nuevos objetivos de su Ministerio. Por un lado, ha explicado que el Ejecutivo tiene previsto "flexibilizar" las condiciones que tienen que cumplir los propietarios para obtener las ayudas de 6.000 euros a fondo perdido ya existentes para quienes saquen sus pisos al mercado del alquiler. Por otro, Chacón ha anunciado que el Gobierno tomará medidas para incrementar el número de personas que pueden acceder a las viviendas de precio tasado, protegidas, con el fin de que las rentas medias, que hoy no acceden a estos pisos, puedan beneficiarse de los mismos. La flexibilización en las ayudas al alquiler, anunciada por la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, se enmarcará dentro del Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler, del que la pasada semana se presentaron las dos primeras medidas que atañen a la demanda (ayuda directa de 210 euros y deducción fiscal). La vertiente del plan que se refiere a la oferta se estudiará en el Consejo de Ministros del próximo viernes e incluirá, además de la mencionada modificación de las condiciones de las ayudas a los propietarios que alquilen, la agilización de los procesos de desahucio por impago y la revisión de la fiscalidad para los promotores que construyan vivienda para alquilar, tanto pública como privada. Acceso a las viviendas de precio tasado Además, el Ministerio de Vivienda estudia modificar las condiciones de acceso a viviendas de protección a precio tasado (VPT) y a las ayudas a la compra de vivienda de segunda mano, también contempladas en el Plan Nacional. El objetivo es que más familias de clase media puedan tener una vivienda protegida, sobre todo en grandes ciudades, donde el precio del metro cuadrado es más caro que el máximo que establece el Plan de Vivienda 2005-2008 para acceder a este tipo de pisos. Asimismo, la ministra explicó que su departamento está evaluando el funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler, puesta en marcha en octubre 2005, para mejorarla y dotarla de mayores competencias que podrían pasar por la gestión de las viviendas de los fondos inmobiliarios o sociedades patrimoniales, así como por la comercialización de nuevos productos relacionados con la seguridad de los propietarios.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -La Agencia Tributaria realizó en el primer semestre del año 22.918 actuaciones de control sobre el sector inmobiliario, frente a las 15.029 del mismo periodo de 2006, el 52% más, según consta en el Informe de Resultados de la Agencia Tributaria (AEAT). Asimismo, las actuaciones de control extensivo sobre la grandes empresas (aquellas cuyo volumen de operaciones supera los 6,01 millones durante el año natural inmediatamente anterior) ascendieron a 71.399, el 45% más que en los seis primeros meses de 2006, con un grado de cumplimiento del 125,01%. Hasta el pasado 30 de junio se obtuvieron 2.556,25 millones de euros como consecuencia de las diversas actuaciones de control de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, un 0,40% más que en el mismo periodo de 2006, en el que se recaudaron 2.546 millones. De esa cantidad, 2.047 millones (el 1,19% más) correspondieron a los ingresos derivados de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria y 509,25 millones (el 2,67% menos) de las minoraciones de las devoluciones. Por otra parte, la gestión recaudatoria de deuda llevada a cabo por la Agencia Tributaria en el periodo enero-junio de 2007 se situó en 4,266,98 millones de euros, el 14,14% más que el mismo periodo del año anterior.
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NOTICIA > -Impuestos  > Madrid
Valor añadido > -Anuncio de Esperanza Aguirre de progresiva eliminación del Impuesto del Patrimonio.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda > Cataluña
Valor añadido > -   El diputado de CiU, Joan Jané, denunció que las ayudas para el alquiler destinadas a jóvenes anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, "pisotean de manera clara y directa" el Estatut de Cataluña.  "El Estatut establece que la actividad de fomento y de subvenciones se le atribuye de manera exclusiva en las materias que son de su competencia", recalcó Jané, que señaló que el Plan Nacional de Vivienda 2005-2008 es "más respetuoso" al dejar en manos de las comunidades autónomas que determinen el alcance y a quién se concedan las ayudas.  El parlamentario calificó las nuevas medidas de "sorprendentes" y "restrictivas", al limitarse a una franja de edad de entre 22 y 30 años frente a las actuales, que se extienden a todos los menores de 35 años. "¿Qué razón constitucional existe para excluir de estas ayudas a un joven de 21 años?", se preguntó Jané, que señaló también que las nuevas ayudas suponen una reducción anual de 360 euros por persona con respecto a las ya en vigor.  El diputado del Grupo Catalán añadió, además, que el anuncio de las medidas supone un "desprecio" al Parlamento, y recordó que la ministra tiene prevista su comparecencia ante la Cámara la próxima semana para explicar sus preferencias en materia de vivienda. "Antes de ello, lanza un propuesta escaparate en Moncloa con la intención de venderla en diversos medios", señaló.  Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre calificó las medidas de "chapuza", y dijo que pueden llevar al Estado a "malgastar 800 millones de euros" si redundan en un aumento del precio de los alquileres, tesis que, según el diputado catalán, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, comparte. "Si esta situación se produce, estaríamos ante un fraude político de gran envergadura, aseveró. "Una sola medida fiscal no puede tener repercusiones en los precios", explicó el diputado, que en este sentido anunció que su grupo pondrá en marcha una iniciativa parlamentaria para estudiar el impacto de la fiscalidad en el precio de la vivienda, con el fin de que, a través del debate, se puedan proponer medidas urgentes y fiables "para que produzcan una disminución del precio de la vivienda y de los alquileres".
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  > el País y TELE 5
Valor añadido > -El consejero de Economía catalán, el socialista Antoni Castells, criticó la invasión competencial que a su juicio implican las ayudas a la vivienda anunciadas por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, En declaraciones a Radio Barcelona, Castells afirmó: "Esto no lo pueden hacer, primero por la razón competencial y segundo porque no se puede invitar a cenar y decir que pague el otro". Las declaraciones son especialmente relevantes porque Chacón también pertenece al PSC y será la próxima cabeza de lista del partido por Barcelona a las generales. Fuentes del departamento de Vivienda del Gobierno catalán, sin embargo, no vieron grandes objeciones a las medidas anunciadas por Zapatero. Además, CiU salió ayer en tromba contra el plan Chacón. El diputado Jordi Jané aseguró que "pisotea de manera clara y directa el Estatut"; su colega Josep Sánchez Llibre lo calificó de "chapuza" y auguró un "fraude político de gran envergadura" si finalmente las ayudas repercuten en una subida de los alquileres, como auguró ayer la Red de Expertos Inmobiliarios. En 2006, el ministro de Economía, Pedro Solbes, preguntado por si iba a establecer desgravaciones al alquiler: "La subvención al inquilino se traslada a incremento de precios automáticamente. Es una medida que tiene un impacto muy poco efectivo y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios en vez de para bajarlos". Por su parte, el Gobierno vasco anunció que va a reclamar al Ejecutivo el 6,2% del dinero que presupueste para el plan, pero que no piensa utilizarlo en las ayudas previstas en él. "Las reglas del Concierto Económico [el sistema de financiación para el País Vasco] dicen que, cuando hay gasto en una competencia exclusiva del Estado, si se sacan fondos a repartir entre las comunidades, hay que repartir entre las 17; por lo que, de la cantidad que haya pensado gastar el Gobierno en esas ayudas, el 6,24% tiene que venir a Euskadi", afirmó el viceconsejero vasco de Vivienda, Javier Burón. Y añadió que esa cantidad la destinará a su propio plan de vivienda, "mucho más social" que el de Zapatero.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  >  el País > declaraciones de Felipe González a el País
Valor añadido > -El ex presidente volvió a insistir en que nunca tuvo injerencias en el trabajo de los periodistas: "Quiero aclarar que jamás, jamás, jamás, llamé ni a Juan Luís ni a Jesús para quejarme de una información o para pedirle que no saliera".
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  > el País y TELE 5
Valor añadido > -Después de sostener durante dos días que el plan de promoción del alquiler presentado el martes por el Ministerio de Vivienda era "totalmente nuevo", el Gobierno admitió ayer que algunas de las medidas que incluye ya figuraban en su Plan de Vivienda para la legislatura, en vigor desde 2004. El ministro de Economía, Pedro Solbes, reconoció que existen "puntos de cierta concurrencia" entre los dos planes porque el Ejecutivo se dio cuenta de que era "imprescindible" acometer "correcciones" en el primero. El número dos del PSOE, José Blanco, coincidió en que algunas medidas se han demostrado "insuficientes". La ministra de Vivienda, Carme Chacón, que presentó en Moncloa el nuevo plan a bombo y platillo el pasado martes (a seis meses de las elecciones) acompañada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, insistió ayer en negar que este plan presente como nuevas medidas que ya están en vigor desde 2004, y subrayó que ése debate no interesa a los destinatarios de las ayudas, los jóvenes. "A ellos les da igual la polémica y lo que quieren es que se les solucione su problema: el acceso a la vivienda", dijo en una entrevista en Tele 5. Casi a la misma hora, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, admitía ante los periodistas que el plan de Chacón tiene "puntos de cierta concurrencia" con el de la anterior ministra, María Antonia Trujillo, que presentó un paquete de "medidas de choque" en 2004 y lo incluyó después en un Plan de Vivienda con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. Ése de Trujillo era el plan estrella del Gobierno de Zapatero para afrontar el problema de la vivienda en esta legislatura. Solbes confirmó que el nuevo plan pretende "mejorar la aplicación de los anteriores", porque "la experiencia" de ese primer paquete de medidas hacía "imprescindible" acometer "correcciones". El ministro no concretó si es que las ayudas no han llegado a suficientes personas por una deficiente gestión -que corresponde a las comunidades autónomas- o si es que estaban mal planteadas en origen. La medida más claramente coincidente entre los dos planes es la ayuda mensual a los jóvenes para pagar el alquiler: Chacón ha anunciado una ayuda de 210 euros mensuales para los inquilinos de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales. El plan Trujillo recoge ya ayudas de hasta 240 euros a los menores de 35 años con rentas inferiores a 17.500 euros. En el plan de Carme Chacón hay otras medidas que sí son nuevas, como la concesión de préstamos de 600 euros para pagar la fianza o el establecimiento de deducciones fiscales al alquiler (similares a las que ya existen para la compra) a las que podrán acogerse los inquilinos con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales. Otras, como las "garantías a los propietarios" para que pongan los pisos en alquiler o los incentivos a la construcción de viviendas baratas, también tienen su precedente en el plan de Trujillo. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, defendió el proyecto elaborado por Chacón pero señaló que se hace, entre otras cosas, porque algunas medidas del plan de 2004 se han demostrado "insuficientes". Preguntado en Tele 5 por la posibilidad de que la ayuda de 210 euros a los jóvenes repercuta en una subida del precio de los alquileres, respondió: "Bueno, el mercado es libre".
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  > Carta de la Ministra de Vivienda al director de el País
Valor añadido > -Aclaraciones de la ministra de Vivienda > Leí con estupor la información que abre el periódico que usted dirige el día 19 de septiembre y que rebosa inexactitudes y errores, comenzando por su titular: Zapatero presenta un plan estrella de vivienda que calca una medida en vigor. La parte del plan de vivienda presentada ayer [martes 18] por el presidente y yo misma incluye dos medidas: a) Desgravación fiscal de alquiler de vivienda para personas con rentas inferiores a 24.000 euros netos. Esta medida, sencillamente, no está en vigor. Primer error. b) Renta de emancipación para alquiler dirigida a los jóvenes ocupados con ingresos inferiores a 22.000 euros (ocho de cada diez se encuentran en esa situación). A esta renta se añade, además, un aval por seis meses de un préstamo para la fianza de 600 euros. Tampoco está en vigor. Segundo error. ¿Qué está en vigor entonces? Una ayuda a las familias en situación social apurada aprobada por el actual Gobierno en 2004 que está condicionada a un límite de ingresos más bajo, a una superficie del piso alquilado y al precio del alquiler. ¿Cuántas familias españolas se han beneficiado el último año de esta ayuda? Unas 18.000. Por cierto, en la Comunidad de Madrid, ninguna. ¿Cuál es el presupuesto de esta ayuda en vigor? Treinta y dos millones de euros el último año. Vamos ahora a contrastarlo con lo presentado ayer por el presidente. ¿Cuántos son los beneficiarios previstos de las medidas anunciadas ayer? Alrededor de un millón el primer año. Y ¿cuál es el presupuesto de las medidas anunciadas ayer por el presidente? Un total de 784 millones de euros. Así pues, 18.000 beneficiarios frente a un millón (55 veces más), 32 millones de euros frente a 784 millones (25 veces más). ¿De verdad le parece a usted un calco, señor director? Me permito sugerirle asimismo un mínimo de coherencia entre sus páginas de información y de opinión, y una mayor consideración a la inteligencia de sus lectores. Si las medidas propuestas son "un calco de una en vigor", como sostiene su información, ¿por qué se preocupa su editorialista por los 415 millones que cuesta la nueva medida? (Le recuerdo un párrafo: "No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros"). En fin, señor director, mantengo mi confianza en que su periódico (que es también el mío desde hace mucho tiempo) subsane unos errores tan voluminosos como innecesarios.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -Responsables del Catastro de toda España reunidos hoy en Granada han constatado que el mercado inmobiliario español está experimentando una ligera desaceleración y que cada vez son más los ciudadanos que utilizan la oficina virtual para obtener los documentos catastrales que necesitan. En rueda de prensa, el director general del Catastro, Jesús Miranda, explicó que, si bien el mercado inmobiliario no está parado ni en recesión, éste "sigue creciendo pero no a los ritmos desorbitados, insostenibles, que lo hacía en el pasado, ritmos completamente irracionales y perjudiciales desde el punto de vista económico, no ya por el número de construcciones si no por los precios del mercado inmobiliario". En este sentido, desveló que, en los últimos cinco años, se han registrado en España una media anual de 900.000 inmuebles de nueva construcción, lo que ha permitido a los ayuntamientos ingresar 250 millones de euros adicionales por el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata, para el director general del Catastro, de "una cifra sin precedentes", que contrasta con las medias históricas registradas hasta entonces, que oscilaban entre los 300.000 y 400.000 inmuebles de nueva construcción al año. La evolución del mercado inmobiliario español es uno de los asuntos tratados por los más de 500 participantes en el Primer Congreso de Cooperación Catastral que entre hoy y mañana se reúnen en el Palacio de Congresos de Granada, cuyo principal reto es encontrar nuevos modelos de cooperación catastral entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Otro apartado destacado del congreso es el de las nuevas tecnologías, un recurso cada vez más utilizado por los ciudadanos en los trámites catastrales. Así, Miranda desveló que este año se espera que la Oficina Virtual del Catastro emita cuatro millones de certificados válidos para cualquier tipo de operación. Las nuevas tecnologías están permitiendo, igualmente, reducir el fraude en la administración catastral, con actualizaciones periódicas en torno a las nuevas construcciones. A este respecto, el director general del Catastro anunció la próxima puesta en marcha del Plan Nacional de Ortografía Aérea, en el que también colaborarán el Instituto Geográfico Nacional y las comunidades autónomas. En virtud de este plan, la Dirección General del Catastro llevará a cabo, cada dos años, una foto aérea de toda España, que se superpondrá con la anterior y con el catastro en vigor, lo que permitirá dar de alta los inmuebles que faltan. Miranda explicó que las nuevas medidas contra el fraude fiscal introducidas en la última reforma de la Ley del Catastro, que entró en vigor este año, han hecho aflorar un 22% más de alquileres declarados en toda España. El director general del Catastro quiso también destacar el importante papel que, junto a ayuntamientos y comunidades autónomas, desempeñan los notarios y registradores de la propiedad como fuente de información de la que se nutre el Catastro. Según Miranda, durante el último año, 900.000 compras de pisos fueron inscritas por comunicaciones remitidas al Catastro por notarios y registradores, "lo que implica que los ciudadanos se ahorraron tener que hacer este trámite". Más de 73 millones de inmuebles, rústicos y urbanos, se encuentran inscritos en el Catastro, que supone el principal sistema de información geográfico de España. Esta base de datos es utilizada por los ciudadanos y administraciones públicas para multitud de fines, tales como los fiscales, la gestión de ayudas de la política agrícola común, la planificación urbana y territorial, las inversiones en infraestructuras públicas o la política de vivienda, entre otros muchos.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  > ABC
Valor añadido > -Zapatero y Chacón se desayunaron ayer con un aluvión de críticas por su plan de vivienda, que anunciaron el martes a bombo y platillo en la escalinata de La Moncloa, y que no es más que un remedo del «Plan Trujillo», aprobado en 2005. ¿Las medidas son nuevas o son una copia de las antiguas que fracasaron? El desconcierto entre los socialistas era evidente. No tenían más que comparar los dos planes para ver que, efectivamente, el contenido era muy parecido. Fuentes socialistas hablaron incluso de «ridículo». Mientras, las carcajadas de los populares casi podían oírse fuera de los despachos. El PP pidió la dimisión de Chacón por «copiar» a su antecesora «y no decirlo». Por si era poca la confusión en el PSOE, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, contribuyó al estupor generalizado al minimizar por completo el plan presentado por Zapatero y Chacón. En su opinión, las iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda suponen «reajustes mínimos» respecto del Plan patrocinado por la ex ministra María Antonia Trujillo. Luego intentó arreglarlo y añadió que es un plan «muy ambicioso, que no destruye lo que se ha hecho, sino que lo amplía de manera muy beneficiosa para los ciudadanos». Entre las medidas aprobadas en 2005, se incluyen ayudas directas por alquiler de 240 euros a los jóvenes menores de 35 años, mientras que la propuesta de Chacón se limita a 210 euros mensuales para jóvenes entre 22 y 29 años (al cumplir 30 se interrumpe la prestación). Como dice López Garrido, se ha producido un «reajuste», al pagar 30 euros menos por mes y sólo para los menores de 30 años. Es cierto que ahora la prestación puede durar un máximo de cuatro años, y con el Plan Trujillo eran dos. No está claro que eso convenza a un joven de 30 ó 31 años o de 20 ó 21, que se quedan fuera de las medidas de Chacón. Una mala jugada La jugada no le ha podido salir peor a Zapatero, que quiso dar la máxima solemnidad a las propuestas de su ministra de Vivienda, Carme Chacón, y no ha recibido más que críticas mordaces, incluso de los medios de comunicación más inclinados a loar su gestión. Cuando se le preguntó ayer en otra rueda de prensa, Zapatero respondió airado y demostró que la reacción unánime en su contra le ha puesto de mal humor. En una comparecencia conjunta con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aseguró que las ayudas anunciadas el martes corresponden a una «medida nueva». «Es bastante evidente -dijo visiblemente molesto- que si hay una financiación nueva es que hay una política nueva». Zapatero, que afirmó que «cualquier otra evaluación no se ajusta a la verdad», insistió en que «no se trata de medidas aisladas, ni coyunturales, ni movidas por otra razón», en referencia a las acusaciones de electoralismo. El jefe del Ejecutivo dejó sin responder una pregunta sobre por qué esperaba que estas medidas tuvieran aceptación, cuando las adoptadas anteriormente con la ministra Trujillo habían pasado desapercibidas.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda  > ABC
Valor añadido > -).- La Unión de Consumidores de España (UCE) pidió hoy aclarar si las ayudas al alquiler de viviendas para los jóvenes anunciadas por el Gobierno tributarán a Hacienda, ya que en caso de ser así la cuantía "se reduciría de forma notable". Tras calificar las medidas de "positivas" para fomentar el alquiler entre los menores de 30 años, la UCE opina en un comunicado que los jóvenes no son el único colectivo afectado por las dificultades de acceso a la vivienda. Sucede también entre las personas con escasos recursos, con independencia de la edad, padres separados, los discapacitados o los mayores con renta baja y sin vivienda o que viven en pisos de renta antigua y que muchas veces tienen que enfrentarse a desahucios por los intereses especulativos de los dueños del inmueble, añade. Reclama, por otro lado, la puesta en marcha de medidas que faciliten la resolución de conflictos en asuntos de vivienda y, en este sentido, aboga por que la ley reconozca el establecimiento de un sistema de arbitraje específico de vivienda para no tener que recurrir al procedimiento judicial ordinario. La UCE entiende que es necesario reducir el importe de depósitos y fianzas, que si bien garantizan liquidez a la administración suponen "un escollo" más para acceder a un lugar donde vivir
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, han insistido en defender el plan de Vivienda presentado ayer por el Ejecutivo, pese a que una de sus propuestas estrella calca una medida en vigor. "Es bastante evidente que si hay una financiación nueva, una por la vía de los ingresos y otra por la vía de la prestación de renta, es que hay una política nueva", ha asegurado Zapatero en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Entre las medidas del "ambicioso plan de vivienda" anunciado ayer por el Gobierno figura la ayuda de 210 euros mensuales a menores de 30 años que ganen menos de 22.000 euros al año. Sin embargo, está vigente un plan nacional aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2004 que subvenciona ya con 240 euros a los jóvenes de hasta 35 años cuya unidad familiar no supere 2,5 veces el salario mínimo (19.950 euros anuales). La ayuda está en vigor y puede solicitarse. Ayer Vivienda explicó que los requisitos no son idénticos y que la medida ahora anunciada es más universal.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda > telecinco
Valor añadido > -El Gobierno de Zapatero se preocupa por los jóvenes y sus problemas con la vivienda a seis meses de las elecciones generales. El plan para fomentar el acceso de los jóvenes a una casa arrendada, que el martes presentaron el jefe del Ejecutivo y Carme Chacón desde La Moncloa, no es más que una modificación del que impulsó María Antonia Trujillo, anterior ministra de Vivienda, y que está vigente desde 2005. La única diferencia entre ambos proyectos es que ahora el alquiler desgrava en el IRPF. En 2005, María Antonia Trujillo promovió el Plan estatal 2005-2008, que el Gobierno aprobó mediante un Real Decreto Ley. Este preveía 240 euros mensuales (2.880 euros al año) a los jóvenes de hasta 35 años, durante un periodo máximo de 24 meses.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda > el país
Valor añadido > -El Ministerio de Vivienda, dirigido desde hace dos meses por Carme Chacón, se esforzó ayer en desmentir que el plan de fomento del alquiler presentado a bombo y platillo la víspera incluya una medida -una ayuda mensual a los jóvenes inquilinos- que ya estaba en vigor desde 2004. Para demostrarlo, Vivienda elaboró un cuadro comparativo de ambos planes que, sin embargo, omite algunas de las ayudas del plan de 2004, obra de la anterior ministra, María Antonia Trujillo. Entre ellas, las "garantías" a los propietarios para que alquilen y los incentivos a la construcción de vivienda barata. El "plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler" fue presentado el martes por todo lo alto por la ministra y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A seis meses de las elecciones y con escenografía propia de las grandes ocasiones, Chacón resaltó que el plan es fruto del trabajo de "70 días y 70 noches". Y destacaron, de todas las medidas previstas, dos: las ayudas mensuales a jóvenes para pagar el alquiler y las desgravaciones fiscales a inquilinos con rentas medias-bajas.  El plan de choque en materia de vivienda de julio de 2004 (que luego quedó incluido en el Plan de Vivienda 2005-2008), aprobado por la anterior ministra, María Antonia Trujillo, y en vigor hasta el 31 de diciembre del año próximo, ya incluye ayudas de "un máximo" de 240 euros mensuales para inquilinos menores de 35 años con ingresos de hasta 17.500 euros anuales. El nuevo plan de Chacón concede ayudas de 210 euros a un colectivo más restringido en edad (entre 22 y 30 años) pero menos en renta (hasta 22.000 euros anuales). A eso se añaden otras medidas que sí son nuevas, como desgravaciones fiscales a los inquilinos con ingresos de hasta 24.000 euros, ayudas para pagar la fianza y un aval del que se hace cargo el ministerio. Chacón afirmó ayer a la Cadena SER, que su plan tiene "mucho de nuevo", y añadió: "Si quiere buscamos cualquier persona que actualmente pueda desgravarse por el alquiler o los que se han podido acoger a estas ayudas en el plan anterior: son cero". Después envió una carta a este periódico (el País) mostrando su "estupor" al leer la información en la que se decía que la medida de los 210 euros mensuales es un calco de la de 240 euros del plan Trujillo. El presidente Zapatero también subrayó su apoyo a la actual ministra: "Es una medida nueva. Es bastante evidente que, si hay una financiación nueva, hay una política nueva. Cualquier otra evaluación no se ajusta a la verdad". El departamento de prensa del ministerio envió a los medios de comunicación un cuadro en el que se comparan las medidas de fomento del alquiler contempladas en ambos planes (el de Trujillo y el de Chacón), para demostrar que el segundo es más ambicioso que el primero. En él se dice que el plan Trujillo estaba destinado únicamente a "familias con escasos recursos" -así denomina a los jóvenes mileuristas- y que su resultado ha sido escaso: "18.000 ayudas en 2006", omitiendo la cifra global de beneficiados (38.000 personas en tres años, según confirmó más tarde el ministerio). El cuadro adelanta otras medidas del plan de Chacón y que se presentarán "en un próximo Consejo de Ministros": "Garantías para los propietarios" e "incentivos a la construcción de vivienda en alquiler". Medidas de ese tenor también están en vigor desde hace tres años (aunque el cuadro elaborado por el ministerio no lo dice): el plan Trujillo contempla ayudas de 6.000 euros a los propietarios de los pisos que los pongan en alquiler, "para cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar posibles impagos y desperfectos"; y prevé la "cofinanciación del coste de promoción, bajo cualquier modalidad, de viviendas protegidas siempre que permanezcan en régimen de alquiler por 10 años".
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > - El director general de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Rafael Pacheco, apuntó que las ayudas a los inquilinos anunciadas ayer conjuntamente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, tienen ‘mayor alcance’ y ofrecen ‘mayores garantías’ que las previstas hasta ahora en el Plan de Vivienda 2005-2008.  Pachecho salía así al paso de las críticas vertidas por el portavoz de Fomento y Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, quien señaló que las nuevas ayudas son inferiores a las que ya contempla el Plan Nacional. Matos precisó que el Plan Nacional de Vivienda ya preveía ayudas de 240 euros mensuales para menores de 35 años con una renta inferior a 15.000 euros. ‘Son ayudas que ya existían pero con menor importe’, señaló Matos. Así, Pacheco aclaró que se trata de ayudas diferentes, hasta el punto de que los ciudadanos tendrán que optar por beneficiarse de unas u otras, ya que las previstas en el Plan Nacional se mantendrán pese a la puesta en marcha del Plan de Fomento del Alquiler. Explicó que las ayudas previstas hasta ahora, que vienen siendo gestionadas por las comunidades autónomas, se extienden no sólo a los jóvenes, sino a toda la población con menores recursos (renta de hasta dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), con un límite de hasta 240 euros o el 40% de la renta y por un plazo de 2 años. Pacheco añadió que la ayuda económica prevista por el Gabinete dirigido por Chacón contempla un máximo de 210 euros, a los que se sumarán un préstamo para pagar una fianza y un aval para el propietarios, y tendrán una duración de hasta cuatro años.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -El viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Burón, ha rechazado que las ayudas al alquiler anunciadas por Zapatero tengan aplicación en Euskadi y ha descartado medidas similares ya que pueden implicar "una subida de los precios".En declaraciones a Radio Euskadi, Burón ha advertido de que el Plan estatal de vivienda afecta únicamente a 15 de las comunidades autónomas y ha precisado que no tendrá consecuencias en el País Vasco ya que los Gobiernos vasco y navarro tienen transferida la competencia en materia de Vivienda.El número dos de Vivienda ha rechazado asimismo conceder ayudas a los jóvenes vascos y ha calificado de "no oportuna" la iniciativa del Gobierno español. "Consideramos que es una vía de utilizar el dinero público de una manera no útil socialmente, puede que rentable electoralmente, pero eso estaría por ver también, pero no útil desde el punto de vista social", ha dicho. Reducciones fiscales Para el viceconsejero, las medidas anunciadas por Zapatero apuntan por "dos buenas direcciones" ya que en materia de fiscalidad se apuesta "por igualar la reducciones fiscales para el alquiler y la compra" y se aboga por promover el alquiler como "una modalidad de acceso a la vivienda especialmente indicada para los jóvenes". No obstante, ha advertido de que las medidas pueden ser "poco eficaces" ya que "si no hay ningún tipo de control público el efecto que va a tener esto es de un incremento de los alquileres". En este sentido, ha recordado que el que haya usuarios con mayor capacidad de gasto en alquiler puede provocar "una subida de los precios". Burón ha recordado que el País Vasco tiene "experiencia" en la materia por el programa de alquiler Bizigune y que para evitar esas consecuencias "el modelo que estamos gestionando es el de intermediación desde la administración en todos los aspectos de la gestión de esos contratos de alquiler".Según ha recordado, en la actualidad, cerca de la mitad de VPO nueva que construye el Gobierno vasco se dedica al alquiler "a unos precios muy reducidos", de en torno 250 euros mensuales. "Por lo cual, no hay ayudas, sino que simplemente el alquiler está dos o tres veces por de bajo del precio del mercado", ha dicho.
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Nota inmoley.com: Si se trata de unas ayudas del 2004, del mismo gobierno, y no se han aplicado a los jóvenes, a pesar de seguir en vigor el plan, ¿quién es responsable?.
Valor añadido > -Carme Chacón ha comparecido en la SER para defender su nuevo proyecto de vivienda. "Me sorprende aquellos que hablan de que es un calco. Tiene mucho de nuevo. Si quieres buscamos a cualquier persona de la redacción u oyentes que pueda desgravarse por el alquiler. O los que se han podido acoger a estas ayudas en el plan anterior: son cero", esgrimió a Francino una Chacón tajante. Para la ministra, si el PP les acusa de electoralismo, después de que ayer anunciarán las nuevas ayudas para alquilar vivienda, es porque son "buenas medidas que van a ser apoyadas".La ministra expuso un paquete de medidas que acompañarán al aval y las ayudas al alquiler, lo que considera que impedirá que los propietarios encarezcan el precio del alquiler: "Daremos garantías a los propietarios: desperfectos, desahucios o impagos. Pondremos en alquiler el suelo público que tenemos. Y también aumentaremos el suelo privado en alquiler. Haremos más rentable el alquiler para aquellos propietarios que quieran hacer promociones y también vamos a regular los intermediarios. Será un paquete amplio de medidas". Un millón de familias beneficiadas La ministra de Vivienda ha dado una cifra concreta de personas que se beneficiarán de la nueva medida: "Un millón de familias españolas se verán en 2008 beneficiadas por esta medida. Actualmente hay 1.700.000 alquileres y esperamos que unos 360.000 jóvenes alquilen. Hemos hecho encuestas y el 80% de jóvenes entre 22 y 30 años nos dicen que querrían salir de casa y el 50% dicen que si les ayudamos estarían dispuestos a hacerlo. No deben de dejar de emprender su propia vida por falta de recursos".
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Valor añadido > -El Partido Popular denunció hoy que las ayudas anunciadas ayer son inferiores a las que ya contempla el Plan Nacional de Vivienda 2005-2008, aún en vigor. "Son ayudas que ya existían pero con menor importe", señaló Pablo Matos, portavoz de Fomento y Vivienda del Grupo Popular, quien añadió que el plan anterior, que daba 240 euros, ha "funcionado muy mal". "Lo que hace falta para incorporar al mercado los tres millones de pisos vacíos es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y darle mayor seguridad jurídica a la relación contractual entre propietario e inquilino", concluyó Matos. Antes de que el PP se diera cuenta de que el plan anunciado ayer coincidía con el de 2004, Mariano Rajoy, líder de este partido, ironizó con la noticia: "Después de tres años y medio, no está mal que el Gobierno plantee alguna medida en relación con estos temas", dijo, aunque enseguida recuperó su idea de que lo importante es bajar el IRPF a los más de ocho millones de españoles que tienen una hipoteca y sufren las subidas de tipos de interés.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda > el País y otros.
Valor añadido > -Chacón anunció que el primer año se beneficiarán de esta medida 180.500 personas, con un coste de 436,5 millones. La previsión es la misma que el PSOE llevaba en su programa electoral, donde se comprometía a sacar al año 180.000 viviendas "en compra o en alquiler, a un precio razonable". La cifra está lejos de la realidad. En 2006 se iniciaron 60.358 viviendas protegidas y la Sociedad Pública de Alquiler, creada en 2005, ha gestionado sólo 5.000 contratos en dos años y medio. La ayuda de 210 euros es el principal pilar del plan y, aunque el Gobierno lo presentó como la gran medida de impulso al alquiler, ya existe algo muy parecido. El 16 de julio de 2004, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo. El texto incluía una ayuda de 240 euros al mes para los menores de 35 años que ganen menos de 19.950 euros brutos al año y para viviendas de hasta 90 metros. La ayuda sigue en vigor y aún puede solicitarse. El Gobierno preveía que la medida llegase a 71.000 personas y desde entonces la han recibido "unos 40.000 inquilinos", según un portavoz del ministerio. Quienes ya cobran los 240 euros al mes no pueden recibir la ayuda de 210 euros. Vivienda destaca que las medidas no son idénticas, pues la de Chacón es más universal. Los requisitos ahora no son tan estrictos en cuanto a renta, aunque sí sobre la edad. La ayuda de 2004 la tramitan las comunidades y las paga Vivienda. En unas autonomías ha funcionado -en Cataluña se han tramitado 9.000- mientras que en Madrid no ha habido ni una ayuda. Ahora se pedirán al ministerio y estarán garantizadas por ley, ya que el Gobierno tramitará la norma por la vía de urgencia para que esté aprobada y en vigor el próximo 1 de enero. Esta será la última ley que el Gobierno envíe al Parlamento esta legislatura. El segundo pilar del plan es la deducción fiscal al inquilino. Quienes ganen menos de 24.000 euros brutos se deducirán el 10,05% en el impuesto sobre la renta, una desgravación "idéntica de la que rige para la compra de vivienda", según Chacón. Esta medida será compatible con los 210 euros. Chacón insistió en que todas las medidas "responden, cifra por cifra, al criterio conjunto" de Vivienda y de Economía. La ministra intentaba borrar cualquier sombra de duda sobre si el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se opone al gasto extra del paquete de medidas. En 2006, y preguntado sobre la posibilidad de instaurar desgravaciones fiscales a los inquilinos, Solbes replicó que "la subvención al inquilino se traslada al incremento de precios automáticamente y pensamos que es una medida que tiene muy poco impacto y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios". Chacón, preguntada por EL PAÍS, matizó ayer: "Solbes dijo que estaba de acuerdo con desgravaciones al alquiler siempre que se destinara a un colectivo concreto, como es ahora el caso". El Gobierno prevé que 700.000 familias se beneficien de la deducción (actualmente hay 1,7 millones de pisos alquilados). Algunos expertos temen que los caseros carguen las ayudas al precio. El gerente de la Universidad Carlos III y experto en el tema, Julio Rodríguez, apoya la medida, "que acaba con una discriminación histórica contra el alquiler", pero advierte de que pasado un tiempo "puede repercutir sobre el precio del alquiler, como ocurrió con las deducciones a la compra". El plan de vivienda costará 784,5 millones al año (348 millones que Hacienda dejará de ingresar por la desgravación y 436,5 en ayudas directas). Esto, sumado a los 1.500 millones de ayuda a la natalidad y los 826 millones extra para Cataluña, supone que el Gobierno ha comprometido en tres meses 3.155 millones, un 17% del superávit previsto para 2007. Pero además de las ayudas que ayer presentó el Gobierno -para los inquilinos- el Ejecutivo quiere dar más garantías a los propietarios y favorecer la salida al mercado de los pisos vacíos (sólo en Madrid hay 300.000). Aunque las medidas no están concretadas y difícilmente se aplicarán esta legislatura, la intención de Vivienda es reducir a la mitad el tiempo de desahucio, que actualmente va de 12 a 18 meses. Para ello necesita reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil. También quiere crear juzgados especializados, para lo que debe modificar la Ley del Poder Judicial. Por último, Vivienda quiere que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que ahora se dedica principalmente a impulsar polígonos industriales, pase a promover vivienda protegida de alquiler. Pero no venderá el suelo a los promotores, sino que se lo cederá por 40 o 50 años, con lo que debe reducir el precio de la vivienda.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Vivienda > editorial de el País.
Valor añadido > -El Gobierno presentó ayer dos medidas para incentivar el mercado de la vivienda que corren el riesgo de convertirse en un aparatoso fiasco político. El presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda informaron de que a partir del 1 de enero los jóvenes de entre 22 y 30 años podrán percibir una ayuda mensual de 210 euros mensuales para alquilar una vivienda; pero se da la circunstancia de que está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros que subvenciona el alquiler de una vivienda con 240 euros mensuales a los jóvenes de hasta 35 años. La segunda medida es una desgravación fiscal a los alquileres del 10,05% en el IRPF que, junto con el tramo autonómico, sumaría una desgravación de hasta el 15% en la declaración de la renta. Pero como el tramo autonómico no tiene por qué aplicarse, la idea difundida ayer desde el Gobierno de que se quiere equiparar el tratamiento fiscal del alquiler con el de la compra de vivienda peca de cierta exageración. Resulta un poco ridículo que el Gobierno presente como nueva una política de ayudas que ya existe. El hecho de que la subvención patrocinada por Carme Chacón se aplique a rentas de hasta 24.000 euros en lugar del ámbito más reducido de la norma aprobada en julio de 2004, no es causa suficiente para pronosticar que estamos ante un tratamiento novedoso y casi definitivo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda. Existe, además, una objeción de orden estratégico: la subvención directa, en versión Trujillo o en la extendida copia de Chacón, estimula la demanda de alquileres, pero el principal problema del alquiler en la actualidad es la oferta de pisos que puedan arrendarse. Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido convencer a los propietarios de pisos libres de que el mercado del alquiler es una opción rentable. Sin oferta, los jóvenes no encontrarán un alquiler por el que puedan solicitar los 210 euros previstos. Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas.
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NOTICIA > -Impuestos > Cataluña > el País
Valor añadido > -El parón del sector inmobiliario ha empezado a afectar a los ingresos tributarios de las distintas administraciones. El primer impuesto en el que se ha notado el frenazo es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava tanto la compraventa de inmuebles como la formalización de la escritura de la compra de una vivienda y la hipoteca.
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NOTICIA > -Impuestos > País Vasco > el país y locales
Valor añadido > -la Diputación de Guipúzcoa rompió por primera vez la unidad fiscal en Euskadi al aprobar un tipo general del Impuesto de Sociedades del 30%, dos puntos por encima del fijado hace unos meses en Álava y Vizcaya > La aprobación por la Diputación de Guipúzcoa de un tipo general diferente al vigente en Álava y Vizcaya quiebra el principio de unidad fiscal (armonización) que se recoge en las normas básicas que regulan el régimen tributario vasco, desde el Estatuto y el Concierto, a la LTH y la propia Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de 1989, nunca utilizada. Hasta ahora, la armonización había sido rota -y siempre en el Impuesto de Sociedades- con respecto al marco fiscal existente en el resto de España, nunca en el seno de la comunidad autónoma. Ante los recursos del Gobierno central y de otras autonomías, esa diferenciación se justificó en las especificidades del tejido industrial vasco y con el argumento de que se mantenía una presión global equivalente. No es el caso actual. Como subrayó ayer Adegi, resulta difícil de explicar que una empresa del Alto Deba y otra de la Llanada alavesa o el Duranguesado tengan diferente tratamiento fiscal. Por otro lado, las modificaciones en las deducciones introducidas por la Diputación guipuzcoana para compensar a sus empresas por los dos puntos de diferencia en el tipo general no hacen sino introducir otro factor de quiebra con respecto a los otros dos territorios. De prosperar la norma, no sólo estarán desarmonizados en Euskadi los tipos del Impuesto de Sociedades, también lo estarán las deducciones.
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NOTICIA > -Impuestos > Canarias
Valor añadido > -Proyecto de Real Decreto de Reglamento de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias  Proyecto de Real Decreto de Reglamento de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > Promoción > Vivienda
Valor añadido > -El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha confirmado hoy que el Gobierno está estudiando diversas medidas para impulsar el alquiler, incluida la posibilidad de desgravaciones para los inquilinos anunciada ayer por Chacón, aunque subrayó que "aún no hay ninguna decisión tomada" al respecto.  Vegara hizo estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por esta posibilidad, que sugirió  la ministra de Vivienda, Carme Chacón. El secretario de Estado explicó que se están estudiando "distintas medidas de impulso" al alquiler, sobre todo para los sectores de la población con más dificultades de acceder a una vivienda. Para ello, el Gobierno hará consultas a distintos organismos y agentes interesados, con la intención de poder aprobar en octubre un "conjunto de iniciativas" que incentiven el alquiler. En la rueda de prensa, Vegara aludió a la condición dada por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para que este grupo apoye los presupuestos del Estado para 2008: que el Gobierno compense la subida de tipos a las a las familias que pagan hipotecas. A este respecto, el secretario de Estado recordó que ya existe en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) una desgravación por adquisición de vivienda de hasta 9.000 euros, 18.000 "en caso de una pareja", una cantidad que, recordó, es ya "importante". Asimismo apuntó que el gasto fiscal por desgravaciones en el IRPF ascenderá este año a 3.800 millones de euros y "claramente superará" los 4.000 millones en 2008. David Vegara también recordó que la nueva ley hipotecaria, que se encuentra parlamentario, ya recoge medidas para reducir los costes de contratación de las hipotecas y que quienes las suscriban "paguen estrictamente lo necesario.
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NOTICIA > -Promoción > Fiscal > Vivienda > cinco días y otros
Valor añadido > -El Gobierno francés anunció el viernes medidas fiscales para animar a los particulares a comprarse una vivienda y a las empresas a invertir más en investigación e innovación (I+D+i). En virtud del nuevo dispositivo, el crédito fiscal otorgado a quienes hayan firmado el acto de compra de su casa desde el pasado 6 de mayo, día de la elección de Nicolas Sarkozy, se duplicará el primer año de aplicación hasta alcanzar un 40% de los intereses, aunque con ciertos límites. Para los cuatro años siguientes de la hipoteca, la desgravación será del 20%, tal y como prevé la ley sobre el poder adquisitivo y el empleo. La duplicación del crédito fiscal el primer año costará unos 840 millones de euros al año, explicó la ministra de Economía y Finanzas, Christine Lagarde. La ministra anunció también otra rebaja fiscal para incentivar el esfuerzo en investigación e innovación que realizan las empresas, que triplicará la reducción del impuesto desde el 10% actual hasta un 30% para gastos inferiores a 100 millones de euros.
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NOTICIA > -Arrendamiento > Promoción > Impuestos >Vivienda > Expansión
Valor añadido > -Rajoy quiere desfiscalizar la vivienda para combatir la crisis > El PP plantea reducir la carga financiera de las familias al comprar un piso mediante una rebaja de los impuestos locales y regionales que gravan estas operaciones.  En España, la compra de un piso puede llegar a estar gravada hasta en un 15%, ya que para un piso de 600.000 euros el pago total de impuestos se elevaría a 92.353 euros. Durante el proceso de construcción de la vivienda se aplican diferentes figuras impositivas que acaba pagando el consumidor. Además, en los últimos años las CCAA han llegado a duplicar la carga fiscal de la escritura de las hipotecas debido a que al realizar estas operaciones es obligatorio abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que todos los Gobiernos regionales han situado en el 1% –el máximo legal–, frente al 0,5% vigente en 2002, cuando este gravamen se cedió plenamente a las comunidades autónomas. La reforma del PP sólo dejaría intacto el IVA, ya que para modificar este impuesto es necesaria una negociación con Bruselas, que es quien fija los productos sujetos a cada uno de los tres tipos del gravamen. Pero sí se podría reducir progresivamente tanto el AJD en el caso de las viviendas nuevas, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el gravamen municipal por el incremento del valor de los terrenos y la retención en el Impuesto de la Renta por las plusvalías generadas. Del mismo modo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sería otro de los objetivos de los populares para abordar una rebaja que sería gradual y para algunos colectivos concretos. Sin embargo, la mayoría de estos tributos son municipales. La reforma de la financiación local, por tanto, será el marco necesario para coordinar estos cambios. En la misma línea, Rajoy avanzó que sería necesario introducir cambios profundos en el mercado del suelo, ya que las rigideces existentes en este campo contribuyen a encarecer los pisos. Tras señalar que “es evidente que en España sobra suelo”, apostó por un mejor planeamiento –en manos de los ayuntamientos–, que consiga agilizar las adjudicaciones y que reduzca algunos de los “trámites burocráticos tan absurdos que hacen que, en ocasiones, la construcción de las viviendas tarde mucho tiempo en poder iniciarse”, entre cinco y ocho años de media. Alquiler Del mismo modo, el líder del PP optó por conseguir que el mercado del alquiler se convierta en una opción real para los que no deseen optar a adquirir una vivienda en propiedad, y que no sea un refugio para quien no puede comprar un piso, como sucede en la actualidad ante la ineficacia del Gobierno del PSOE. En este sentido, la apuesta de los populares se centra en incrementar las garantías para los arrendadores, modificando la Ley de Enjuiciamiento civil, e incentivando la firma de seguros que den más garantía al alquiler.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > contabilidad > expansión
Valor añadido > -La reforma contable costará a las empresas más de 10.000 millones > La adaptación a las nuevas normas de contabilidad supone cuatro veces más que el ahorro por la rebaja del Impuesto sobre Sociedades. El coste por empresa ronda los tres mil euros, pero puede llegar a los cinco mil.  Las empresas deberán abordar a partir del próximo mes de enero a uno de los cambios de mayor calado de los últimos años. El próximo ejercicio debe entrar en vigor la reforma del código mercantil que supondrá la aplicación de nuevas reglas de contabilidad, para adaptarse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los cambios y las modificaciones que tendrán que realizar las compañías para adaptarse al muevo marco contable supondrán un apreciable coste, sobre todo para las más pequeñas. Según fuentes empresariales, la reforma le costará al conjunto de los más de 3,5 millones de sociedades afectadas más de diez mil millones de euros (cuatro veces más, por ejemplo, de lo que ha supuesto de ahorro, según Hacienda, la rebaja del Impuesto sobre Sociedades que entró en vigor en 2007). Los expertos cifran en una media de más de tres mil euros el impacto económico de la reforma contable para una pyme; dependiendo de la estructura y complejidad de la sociedad de que se trate, el coste puede ascender hasta los cinco o seis mil euros, según las fuentes consultadas. Los mayores costes se producirán por la actualización de las herramientas –fundamentalmente, programas informáticos– de las que se ayudan las empresas para elaborar sus cuentas. Las compañías van a tener que realizar un gasto extra en formación, para que sus empleados conozcan las nuevas reglas de contabilidad. Todo esto, además, lleva asociado, según las fuentes consultadas, otros costes, donde incluyen, por ejemplo, el tiempo perdido y los trastornos causados por la adaptación a las NIIF. La intención del Ministerio de Economía y Hacienda es aprobar los nuevos planes de contabilidad en otoño –ver información adjunta –, para que las empresas puedan contar con cierto margen de tiempo para ir asimilando la reforma. Según algunos expertos, el plan contable debería estar publicado en el BOE antes de finalizar septiembre, para que el proceso de adaptación pueda ser menos traumático.
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NOTICIA > -Impuestos > País Vasco
Valor añadido > -La Diputación de Guipúzcoa aprobará el 4 de septiembre el nuevo Impuesto de Sociedades, más de cinco meses después de que las otras dos instituciones forales lo rebajasen al 28%. Guipúzcoa lo ha mantenido todo este tiempo en el 32,6%, rompiendo la unidad fiscal entre los tres territorios, por las diferencias entre PNV y EA sobre cuál ha de ser el nuevo tipo.
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NOTICIA > -Promoción > Cinco Días
Valor añadido > -Riofisa, adquirida este año por el grupo Colonial, ha provisionado 11,7 millones de euros por los efectos que pudieran tener en sus cuentas una inspección parcial que está realizando la Hacienda Pública. Esta provisión ha influido en la caída del beneficio registrado por la compañía en el primer semestre del año, un 80,4% (de los 43,5 millones ganados en el mismo periodo de 2006 ha pasado a lograr 8,5 millones de beneficios). En la información sobre sus resultados comunicada ayer a la CNMV, Riofisa explica que Hacienda realiza una inspección por reinversión de los beneficios extraordinarios obtenidos por venta de activos entre los años 2000 y 2001. La empresa indica que ha dotado 'bajo el principio de prudencia' un ajuste en el impuesto de sociedades de este año por 9,4 millones más unos intereses de demora de 2,3 millones. Riofisa subraya que firmará 'en disconformidad el acta' y que será recurrida.  La provisión ha motivado que el tipo impositivo a 30 de junio de Riofisa haya sido del 65,1%; sin incluir este ajuste el tipo efectivo es del 28,7%. Costes que suben un 290%  Los costes de estructura y personal de Riofisa se han disparado un 289,8% en el primer semestre de 2007 (de 8,8 millones a 34,3 millones). La compañía señaló en la información de sus resultados remitida a la CNMV que este fuerte incremento se debe a los gastos en los que ha incurrido por la opa presentada por Colonial, presidida por Luis Portillo.
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NOTICIA > -Impuestos > Cinco Días y económicos
Valor añadido > -El Congreso de los Diputados acaba de recibir el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Agencia Tributaria, referido al año 2004, en el que se muestra muy crítico con los controles efectuados por Hacienda. Tanto es así que recomienda a la Agencia que incremente los filtros de comprobación obligatoria de los que disponen los principales impuestos y reduzca los voluntarios, en donde la comprobación es de menor calidad. En particular, “se considera oportuno establecer un mayor número de filtros en relación con la deducción por inversión en vivienda habitual empleando la información disponible en las bases de datos tributarias”, dado que el grado de comprobación en ellos “es muy inferior a la media”. El tribunal reconoce que en los ejercicios posteriores al de fiscalización (2004) se ha hecho un esfuerzo (sobre todo en el límite de años con derecho a deducción) pero se necesita de mucho más si se tiene en cuenta que la vivienda ocupa una parte muy importante (más de 3.000 millones anuales) en el conjunto de beneficios fiscales. Referidos a todos ellos, el tribunal avisa de que no hay forma de analizar con rigurosidad la eficiencia de los mismos por lo que recomienda que “se elabore un documento anual” sobre la ejecución del presupuesto de beneficios fiscales en el cual se determinen las desviaciones de los importes con respecto al coste real de los incentivos y se analicen sus causas. El alto tribunal hace saber también de la diferente carga de trabajo con que cuentan las delegaciones tributarias. Muchas veces se deriva de una “insuficiencia de personal”; otras veces, sencillamente es menor eficiencia. El tribunal pone como ejemplo de eficiencia en los criterios de selección de declaraciones la Dependencia Regional de Cataluña. Por contra, destaca la Delegación de Zaragoza donde se resolvieron sin ser comprobados dos tercios de los filtros sobre beneficios fiscales activados en el IRPF. En el impuesto de sociedades destaca el bajo nivel de comprobación en la Delegación de Valladolid donde apenas el 29% de los filtros fueron resueltos debido a la escasez de medios personales. Otros problemas detectados. Reinversión de beneficios y escasez de medios. Dificultad en calificar determinados conceptos como auténticos beneficios fiscales. Esto ocurre en el régimen de tributación conjunto del IRPF (en la cuantificación del mínimo personal y familiar) y en la deducción por maternidad, similar a una bonificación de la Seguridad Social. En la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios surgen problemas para estimar el importe del beneficio fiscal imputable a cada año (se puede efectuar dentro de los tres años siguientes a la venta). En la campaña del impuesto de sociedades, cerca de la mitad de los filtros analizados por el área de gestión lo fueron “sin comprobación” alguna. Escasez general de recursos humanos destinados al control de declaraciones del impuesto de sociedades en las oficinas visitadas, siendo reseñable la Delegación de Valladolid.Si se tiene en cuenta la carga de trabajo las dependencias regionales con mejores resultados son La Rioja, Murcia, Madrid y Canarias. Recomendaciones. Estudio sobre eficiencia y mayor número de inspectores. Aclarar los métodos de impacto sobre la actividad económica de los beneficios fiscales, para poder dirimir su utilidad. Los nuevos incentivos deberían llevar anexo un estudio previo. Los beneficios fiscales de escasa importancia deberían ser suprimidos. Ampliar los controles en la segunda fase de la campaña de renta.  Dotar a los órganos de Gestión Tributaria de un número suficiente de funcionarios de los grupos A (inspectores) y B (subinspectores) destinados a las tareas de control de declaraciones, especialmente en el impuesto de sociedades. Criterios más uniformes para la selección de las declaraciones a comprobar por las oficinas gestoras, sobre todo, a nivel territorial por parte de las dependencias regionales. En el caso del IVA se recomienda un único modelo oficial de solicitud de exenciones. En relación a la exención de premios literarios o científicos en el IRPF, se aconseja que sea obligatorio comunicar los premios que se declaren desiertos.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Reforma del plan contable > Expansión
Valor añadido > - Desde la patronal CEOE hasta los organismos reguladores han presentado su sorpresa al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, por la futura norma contable que regirá la actividad de las empresas desde 2008. Será “más complicada”, implicará “más costes”, acarreará “mayor inseguridad”, critican los empresarios.  Y todo porque “la posibilidad de efectuar cambios en los borradores del ICAC ha sido muy limitada, por no decir nula”, resume CEOE, en una carta muy crítica a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. “Los interrogantes de nuestros representantes en el grupo de trabajo han sido tildadas de inoportunas”, añade.La patronal se refiere, así, a las reuniones de los grupos de trabajo que impulsó Economía, a través del ICAC, para elaborar la redacción del Plan General Contable con el que se armonizará la normativa española a la europea, trasladando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Reuniones éstas en la que han estado presentes representantes también de CEIM, de la CNMV, el Banco de España, Seguros, CEOE, el Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, Seopan... Una amplia batería de sectores implicados en nueva norma que, según fuentes presentes en los grupos de trabajo, muestran un sentir generalizado de que “todo funciona como un rodillo, de que ha sido una pérdida de tiempo en general, de que el plan tal y como lo ha redactado el ICAC va a complicar todo”. “Y todo porque, nadie sabe por qué, y para sorpresa común, se han negado a incluir las modificaciones sugeridas”, añaden.La carta de CEOE camina en ese sentido. “Curiosamente, los borradores que se aprobaron” en el grupo de trabajo “no coinciden con los que ha presentado el ICAC posteriormente, por lo que no entendemos muy bien cuál fue la función del subgrupo. No consideramos adecuado que se modifiquen los borradores aprobados sin consulta previa de los miembros del subgrupo (...), Ya estaba todo decidido desde el primer día”, concluye CEOE. Eso no es todo. “Llueve sobre mojado”, denuncian fuentes del sector. De hecho, CEOE ya mandó una carta a Economía el año pasado cargando contra la que calificaba como “inútil” e “incomprensible” reforma contable  –ver EXPANSIÓN del 22 de septiembre de 2006–. Pero entonces se referían al borrador de la ley. Ahora, según aseguran, la situación es “aún peor”: “Estamos hablando del desarrollo de una norma de la que dice todo que sufriera 300 enmiendas parlamentarias”.En definitiva, el malestar crece, más cuando CEOE explica que los “interrogantes de nuestros representantes” en determinados capítulos “han sido tildados de inoportunos”. En el mismo sentido se perfila la opinión del Instituto  de Censores Jurados de Cuentas, que aseguran que sus apreciaciones no se han tenido en cuenta pese a estar presentes en casi todos los grupos de trabajo internacionales. Y así se muestra también CEIM: “El ICAC  ha publicado el proyecto de Plan General de Contabilidad sin consenso con las instituciones y organizaciones directamente implicadas”, alega.  Máxime cuando “están afectadas 3,5 millones de empresas (...) es imprescindible que los usuarios evalúen los efectos del Plan. Porque “lo peor que le puede ocurrir a una norma es que la mayoría de los obligados la incumplan sistemáticamente porque no la entienden”.
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NOTICIA > -Impuestos > Financiación > cinco Dúas u tros
Valor añadido > -El Gobierno no está dispuesto a ofrecer nuevos incentivos fiscales para promover las hipotecas inversas. Así se lo comunicaron el pasado miércoles altos cargos del Ministerio de Economía a representantes del PSOE y CiU, durante una reunión en la que abordaron los últimos flecos de la Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso. CiU y el PP han canalizado los intereses de la patronal aseguradora Unespa en este proyecto de ley, a través de enmiendas que permitirían a las aseguradoras entrar en un negocio hasta ahora reservado a las entidades financieras. Desde que se permitieron las hipotecas inversas, consistentes en préstamos que toman como garantía la vivienda habitual de los mayores de 65 años y dependientes, se calcula que bancos y cajas de ahorro han suscrito cerca de 10.000 contratos de este tipo. Las empresas aseguradoras aspiran a competir con ellos en igualdad de condiciones. El vicepresidente Pedro Solbes transmitió el miércoles a CiU y al PSOE su negativa a modificar la ley del IRPF para dar nuevos incentivos fiscales a este tipo de hipotecas. La ley remitida al Congreso ya prevé eximir del pago del impuesto de actos jurídicos documentados a quienes las firmen, lo que ya supondrá un ahorro considerable porque ahora implica abonar entre el 0,5% y el 1% del valor de la vivienda, dependiendo de la comunidad donde se resida. La norma incorpora también una reducción de los costes notariales y registrales en todo lo que afecta a las escrituras públicas que documenten las operaciones de constitución, subrogación, novación y cancelación de este tipo de hipotecas. A lo que no está dispuesto el Gobierno, según fuentes del Ministerio, es a cambiar la ley del IRPF para satisfacer las demandas de Unespa. Y mucho menos a compensar a las comunidades por la pérdida de recaudación que se derivaría de estas ayudas. ‘Es algo que trasciende al ámbito de la propia ley Hipotecaria’, se le ha respondido a CiU desde el departamento de Solbes. En las enmiendas de CiU y el PP se reclama, en concreto, que tanto la constitución como las rentas inmediatas, temporales o vitalicias, del seguro que se realice para este modelo de hipotecas estén exentas de tributación en el IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio y, en el caso de las rentas reversibles, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Todo este bloque de medidas fiscales, se considera en Economía, tendría que dar lugar, de aceptarse, a una nueva ley, en todo caso diferente a la que ahora se tramita en el Congreso.
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NOTICIA > -Impuestos > el País y otros
Valor añadido > -Sector inmobiliario. Bajo la lupa de Hacienda desde hace años, en 2007 se ha convertido en la gran prioridad de la Agencia Tributaria: el 40% de sus inspectores se dedican a perseguir desde este año delitos en este sector, unos 2.000 profesionales entre inspectores, subinspectores y otro tipo de personal. Pero la fijación de Hacienda con esta bolsa de fraude se dejó notar ya en 2006, con más de 6.500 inspecciones, un 86% más que en 2005. La deuda liquidada tras estas inspecciones ascendió el año pasado a 741 millones de euros, el 34% más que el año anterior. Los alquileres están también en el punto de mira de la Agencia Tributaria: el mayor control sobre los inmuebles en la declaración de la renta ha sacado del limbo fiscal casi 200.000 pisos en alquiler en los dos últimos años. - Tramas del IVA. Hacienda ha estrechado el control sobre las denominadas operaciones carrusel: empresas que solicitan devoluciones del IVA sin tener derecho a ellas. Los sectores de componentes informáticos y material de telefonía, que tradicionalmente son los que más fraude cometen en relación con el IVA, redujeron las solicitudes de devolución en más de un 50% en 2006.
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NOTICIA > -Impuestos > Cinco Días y otros
Valor añadido > -El sector inmobiliario sigue siendo uno de los grandes receptáculos del fraude tributario. Consciente de ello, la Agencia Tributaria aumentó el pasado año hasta 46.402 las actuaciones (diligencias previas) en este sector que concluyeron con la inspección directa a 6.516 contribuyentes (la mayoría, empresas constructoras y promotoras). La deuda tributaria liquidada en el periodo por los inspectores alcanzó los 741 millones de euros, un 34% más que el ejercicio anterior, según reveló ayer Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, en la presentación de la memoria anual del organismo. Para este año y los siguientes el plan de prevención del fraude de la Agencia contempla un seguimiento continuo de todas las fases de la actividad inmobiliaria desde el planeamiento urbanístico hasta la venta al público de la vivienda, por lo que se prevén que se mejoren los resultados, indicó Pedroche. Además, la lucha contra el fraude inmobiliario también se ha extendido al control de los arrendamientos urbanos. En 2006, los declarantes en el IRPF de rendimientos de alquiler volvieron a aumentar hasta llegar a 1,37 millones. De hecho, en los dos últimos años se han incorporado 199.000 nuevos declarantes por este concepto, aumentando su pago al fisco en 2.000 millones de euros (hasta 11.345 millones). Pedroche achaca este alza a la decisión de muchos contribuyentes que no tenían el alquiler declarado de 'cumplir con sus obligaciones' tras las últimas normas dictadas por Hacienda como la obligatoriedad de que quienes vivan en alquiler consignen la referencia catastral de la finca en que residan.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos
Valor añadido > -Las empresas dedicadas al alquiler de vivienda, que gozan de una tributación muy ventajosa en el Impuesto sobre Sociedades, se han multiplicado por más siete entre 2003 y 2005, último ejercicio fiscal cerrado, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. De esta forma, el número de sociedades que se dedicaban al arrendamiento de viviendas ha pasado de 42 en 2003 a 308 en 2005, coincidiendo con las ventajas fiscales que tienen estas empresas, introducidos primero por el Gobierno del PP en el año 2003 y posteriormente, en 2005, por el Ejecutivo socialista.  En concreto, estas sociedades gozan de una bonificación en el Impuesto sobre Sociedades del 85% de sus cuotas íntegras derivadas del arrendamiento de viviendas, o lo que es lo mismo, sólo tributan por el 15% de sus ganancias. Esta bonificación se eleva al 90% para las rentas derivadas del alquiler de viviendas por parte de discapacitados, siempre que los inmuebles se hayan adaptado a las necesidades de los mismos. Igualmente, los dividendos o participaciones en beneficios que hubieran sido distribuidos con cargo a las rentas a las que les fueran aplicables tales bonificaciones, se beneficiarán además de la deducción por doble imposición interna de dividendos del 50% aplicable a la cuota derivada de los mismos. Requisitos para la tributación especial > No obstante, para la aplicación de esta tributación especial es imprescindible que estas empresas cumplan una serie de requisitos, entre los que destaca la necesidad de que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad para cada periodo impositivo deba ser igual o superior a 10. Además, la superficie construida de cada una de las viviendas destinadas a su alquiler no podrá exceder de 135 metros cuadrados, al tiempo que las viviendas deberán permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por un periodo de, al menos, siete años; de forma que el incumplimiento de este requisito, conlleva la pérdida de las bonificaciones que le hubieran correspondido a cada una de las mismas.  Estas ventajas fiscales, introducidas por el Gobierno dentro del Plan de Dinamización de la economía española, tienen como finalidad ampliar el parque de vivienda en España, que según las estadísticas oficiales, sólo supone el 11% del número de total de viviendas ocupadas.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > el País y otros
Valor añadido > -Los alquileres no declarados y las transmisiones de viviendas que se declaran por debajo del valor real de mercado serán los objetivos prioritarios de Hacienda en su lucha contra el fraude en los próximos meses. En esos puntos incidirá próximamente el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, según dijo el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Este proyecto, que arrancó hace más de dos años, está abierto a revisiones y modificaciones, según Pedroche. En España, 6 de cada 10 alquileres no están declarados al fisco. La lucha contra el fraude inmobiliario ha dado "un giro radical" con la constitución de unidades de investigación específicas para el sector. Así lo explicó Pedroche durante su intervención en un curso sobre Hacienda pública organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El método de trabajo de la Agencia en este terreno ha cambiado. Mientras antes se seguía al contribuyente propietario, que puede variar en cada operación, ahora se rastrea un mismo bien inmueble para afinar más la investigación, explicó. En España, 6 de cada 10 alquileres no están declarados, por lo que quedan fuera del control de Hacienda, según datos del Ministerio de Economía de principios de año. Calculan que existen unos 977.306 arrendamientos sumergidos, que mueven cerca de 1.800 millones de euros anuales. En cuanto a las transmisiones que se hacen por debajo del precio real de la vivienda, el Catastro calcula que sólo el 15% de las escrituras refleja el precio pagado realmente por el inmueble. El seguimiento de estas operaciones, por tanto, es una de las principales necesidades de la lucha contra la elusión fiscal.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Promoción > Impuestos > Capital
Valor añadido > -Aumentan las empresas dedicadas al alquiler de vivienda > Las empresas dedicadas al alquiler de vivienda, que gozan de una tributación muy ventajosa en el Impuesto sobre Sociedades, se han multiplicado por más siete entre 2003 y 2005, último ejercicio fiscal cerrado, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. De esta forma, el número de sociedades que se dedicaban al arrendamiento de viviendas ha pasado de 42 en 2003 a 308 en 2005, coincidiendo con las ventajas fiscales que tienen estas empresas, introducidos primero por el Gobierno del PP en el año 2003 y posteriormente, en 2005, por el Ejecutivo socialista. En concreto, estas sociedades gozan de una bonificación en el Impuesto sobre Sociedades del 85% de sus cuotas íntegras derivadas del arrendamiento de viviendas, o lo que es lo mismo, sólo tributan por el 15% de sus ganancias. Esta bonificación se eleva al 90% para las rentas derivadas del alquiler de viviendas por parte de discapacitados, siempre que los inmuebles se hayan adaptado a las necesidades de los mismos.  Igualmente, los dividendos o participaciones en beneficios que hubieran sido distribuidos con cargo a las rentas a las que les fueran aplicables tales bonificaciones, se beneficiarán además de la deducción por doble imposición interna de dividendos del 50% aplicable a la cuota derivada de los mismos. No obstante, para la aplicación de esta tributación especial es imprescindible que estas empresas cumplan una serie de requisitos, entre los que destaca la necesidad de que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad para cada periodo impositivo deba ser igual o superior a 10. Además, la superficie construida de cada una de las viviendas destinadas a su alquiler no podrá exceder de 135 metros cuadrados, al tiempo que las viviendas deberán permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por un periodo de, al menos, siete años; de forma que el incumplimiento de este requisito, conlleva la pérdida de las bonificaciones que le hubieran correspondido a cada una de las mismas. Estas ventajas fiscales, introducidas por el Gobierno dentro del Plan de Dinamización de la economía española, tienen como finalidad ampliar el parque de vivienda en España, que según las estadísticas oficiales, sólo supone el 11% del número de total de viviendas ocupadas.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -La Agencia Tributaria incrementó el 86% el número de contribuyentes inspeccionados en 2006 en relación con el sector inmobiliario respecto a 2005, un porcentaje que aumentó hasta el 175% si se compara con 2004. Así lo señaló en una entrevista concedida a la Agencia Efe el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, quien adelantó que la deuda liquidada (la efectivamente cobrada) en el área inmobiliaria el pasado año ascendió a 741 millones de euros, frente a los 551 millones de 2005 (el 34% menos) y los 373 millones de 2004 (el 98% menos). A este respecto, incidió en el importante porcentaje del fraude existente en el sector inmobiliario, debido "a que son operaciones de alto valor económico y a que, al ser la relación entre dos personas, tiene un cierto grado de opacidad". En cuanto al convenio de colaboración para intensificar su lucha contra el fraude fiscal que firmaron el pasado junio la AEAT y el Consejo General del Notariado, afirmó que lo que se pretende es "buscar mecanismos ágiles de transmisión en tiempo real de la información de los notarios".
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Hacienda eleva un 86% su actuación en el área inmobiliaria > El número de contribuyentes inspeccionados por la Agencia Tributaria (AEAT) en relación con el sector inmobiliario aumentó un 86% el pasado año con respecto a 2005. Dicho porcentaje se incrementó hasta el 175% si se compara con las cifras correspondientes a 2004. Además, la deuda liquidada –la efectivamente cobrada– en el área inmobiliaria el pasado año ascendió a 741 millones de euros, frente a los 551 millones de 2005 –un 34% menos– y los 373 millones de 2004 –un diferencial cercano al 98% en apenas dos años–, según el director general de la AEAT, Luis Pedroche. El importante volumen de fraude detectado en el mercado de la vivienda incidió en este incremento de la recaudación fiscal, informa Efe. “Son operaciones de un alto valor económico y, al ser una relación entre dos personas, tiene un cierto grado de opacidad”, señaló Pedroche. Por ello, el convenio de colaboración firmado entre Hacienda y el Consejo General del Notariado pretende “buscar mecanismos ágiles de transmisión en tiempo real de la información de los notarios”.
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NOTICIA > -Construción > Impuestos > Cataluña > Mejoras fiscales para la rehabilitación
Valor añadido > -El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas celebró  la Asamblea General anual con la clausura del conseller de medio ambiente y vivienda, Francesc Baltasar. En su interpretación, el presidente de la entidad Gremial, Néstor Turró, quiso remarcar ‘la necesidad de una mayor atención por parte de las administraciones públicas, concretamente en los apartados de fiscalidad en el sector de la rehabilitación y en el reconocimiento de la figura del constructor’.  En el apartado fiscal, los constructores piden la aplicación de un IVA reducido a las obras de rehabilitación. El presidente del Gremio pidió el apoyo del conseller Baltasar para poder defender una propuesta de aplicación genérica de tipo reducido a nivel estatal, ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Este hecho, según un informe técnico realizado por el propio Gremio, ayudará a activar el sector de la rehabilitación de viviendas, sector que Turró considera como ‘el motor del sector en el próximo ciclo económico que estamos iniciando’.
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NOTICIA > -Impuestos > Hacienda > primer supuesto delito fiscal con billetes de 500 > el país y otros
Valor añadido > -La sociedad A quiere deshacerse de ese activo y quedarse con todo el beneficio. La clave consiste en utilizar una sociedad interpuesta, denominada B, a la que vende el inmueble sin apenas beneficio. Esa operación queda registrada legalmente, pero apenas tributa porque la plusvalía es mínima. La sociedad B vuelve a vender el activo a una tercera C, la destinataria final del bien, con un beneficio voluminoso. El testaferro ingresa el dinero en el banco y lo retira en forma de billetes de 500 euros, que automáticamente entrega al verdadero destinatario de la operación, la sociedad A. La sociedad falsa desaparece sin dejar rastro a Hacienda. Al vender un activo, cualquier empresa debe incorporar la plusvalía generada a sus beneficios, que tributan a un tipo máximo del 35% (ahora, tras la reforma fiscal de este año, es el 32,5%). El tipo efectivo que abonan las empresas (la cantidad limpia, después de aplicar las deducciones a las que tienen derecho) suele rondar el 28%. Por lo tanto, la cantidad defraudada equivale a ese porcentaje. La clave para detectar estas operaciones ha sido el movimiento de cuentas bancarias abiertas exclusivamente para realizar operaciones fraudulentas. Hacienda ha comprobado que hay cuentas que se abren con una cantidad de dinero mínima, ingresan de golpe una gran suma y se cierran de inmediato -a veces en un día- tras extraer el dinero en billetes de 500 euros. La ventaja de este medio de pago es que permite manejar grandes cantidades sin demasiados billetes. Por eso se ha convertido en un indicio de los circuitos de dinero negro.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > el periódico y Cinco días
Valor añadido > -El PSOE es partidario de ir sustituyendo la actual desgravación por compra de vivienda que se practica en el impuesto sobre la renta (IRPF) por ayudas directas para la adquisición. Este criterio quedará incorporado al programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las elecciones generales del 2008 según anticipó ayer la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, en un encuentro organizado por el Foro de la Nueva Economía. Rodríguez Piñero estuvo arropada por pesos pesados del partido como el secretario de organización, José Blanco; el portavoz en el parlamento valenciano, Joan Ignasi Pla y el portavoz en el Congreso, Diego López Garrido. En su intervención apostó por ir "derivando progresivamente" los recursos que se destinan a la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual "hacia políticas activas" para que los pisos "tengan un precio asequible, que es la mejor ayuda al ciudadano, ya que las deducciones fiscales solo sirven para los que tienen una vivienda, pero no para aquellos que no tienen acceso a la misma", explicó. En opinión del PSOE, para facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y a un precio asequible, es "mucho más eficaz" una política activa protegida que aplicar deducciones, "que han demostrado que tienen un cierto carácter regresivo", a favor de las rentas más altas.  La desgravación por compra de vivienda detrae casi 4.000 millones de ingresos cada año, mientras que el presupuesto total del Ministerio de Vivienda para el 2007 es de 1.235,54 millones de euros. La deducción en el IRPF por compra de vivienda habitual beneficia a un buen número de familias con hipotecas. En la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero, el Gobierno ya eliminó el porcentaje incrementado del 20% de deducción que existía para los dos primeros años tras las compra y mantuvo en el 15% el tope deducible sobre un máximo de 9.000 euros anuales. Tras la reforma del IRPF y del impuesto de sociedades, la portavoz socialista apuntó ayer que aún existe "margen" en la economía española para abordar futuras rebajas fiscales, y prometió que el PSOE las estudiará en su programa electoral, si bien admitió que es preciso ser "cautos" para evitar efectos "no deseados" sobre la demanda interna. Las futuras reformas profundizarán en la reducción de la actual "maraña" de deducciones, la elevación de los mínimos exentos y la reducción de tipos máximos y del número de tramos. El IRPF actual consta de cuatro tramos, con un tipo mínimo del 24% y un máximo del 43%. El mínimo personal exento es de 5.050 euros. Rodríguez-Piñero opinó que debe abrirse un debate "en profundidad" en el ámbito de la fiscalidad medioambiental.
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NOTICIA > -Impuestos > el país y otros
Valor añadido > -La Agencia Tributaria (AEAT) va a tener acceso telemático a la información fiscal que los notarios plasmen en las escrituras. Ésta es una de las principales medidas que recoge el convenio firmado  por el director general de la AEAT, Luis Pedroche, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, para aplicar las medidas que recoge la ley contra el fraude fiscal que entró en vigor el pasado diciembre.
Hasta ahora, los notarios transmitían la información fiscal a requerimiento de la AEAT, en un plazo máximo de 15 días, o cuando ellos sospechaban que detrás de alguna operación de la que dan fe hay un fraude fiscal. Con la firma del convenio, en un plazo máximo de cinco meses, la AEAT tendrá acceso a una base de datos (Índice Único Informático) en la que figurará la información de relevancia tributaria que aparece en las escrituras: número de identificación fiscal (NIF) o los medios de pago empleados en las transacciones. El convenio también recoge la obligación ya existente de los notarios de comunicar a la Agencia Tributaria aquellas operaciones en las que aprecien un riesgo de fraude fiscal, sea cual sea su importe. Las operaciones de más de 200.000 euros que despierten sospechas tendrán que ser comunicadas directamente a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude. Los criterios que harán saltar las alarmas en estos casos se basarán en la experiencia o los medios de pago, según apuntó Luis Pedroche. El Consejo tendrá que informar mensualmente a la Agencia de las operaciones en las que alguno de los participantes se niegue a facilitar el NIF o no identifique el método de pago empleado.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos
Valor añadido > -Las Cortes aprueban la Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable > Armoniza la legislación española con las normas internacionales de contabilidad aoptadas en Europa.
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Expansión y Negocios
Valor añadido > -El Ministerio de Economía y Hacienda está observando con mucha cautela la desaceleración de los precios de la vivienda y el cambio de ciclo que está experimentando el mercado inmobiliario. Tras la ofensiva lanzada por el departamento que dirige Pedro Solbes, para evitar que el sector sea un nicho para el fraude y el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas, las menores perspectivas de negocio residencial pueden hacer que las promotoras y agencias inmobiliarias relajen sus mecanismos de control. Así lo explicó ayer el subdirector general del Tesoro y Política Financiera, Miguel Ángel Recio, en una jornada organizada por la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Recio recordó la labor de vigilancia que tienen los agentes del sector como sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y les emplazó a aumentar la vigilancia en estos momentos difíciles para el mercado. “Los mandamientos que tienen ustedes se pueden resumir en dos: conozcan a su cliente y, si tienen sospechas, informen”, espetó Recio a los asistentes profesionales a la jornada. Y es que Economía ha situado al sector inmobiliario entre los sujetos obligados por el régimen simplificado de la normativa anti–blanqueo, lo que se traduce en menos tareas de inspección respecto a las que deben realizar entidades  inancieras y aseguradoras. En concreto, los agentes inmobiliarios deben identificar formalmente a su cliente, conservar la documentación durante seis años, abstenerse de aprobar una operación si existen sospechas, formar al personal para que cumpla con todos estos requisitos y crear un manual de procedimiento que ayude a los vendedores de viviendas en las promociones a calibrar si el futuro cliente ha obtenido los fondos de la operación de compra–venta por medios ilícitos. El subdirector general del Tesoro recordó las importantes sanciones que establece a legislación por incumplir estas premisas –desde un máximo de 150.000 euros por infracciones graves, hasta multas de 1,5 millones de euros por faltas muy graves–. Asimismo, recordó que los directivos de las empresas y sus administradores pueden ser sancionados hasta con 60 millones de euros, si se demuestra la dejación de funciones en las obligaciones que marca la ley. Pero las multas pueden ser el mal menor al que se enfrenten aquellos que incumplan la ley. Según explicó Luís Rubí, abogado y socio-director del bufete Rubí Blanc, “algunos fiscales creen que puede tratarse de algo más que un delito de carácter administrativo”, ya que si una investigación judicial demuestra que una agencia inmobiliaria no ha adoptado mecanismos de control, y que ha obviado las recomendaciones de Economía, “esto podría tener consecuencias penales”. Rubí recordó que la ampliación de los sujetos obligados, desde notarios, abogados y entidades financieras hasta aseguradoras, crea un “control cruzado” de las operaciones, lo que facilita las investigaciones sobre presuntos casos de blanqueo de capitales. De esta forma, el Gobierno pretende superar la falta de inspectores que existe en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
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NOTICIA > -Construcción > Impuestos > Expansión
Valor añadido > -La nueva normativa contable, que entrará en vigor en 2008, llevará a muchas sociedades individuales a pérdidas, porque les obligará a contabilizar desde el principio todos los gastos financieros previstos –que son muchos si de lo que se trata es de construir una autopista– mientras los ingresos sólo aparecerán a medida que entren en caja –es decir, cuando la Administración abone el canon anual establecido–.
Este principio de prudencia, como dicen los contables, tiene sentido en general en las empresas, aunque no tanto en las concesionarias, por su peculiar modelo de funcionamiento. Pero parece que no han servido de mucho los mensajes que, en este sentido, se han hecho llegar desde España a los responsables del Internacional Accounting Standards Board (IASB), el organismo encargado de elaborar los estándares contables europeos.
Aunque algunas compañías con muchas concesiones de reciente creación tengan que presentar números rojos en sus estados financieros contables, el mercado no se va a llevar las manos a la cabeza. Analistas e inversores institucionales ya conocen bien la raíz del problema, que, en todo caso, tiene naturaleza contable y, por tanto, no dice nada sobre la rentabilidad real de una compañía. Aunque eso no eximirá de tener que dar alguna explicación adicional, sobre todo a los pequeños inversores. Quien explique bien el efecto contable y, por supuesto, tenga una concesión que funcione, no tiene motivos para estar inquieto.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión y otros
Valor añadido > -La recalificación de suelo como herramienta recaudadora está lejos de ser un mito social, como insisten las autoridades municipales. Hasta el 27,5% de los ingresos totales de los más de 8.100 ayuntamientos de toda España –tanto los financieros como los de otro origen– proceden directamente –a través de enajenaciones de terrenos–, o por vías alternativas –básicamente impuestos– del negocio urbanístico. Este dato, proporcionado por la liquidación del ejercicio 2004, último contabilizado y con el rivete oficial de Hacienda, supone un incremento de un punto y medio porcentual respecto al año precedente. Y las fuentes oficiales no son las únicas que constatan este fenómeno. Un reciente informe sobre las finanzas locales de Morgan Stanley engorda la  porción de ingresos urbanísticos hasta el 70% de la recaudación propia de los municipios; es decir, de la procedente de su ámbito territorial y que, en esencia, se ciñen al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías municipales, como tributación directa, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dentro de la fiscalidad indirecta. Así como al cheque procedente de la enajenación de terrenos, partida incluida dentro del capítulo de inversiones reales y que responde a la mera cesión de suelo, y que apenas supone el 4% de los ingresos globales. Pero además, el boom constructor, que instituciones multilaterales y bancos de inversión alertan que puede tocar a su fin en España, no sólo es un maná del pasado reciente. Ni de ayuntamientos de mediana o pequeña dimensión en busca de recursos financieros alternativos e imaginativos o de localidades costeras y emblemáticas para el turismo y, por ende, propensas a modificaciones constantes de sus planes urbanísticos. También los programas financieros para 2007 de las siete grandes ciudades españolas, recién aprobados por sus corporaciones municipales, confían en la salud económica española y el futuro desarrollo urbanístico. Aunque no en la misma proporción.  Madrid, por ejemplo, con una legislatura, la que ahora toca a su fin, de notable efervescencia constructora, y con una demografía superior a los  3,12 millones de habitantes, que le reporta una voluminosa lista de contribuyentes, absorbe del negocio inmobiliario hasta el 33,2% de un presupuesto que rebasa los 4,77 millones de euros, el más suculento de todos los municipios españoles. En cualquier caso, el consistorio de la capital de España no es el único de los big-seven que se sitúa por encima de la media nacional del 27,5%. La capital del Turia también mantiene un nivel de recaudación similar. En este caso, del 30,6%. O, lo que es lo mismo: tres de cada diez euros que reciben las arcas municipales. Por contra, de entre las mayores capitales, las que menos cuota de financiación otorgan al negocio asociado al urbanismo y la construcción son Barcelona, con el 10,6%, y Bilbao: un 14,5%. Incluso Málaga, capital de una provincia que ha albergado varios de los más sonados escándalos de corrupción en el ámbito municipal, apenas fía el 16,5% de sus recursos a esta partida. A pesar de que el Gobierno local, del PP, maneja el tercer mayor presupuesto, por detrás del madrileño y el barcelonés.
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NOTICIA > -Impuestos > Andalucía > Financiación local > el país y locales
Valor añadido > -Según un informe de Virginia Pou, del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, sobre El impacto del mercado inmobiliario en las finanzas públicas, los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria en el conjunto del Estado "han pasado de representar el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales en 1992 [año de crisis en el sector] a un 31,9% en 2004". Este informe, no obstante, advierte que si bien los ingresos por el ladrillo aumentan, también lo hacen y a un ritmo mayor los gastos por el aumento de la población en los municipios. Este incremento genera más obligaciones para los ayuntamientos (transporte público, alumbrado, recogida de basura). Un aspecto que los gobiernos locales, sostiene Pou, no tienen en cuenta con vistas al futuro. Según sus datos, el sector inmobiliario "está aportando un 32% de los ingresos municipales", pero "genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales". Una de las cosas que más llama la atención cuando se intenta bucear en la financiación de los ayuntamientos es la poca información que existe. La FAMP carece de un mínimo banco de datos para saber, por ejemplo, cuánto pagan los ayuntamientos a sus funcionarios o cuál es el nivel salarial de las distintas policías locales de la comunidad. O qué efecto tiene el urbanismo en sus presupuestos. El propio Toscano reconoce que la FAMP no tiene una información adecuada. Según datos de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, elaborados a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, el 43,2% de los ingresos de los ayuntamientos andaluces el ejercicio 2005 son de naturaleza tributaria. Es decir, son sus propios ingresos los que en mayor parte nutre sus recursos totales. El 35,79% son transferencias corrientes y de capital procedentes de otras Administraciones -las del Estado suponen el 24,19%, las de Junta, el 9,39%-. Los ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales representan el 11,60%; y los activos y pasivos financieros, el 9,19%. En el año de referencia, los presupuestos de todas las entidades locales de Andalucía sumaron 9.797.758 millones de euros. La mayor parte de la financiación procede de los impuestos directos, indirectos y de las tasas por la prestación de servicios y contribuciones especiales. Dentro de los ingresos de carácter tributario destaca el peso que representa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor catastral de las propiedades urbanas y rústicas. El pago de lo que se conoce popularmente como la contribución representa el 27% del total de lo que ingresaron en 2005 los ayuntamientos andaluces por tributos. Aunque es un impuesto estatal, los ayuntamientos pueden aplicar una escala de gravamen que oscila entre el 0,4% y el 1,10%. En Andalucía, Huelva y Cádiz son los que aplican el tipo más alto (1,06% y 0,91%, respectivamente), frente a Córdoba y Jaén (0,61% y 0,60%). Otra carga tributaria que ha cobrado protagonismo relacionado con la actividad inmobiliaria es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un tributo indirecto que se paga cuando se hace una obra o una reforma. Supone el 9,8% de los ingresos tributarios de los municipios. En las propuestas de los partidos sobre financiación municipal llama la atención que no se hable de estos asuntos y que centren sus expectativas en una mayor participación en los ingresos de la Junta.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Cinco Días y economista
Valor añadido > -El 29 de noviembre de 2006, en plena guerra de opas por el control de Metrovacesa entre el presidente, Joaquín Rivero, y el mayor accionista de la inmobiliaria, la familia Sanahuja, la Agencia Tributaria inició actuaciones inspectoras sobre varios impuestos referidos a Metrovacesa entre 2002 y 2004.La inmobiliaria española explica en el informe de auditoría del pasado ejercicio, que recientemente ha sido enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Agencia Tributaria inició inspecciones sobre los siguientes impuestos: impuesto sobre sociedades; impuesto sobre valor añadido; retención/ingreso a cuenta de rendimientos del trabajo; retención/ingreso a cuenta arrendamientos inmobiliarios; retención/ingreso a cuenta capital mobiliario; declaración anual de operaciones; declaración recapitulativa entregas y adquisiciones intracomunitarias. Todos ellos entre los años 2002 y 2004. 'Adicionalmente', indica la compañía, 'a 31 de diciembre de 2006 quedan abiertos a inspección los ejercicios 2005 y 2006'. Y, por otro lado, el mismo 29 de noviembre la Agencia Tributaria también inició actuaciones inspectoras 'respecto a todos los impuestos referidos a Bami' correspondientes al ejercicio 2003. Ese año Metrovacesa y Bami acordaban su fusión creando la primera inmobiliaria española.En la auditoría Metrovacesa añade que la Agencia Tributaria, en la misma fecha, 'ha iniciado actuaciones inspectoras respecto a todos los impuestos que le son de aplicación y para todos los periodos que tenía abiertos a inspección referidos a Metrovacesa de Viviendas'. La compañía indica que los administradores 'no esperan que se devenguen pasivos adicionales no cubiertos de consideración como consecuencia de las actas que permanecen abiertas y de los ejercicios abiertos a inspección'. Fuentes de Metrovacesa no han ampliado esta información y recordaron que entra dentro de lo normal la actuación de la Agencia Tributaria.
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NOTICIA > -Impuestos > Cantabria
Valor añadido > -El entramado de fraude fiscal descubierto en Santander por la Agencia Tributaria y la Policía habría servido para eludir el pago de más de dos millones de euros en impuestos correspondiente a operaciones de compraventa de terrenos urbanizables, informa la Delegación del Gobierno. Cinco personas, entre ellas un abogado de Santander, han sido detenidas en esta operación, llamada 'Trigo limpio', que se puso en marcha el año pasado, cuando los inspectores de Hacienda detectaron en Cantabria un posible delito fiscal en el sector inmobiliario. La Policía y Hacienda dirigen además sus investigaciones contra 'más de una decena' de personas que también habrían participado en las actividades encabezadas por los cinco arrestados sin llegar a incurrir en delito, pero sí en infracciones tributarias sancionables por la vía administrativa, precisa la Delegación del Gobierno. El importe defraudado supera los dos millones de euros, en una primera valoración provisional, pendiente de que Hacienda haga una valoración más exhaustiva de toda la información recabada. Las sospechas de los inspectores de Agencia Tributaria con las abrió la operación 'Trigo limpio' pusieron de manifiesto la existencia de una persona que podría estar actuando como testaferro de terceros en una serie de operaciones irregulares relacionadas como la actividad de intermediación para la compraventa de terrenos. Las indagaciones realizadas permitieron averiguar la 'existencia de una serie de empresas que, presuntamente, eran utilizadas para facturar operaciones no declaradas, en las que figura un administrador, aunque se presume que el verdadero dinamizador y coordinador de su actividad es otra persona o grupo de personas'. Los cinco detenidos este fin de semana en la operación denominada 'Trigo limpio' habían creado una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.   Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, y consta en los autos emitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que levantó hoy parcialmente el secreto de sumario, el importe defraudado en principio superaría los dos millones de euros, aunque está pendiente de una valoración más exhaustiva por parte de la Agencia Tributaria.    Según los autos judiciales, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.
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NOTICIA > -Financiación > Impuestos > rebaja de las ventajas fiscales en la reforma hipotecaria.
Valor añadido > -Según Expansión, en la reciente remisión al Congreso del Proyecto de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario sorprende la supresión de todos los beneficios fiscales que se preveían en el anteproyecto con el fin de abaratar la formalización de la novación de los préstamos hipotecarios. Esta desaparición –en materia de novaciones modificativas– obedece a defectos técnicos en su redacción, nos ha sorprendido la eliminación de la exención en la modalidad gradual de AJD de las escrituras públicas en las que se formalice la distribución de la responsabilidad hipotecaria entre varias fincas. A nuestro juicio, la introducción de esta exención debía ser saludada muy positivamente, dado que evitaba la vulneración del principio de igualdad tributaria en relación con el de capacidad económica. Esta afirmación se deriva de la no sujeción de la documentación privada de los negocios de distribución y redistribución de la responsabilidad hipotecaria.A este respecto, cabe recordar que, en virtud de la RDGRN de 7 de enero de 2004, se admite la inscripción registral de los documentos privados que formalicen la distribución de la responsabilidad hipotecaria; y, en consecuencia, la no realización del hecho imponible de la cuota gradual del IAJD ante la falta de empleo de escritura pública. Prescindiendo de las dudas de constitucionalidad que siempre han acompañado a este impuesto, debemos subrayar cómo la propia configuración de su hecho imponible constituye la causa de esta polémica. En concreto, tanto nuestros sucesivos gobiernos como nuestros jueces y tribunales han basado su adecuación constitucional sobre la base de la teoría de la especial protección que el ordenamiento jurídico concede a la forma y solemnidad de los documentos notariales y de la que se beneficia el titular registral al poder inscribir dichos actos o contratos documentados en un registro público, localizando en esta especial protección la manifestación de capacidad económica sujeta a gravamen. Sin embargo, llegados a este punto, toda esta teoría decae desde el momento en que se admite, aunque sea excepcionalmente, el acceso a los registros públicos de determinados documentos privados con las mismas garantías, produciéndose una discriminación del documento público frente al privado. E incluso añadiríamos que estamos ante una economía de opción imprevisible, indeseada y de imposible corrección por parte del legislador tributario, salvo que decida transformar radicalmente el IAJD, transformándolo en un impuesto sobre la registración. Tributación diferenciada En definitiva, puede constatarse como el mismo negocio conlleva tratamientos tributarios diferenciados en virtud del tipo de documento -público o privado- sin que exista una justificación objetiva y razonable. Razón por la cual, creemos que la supresión de la exención conlleva, a nuestro juicio, una vulneración de los principios de igualdad y de capacidad económica ex art. 31.1 de nuestra Constitución. A este respecto, es doctrina reiterada de nuestro TC que la igualdad ante o en la ley impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable. Se trata, a fin de cuentas, de la igualdad de todos ante una exigencia constitucional –el deber de contribuir– que implica una exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre y a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. Por todos estos motivos sería conveniente que esta situación se resolviera en fase de tramitación parlamentaria con la reincorporación de la exención en el IAJD de las escrituras de distribución de responsabilidad hipotecaria.
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NOTICIA > -Impuestos > Nueva contabilidad > Comunicación empresarial
Valor añadido > -En el pasivo, bajo el modelo de las Normas Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF), se incluyen los llamados pasivos corrientes que comprenden aquellas obligaciones que la empresa espera liquidar en el transcurso del ciclo normal de explotación, que si no resultara claramente identificable se asumirá que es de un año, y las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto plazo, que como máximo se sitúa en un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás pasivos se clasifican como no corrientes. En términos más coloquiales, el pasivo corriente equivale al exigible a corto plazo mientras que el pasivo no corriente es igual al exigible a largo plazo. El ratio de endeudamiento, por su parte, vital para analizar la situación financiera de toda empresa a largo plazo y hacerse una cabal composición de lugar acerca de su dependencia e independencia financiera y, en buena medida, sobre su solvencia global, viene dado por la proporción entre el pasivo, o exigible total, y el patrimonio neto. Lo sano y prudente, la regla de oro del equilibrio financiero, reza que nunca las deudas superen al patrimonio neto, con lo cual, pureza obliga, el valor del coeficiente de endeudamiento no debería superar la unidad. A lo sumo, que las fuerzas financieras a disposición de la empresa se encuentren empatadas: mitad deuda, mitad recursos propios. Lo idóneo: que el patrimonio neto sea mayor que el pasivo exigible. Éste es el genuino sello de la libertad financiera. Con el tiempo, sin embargo, ha ido cobrando vigor el denominado endeudamiento neto como referente de carácter financiero. A la suma de deuda financiera y otros pasivos financieros se le detrae el efectivo y otros medios líquidos, y a continuación se agrega la llamada financiación sin recurso, dando como resultado lo que se conoce como endeudamiento neto total. A veces, la deuda financiera neta se desglosa en la corporativa, en la inherente a actividades intensivas en capital y a otras inversiones estratégicas. Claro que igual, en otras ocasiones, la deuda neta se configura a partir de la suma del efectivo y otros activos financieros corrientes, que se aminora en el total de deuda bancaria, obtenida por la adición de las deudas con entidades de crédito sin recurso y aquellas con recurso, arrojando finalmente la deuda neta. En otros casos, el endeudamiento financiero neto se determina tomando la deuda financiera neta total, calculada por la suma del endeudamiento con entidades de crédito tanto con recurso como sin recurso y las obligaciones y empréstitos así como otros pasivos financieros restando la tesorería y otros activos financieros, para considerar otrosí la deuda financiera neta con recurso. A modo ilustrativo, es factible que la información sobre el endeudamiento financiero neto se acompañe del ratio de apalancamiento financiero, calculado por la relación entre la deuda financiera neta con recurso sobre la suma de la deuda financiera neta con recurso más el patrimonio neto, y del ratio de deuda financiera neta con recurso respecto del EBITDA con recurso, excluyendo el EBITDA de los proyectos que se financian total o parcialmente sin recurso a la empresa matriz. ¿Se entiende, verdad? Pues bien, aquí tiene usted unas pequeñas precisiones sobre la claridad meridiana del pasivo, la deuda y el endeudamiento. O acaso una verdadera empanada mental. La maraña de conceptos, referencias y parámetros teje una telaraña de difícil asimilación. Le hago una promesa. En breve, le presentaré los balances de algunos de esos grandes conglomerados empresariales de las opas, contraopas y requeteopas. Entonces sí que la luz financiera se hará entre nosotros…
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NOTICIA > -Impuestos > el País y el economista
Valor añadido > -Los delitos relacionados con el movimiento de billetes de 500 euros comienzan a aflorar. Hacienda remitirá en los próximos días a la fiscalía varios casos de delito fiscal en operaciones realizadas con un gran volumen de billetes de alta denominación. Así lo anunció ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, que asegura haber encontrado elementos presuntamente delictivos en algunos de los casos analizados. Este departamento investiga desde hace meses 2.100 operaciones con más de 1.000 billetes de 500 euros para determinar si se ha producido fraude. Hacienda está llamando a declarar a los autores de 2.100 operaciones sospechosas con billetes de 500 euros. Algunas de esas citaciones, adelantadas por este diario el pasado domingo, ya han dado su fruto: la Agencia Tributaria ha identificado varios casos que van más allá del fraude. Son, según explicó ayer Pedroche, constitutivos de un presunto delito fiscal y, por tanto, corresponde a la justicia investigarlos. La Agencia las remitirá a la fiscalía "en los próximos días". El delito fiscal se produce cuando la cantidad que el contribuyente adeuda al fisco excede los 120.000 euros y existe voluntad de defraudar. Esos requisitos se dan en varias de las operaciones con más de 1.000 billetes de 500 euros investigadas por la Agencia Tributaria desde finales del año pasado. Se trata de movimientos sospechosos cuyos autores han retirado, entregado o transferido esas cantidades a través de entidades financieras. Bancos y cajas han proporcionado la información clave en esta investigación: la identidad de las personas físicas o jurídicas que han ordenado los movimientos.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Según informa el País, los sospechosos de haber manejado de forma fraudulenta grandes cantidades de billetes de 500 euros comienzan a rendir cuentas a Hacienda. La Agencia Tributaria está citando a declarar a los autores de 2.100 operaciones en las que han intervenido más de 1.000 billetes de 500 euros. La mayoría de esos movimientos, detectados a finales del año pasado, están relacionados con el sector inmobiliario, uno de los principales nidos del dinero negro en España. Los bancos y las empresas de seguridad han suministrado la información clave en la investigación de la Agencia Tributaria. Este organismo remitirá a los tribunales los casos en los que existan indicios de delito.
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NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > Vivienda
Valor añadido > - El Mundo llama la atención sobre los arrendamientos no declarados. Indica que fraude en el sector inmobiliario no sólo afecta a promotores corruptos implicados en grandes operaciones de blanqueo de dinero. También se produce en el propietario de a pie que tiene una casa y no dice la verdad al negarse a declarar su alquiler; o el inquilino, que hace lo propio al callar que está alquilado y 'mudo' fiscalmente hablando. Así, seis de cada 10 arrendamientos en España no están reconocidos, es decir, son alquileres sumergidos. Al menos 977.306 pisos en renta y no declarados han sido detectados por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). El importe total de estos pagos no efectuados es de 1.800 millones de euros cada año. Según un pormenorizado análisis, Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias, Valencia y Baleares concentran el 82% del total de este fraude. Estas irregularidades son 'conocidas' pero no descubiertas por la Agencia Tributaria. De ahí que hace dos años el Gobierno obligara a incluir en la declaración de la renta si la vivienda habitual es alquilada o en propiedad, así como su referencia catastral. Estas medidas han resultado tan disuasorias que la Agencia Tributaria ha señalado que entre 2004 y 2005 el número de declarantes de ingresos por arrendamiento ha aumentado en 200.000. Sin embargo, en Gestha sostienen que no todos estos 'perezosos' contribuyentes eran necesariamente propietarios de viviendas y, en el caso de serlo, no tenían por qué estar arrendadas ilegalmente en 2003. El comportamiento fraudulento de los propietarios está especialmente en Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias, aunque es en Ceuta y Melilla donde se concentra el mayor porcentaje de pisos alquilados sin ningún tipo de contrato legal (82% de su parque). Las viviendas en la costa y aquellas en las que los inquilinos forman parte de sectores sociales económicamente menos favorecidos, como los inmigrantes y los estudiantes, son las más propensas a registrar irregularidades.
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NOTICIA > -Impuestos >sistema de estimación objetiva > Expansión
Valor añadido > -El Ministerio de Economía y Hacienda está ultimando la norma que regula para este ejercicio el denominado sistema de estimación objetiva por el que tributan en el IRPF cerca de dos millones de pequeños negocios (por ejemplo, el comercio minorista, los taxis, los transportistas, las reparaciones del hogar, entre otros) y explotaciones agrarias. Este sistema fija unas variables concretas –como superficie del local, número de empleados, o consumo energético–, con las que se establece una cifra estimada del rendimientos de la empresa de que se trate, y sobre los que pagan sus impuestos. La norma que ha preparado el Departamento de Pedro Solbes mantiene invariadas las cifras de los módulos que determinan tales cantidades. Algunos técnicos de Hacienda habían sugerido la posibilidad de realizar una actualización de los valores de los módulos, que no se han tocado desde hace cinco o seis años, ni siquiera conforme a la inflación prevista. Sin embargo, Solbes ha preferido finalmente dejar las cosas como están, pensando en el impacto que tendría la noticia de una subida de impuestos para las pymes a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales. Según las fuentes consultadas, la orden ministerial apenas hac unos pequeños ajustes en los módulos para sectores muy concreto. Así, se revisa el que afecta a los quioscos de prensa, teniendo en cuenta la posibilidad de que éstos puedan tener publicidad en el exterior. En cambio, vuelve a rebajarse la fiscalidad para el transporte por carretera, desarrollando los acuerdos con estas empresas para compensar la subida de los carburantes. Igualmente, se incluye un tratamiento favorable para las pymes que empleen familiares con discapacidad –la valoración de este puesto de trabajo se reduce en un 25% en el cómputo del módulo correspondiente–. El propósito de Hacienda es que la orden ministerial sobre los módulos pueda estar publicada en el BOE el sábado de la próxima semana. Ese mismo día, el diario oficial también publicará el nuevo reglamento del IRPF, para adaptarlo a la reforma fiscal que ha entrado en vigor este año. Habitualmente, la orden de módulos se publica en el mes de noviembre, para dar tiempo a las pequeñas empresas hagan sus números y comuniquen a la Agencia Tributaria si se mantienen o renuncian a figurar en el este sistema. La reforma fiscal ha alterado este calendario, de modo que el plazo de renuncia se fija ahora para los días 1 a 20 de abril. Este plazo coincide con el que tienen las empresas para liquidar el pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre. Una vez finalice el plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva se pondrá en marcha la obligación para que determinadas empresas en módulos (albañiles, fontaneros, carpinteros, y pequeños transportistas) realicen una retención a cuenta del 1% en las facturas que emitan para otros empresarios. Esta es una de las medidas de la nueva ley contra el fraude, que persigue poner coto a la proliferación de facturas falsas o sin coste fiscal.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró ayer en el Pleno del Senado que es ‘imprescindible’ revisar el Impuesto de Patrimonio, pero precisó que no se puede plantear de forma ‘aislada’, sino que debe estudiarse en colaboración con las comunidades autónomas y aprovechando la reforma de la financiación autonómica, ya que se trata de un impuesto cedido a los gobiernos autonómicos.   El ministro apuntó que el Gobierno está dispuesto a ‘seguir trabajando’ en ese sentido y destacó que el Ministerio de Economía y Hacienda está realizando análisis de los cambios en el ámbito tributario que se están desarrollando en el resto de países. Solbes consideró que el objetivo de este impuesto ‘no debe tener carácter recaudatorio sino censal’ y contribuir ‘de forma razonable’ al progreso del sistema. Además, señaló que hay que ‘modificar y actualizar’ este impuesto, aunque aclaró que cada administración tendrá que ‘hacer frente a sus responsabilidades’ y llevar a cabo el ‘esfuerzo correspondiente’.  En referencia a una propuesta del PP sobre la modificación del Impuesto de Patrimonio que fue aprobada en el Senado y rechazada en el Congreso, Solbes explicó que el Gobierno no apoyó dicho cambio en su momento porque discrepaba con la forma de llevarlo a cabo.  El ministro contestó así a la interpelación del senador del Partido Popular, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, sobre la política del Gobierno en relación con la progresiva reducción del Impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir su supresión. El portavoz 'popular', que precisó que la interpelación se convertirá en moción, tachó este impuesto de ‘anacrónico’ y ‘confiscatorio’, y apuntó que perjudica a las rentas medias y bajas y sólo en menor medida a las más altas. Asimismo, recordó que dentro de la Unión Europa, España es uno de los pocos países que todavía lo mantiene.  A este respecto, el senador instó al Gobierno a que, en consenso con las comunidades autónomas, proceda a la ‘reforma’ y ‘modificación’ del impuesto, acercándose así a posturas de países vecinos. No obstante, apuntó que la modificación no debe ‘perjudicar’ los recursos de las comunidades
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Fraude fiscal y productividad  > La Agencia Tributaria ha desempeñado una importante labor para concienciar al contribuyente del cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, pero la lucha contra el fraude tiene margen para seguir mejorando. Una cosa es lo que dicen las estadísticas sobre los ingresos de los españoles y otra muy distinta es la realidad en la que existe, según los expertos, una economía sumergida que alcanza el 20% del PIB, de las más elevadas de la UE. La generación de dinero negro que se cuela por las rendijas de la economía se origina en muchas industrias y comercios, con el IVA como principal caldo de cultivo para el fraude; en el urbanismo; en las actividades de las profesionales liberales, o en el sistema de módulos, que, por su propia naturaleza, es propicio para el fraude. Por eso es importante cualquier avance para estrechar el cerco a los defraudadores. Hacienda pretende ahora un objetivo, aparentemente lógico, basado en el incremento de la productividad de los inspectores. El fin perseguido es loable, pero es difícil estar de acuerdo con el medio para lograrlo, en tanto que ligar el bonus de los inspectores a la captura de cuantías específicas de fraude estandarizadas para cada tipo de contribuyente puede reportar más perjuicios que beneficios. Por varias razones: porque vincular los incentivos a baremos predeterminados puede influir en los inspectores y abrir la puerta a que los contribuyentes se enfrenten a actas fiscales injustificadas; porque puede llegar a convertirse en un cortafuegos a las propias inspecciones, pues puede darse el caso de que un contribuyente de alto perfil defraudador facilite la detección de determinado volumen de deuda, de manera que, una vez descubierto, el inspector no encuentre más aliciente a seguir investigando; y porque, en sentido contrario, puede desalentar el trabajo del inspector si intuye que un defraudador no alcanza el baremo prefijado. Los expertos han mostrado su disconformidad con el sistema que pretende implantar Hacienda, que también fue desarrollado con polémica por el anterior Gobierno del PP. Espolear la productividad siempre es deseable, pero como aconsejan algunos fiscalistas, para evitar distorsiones, el sistema de bonus no debería ligarse sólo al fraude denunciado, sino al efectivamente detectado, esto es, el que realmente se acaba cobrando una vez que la Administración supera los distintos recursos. Existirían así mayores garantías de que el contribuyente no pierda la confianza en el Fisco, cuestión clave para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -Hacienda recaudó 5.309 millones gracias a la lucha contra el fraude en 2006  El dinero que el Gobierno prevé gastar este año en infraestructuras ferroviarias, bien podría salir de la lucha contra el fraude fiscal. Los 5.309 millones que la Agencia Tributaria recaudó el año pasado procedentes de las actuaciones contra la evasión de impuestos, un 15% más que en 2005, casi igualan la partida presupuestada destinada a los trenes. En total, el Estado logró una recaudación líquida -descontadas las devoluciones- de 179.380 millones en 2006, un 11,6% más que dos años atrás, según expuso ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Para lograr recuperar esos más de 5.000 millones de la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria intensificó las actuaciones que requieren un mayor trabajo de investigación (254.368) que crecieron un 4,8%. En este capítulo, fue el sector inmobiliario el que registró un mayor aumento de actuaciones: las 49.402 iniciadas casi duplican las de 2005. Ocaña explicó que este incremento se debió al carácter prioritario dado al control de la actividad inmobiliaria. La Agencia Tributaria detectó 805 millones de euros que habían escapado de las arcas públicas en este sector  Tramas del IVA  Sin embargo, el control sobre las tramas del IVA, otra área prioritaria, no tuvo el mismo comportamiento. De hecho, hubo un 22,9% menos de actuaciones (16.120). Para justificarlo, Ocaña afirmó que comienzan a notarse los efectos positivos de las medidas contra el fraude iniciadas en anteriores ejercicios.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > - Hacienda aboga adaptar el impuesto de patrimonio a los tiempos modernos    El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sugirió este miércoles que la reforma del impuesto de patrimonio debería ir dirigida a devolver a este tributo su objetivo censal, de registro del patrimonio de los contribuyentes. En declaraciones a los periodistas, Ocaña señaló que aún es "prematuro" hablar de la propuesta de reforma del Gobierno sobre este tributo que, recordó, "se creó como un impuesto censal" cuyo objetivo, más que el recaudatorio, era el de registrar el patrimonio de los ciudadanos. "Al no haberse deflactado" (actualizado según el incremento de la inflación) se ha convertido en un impuesto "que sí recauda", reconoció el secretario de Estado de Hacienda, quien añadió que eso "es lo que hay que corregir". Ocaña señaló que de lo que se trata es de actualizar el impuesto, si bien no quiso dar más detalles sobre la reforma, al añadir que hay "muchas soluciones técnicas" para adaptar el tributo. Por otra parte, Ocaña señaló que el Gobierno espera que la reforma fiscal, en vigor desde enero, reduzca la presión fiscal española este año. Asimismo aseguró que el Ministerio ya dispone de datos de los dos primeros meses del año sobre la incidencia de la reforma en los ingresos por retenciones de rentas del trabajo, y "la línea general en la que se desenvuelve la recaudación es muy similar a la del último trimestre del año anterior". La evolución de la recaudación, al igual que de la economía, se mantiene "en la misma línea que último trimestre de 2006", reiteró Ocaña, quien recordó que detallará estos datos en su comparecencia de la próxima semana ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Hacienda ha impuesto unos requisitos muy fuertes que deben cumplir los activos que se pueden vender –y que pueden dar lugar a un incentivo fiscal–, lo que puede forzar a las empresas a recomponer los activos de la sociedad. Así lo han puesto de manifiesto los propios expertos de la Administración.La nueva configuración de la deducción por reinversión “estrecha notablemente el ámbito de aplicación” del beneficio fiscal, según se subraya en un reciente artículo que firma Eduardo Sanz Gadea, jefe de la oficina técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria –que controla a las grandes empresas–, que sienta los criterios con los que va a actuar Hacienda en este terreno.Así, explica que las empresas sólo podrán deducirse las ganancias obtenidas de los siguientes bienes: primero, elementos del inmovilizado material o inmaterial que se posea desde hace más de un año, que esté en funcionamiento al menos los doce meses anteriores a su venta y que esté afecto a actividades económicas; segundo, acciones de compañías en las que se controle más del 5% del capital, y que más de la mitad de su activo sean elementos del inmovilizado material o inmaterial. En el primer caso, quedan fuera gran parte de los recursos que se obtengan de solares e inmuebles –los bienes que más fácilmente generan plusvalías–; en el segundo, “queda excluido un importante sector de actividad económica”, según advierte Sanz Gadea, que apunta las actividades cuyas ganancias no recibirían un trato fiscal favorable, como la banca o el comercio –ver información adjunta–. Por ejemplo, podría llegar a darse la situación de que si fuera hoy cuando el Santander hubiera vendido su participación en el Royal Bank of Scotland, no se podría deducir nada por la posterior reinversión de las plusvalías. O, por poner otro ejemplo, Amancio Ortega sólo tendría una fiscalidad favorable por la reinversión del 4,5% de NH que vendió recientemente, si más de la mitad del activo de la hotelera cumpliese el requisito de estar en el inmovilizado. Según los expertos, la actual composición del activo de las empresas hace muy difícil quedar dentro de la nueva regulación. “Cada vez se tiene más activo circulante que fijo, por razones financieras”, apuntan los expertos consultados. “Los técnicos de Hacienda que redactaron la norma tenían muy claro que el coste del incentivo fiscal tenía que reducirse, y por eso la nueva redacción es una pseudo-supresión de la deducción”, agregaron.En este punto, el Impuesto sobre Sociedades mantiene una fuerte divergencia con el IRPF, donde todas las plusvalías, sin condición previa, tributan al 18%. Por eso, los expertos creen que en muchas empresas se puede tender a trasladar la titularidad de determinados de sus activos hacia los socios, que podrían venderlos con unta tributación menor. Las empresas podrían analizar la conveniencia de realizar modificaciones en la estructura de su balance, para intentar acomodarse a la nueva fiscalidad.El propio artículo de Sanz Gadea apunta esta posibilidad y lanza un aviso: la nueva regulación “pone al contribuyente en la tesitura de adoptar decisiones que conducen a resultados en la frontera de la economía de opción y el conflicto en la aplicación de la norma tributaria [lo que antes se conocía como fraude de ley]”.
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NOTICIA > -Financiación >Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Una ley hipotecaria fiscalmente coja  Cuando el Gobierno anunció el año pasado la Ley Hipotecaria que acaba de aprobar, la presentó como una reforma que iba a abaratar sensiblemente los costes de las hipotecas.  Algo queda de aquella promesa en el texto actual: básicamente, las rebajas aplicadas a notarios, registradores y a las comisiones bancarias. Pero la parte del león, la extensión de los beneficios fiscales que acompañaba a la rebaja –se ampliaban los supuestos de exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)– se ha caído del guión. Y eso, que la norma nazca fiscalmente coja, va a restar eficacia a una ley que estaba llamada a dar más flexibilidad a los clientes hipotecarios ahora que la subida de los tipos de interés está apretando sus bolsillos. En otras palabras, es verdad que habrá más facilidad para que los clientes puedan ajustar las hipotecas a sus nuevas necesidades de financiación –cambiar tipo de interés, plazo, importe, condiciones del tipo de interés, método de amortización, garantías personales o cualquier otro aspecto financiero– pero, como hasta ahora, sólo en los dos primeros casos se evitará pasar por la ventanilla de Hacienda. El problema es que la carga fiscal, el IAJD, que desde 2002 está transferido a las comunidades autónomas, viene a representar casi la mitad de los costes asociados a un crédito hipotecario. Y el agravante es que, lo que se ha rebajado –gastos notariales y registrales y comisiones bancarias– estaba ya bastante exprimido por reformas anteriores, mientras que el IAJD se ha duplicado en los últimos años –del 0,5% al 1%, de media– y la base sobre la que se calcula, la responsabilidad hipotecaria –que viene a ser 1,5 veces el importe del préstamo–, también se ha disparado al calor de la subida del precio de la vivienda y, por tanto, de la necesidad de pedir mayores créditos. Con esta marcha atrás, el Gobierno y las autonomías demuestran poca sensibilidad fiscal hacia las familias hipotecadas. Al fin y al cabo, entre este y otros impuestos, la vivienda es una de las fuentes que más está nutriendo sus arcas. Sólo con el IAJD, las autonomías recaudarán este año 7.700 millones de euros, el 5,35% de sus ingresos no financieros. Y Hacienda lleva desde 1999 sin actualizar la deducción fiscal máxima por créditos hipotecarios. Con la nueva Ley Hipotecaria, que ahora debe tramitarse en el Parlamento, habrá más opciones para los usuarios, pero el coste habrá recaído sobre los de siempre, aunque, una vez más, el Gobierno ha querido colocarse todas las medallas sin hacer ningún sacrificio. Al menos fiscal.
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NOTICIA > -Financiación >Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Solbes da marcha atrás en las ventajas fiscales de la nueva ley hipotecaria El texto de la reforma de la normativa hipotecaria que el vicepresidente Económico, Pedro Solbes, llevó al Consejo de Ministros hace una semana se dejó en un cajón del Ministerio la medida que, según los expertos, más iba a contribuir a rebajar los costes para los ciudadanos al contratar una hipoteca. La reforma deja finalmente fuera las ventajas fiscales asociadas a las variaciones y cambios en los préstamos contempladas inicialmente por el Departamento de Solbes –al margen de la llamada hipoteca inversa, que es la única medida con trascendencia fiscal que se mantiene–.El anteproyecto sometido a información pública el pasado otoño recogía la exención del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) respecto de las escrituras de determinadas operaciones –subrogaciones, novaciones modificativas y cancelaciones– y, además, contemplaba una rebaja en la base sobre la que se paga el tributo: en vez de gravar la totalidad de la llamada responsabilidad hipotecaria –equivalente a la suma del principal, los intereses, las comisiones y otros conceptos– la base imponible quedaba solo en el importe del principal. Estas medidas tendentes a reducir la factura fiscal han desaparecido del texto que entró esta semana en el Congreso de los Diputados. El impuesto que grava las escrituras de los préstamos hipotecarios es uno de los tributos cedidos completamente a las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda aseguraron que las rebajas en el AJD se han retirado después de que las comunidades autónomas expresasen su “malestar” por la medida. Fuentes autonómicas, por su parte, señalaron que encontraron bastante receptividad en el Ministerio a sus planteamientos puesto que “a Hacienda tampoco le gustaba”. De acuerdo con las fuentes consultadas, los técnicos de Hacienda ponían muchas objeciones a las medidas fiscales planteadas en la reforma hipotecaria, como la rebaja de la base imponible. También, en virtud del principio de lealtad institucional introducido en la ley de financiación autonómica, el Gobierno se veía obligado a valorar el impacto de la exención en el AJD y compensar en consecuencia a las arcas regionales por la previsible pérdida de ingresos. “No tuvimos que insistir mucho, porque ya Hacienda nos avisó de su intención de retirar esas exenciones fiscales”, aseguraron las fuentes autonómicas consultadas. La supresión de los beneficios fiscales en la reforma es una de las “lagunas” que la Asociación Hipotecaria Española encuentra en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, y que, en su opinión, pueden ser “subsanadas por las Cortes”. Sin embargo, otros expertos creen que, dada la posición de Hacienda y de las autonomías, las exención en el AJD “difícilmente se va a poder meter en el texto vía enmienda parlamentaria”. Uno de los objetivos de la reforma hipotecaria –junto con la modernización y la clarificación de la normativa del sector– es simplificar y abaratar los trámites para poder cambiar de préstamos, en un contexto de tipos de interés al alza. Sin embargo, según los expertos consultados, al desaparecer los elementos fiscales, la rebaja de costes resulta “modesta”, y se limita a la reducción de los aranceles notariales y registrales así como de las comisiones bancarias. Las fuentes de Economía rechazaron que la rebaja que resulta de la reforma aprobada pueda ser calificada de modesta: en una amortización de un préstamo de 120.000 euros, el titular puede ahorrarse unos 2.400 euros, según el ejemplo que maneja el Ministerio. Al margen de las consideraciones fiscales, los expertos consultados subrayaron que el texto aprobado por el Gobierno introduce “muchas mejoras técnicas” en la legislación hipotecaria. De la misma opinión es la Asociación Hipotecaria, para la que el texto sale “mejorado” del trámite de información pública.
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NOTICIA > -Impuestos > ingeniería financiera > Expansión
Valor añadido > -En este contexto, la estructuración fiscal de las operaciones de inversión cobra una especial relevancia. El diseño de una estructura de inversión que optimice el necesario encaje de las normas tributarias vigentes en ambas jurisdicciones, y consiga aprovechar las oportunidades de planificación fiscal generalmente existentes en toda operación de adquisición se traduce, en numerosas ocasiones, en el incremento de la tasa de retorno de la inversión y en la posibilidad de obtener una ventaja competitiva cuando existen otros potenciales adquirentes interesados en la adquisición. Apuntamos a continuación algunas consideraciones relevantes referidas a operaciones de adquisición en el Reino Unido por compañías españolas. Financiación de la operación Por su relevancia, podemos comenzar por referirnos a la financiación de la operación. En general, la deuda contraída para la adquisición de un grupo inglés se situará en España, en vez de en el Reino Unido, por una serie de razones de índole tributaria que esbozamos seguidamente. Una primera vendrá referida a la deducibilidad fiscal en España –a diferencia del régimen vigente en otros países de nuestro entorno– de los intereses de deudas cuyo objeto es la financiación de inversiones que generarán rentas exentas a efectos impositivos españoles, como sucederá con los dividendos y ganancias de capital repatriados a España desde el Reino Unido. Una segunda, no menos importante, estará fundamentada en la optimización del régimen de deducibilidad en España del denominado fondo de comercio financiero, que por lo general, no resultaría aprovechable por aquella parte de la deuda de adquisición que se localizase en el Reino Unido. Y no obstante, existirán consideraciones de otro orden, entre otras las financieras, que podrán aconsejar situar parte de la deuda al nivel de las operaciones adquiridas. Esto se estructurará a través de fórmulas conocidas como de debt push-down y que, en el caso del Reino Unido, consistirán en la distribución, con pago aplazado de reservas existentes a la fecha de adquisición del grupo inglés, o la puesta en valor de los activos adquiridos mediante técnicas de aportación de los mismos a sociedades de nueva constitución cuyo neto patrimonial de libre disposición refleje el valor de adquisición del grupo, para seguidamente proceder a una distribución de la prima de emisión generada en la aportación. Las anteriores consideraciones darán lugar a la formulación de la oferta de adquisición del grupo británico por parte de una compañía constituida y residente fiscal en España, sea la propia matriz del grupo español, sea una entidad creada específicamente para formular la oferta y realizar la adquisición. Resulta destacable el hecho de que, en el supuesto de que la legislación fiscal del Reino Unido permitiese, como lo hace la normativa española, la deducibilidad fiscal del fondo de comercio de fusión que podría surgir en determinadas operaciones de adquisición de acciones y posterior integración del grupo adquirido, las consideraciones antes expuestas sobre la estructuración fiscal de las operaciones variarían sustancialmente, por lo que una adquisición realizada por una sociedad constituida y residente en el Reino Unido, como a la inversa sucede en el mercado español de M&A, podría resultar en beneficios fiscales significativos que aconsejarían este tipo de estructura. Fiscalidad indirecta Hemos de tener en cuenta que, dependiendo de las circunstancias específicas de la operación en cuestión, determinadas consideraciones de fiscalidad indirecta corporativa resulten esenciales a efectos de estructuración fiscal. Tal es el caso de las relativas al stamp duty en el Reino Unido. En efecto, el mercado de Fusiones y Adquisiciones en el Reino Unido ha visto recientemente operaciones corporativas en las que la compra viene estructurada a través de expedientes como el denominado de scheme of arrangement, mediante el cual la entidad adquirida amortizará la totalidad de su capital social, con simultánea emisión de acciones por valor equivalente a favor del comprador. Entre otras ventajas de orden extrafiscal que la fórmula aporta frente una adquisición directa de acciones, la operación no quedará sujeta al stamp duty que, al tipo del 0,5% sobre el importe del precio de compra, hubiera resultado aplicable de haberse recurrido al expediente de adquisición directa de acciones para estructurar la inversión. Debe por último destacarse que la estructuración de la operación no deberá acabar con la formulación de la oferta. La planificación de la reestructuración postadquisición ofrecerá igualmente oportunidades significativas para la reducción de la carga fiscal soportada por el nuevo grupo hispano-británico resultante de la operación. En el caso del Reino Unido, determinados aspectos de su normativa tributaria facilitarán la realización de operaciones postadquisición que incrementen la eficiencia fiscal de los activos adquiridos.A título de ejemplo puede destacarse el régimen de exención de ganancias de capital o Substantial Shareholdings Exemption, acertadamente introducido en 2002, y en virtud del cual y con sujeción al cumplimiento de determinados requisitos las compañías británicas, pueden enajenar sin coste fiscal participaciones significativas en sociedades residentes y no residentes. Esta norma facilita estrategias combinadas con el régimen español de exención de dividendos de fuente extranjera, en virtud de las cuales y, a resultas de operaciones de reestructuración postadquisición, determinadas filiales del grupo británico sometidas a niveles de tributación efectiva corporativa inferiores al 30% –tipo del Impuesto sobre Sociedades en el Reino Unido– se sitúan como filiales directas de la corporación española adquirente, sustituyendo de esta forma el sistema británico de crédito para evitar la doble imposición por el más beneficioso sistema español de exención sobre dividendos y plusvalías de fuente extranjera.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > Expansión
Valor añadido > -existe un consenso en el mercado sobre la importante repercusión que tienes las deducciones por la compra de vivienda habitual en los precios y en la demanda, ya que reducen las necesidades de financiación de las familias para acceder a una vivienda. Por ello, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, solicitó en 2004 al Ministerio de Hacienda equiparar las desgravaciones fiscales de la adquisición y el alquiler, con objeto de no incrementar artificialmente la demanda compradora a través del IRPF. Pero, al final todo ha quedado en “aguas de borrajas”: el hecho de que cerca del 80% de los españoles tenga vivienda en propiedad (en torno a la mitad con préstamo hipotecario) es un dato demasiado importante como para obviar la repercusión en las urnas, apuntan desde el sector inmobiliario.  Se destaca que desde 1999, la cuantía máxima a deducir en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición de vivienda habitual se ha mantenido inalterable, a pesar de que el IPC ha crecido un 25% y el precio de los pisos se ha elevado un 132% desde entonces. Así, la inflación general y la correspondiente al mercado inmobiliario han reducido la cuantía real de la desgravación máxima por la compra en términos nominales. Con todo ello, se constata un descenso del volumen de ayudas que concede el Gobierno a los hogares para la adquisición de vivienda en términos monetarios. Aunque algunos consideran que esta reducción puede aliviar la demanda, otros creen que es más importante el efecto psicológico de la existencia de la desgravación que su cuantía.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda > la razón
Valor añadido > -La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó ayer su informe Objetivo Crecimiento 2007, en el que recopila las reformas que los países miembros deben acometer con carácter prioritario para elevar y mantener su expansión económica. En el caso de España se destaca que se considera necesario corregir el deterioro de la competitividad, el elevado endeudamiento de los hogares y el envejecimiento de la población. Como fuente de “riesgos macroeconómicos y financieros”, la OCDE señala las distorsiones existentes en el mercado inmobiliario español, ya que siguen estimulando la demanda después de que los precios se hayan duplicado desde 1998. Esta situación, subraya, obstaculiza “nuevos descensos del desempleo” al limitar la movilidad regional laboral y “hace más difícil que las familias menos acomodadas y los más jóvenes accedan al mercado de la vivienda”. Entre sus causas cita el elevado número de viviendas vacías y el “muy limitado” sector del alquiler, por lo que recomienda a las autoridades españolas eliminar paulatinamente las ayudas a la adquisición de vivienda “para equilibrar los incentivos entre el alquiler y la compra y moderar las presiones de la demanda”.  A juicio de la OCDE este sistema “sería más eficaz y menos costoso” que las medidas adoptada por el Ministerio de Vivienda para fomentar el mercado de alquiler.
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NOTICIA > -Impuestos > Spanish real estate
Valor añadido > -La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creará más de 30 unidades nuevas de investigación a lo largo de este año, con lo que se multiplicarán por cuatro el total de unidades de investigación a finales de 2007. Su objetivo será la investigación del fraude más complejo como los entramados societarios dirigidos al blanqueo de capitales, así como el análisis de las operaciones en que se detecte el empleo de billetes de alta denominación (500 euros) y el empleo abusivo de operaciones con origen en paraísos fiscales. Asimismo impulsará la actividad de las unidades especializadas en el sector inmobiliario que investigan los principales desarrollos urbanísticos para la detección de irregularidades fiscales o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Esta ofensiva incidirá especialmente en un control de la actividad de promoción inmobiliaria que permita detectar supuestos de rentabilidad anormales en la actual situación del mercado, así como el control de las transmisiones patrimoniales de inmuebles, para lo que se utilizarán técnicas informáticas de cálculo de precios de venta. Asimismo, la AEAT continuará la recogida de información masiva y normalizada que sea relevante para detectar bolsas de fraude, en especial en lo que se refiere a desarrollos urbanísticos. Destaca también la puesta en marcha de una base de datos de negocios "anómalos" u operaciones claramente artificiosas que intenten dar apariencia de legalidad y cuya única finalidad sea reducir la tributación legalmente correspondiente. Se pretende atacar así las operaciones de ingeniería fiscal y de interposición de sociedades sin actividad económica. La agencia estatal se apoyará en la sistematización de la información para identificar estas nuevas formas complejas de fraude y quiénes las están aplicando.
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NOTICIA >- Impuestos > País Vasco > el País
Valor añadido > -Las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, gobernadas por el PNV, aprobaron ayer la nueva norma del impuesto de sociedades, aplicable desde el 1 de enero de este año, que fija el tipo general en el 28% (el 32,5% en el resto de España para este año y el 30% para los siguientes) y en el 24% para las pymes (25% en territorio común). La Diputación de Álava, en manos del PP, ha aplazado la decisión. Después de un largo debate, las haciendas forales han optado por una reforma "de mínimos", obligada debido a que el Supremo anuló en 2004 los aspectos del anterior impuesto que más se diferenciaban de la normativa estatal -sobre todo el tipo del 32,5%, entonces 2,5 puntos inferior-, por considerarlos ayudas de Estado según la legislación europea. En el capítulo de deducciones, se priman las inversiones en I+D, medio ambiente y eficiencia energética.
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NOTICIA > -Impuestos > Expansión
Valor añadido > - la entrada en vigor de la Ley del IRPF y de la modificación parcial de las leyes de Impuestos sobre Sociedades, sobre Renta de no residentes y sobre el Patrimonio, las ganancias obtenidas tras la venta de un inmueble dejan de poder llegar a estar exentas de tributación en su totalidad. El nuevo régimen fiscal de las plusvalías puede provocar la salida al mercado de muchos inmuebles en los dos próximos años, ya que los propietarios deberán pagar más impuestos cuanto más tiempo tarden en cerrar la operación.
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NOTICIA >-Impuestos > el País
Valor añadido > -El contribuyente que tenga algún litigio abierto con Hacienda dispondrá de más facilidades para llegar a un acuerdo con la Administración. El Gobierno ha flexibilizado la ley tributaria para que más contribuyentes puedan acogerse a las llamadas actas con acuerdo, una figura que reduce el 50% el pago de la sanción a Hacienda si las dos partes pactan cómo aplicar la norma. El objetivo es que el ciudadano se avenga a pagar, aunque sea con una rebaja, y reducir así la litigiosidad. Hasta ahora sólo los contribuyentes que tenían el dinero en mano podían acogerse a las actas con acuerdo. En adelante, el afectado podrá argumentar que no dispone de la cantidad que le reclama a Hacienda pero que está dispuesto a pagarla. Si aplaza ese pago pero demuestra mediante un aval que tiene capacidad para hacerle frente, la Agencia Tributaria lo dará por bueno. Así lo explicó ayer el responsable de Inspección de la Agencia, Carlos Cervantes. Este alto cargo detalló otro incentivo para que el contribuyente pague a Hacienda antes de que le reclame las deudas. La nueva ley de prevención del fraude, que entró en vigor a final del año pasado, fija una reducción del 25% en la sanción (entre el 5% y el 20%)cuando el contribuyente presente una declaración fuera de plazo de forma voluntaria (es decir, antes de que Hacienda lo requiera) y pague en el acto. Además, la Agencia Tributaria está revocando el número de identificación fiscal (NIF) de empresas cuyo objetivo es defraudar al erario público. Cuando Hacienda tiene la certeza de que la sociedad no tiene fin económico, revoca el NIF y bloquea de este modo cualquier operación que quiera realizar en el registro mercantil o en entidades financieras.
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NOTICIA >-Impuestos > el País
Valor añadido > -Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año. Además, el consorcio que Hacienda constituirá con Cataluña para gestionar los tributos en esa comunidad sólo se ocupará del IRPF. La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio. El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, explicó ayer que los principales incrementos en el precio del suelo se producen en el proceso de recalificación, cuando un terreno pasa de ser rústico a urbanizable. Por ese motivo la Agencia está intentando controlar esos procesos desde su inicio y ha demandado información a los ayuntamientos con los mayores planeamientos urbanísticos del país. El año pasado se produjeron 200 requerimientos y este año continuará la tendencia. Cervantes explicó esos detalles en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica. Los grandes proyectos urbanísticos están concentrados en pocos municipios. Unos 800 (el 11% del total) contienen el 80% de los inmuebles que existen en España, según datos del Catastro. Dirigirse a los de mayor desarrollo urbanístico implica, por tanto, tener una imagen bastante ajustada de cómo evoluciona el paisaje urbano del país. Además, Hacienda solicitará información a las juntas de compensación, órganos que constituyen grupos de propietarios de suelo rústico para gestionar su urbanización. El año pasado se efectuaron 2.000 requerimientos.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -Las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y los tributos que gravan este tipo de operaciones aportan el 9,3% del total de ingresos de las administraciones públicas, según las estimaciones realizadas por el Servicio de Estudios del BBVA, a las que tuvo acceso Europa Press. Así, tributos como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, el IVA, el IBI, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentaos (ITP-AJD) o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF, junto con operaciones como la venta de terrenos de propiedad municipal y de aprovechamientos urbanísticos están detrás de uno de cada diez euros que ingresan las administraciones públicas, en línea con el importante desarrollo de la construcción en los últimos años. Concretamente, el sector inmobiliario aportó en 2004 --último año con datos disponibles-- más de 27.000 millones de euros, lo que representa alrededor del 9,3% del total de ingresos y un 3,2% del PIB, según los cálculos realizados por el BBVA. Por figuras impositivas, el IVA relacionado con actividades inmobiliarias aportó el 2,2% del total de los ingresos no financieros de las administraciones públicas en 2004, con 6.313 millones de euros, seguido del IBI (el 2,1% y 6.029 millones), transmisiones patrimoniales (1,9% y 5.387 millones), IRPF (0,9% y 2.692 millones) y Actos Jurídicos Documentados (0,5% y 1.360 millones). Crece el impuesto de transmisiones patrimoniales En el caso concreto del ITP-AJD, un tributo que grava las transacciones inmobiliarias de segunda mano, sus ingresos presentan una tasa de crecimiento medio anual superior al 18% desde 1997, alcanzado a cierre de 2004 un importe equivalente al 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaba en 1997. En todo caso, BBVA señala que debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe también al aumento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las comunidades autónomas del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos. Por administraciones, los ingresos de las corporaciones locales son los que están más estrechamente relacionados con la evolución del sector inmobiliario, dado que el 32% de sus ingresos procedieron en 2004 de las actividades o impuestos relacionados con dicho sector. Por su parte, las comunidades autónomas son, tras los municipios, las administraciones que han obtenido un mayor volumen de recursos procedentes del mercado inmobiliario, ya que el sector inmobiliario aporta a los gobiernos autonómicos el 8% de todos sus ingresos no financieros. A continuación y ocupando el tercer lugar aparece la Administración Central, cuyos ingresos directamente relacionados con la actividad inmobiliaria representan el 4,5% del total.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -El fraude inmobiliario se ha convertido en la prioridad de la Agencia Tributaria para este año. El 40% del personal de Inspección se dedicará a perseguir delitos en este sector, lo que supone 2.000 profesionales entre inspectores, subinspectores y otros cargos. Son aproximadamente 500 más de los que investigaron el ladrillo en 2006. La promoción inmobiliaria, la subcontratación y el rastreo de los precios declarados a Hacienda para ver si se ajustan al mercado constituyen las principales actuaciones. Además, se cuadruplican las unidades de investigación para los delitos a gran escala. Un total de 2.000 funcionarios de la Agencia Tributaria tendrán este año como misión destapar el mayor volumen posible de fraude inmobiliario. La plantilla de Inspección está compuesta de 5.000 personas entre inspectores, subinspectores y otros profesionales. De ellas, un 40% pondrá bajo la lupa las operaciones ligadas a la construcción. El año pasado, el porcentaje ascendía al 30%. El auge que ha experimentado el sector inmobiliario en los últimos años y la proliferación de focos de elusión fiscal vinculados a esas actividades justifican el aumento de los recursos. No todos los inspectores y subinspectores se dedicarán de forma exclusiva al ladrillo. Algunos compatibilizarán esa labor con otras de la Agencia Tributaria, pero al menos parte de su trabajo se centrará en ese terreno. Su actividad incluirá desde actuaciones preventivas hasta otras más sofisticadas. El rastreo del sector inmobiliario abarcará varios frentes. Se investigará a los promotores inmobiliarios para detectar los supuestos en los que la rentabilidad de la operación sea menor de lo que establece el mercado, un claro indicio de fraude fiscal. Además, se utilizará una base de datos con precios reales de venta para comprobar si las transmisiones de inmuebles se ajustan a esas referencias. Atención especial merecerán los nuevos desarrollos urbanísticos, que se han multiplicado en España, en algunos casos sin rendir cuentas al fisco. Más allá del sector inmobiliario, Hacienda perseguirá con más ahínco todo el fraude a gran escala. Para ello ha decidido crear 30 nuevas unidades de investigación, lo que implica cuadruplicar las 11 ya existentes. La Agencia está satisfecha con el resultado que le han dado esas unidades, creadas a finales de 2005. Esos núcleos, integrados normalmente por cuatro profesionales, han contribuido a destapar fraudes como el de la operación Malaya, en el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción en despachos de abogados en Madrid y Barcelona y otras operaciones de gran cuantía.
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NOTICIA > -Impuestos > el confidencial
Valor añadido > -Servicio de Estudios del BBVA ha puesto la literatura y los datos.Y lo que dice el BBVA es que en 2004 -año sobre el que se ha realizado la investigación- la fiscalidad de la vivienda ha permitido recaudar al Estado (Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) 27.000 millones de euros. Una cifra verdaderamente deslumbrante que supone nada menos que el 9,5% del total de ingresos no financieros y el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho en otros términos. Uno de cada diez euros que recaudan las administraciones públicas procede del ladrillo. > El estudio, coordinado por la economista Virginia Pou, destaca los diversos instrumentos fiscales con los que cuentan los poderes públicos para gravar la vivienda, lo que en buena medida puede explicar la propensión de las administraciones al negocio inmobiliario. Entre los instrumentos más utilizados están el Impuesto sobre la Construcción Instalaciones y Obras, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el propio IVA que se paga en el momento de adquirir una vivienda nueva. Los alcaldes, además, han extendido la obtención de recursos mediante la venta de suelo público al mejor postor, y han generalizado los aprovechamientos urbanísticos u otros acuerdos a través de convenios que permiten ingresar dinero para la dotación de infraestructuras municipales. La figura más destacada de este inmenso negocio para las arcas públicas es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava las ventas de viviendas de segunda mano), y que desde 1997 ha tenido un crecimiento medio anual del 18%, llegando a representar en 2004 nada menos que un 1,4% del PIB, prácticamente el doble del 0,8% que suponía al comienzo del ciclo alcista del negocio inmobiliario, como destaca el informe del servicio de estudios del BBVA. La autora del artículo, en cualquier caso, matiza que una parte de los aumentos de recaudación hay que achacárselo al hecho de que todas las comunidades autónomas decidieran elevar del 6% al 7% el tipo de gravamen de Transmisiones, y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos. Los ingresos procedentes del IVA que grava las transmisiones inmobiliarias son la segunda rúbrica más importante, ya que suponen 2,2 puntos de la recaudación total no financiera. El informe del BBVA señala, igualmente, que la enajenación de terrenos públicos es también una buena fuente de ingresos para los ayuntamientos. En concreto, y según el estudio, los municipios recaudaron 1.809 millones de euros vendiendo solares urbanizables; es decir, el 0,6% de la recaudación total. El informe señala que si se realizara una estimación del impacto inmobiliario en la recaudación tributaria de 2005 y 2006 se hubiera detectado “una moderación en el crecimiento de los ingresos”, en línea con la desaceleración que se ha producido en el número de transacciones. Riesgo a una crisis inmobiliaria El estudio presta una especial atención al grado de exposición de las distintas administraciones públicas a una hipotética crisis inmobiliarias, y la conclusión a la que llega no puede ser más preocupante para los municipios. Nada menos que el 1,4% del PIB de las corporaciones locales (un 22% de sus recursos) “están directamente vinculados a dichas actividades”, señala el informe. De esos 1,4 puntos del PIB, 1,3 puntos corresponden a los ayuntamientos y tan sólo una décima a las diputaciones provinciales.  En otras palabras, casi un tercio de los recursos de los municipios tienen su fuente en el ladrillo, lo que explica su elevado grado de exposición al negocio inmobiliario. “En principio (dice el estudio), los municipios son la administración pública más expuesta a la actividad inmobiliaria”, ya que los recursos totales vinculados a la vivienda han pasado del 22,8% del total de los ingresos no financieros municipales en 1992 a un 31,9% en 2004. O lo que es lo mismo, se ha pasado de un 0,9% del PIB a un 1,3%.
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NOTICIA > -Impuestos
Valor añadido > -El Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha descartado que el Gobierno vaya a hacer una propuesta a nivel estatal para aplicar recargos a las viviendas vacías en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el fin de dinamizar el mercado del alquiler, pero precisó que las comunidades pueden adoptar algún tipo de canon en este sentido si así lo estiman oportuno.  Solbes indicó que la definición de vivienda desocupada es un concepto "jurídicamente indeterminado" que cubre muchos tipos de situaciones, ya que por piso vacío se puede considerar desde una segunda residencia hasta una vivienda que alguien que traslada su domicilio a otro lugar mantiene porque vuelve a ella con cierta periodicidad.
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NOTICIA > -Impuestos > Arrendamientos > Vivienda > Cinco Días
Valor añadido > -El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, manifestó ayer la necesidad de “encontrar un equilibrio” entre cualquier medida encaminada a solucionar el problema de la vivienda y el respeto a la propiedad privada. Así, consideró que “no tiene sentido adoptar medidas confiscatorias”, en referencia a la posibilidad de gravar con un canon las viviendas vacías. No obstante, matizó que este juicio no se refería a la iniciativa planteada por los gobiernos vasco y catalán de aplicar un canon diario de nueve euros sobre las viviendas desocupadas, iniciativa que no entró a valorar y que considera “legítima” por cuanto de encuadra dentro de las competencias autonómicas vascas. Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, manifestó ayer que el sería “muy cauto” antes de poner en marcha una medida como el canon sobre las viviendas vacías que impulsan los gobiernos del País Vasco y Catalunya. En su opinión, la imposición de un gravamen plantea “bastantes problemas” en términos jurídicos, mientras que tiene un resultado “relativamente reducido” en términos económicos. Solbes indicó que se trata de una medida “que se aceptó o está incluida en una ley del anterior Gobierno”, aunque “es verdad que no se aplicó nunca”. “Estamos analizándola”, matizó tras declarar que, a su juicio, la iniciativa de gravar con un impuesto especial las viviendas vacías tendría un impacto “reducido”. Tanto Solbes como Ocaña reconocieron la dificultad técnica que supone regular qué es una vivienda vacía. Se señala que el Gobierno estima más efectivo establecer incentivos como la exención fiscal el 50% de los ingresos del alquiler. Asimismo, se informa que desde la Junta de Andalucía se considera “más eficaz” favorecer la salida de viviendas desocupadas al mercado del alquiler a través de incentivos fiscales frente a las medidas sancionadoras que plantean los gobiernos vasco y catalán. Por otra parte, según informa Expansión, la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol, de ICV, señaló ayer de nuevo que la ocupación “no es rechazable” y admitió sentirse “más cerca de los okupas que de un especulador inmobiliario”.
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NOTICIA >-Arrendamientos > Impuestos >Vivienda > el economista
Valor añadido > - en 2002 el Gobierno dio a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo de hasta el 50% en el impuesto de los bienes inmuebles (IBI) de las viviendas que estuvieran desocupadas. Un total de 184 municipios han tomado la decisión de aplicar este recargo, pero sin embargo ninguno ha comenzado a cobrarlo debido a que no se ha desarrollado el reglamento que debe definir qué se puede considerar como vivienda vacía. La dificultad de establecer qué es una vivienda desocupada ha bloqueado la iniciativa. Además, se comenta que también pesa en el retraso el hecho de que el pago medio del IBI es de 200 euros, es decir, que el recargo obligaría a los propietarios de casas desocupadas a pagar 100 euros más. La reflexión de Hacienda es que “no creemos que obliguemos a nadie a sacar un inmueble al mercado por pagar 100 euros más al año”.Asimismo, se comenta que quizá por ello, las autonomías están siendo “más agresivas” para afrontar el problema de los pisos vacíos. Cataluña y el País Vasco están estudiando la aplicación de un canon de nueve euros diarios sobre estos inmuebles.
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NOTICIA > -Impuestos > Cataluña > el País
Valor añadido > -El Gobierno catalán dio ayer el pistoletazo de salida al despliegue legislativo derivado de la aprobación del Estatuto. El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. Este organismo estará listo en agosto y gestionará, liquidará, inspeccionará y recaudará los impuestos propios de la Generalitat y los cedidos totalmente por el Estado, es decir, todos menos el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y de sociedades. El consejero de Economía, Antoni Castells, explicó que la Agencia es "el primer paso" para crear el consorcio tributario con el Estado, que debe estar listo antes de agosto de 2008 y que incluirá al menos la gestión del IRPF.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia europeo por considerar que aplica "un régimen fiscal discriminatorio" a los dividendos de las empresas extranjeras, según anunció ayer el Ejecutivo comunitario. Bruselas también denunciará a Bélgica, Holanda, Italia y Portugal por el mismo motivo. El comisario europeo de Fiscalidad y Unión Auduanera de la UE, Lászlo Kovács, estima que España y los otros cuatro países restringen la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento al imponer un mayor gravamen a los dividendos de sociedades no residentes que a las nacionales. El pasado mes de julio, la Comisión emplazó a España a modificar su legislación tributaria a través de "dictamen motivado". Bruselas inidicó ayer que España "respondió en sentido negativo" y que acudirá a los tribunales , el último paso en este tipo de procedimientos de infracción. La Comisión explicó en su comunicado que la sentencia Denkavit de diciembre de 2006 "corroboró el principio de que el gravamen aplicado en el Estado de origen (Estado del establecimiento de la filial) a los dividendos salientes [los de sociedades no residentes] no puede ser más elevado que el aplicado a los dividendos entre sociedades residentes".
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NOTICIA > -Impuestos > Viviendas abandonadas
Valor añadido > -Izquierda Unida ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso con la intención de complementar la política de vivienda gravando "de forma severa" las viviendas desocupadas para favorecer su puesta en el mercado de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria. En su iniciativa, IU propone modificar el artículo 72 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en 2004, de forma que se permita a los ayuntamientos modificar el recargo en el IBI sobre las viviendas desocupadas con un gravamen mayor. El texto de IU propone establecer el recargo sobre todas aquellas viviendas que no tienen el carácter de domicilio habitual del contribuyente, aunque excluye, previa justificación documental, las que cuenten con un contrato de arrendamiento o las destinadas a uso recreativo o turístico con el límite de una por contribuyente. La coalición de izquierdas pretende también con su iniciativa modificar el artículo 87 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado en 2004, y establecer un porcentaje mayor para calcular la renta imputada a aquellos inmuebles que se encuentren desocupados permanentemente.
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NOTICIA > -Impuestos > el País
Valor añadido > -«Retirar cualquier ayuda a I+D+I, aunque sea de manera gradual, es percibido por las empresas como una falta de apoyo del Gobierno a sus esfuerzos», comenta Andréu Rodellas, gerente de cuentas de Asesoría I+D+I, en referencia a la reforma fiscal en vigor desde el pasado uno de enero y que prevé una merma gradual en la deducción fiscal por I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), además de su evaluación en el ejercicio 2012, que podría incluso plantear su desaparición. La reforma, según Rodellas, «no es beneficiosa para las empresas del sector de la construcción ni para las de cualquier otro al no estar sujeta a sectores, sino a las empresas que realizan I+D+I». Además, esta reforma sucede ahora que las empresas constructoras españolas están potenciando la I+D+I, y algunas incluso llegan a certificar sus proyectos, según el experto. «El interés ha aumentado desde que el Ministerio de Fomento publicó las bases para puntuar al alza en los concursos a las compañías que acrediten realizar I+D+I y liciten públicamente», añade. La reivindicación desde distintos ámbitos empresariales llama al Gobierno a «seguir apoyando la I+D+I vía deducción fiscal, el mecanismo más potente de financiación, ya que hasta el 70% de los gastos e inversiones por estas actividades puede revertir en la empresa minorando su factura fiscal», apunta Rodellas.
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NOTICIA > -Impuestos > Madrid > Cinco Días
Valor añadido > -Madrid ataja el fraude en la plusvalía municipal  A partir de ahora la inscripción de un inmueble en alguno de los 42 registros de la propiedad existentes en la ciudad de Madrid está supeditada a que el vendedor del mismo haya pagado el impuesto municipal de plusvalía. El Consistorio de la capital pretende con esta medida, que entró en vigor el día 1 de enero pero no comenzó a aplicarse hasta ayer 15, acabar con el elevado fraude que existe en este tributo, 'sobre todo por desconocimiento, no de manera intencionada', explica Rosana Navarro, directora general de Tributos de Madrid. Y es que el impuesto de plusvalía es un tributo municipal que grava el incremento de valor que registran los terrenos urbanos con el paso del tiempo y se genera cada vez que se produce una transmisión de un bien inmueble (piso, lonja o solar, entre otros).
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Arrendamientos > Impuestos > Expansión
Valor añadido > -Artículo de opinión firmado por Carlos Romero Plaza, socio director de Romero e Ibor Asesores Legales y Tributarios, quien en relación con las ventajas fiscales derivadas de arrendar una vivienda a menores de 35 años, considera que no se debe discriminar por edades “y sí atender a muchas circunstancias personales y familiares”. Asimismo, apunta que “se debe incentivar la puesta en circulación de muchas más viviendas en el mercad de alquiler, lo que haría bajar el precio y las personas no se plantearían que ‘por un poco más’ compran”. Comenta asimismo que “las entidades financieras acomodan el traje hipotecario al cliente. Pero la evolución de los tipos de interés hace temblar a más de un analista sobre la llegada a buen puerto de estas compras masivas”.
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NOTICIA > -Impuestos > Vivienda
Valor añadido > -Hacienda estudia aplicar recargos sobre el IBI de viviendas vacías El Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando el desarrollo del reglamento necesario para poder aplicar un recargo de hasta el 50% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas que se encuentren desocupadas. Este desarrollo de la ley aprobada por el PP en 2002 necesita, en todo caso, definir más concretamente qué es una vivienda vacía. Así, la norma establece que se trata de "inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente". Hacienda explica que, por el momento, está estudiando el desarrollo de esta regulación y que ha buscado referencias de normas similares en otros países. Desde la inclusión en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de este posible recargo, muchos ayuntamientos, entre ellos los de Madrid y Barcelona, se han mostrado favorables a la adopción de esta medida.
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NOTICIA >-Impuestos > Expansión
Valor añadido > -La consolidación en el IVA  La reciente aprobación de la Ley de medidas antifraude ha sorprendido con la inclusión de la tan compleja como atractiva figura de los grupos de IVA. Se trata de un régimen opcional aplicable a cualquier entrega de bienes o prestación de servicios entre empresas del grupo que permite reducir o incluso anular su tributación por IVA, mejorando así la posición financiera del grupo, ganando seguridad en las transacciones y obteniendo incluso importantes ahorros fiscales al evitar repercutir el IVA sobre entidades que no puedan deducir. Este régimen se ha introducido con dos opciones. La más sencilla, que denominaremos de agregación, permite simple y llanamente compensar los saldos individuales a ingresar y devolver de las distintas empresas del grupo. Todas las empresas deben presentar sus propias declaraciones y no hay ningún efecto sobre la base imponible, pero sólo la matriz autoliquida e ingresa o compensa el resultado conjunto del grupo. El régimen de grupo se halla realmente en la segunda opción, que denominaremos de consolidación, singularmente atractiva para grupos con entidades en prorrata. En este caso, además de lo identificado como agregación, la base imponible de las operaciones entre las empresas participadas se reduce hasta el límite de los costes externos imputables a las mismas.  Contabilidad analítica El ejercicio de esta segunda opción por un régimen de consolidación supone la necesidad de llevar una contabilidad analítica que permita identificar e imputar correctamente los costes externos de las operaciones internas. En particular, cuando se trate de bienes de inversión, su coste se imputará íntegramente durante el período de regularización, separándose del normal de amortización. No obstante, incluso en esta modalidad del régimen de grupo, el derecho de deducción se ejerce individualmente por cada entidad, debiendo aplicar entonces las reglas generales de base imponible para valorar las operaciones a efectos de calcular la prorrata de deducción. Para evitar cualquier distorsión o sobreimposición, se crea un sector diferenciado de la actividad propio de las operaciones intragrupo, donde la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas habría de ser total. Ésta es realmente la clave del arco del nuevo régimen. No ha llegado, como en el mismo régimen introducido en Bélgica recientemente, a crear un único sujeto pasivo, pero tampoco es una mala solución desde el punto de vista técnico. En ambos casos, la aplicabilidad se ha pospuesto hasta 2008 pero ha de tenerse en cuenta la necesidad de evaluar la mejor opción, incorporar el nuevo sistema de operar y facturar, adoptar los acuerdos sociales y presentar la documentación oportuna a la Administración Tributaria durante 2007. Si consideramos todo el trabajo que esto puede suponer, el tiempo apremia. Territorio foral Todas las entidades incluidas en el grupo han de ser residentes en España, pero ha quedado sin resolver qué ocurre si alguna tiene su sede en territorio foral. En mi opinión, dado que siguen obligadas a presentar declaración a efectos informativos, podría bastar que las Administraciones afectadas hicieran los convenientes ajustes bilaterales internamente y, al menos esta vez, el coste adicional de hacer frente a una pluralidad de haciendas no iría en perjuicio del contribuyente. La entidad dominante puede ser una persona jurídica o un establecimiento permanente, pero siempre con sede en España y no dependiente de otra entidad en el mismo territorio. En cambio, las dominadas han de tener personalidad jurídica y ser participadas al menos en el 50%, directa o indirectamente, en su capital por la primera. Es destacable la flexibilidad que acepta la norma en el sentido de permitir que el grupo que opte por el régimen decida qué entidades entran en el mismo y cuáles no, siempre entre las que cumplen los requisitos. En cambio, parece que no hay vía para integrar en el grupo una UTE o entidades sin un capital social. La ley contempla el régimen de incorporación y salida del grupo, el ejercicio de la opción, sus requisitos societarios y plazos, así como las causas de pérdida o exclusión del régimen, haciendo recaer lógicamente en la dominante la representación del grupo y la carga de atender las obligaciones materiales y formales del mismo. Lamentablemente, incorpora también la imposibilidad de que el grupo como tal opte por la devolución mensual, límite que carece de toda justificación. El resto de matizaciones que se establecen en cuanto a las obligaciones formales cabe considerarlas lógicas derivadas de este nuevo régimen: responsabilidad solidaria en el pago de la deuda tributaria, atribución del carácter de especial complejidad a efectos de actuaciones inspectoras y práctica de liquidaciones sólo a la dominante.
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NOTICIA > -Impuestos > Cataluña > el País
Valor añadido > -La mayoría de viviendas quedarán exentas del impuesto de Sucesiones  La Generalitat reformará el anteproyecto de ley pero no eliminará el tributo La Generalitat dejará exentas de tributación del impuesto de Sucesiones a la mayoría de viviendas cuando la transmisión sea de padres a hijos o entre cónyuges, según el consejero de Economía, Antoni Castells. Se beneficiarán de esta modificación en el anteproyecto de Ley de Sucesiones las casas con un valor inferior a entre 500.000 y 600.000 euros, mientras que las que tienen mayor precio verán reducidos los tipos. Castells reitera que el Gobierno catalán no es partidario de suprimir este tributo. Castells señala en una entrevista que "en el anteproyecto de Ley de Sucesiones se introducirán algunas modificaciones para dejar prácticamente exenta de tributación la sucesión de la vivienda, especialmente si se trata de transmisiones entre padres e hijos o entre cónyuges". Las viviendas que se verán afectadas por esta modificación en el impuesto de Sucesiones serán "las que tengan un valor inferior a unos 500.000 o 600.000 euros", mientras que el resto "la tributación se podría establecer de forma gradual, con tipos más reducidos que el actual, pero en función del valor de la vivienda", explica. Para Castells, "el objetivo de esta modificación en profundidad del impuesto es atenuar la carga fiscal en la transmisión de la vivienda y otros bienes sin desvirtuar la función social que tiene este tributo". La tramitación del proyecto de ley puede durar entre un año y un año y medio hasta aprobarse. Sobre la carrera que algunas comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, han iniciado para eliminar el impuesto de Sucesiones, Castells considera que "en Cataluña hemos sido pioneros en proponer su reforma en profundidad, pero nunca hemos sido partidarios de suprimirlo porque creemos que cumple una función social útil". Pese a la reforma, el consejero Castells defiende que este impuesto "contribuye a la igualdad de oportunidades, a que nadie parta en la vida desde una situación de absoluta ventaja", al mismo tiempo que ha dicho que se debe "respetar el legítimo deseo de todos los padres a legar parte del fruto de su esfuerzo a sus hijos". Castells ha avanzado que "la reforma afectará también al patrimonio afecto a la actividad productiva que, en algunos casos, todavía esta sujeto a tributación". También ha destacado que la autonomía fiscal entre comunidades debe sustentarse sobre dos bases: la competencia y, a la vez, la coordinación. El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava el incremento de patrimonio que se produce cuando se recibe una herencia. En el anterior proyecto de ley, el tipo efectivo sobre la base imponible pasaba de un 10 a un 7,6% y se ampliaban las reducciones, mientras que el cobro de seguros de vida o el traspaso del negocio familiar quedaban exentos.
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NOTICIA >-Impuestos > Cinco Días
Valor añadido > -La Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Hacienda, ha puesto en marcha un programa para elaborar estimaciones del valor de cada vivienda a precios de mercado, con el fin de perseguir el fraude inmobiliario. Por un lado, Hacienda utiliza como base de cálculo las escrituras públicas firmadas por cada contribuyente, a las que se hace un riguroso proceso de filtrado, mientras que por otra parte, el Catastro está recabando información de las ofertas inmobiliarias que se publican en los periódicos y en Internet. El fin es poderlas cotejar también con el precio de escritura de la vivienda cuando fue vendida finalmente. En principio, el cálculo del valor de mercado no tendrá efectos en el pago del IBI, pero podría tenerlos en impuestos como el de transmisiones patrimoniales.
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