NOTICIAS INMOBILIARIAS

URBANISMO GENERAL NOTICIAS ANTIGUAS

NOTICIA > -Promoción > Legal > Urbanismo
Valor añadido > -El Gobierno introduce penas de cárcel para los sobornos en empresas privadas > El nuevo delito de corrupción entre particulares castigará con penas de prisión a quienes ofrezcan o entreguen a directivos y empleados de empresas o asociaciones "beneficios o ventajas injustificados para favorecer al que lo otorga o a un tercero, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios".  Correlativamente, la misma pena está prevista para el directivo o empleado de una sociedad mercantil o privada que, por sí o por persona interpuesta, "solicite o reciba un beneficio para favorecer a quien lo otorga, o a un tercero". Ambas conductas estarán sancionadas, además, con multa de hasta el triple del valor de lo obtenido y con inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años. Aunque la pena de prisión máxima de cuatro años cae dentro de las que el Código Penal considera como "menos graves", la reforma prevé que los jueces puedan, en atención a la cuantía del beneficio y las funciones que en la empresa tenga el culpable, imponer la condena inferior en grado y reducir la multa.
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NOTICIA > -Turismo > Urbanismo > Andalucía > Libertad Digital
Valor añadido > -El propio redactor del PGOU de Chiclana indicó la normativa a eliminar para legalizar un hotel
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Conferencia del juez Torres del caso Malaya
Valor añadido > -El juez identificó numerosos "fenómenos de corrupción que pasan desapercibidos y no se persiguen como se debería". Entre ellos, Torres citó las adjudicaciones y concursos públicos de suministro y obra, las contrataciones irregulares de personal, la malversación de caudales públicos y el uso de los medios públicos para fines privados. Torres consideró que el fenómeno afecta a administraciones de "cualquier tamaño, color político y zonas". El magistrado señaló que las investigaciones judiciales sobre corrupción urbanística "se quedan sólo en la prevaricación con las licencias y no se entra en conductas mucho más complejas". Torres señaló que con estas investigaciones "no se hacen amigos", y se quejó de que el "miedo social" hace que algunos jueces prefieran "dedicarse a perseguir delitos de perfil más bajo", lo que, según el, "genera una forma de corrupción",
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NOTICIA > -Edificación > Urbanismo > C. Valenciana > el País y SER
Valor añadido > -Una modificación en el proyecto original permitirá integrar en el sótano del inmueble los restos de la muralla árabe hallados en el solar de un edificio que rehabilita Ballester entre la calle de San Vicente Mártir y la plaza de Mariano Benlliure, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Según aclaró la Consejería de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano supervisará la obra para que "los restos de la muralla [en la imagen, a la derecha de la fachada que da a San Vicente], los de la torre y los de la liza [zona por la que caminaban las personas]" se integren en el sótano. Para ello, el aparcamiento previsto se desplazará.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Urbanismo > Expansión
Valor añadido > -La última tentativa del poder local puede desembocar en un nuevo aluvión de litigios entre ambas partes. Los ayuntamientos se han lanzado a la revisión al alza de los presupuestos de ejecución de obras de los promotores, para, así, exigirles un bocado mayor de impuestos.  Al incrementar el peritaje de los costes, arguyendo que no se ajustan a la realidad urbanística de la obra en cuestión, los consistorios podrían girar nuevas liquidaciones complementarias del Impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de las tasas por expedición de licencias urbanísticas o prestación de servicios, tributos imprescindibles para la edificación.  Pese a su heterodoxia, esta práctica se está popularizando en los últimos meses. De hecho, en la Comunidad de Madrid varias empresas dedicadas a la prestación de servicios locales "que prefieren mantener el anonimato" se han lanzado a asesorar a los ediles de localidades pequeñas y medianas.  Las fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN confirman esta nueva tendencia impositiva. Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores, asegura: "Muchos ayuntamientos ni siquiera sabían que podían reabrir el presupuesto de ejecución de obras de los promotores para revisarlos al alza".  En la otra esquina de la contienda, los constructores tienen dos opciones. La primera es apechugar y plegarse al nuevo pago fiscal, para evitar contratiempos de peores consecuencias. En una época en la que la falta de liquidez y la dificultad para vender pisos apremian, ésta puede convertirse en la única opción para las inmobiliarias.  Pero hay una segunda opción: recurrir la decisión del ayuntamiento por la vía de lo contencioso-administrativo, con el consiguiente retraso para el saneamiento de las cuentas de unos y otros. En ese caso, se elaboraría un nuevo peritaje, determinado por un juez.  Hasta el estallido de las turbulencias subprime y la consiguiente merma de la financiación de proyectos urbanísticos, las promotoras habían satisfecho sin problemas algunas de las peticiones más heterodoxas del poder local, que concentra la facultad urbanística en España.  Planes parciales De hecho, durante los años de bonanza, para no perder tiempo, y conservando altos beneficios, las empresas pagaban el ICIO y las tasas por servicios urbanísticos en la tramitación y aprobación de planes parciales y en los proyectos de urbanización o de reparcelación que contemplaban dichos planes.  Pero, a principios de este año (ver EXPANSIÓN del 15 de febrero) abrieron una batalla legal contra los ediles que los exigían. Ahora ambas partes están condenadas a entenderse, ya que los despidos colectivos y los concursos de acreedores acechan a los ayuntamientos y a las inmobiliarias. ¿Quién ganará el pulso?  La nueva Ley de Suelo ya dio pie a polémicas interpretaciones En plena crisis inmobiliaria, los ayuntamientos buscan cualquier rendija para que puedan respirar sus maltrechas arcas. Algunos incluso pretenden aprovecharse de la nueva Ley de Suelo para insuflar oxígeno a sus cuentas, intentando exigir un 15% de cesión de suelo para dotaciones a los promotores, como ya adelantó EXPANSIÓN el 2 de julio.  La Ley de Suelo, en su artículo 16, establece que la cesión de suelo para aprovechamiento dotacional "no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%", aunque podrá permitir "excepcionalmente" alcanzar un máximo del 20%.  La confusión de los ayuntamientos que quieren forzar a los promotores a cederles más suelo proviene de la disposición transitoria segunda de la norma. Ésta establece que las autonomías tienen un año para "establecer las reglas precisas" sobre actuaciones de dotación.  Si se incumplía este precepto, "el instrumento de ordenación [ayuntamiento] delimitará las nuevas dotaciones". Sin embargo todas las regiones que facilitan información mantienen el porcentaje tradicional de aprovechamiento (10%), menos Cantabria (15%) y Cataluña (10% en general y 15% en áreas residenciales estratégicas).  Además, Castilla-La Mancha ya prepara una reforma al respecto. Por lo tanto, sólo los ayuntamientos de estas zonas podrían exigir la cesión de tan elevado porcentaje de terrenos para viales, espacios libres y zonas verdes, entre otras actuaciones.
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NOTICIA > -Promoción > Foro de Expansión
Valor añadido > -soy un pequeño promotor, vendí pisos a 30 y mis compradores,habiendome dado una paga y señal de 1 los revendian a 35.  Ahora el Ayto me persigue para cobrar el coste real, según ellos, al cabo de TRES años de haber terminado la obra.-  A quién persigo yo?  Ah y por cierto , a los enterados, los únicos que se forraron con todo esto fueron los dueños de los terrenos y solares,que los vendían en "subasta".  Otra cosa, si me retraso 1 día en ingresar mis impuestos me cargan con un 20%, Hace más de un año un Ayto me tiene que hacer una devolución y dicen que no tienen dinero, pero para coches,asesores y comilonas si que tienen.
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NOTICIA > -Promoción
Valor añadido > -Reyal Urbis registró una pérdida neta de 374,64 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por más de cinco (-455%) la registrada el mismo periodo de 2007 >  el consejo de administración de la compañía aprobó la "salida consensuada" del hasta ahora su consejero delegado, Pedro Javier Rodera, "debido a la nueva coyuntura del mercado". A partir de ahora, el presidente del grupo asume también las funciones de primer ejecutivo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > el País
Valor añadido > -El juez ha decretado el archivo provisional de la causa principal de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela, del PP, por el uso de bienes (un Rolls Royce, un Audi A-8 y un chalé) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas. El magistrado Fernando Madrid Rodríguez, titular del juzgado número 4 de Orihuela, no ve delito en los hechos denunciados y no cree que recibiera esos bienes como "dádivas" por las adjudicaciones. El Rolls Royce y el chalé (una lujosa vivienda en la playa de Orihuela) son propiedad de Joaquín Grau Pomares. Este promotor logró la recalificación de unos 2 millones de metros cuadrados en la partida de las Asomadas, para construir 2.000 viviendas. Mientras, Medina adquirió el Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer. El Ayuntamiento también recalificó a este empresario un terreno de 250.000 metros cuadrados para levantar un centro comercial. En su denuncia, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, mantiene que Medina recibió el Rolls y usó el chalé como consecuencia de las adjudicaciones. Respecto al Audi A-8, Briones sostiene que el ex regidor acabó de pagarlo después de que la Fiscalía abriera la investigación.
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NOTICIA > -Promoción > Turismo > Urbanismo > Andalucía > Libertad Digital
Valor añadido > -La Mercantil Desarrollos Turísticos Hoteleros Sancti Petri S.L., otra empresa de Luis Portillo, realizó la construcción de este Hotel y apartotel de 5 estrellas y piscina en el término municipal de Chiclana de la Frontera amparada por la licencia urbanística de obra mayor otorgada en virtud del Decreto 1.106 de fecha 12 de Junio de 2003 en el Expediente 347/03. En la parcela que ocupa el hotel, el aprovechamiento máximo ascendía a 25.295 metros cuadrados según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Pero la empresa de Portillo incumplió lo que había aceptado en principio y por lo que le fue concedida licencia de obra. El análisis de la propia documentación presentada por la Empresa promotora reflejó un aumento en la superficie construida computable o edificabilidad, de tal modo que el Informe Resumen de superficies y presupuesto refleja un aumento de superficie construida computable sobre rasante de 174 m2 y 2.090 m2 en sótano alcanzándose una superficie construida computable de 27.482,77 m2, muy superior a los 25.295 m2 de la máxima edificabilidad de la parcela. Además, se transformaron los sótanos contemplados en los proyectos iniciales como de uso no público y
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NOTICIA > -Urbanismo > Canarias
Valor añadido > -La Audiencia de Cuentas cree que la actividad pública llevada a cabo por los ayuntamientos y cabildos en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, con carácter general, “no se ha ajustado, en el periodo analizado, a la normativa de aplicación”, según se refleja en el Informe de Fiscalización de los patrimonios públicos municipales del suelo en el período 2003-2004. Además, opinan que su utilización por parte de los ayuntamientos “no ha servido como instrumento de intervención en el mercado del suelo”.
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NOTICIA > -Urbanismo > Galicia > delitos urbanísticos > el País y SER
Valor añadido > -En la primera comparecencia de un fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, Carlos Varela dibujó un sombrío panorama del urbanismo gallego. Las denuncias se disparan de forma "preocupante", impulsadas por el aumento del precio del suelo y "los enormes beneficios que comportan las recalificaciones". Se trata por lo tanto de una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos", que combina mal con el "fiasco absoluto de los sistemas de control por parte de las Administraciones públicas". El informe aboga por endurecer las incompatibilidades en ayuntamientos Una de las causas fundamentales que explican "no pocos casos de impunidad urbanística" radica en el "debilitamiento de las competencias" de control municipal. El fiscal superior alertó de que secretarios, interventores y tesoreros de la Administración municipal "deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística", a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero sus atribuciones menguan y la corrupción crece. Carlos Varela también abogó por actualizar el régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos y por reforzar los cuerpos autonómicos de inspección urbanística y las unidades policiales especializadas. "Constituirían medidas eficaces para combatir este tipo de corrupción", opinó Varela. Todo ello, "acompañado por la obligación de los altos cargos de hacer público su patrimonio al comienzo y al final de su mandato". Otra de sus recomendaciones consiste en la ejecución efectiva de demoliciones de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias, para "disuadir a los potenciales infractores". Según los datos de la memoria de 2007 de la Fiscalía Superior, que constituyó el objeto de la comparecencia de Varela, destacan por el aumento de las investigaciones en materia urbanística las provincias de A Coruña y Pontevedra, "donde la presión inmobiliaria es más acentuada". En la pontevedresa se concentra el 72% de los procedimientos judiciales relacionados con el urbanismo. Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio dieron lugar en 2007 a 123 diligencias de investigación penal por las fiscalías provinciales y a la interposición de 32 denuncias por edificaciones presuntamente ilegales. Los juzgados de instrucción incoaron además 58 diligencias previas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Fraude urbanístico en Estepona > el País y SER
Valor añadido > -La venta de los aprovechamientos urbanísticosse cerró entre mayo de 2002 y enero de 2003. Las sociedades municipales recompraron derechos de construcción que previamente habían entregado y volvieron a venderlos a otras empresas con menos ganancias de las que realmente correspondían. En Playa Guadalmansa cobraron 3,2 millones por derechos tasados en 8,3 millones; en Cortijo Casareño recibieron 1,5 millones por aprovechamientos valorados en 3,2; y en Llanos de la Voladilla percibieron 3,3 millones, por aprovechamientos tasados en 4,8. En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de 9 millones y las de aprovechamientos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias en la tasación hicieron que De Hoyos, que en en el momento de la venta de las parcelas no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un estudio jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato. "Del informe se desprende que las transacciones no se ajustan a derecho", concluye. El letrado termina aconsejando ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declaren nulas las ventas y se reclamen los daños y perjuicios causados.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que el Gobierno defiende, "como es natural", la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aunque ha advertido de que la resolución de la demanda "puede tardar dos años". Corredor ha contestado así a las preguntas de los medios de comunicación sobre la defensa que la Abogacía del Estado está haciendo de la LUV ante la demanda interpuesta por la Unión Europea y que, actualmente, está en manos del Tribunal de Justicia europeo.  La ministra ha acudido en Valencia a la Comisión Bilateral de seguimiento del Plan de Vivienda 2005-2008 tras la que ha firmado varios convenios con la Generalitat y con los ayuntamientos de L'Alcúdia de Crespins, Sumarcarcer y Elche. El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, ha agradecido a la ministra el asesoramiento que la Generalitat ha recibido por parte de los técnicos del Ministerio en la defensa de la LUV en Europa aunque esta cuestión es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. En su visita, Corredor ha asegurado que, con una inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 72 millones de euros, la valenciana es la segunda autonomía que más dinero del Ministerio va a recibir para políticas de vivienda en 2009 con el 12%. La ministra y el conseller han suscrito tres acuerdos de colaboración que permitirán la financiación de un Área de Renovación Urbana en Elche así como la urbanización de suelo para viviendas protegidas en Sumarcárcer y L'Alcúdia de Crespins que facilitarán la sustitución de 1.090 viviendas, de las que 139 serán protegidas. El acuerdo suscrito con el Ayuntamiento ilicitano supone la renovación urbana del barrio de San Antón, una actuación que supera los 35 millones de euros y para la cual, Vivienda destinará 9,8 millones, lo mismo que la Generalitat, mientras que el Consistorio realizará un gasto de 3,1 millones de euros y el resto será financiado por particulares. El mal estado de los inmuebles impide su rehabilitación por lo que la actuación incluida en el Plan de Vivienda 2005-2008 supone sustituir las viviendas por nuevas unidades que los vecinos irán ocupando a medida que se construyan sin necesidad de alojamientos temporales. En la reunión mantenida este jueves también se han suscrito dos convenios para la construcción de 85 VPP en L'Alcúdia de Crespins con una inversión de 520.000 euros y otras 57 en Sumacárcer gracias a un desembolso de 218.000 euros.  Asimismo, Ministerio y Generalitat han acordado incrementar los objetivos inicialmente convenidos en el Plan de Vivienda en materia de rehabilitación aislada y ayudas al inquilino. La Conselleria también ha suscrito con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio, un protocolo por el que establece un marco general de colaboración para el ejercicio de una acción coordinada en la promoción de suelo destinado a vivienda protegida. Tanto Corredor como García Antón han destacado el cumplimiento de más del 100% del Plan de Vivienda que finaliza este año y han valorado la colaboración y el consenso buscado por ambas partes para mejorar el nuevo texto para 2009-2012. En ese sentido, la ministra ha vaticinado un "amplio consenso" en su aprobación porque "desde el primer momento se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas" que, ha explicado, han tenido tiempo de analizar el texto en profundidad a pesar de que "es el Plan de Vivienda que más rápido se ha realizado hasta ahora". La ministra ha aprovechado su visita a Valencia para felicitar a la Generalitat por la rapidez en la tramitación de las solicitudes de la Renta Básica de Emancipación ya que, de las 10.000 realizadas, "ya se han resuelto 8.600".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid > Ley del suelo estatal
Valor añadido > -El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley del Suelo.
A través de una providencia el Constitucional ha informado de esa decisión, que es la respuesta al recurso anunciado en septiembre pasado por el Ejecutivo regional madrileño. El 11 de septiembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo, por considerar que invade competencias urbanísticas exclusivas del Ejecutivo regional y agrava la crisis del mercado de la vivienda. El Gobierno madrileño considera que esa norma estatal "invade las competencias urbanísticas exclusivas de la Comunidad de Madrid" porque, "entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo". En su argumentación, las autoridades madrileñas añadían que la norma "no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del suelo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación". Asimismo, afirmaba que la ley "impide que las Comunidades pongan en marcha medidas liberalizadoras" de urbanismo, "se perjudica a los pequeños propietarios, se aumentan los trámites burocráticos" y "las expropiaciones se convierten en expolios".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Responsabilidades por inundaciones > Diario de Sevilla y locales
Valor añadido > -El Defensor achaca a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables > La institución considera que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio · Chamizo cree que las experiencias recientes demuestran que existen más de mil puntos negros >El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, considera que la situación creada, en lo que concierne a la construcción de inmuebles de distinta naturaleza en zonas de inundación, riesgo e incluso a veces ocupando cauces públicos, es fruto "de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras". La institución abrió una queja de oficio a raíz de las graves inundaciones acontecidas a finales del pasado año en Almuñécar, a fin de determinar las causas de la catástrofe y las medidas que se pudieran adoptar para evitar la repetición de hechos semejantes. La respuesta de la Agencia Andaluza del Agua no satisface al Defensor. Según entiende José Chamizo del escrito que le remitieron, la Junta concluye que el riesgo de inundaciones no se agravará gracias a la disminución del crecimiento urbanístico debido a causas económicas, y añade que la crisis puede dar un respiro a las administraciones públicas "para planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo". En una resolución, el Defensor del Pueblo andaluz difiere de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpa a las administraciones públicas y, en especial, llama la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo". "Con la normativa en vigor desde hace años y mucho más dado que existe una preocupación por la cuestión ambiental, gran parte del desarrollo urbano de Almuñécar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor. Como botón de muestra de las normas que se deben tener en cuenta, el Defensor cita la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Ley del Suelo o la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002. "Bastante de las actuaciones invasoras del litoral y, en lo que aquí concierne, de generación de riesgos, invasión y desvío de cauces de ríos, ocupación de terrenos inundables, se han desarrollado no sólo en los años 60, sino también y masivamente durante los últimos 25 años". ¿Y para qué han servido los estudios sobre las zonas inundables?, se pregunta el Defensor. La Junta catalogó en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, de 2002, más de mil puntos de riesgo de inundación en núcleos urbanos, que afectan a más de 400 municipios. "No nos cabe ninguna duda de que cuando se formuló este plan, se pudieron hacer unos análisis rigurosos de riesgos y elaborar propuestas de medidas para evitarlos", asegura Chamizo.  Para delimitar con mayor precisión estos puntos negros de la geografía andaluza, la Junta ha incorporado las últimas tecnologías para delimitar con mayor precisión las zonas inundables, la red Lidar. Un mejor análisis favorecerá la toma de decisiones, valora Chamizo, pero se quedará en nada si no se destinan recursos y no se respetan las leyes.  Para la institución, si no existen recursos para ejecutar las medidas, si no se informa desfavorablemente los planes urbanísticos que se aprueben sin atender el plan de previsiones o no se respetan las limitaciones, "el esfuerzo será poco efectivo". Por ello el Defensor teme que de no impulsarse estos servicios y atender a la normativa, la situación se agravará, si otras circunstancias económicas lo permiten, con modelos de ordenación urbanística que ignoran la transcedencia de los planes sectoriales". En conclusión, el Defensor aconseja que se proponga al Gobierno, o asuma la Junta, las limitaciones en el uso de zonas inundables; se respete como suelo no urbanizable los territorios con riesgo y se actualice el mapa de puntos negros, al advertir las experiencias recientes que "no están valorados en su totalidad o debidamente".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha propuesto una reforma de la Ley de Suelo con el fin de facilitar la construcción de hasta 3,5 millones de nuevas viviendas de régimen especial para atender las necesidades, sobre todo, de los trabajadores cuya renta mensual no supera los 1.000 euros. Explicó que actualmente hay unos dos millones de viviendas que no se venden y, sin embargo, hay entre 3,5 y cuatro millones de personas que tienen un sueldo de 1.000 euros y que comprarían una vivienda de régimen especial si pudieran comprarla "con cuotas de entre 30.000 y 400.000 pesetas mensuales". Pisos de 70 metros cuadrados y garaje que costarían alrededor de 12 millones de pesetas. Para ello, según la propuesta de Revilla, habría que modificar la Ley de Suelo con el fin de que el terreno rústico en zonas no protegidas pudiera recalificarse para suelo donde construir viviendas de régimen especial, lo que, según sus cálculos, permitiría unas 3,5 millones de nuevas viviendas, "que además impulsaría el sector de la construcción".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > País Vasco > Suelos contaminados > diario vasco
Valor añadido > -En un momento en que la relación entre el ciudadano y el medio ambiente es cada vez más estrecha, el Gobierno Vasco ha dado un paso adelante para acercar a la población la ubicación exacta de las casi 7.900 hectáreas de suelo potencialmente contaminado dispersas por todo el territorio. Esta mancha se verá mermada de forma considerable en los próximos 15 años gracias a actuaciones urbanísticas en el 51% de la superficie global, según el Plan de Suelos Contaminados del País Vasco. Se trabajará sobre un total de 4.023 hectáreas, que se enfrentarán a medio plazo a procesos de descontaminación que, sin embargo, son fuertemente criticados por grupos ecologistas que cuestionan la gestión y el control de los vertederos, así como la efectividad de las técnicas utilizadas. El plan para sanear y recuperar estos terrenos supera los 1.800 millones de euros. Desde 1997, sólo la asociación ecologista Lur Maitea ha interpuesto una veintena de denuncias contra Medio Ambiente por los suelos contaminados. El centro comercial de Artea -«edificado sobre un inmenso vertedero de residuos peligrosos»-, el aeropuerto de Loiu, «construido sobre un vertedero», o la playa de Zierbana, «hecha fundamentalmente con el pesticida lindane», son sólo la punta del iceberg de la contaminación en Euskadi, según señalan desde la asociación ecologista, que centra sus operaciones en el territorio vizcaíno. La Administración vasca tiene una visión muy diferente sobre las denuncias.  La reciente aprobación del Decreto de inventario de suelos contaminados por parte del Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco no es sino una respuesta a la necesidad de reutilizar el suelo industrial alterado en su calidad por la presencia de sustancias contaminantes. Pero no es vinculante. Teniendo en cuenta que los sectores con mayor incidencia son la industria pesada y de primera transformación de metales, los contaminantes más comunes son los metales, los aceites minerales y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y, en menor medida, los compuestos orgánicos volátiles aromáticos, pesticidas organoclorados, cianuros, disolventes clorados, fenoles y clorobencenos. «Residuos peligrosos englobados en su mayoría en la lista roja», explica Consuelo Elosua, portavoz de Lur Maitea.  Un informe de Ihobe asegura que en 18 de los 40 emplazamientos investigados -en unas 115 hectáreas- se detectó un riesgo «inaceptable» para la salud humana. Una opinión que no comparte el grupo ecologista, que recuerda que ese «cóctel de contaminantes afecta terriblemente a la salud provocando el aumento del número de abortos, las dificultades para concebir hijos, y en el caso del lindane taras congénitas, cáncer o enfermedades neuronales, entre otros». Lenta regeneración  El inventario reúne suelos contaminados donde la actividad industrial figura como el principal motor del desarrollo, por ello no es de extrañar que los tres principales focos industriales vascos acaparen un mayor porcentaje. En Gipuzkoa se contabiliza un 32,5%de la superficie inventariada, mientras que en Vizcaya la cifra alcanza un 44%, de la que un 32,5% se concentra en el entorno de Bilbao, y en Álava, un 13,6%. En cuanto a la recuperación, que atiende a los planeamientos urbanos, en algunas áreas funcionales como San Sebastián, Zarauz-Azkoitia, Eibar, Llodio y Bilbao Metropolitano supondrán una actuación sobre más del 40% de la superficie total considerada por Ihobe como potencialmente contaminante. No obstante, la regeneración es lenta. De 2001 a 2007 se han recuperado cerca de 270 hectáreas en todo el territorio vasco, 40 de ellas el pasado año. Si el objetivo es descontaminar 4.023 hectáreas en un plazo de quince años -es decir, la mitad de todo el suelo detectado en condiciones de degradación-, los trabajos de regeneración deben acelerarse. En los casos de fincas privadas, el responsable de acometer los trabajos es el propietario del suelo, que es quien debe correr con los gastos.  Los tratamientos de descontaminación pueden tratarse a través de técnicas de lavado químico en el propio terreno o, en casos como el lindane, a través del excavado del suelo contaminado, que es conducido a vertederos y sellado en celdas de seguridad, cuya gestión y control es calificada de «dudosa y engañosa» por parte de Lur Maitea.
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NOTICIA > -Urbanismo > Navarra > Noticias de Navarra y locales
Valor añadido > -Una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha declarado nulo el convenio urbanístico que debe regir el desarrollo de Iturrama Nuevo y Trinitarios, al estimar el recurso de alzada presentado por la mercantil Ferris Hills, uno de los numerosos propietarios de terrenos en dichas zonas. El Consistorio tiene ahora dos meses para presentar recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.Esta resolución anula, por tanto, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local (18 de diciembre de 2007) que daba luz verde a la ordenación de Trinitarios e Iturrama, dos espacios de la ciudad que no son contiguos pero que estaban incluidos en el mismo Plan Parcial. Por otra parte, la resolución no estima que el Ayuntamiento haya incurrido en desviación de poder por aprobar este convenio urbanístico, acusación que sí hacía Ferris Hills en su recurso. Además, esta decisión del TAN vuelve a dejar sin respaldo jurídico los planes municipales para ambas zonas, cuyo desarrollo lleva paralizado casi 20 años por el desacuerdo con los propietarios del suelo. Por un lado, en Trinitarios se prevé una nueva ordenación viaria de bastante importancia (la avenida de Guipúzcoa pasará a discurrir por detrás de la gasolinera de Discosa y del convento de las Oblatas), mientras que en Iturrama Nuevo están diseñadas 300 viviendas y una gran plaza pública. Ambas zonas ya tienen avanzadas sus respectivas ordenaciones, que probablemente quedarán de nuevo paralizadas. En el caso de Iturrama Nuevo, se trata además del último solar que pervive sin urbanizar en el centro de la ciudad, ahora ocupado por un parking provisional en superficie. fórmula de valoración En resumen, la empresa Ferris Hills recurrió el convenio urbanístico por considerar "artificiosa e injusta" la fórmula para homogeneizar el valor del suelo. Como se recordará, el Consistorio valora cada metro cuadrado de Iturrama Nuevo como 2,65 metros en Trinitarios, reconociendo así el distinto valor urbanístico de ambos solares. En otras palabras, el solar de Iturrama Nuevo vale 2,65 veces más que el de Trinitarios. En todo caso, no es esta fórmula económica (acordada con la mayoría de los propietarios) lo que cuestiona ahora el TAN, sino la permanencia de ambas zonas dentro del mismo plan urbanístico. "El convenio mantiene un área de reparto que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (8 de junio de 2006) había anulado, y ahora -recoge la resolución del TAN- la reactiva mediante un acuerdo con algunos propietarios que aceptan los coeficientes de localización zonal que desvalorizan el metro cuadrado en la zona de Trinitarios en relación con el metro cuadrado de Iturrama". En última instancia, el TAN considera que el Ayuntamiento no ha actuado debidamente al ejecutar la sentencia de 2006 que anuló el Plan Parcial de Iturrama Nuevo-Trinitarios, y ello pesa más que al acuerdo posterior logrado con la mayoría de los propietarios.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > la verdad y locales
Valor añadido > -El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado en una sentencia la legalidad de la reclasificación de suelo acometida por la Generalitat en Terra Mítica para permitir el uso hotelero en la zona y evitar así la quiebra del parque temático de Benidorm. La Sección Primera de su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado un recurso interpuesto contra las modificaciones puntuales número 4 y 5 del Plan Especial de Usos e Infraestructuras de dicha área. Los magistrados establecen que, al contrario de lo que sostenía el recurrente, Juan Server Gallego, la decisión del Consell no vulnera la anterior Ley Reguladora de Actuaciones Urbanísticas (LRAU) porque en este caso no es exigible el informe del Consejo Superior de Urbanismo. «No se trata de legalizar actuaciones irregulares, sino de modificar las determinaciones del plan especial». Tampoco acepta el TSJ la alegación que cuestionaba las parcelaciones previstas en suelo no urbanizable: «El régimen de parcelaciones en suelo no urbanizable previsto en la Ley 10/2004 de suelo no urbanizable es inaplicable cuando, como ocurre en este caso, se ha aprobado un plan especial». La Sala asegura que la modificación número 5 de ese plan sí está suscrita por un técnico competente, en concreto el ingeniero José Vicente Martí Albiñana, a través de la empresa EIA Ingenieros SL. Por último, los jueces afirman que el uso terciario hotelero en suelo no urbanizable común «está expresamente admitido en determinadas condiciones» por la citada Ley 10/2004 sin que sea precisa la posterior declaración de interés comunitario (DIC). Las modificaciones del plan especial de Terra Mítica fueron aprobadas a principios del 2006 por el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, y permitieron la roturación de siete nuevas parcelas con una dimensión total de 216.865 metros cuadrados para construir hoteles y apartamentos.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Granada Digital y locales
Valor añadido > -El Tribunal Supremo ha dado luz verde al referéndum que el Ayuntamiento de Almuñécar quiere celebrar en el municipio para que los vecinos aprueben o rechacen la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una consulta popular a la que la Junta de Andalucía y el Consejo de Ministros no dieron en su momento el visto bueno, pero que ahora se celebrará “a la mayor brevedad posible”, según el alcalde del municipio, Juan Carlos Benavides. Además, será la primera localidad española que celebre una consulta popular en materia de urbanismo.  La Sala Tercera del organismo judicial, presidida por Fernando Ledesma (que fue ministro de Justicia con Felipe González) da así un “espaldarazo enorme a la democracia participativa, para que los ciudadanos no sean solo meros espectadores sino protagonistas en decisiones con especial trascendencia en el ámbito local”, según ha asegurado el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que ha dado a conocer la sentencia en rueda de prensa junto al abogado encargado de llevar el caso, Antonio Tastet.
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NOTICIA > -Urbanismo >Andalucía
Valor añadido > -La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la resolución del 7 de julio de 2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla que aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Guillena. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, anuló el planeamiento por vulnerar la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). "Simple y llanamente lo que se ha hecho es orillar de manera consciente y asumida, el cumplimiento de la ley, de norma de rango superior, obviando su mandato", señala el fallo del Alto Tribunal andaluz. Tras una primera anulación del plan urbanístico primigenio realizada por el TSJA en 2005 -tras un recurso de una asociación de vecinos de Las Pajanosas-, la Consejería y el Ayuntamiento de Guillena alegaron que el recurso debía ser inadmitido, puesto que la resolución de 2006 que aprobaba por segunda vez el PGOU se produjo en cumplimiento y ejecución de la sentencia original. Para el TSJA, la polémica "resulta inútil y superflua", puesto que la Sala zanjó con un auto en mayo de 2008 la cuestión al dar por ejecutada provisionalmente la sentencia, con lo que se consideraban "subsanados" los defectos formales que conllevaron la declaración de nulidad del PGOU guillenero. El Ayuntamiento ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que, según el alcalde, Justo Padilla (PSOE), el Consistorio cuenta ya con todos los informes favorables para proceder, en el plazo de un mes, a la aprobación del PGOU. El plan anulado por el TSJA es, según Padilla, un texto "transitorio".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -El Insitituto Lombard Street Research ha publicado que la nueva ley del suelo del actual gobierno es como cerrar la puerta del establo después de que se haya escapado el caballo. Los precios de la vivienda han llegado claramente al máximo y se están desacelerando rápidamente. Los especuladores estuvieron, pero ya se han ido.
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NOTICIA > -Urbanismo > Canarias
Valor añadido > -La Fiscalía Anticorrupción del Estado considera que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, debe ser investigado por un supuesto delito de cohecho en el caso Salmón, durante su periodo como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Fuentes cercanas al caso han informado de que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, se personará por ello en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC) contra Soria, también presidente del PP en Canarias, a raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa. Dicha denuncia está relacionada con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario de Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng. El citado informe tuvo lugar en fechas posteriores al viaje realizado por ambos. La denuncia que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, también fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha confiado hoy en que se archive la causa, durante una rueda de prensa sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales, en la que se ha mostrado convencido de que los titulares de los periódicos serán "por lo menos del mismo tamaño de los que se producirán estos días" una vez resuelto el caso.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > la Razón y económicos
Valor añadido > -Más de 400 condenas por irregularidades urbanísticas - El pasado año se produjo una disminución respecto a 2006 de las diligencias de investigación relativas a los delitos de medio ambiente, pero un ligero aumento en las que afectan a ordenación del territorio y urbanismo- Los juzgados y tribunales dictaron en 2007 al menos 407 sentencias condenatorias por estos delitos (faltan los datos de Lleida, Guadalajara y Zaragoza).  - La Fiscalía insiste en «la poca colaboración de las autoridades autonómicas y locales en la materia» en algunas comunidades y provincias donde existe «cierta proclividad» a incurrir en irregularidades urbanísticas. - En algunos casos, las denuncias por parte de las corporaciones locales se presentan sólo cuando se producen «situaciones coyunturales», como después de las celebraciones de unas elecciones. - En otras ocasiones, lo que se produce son planteamientos «contradictorios» entre los intereses económicos, sociales o personales de un sector de la población y la protección del medio ambiente.
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NOTICIA > -Urbanismo > Canarias > Tenerife > Día
Valor añadido > -La fiscal de Medio Ambiente del Palacio de Justicia, Inmaculada Violán, ha trasladado al Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife una denuncia, que consta de catorce folios, para que se inicie la fase de instrucción al considerar el Ministerio Fiscal un presunto delito relativo a la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística.  En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, la fiscal acusa a Urbanismo de realizar modificaciones "sustanciales" en el edificio de aparcamientos y centros comerciales de Las Teresitas sin la autorización de la Dirección General de Costas ni de la Comunidad autónoma, "sin constar que de momento tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico".
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NOTICIA > -Urbanismo > Navarra
Valor añadido > -El Consejo Europeo de Urbanistas ha concedido a la Ecociudad de Sarriguren (Navarra) el Premio Europeo de Urbanismo 2008 en la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, máximo galardón oficial en esta materia, que distingue cada dos años a las mejores prácticas en la Europa de los 27.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Urbanismo > Andalucía > corrupción urbanística > el País
Valor añadido > -Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía. A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía
Valor añadido > -El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entregó al juzgado que investiga el caso de corrupción Astapa todos los expedientes por irregularidades urbanísticas abiertos en la ciudad en los últimos cinco años. La entrega paraliza la tramitación de los expedientes y pone en riesgo de prescripción los casos abiertos en 2003, ya que a los cuatro años de cometerse la irregularidad ya no se pueden aplicar sanciones. "Lo único que podemos hacer es prestar nuestra colaboración total y absoluta y esperar", dijo el alcalde David Valadez (PSOE), que también ejerce como responsable de Urbanismo. El regidor informó al responsable de Disciplina Urbanística de la existencia de un oficio judicial en el que se solicitaba esta documentación y le pidió que dispusiera todo lo necesario para darle cumplimiento. Los empleados municipales tardaron aproximadamente una hora en vaciar estanterías y clasificar carpetas. Poco a poco, fueron llenando una veintena de cajas que cargaron en una furgoneta municipal y trasladaron a los juzgados. "Los expedientes parten desde el 20 de enero de 2003, época en la que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", señalaron fuentes de Urbanismo. "Se ha recogido información a lo bruto", añadían otras fuentes, próximas a la delegación. "Casi todos están vivos y su retirada creará problemas en el trabajo cotidiano porque los afectados no podrán consultarlos y obviamente no seguirán tramitándose", añadían. Los expedientes caducan al año, aunque pueden reabrirse. Las infracciones prescriben a los cuatro años, fecha a partir de la que no se pueden imponer sanciones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana> Listado completo de PAUs, PGOU y planes parciales afectados
Valor añadido > -La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes, según ha anunciado el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una pregunta parlamentaria. Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según ha informado el eurodiputado español David Hammerstein, quien formuló la pregunta a Dimas. En una carta remitida a Hammerstein el pasado 22 de septiembre, el comisario de Medio Ambiente asegura que sus servicios "han lanzado una investigación sobre estos planes y han pedido información a las autoridades españolas sobre las demandas hídricas adicionales que se esperan y, ligado a esto, sobre cómo pretenden garantizar que se logren los objetivos medioambientales de la directiva marco del agua". El responsable europeo también reclamó a Madrid un listado de "desarrollos urbanísticos rechazados por la confederación hidrogáfica respectiva y que están pendientes de la aprobación". Asimismo, pidió al Gobierno español que explique sus planes "para garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del agua" de la Unión Europea, concebida para preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos a medio y largo plazo. Según Hammerstein, del grupo europeo de Los Verdes, la investigación de la CE "puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyectan construir en zonas con una escasez hídrica endémica".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > País Vasco > Ley del suelo del País Vasco > el País y SER
Valor añadido > -Hace exactamente dos años, el 20 de septiembre de 2006, entraba en vigor la ley de Suelo, la norma más importante aprobada por el Parlamento vasco esta legislatura, llamada a frenar el precio de los pisos potenciando la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) al aumentar las reservas de suelo para este tipo de casas y agilizar los trámites urbanísticos. Los expertos aseguran que se trata de una norma de largo recorrido y, por lo tanto, hay que esperar sus resultados a medio plazo. Mientras que para los constructores no se ha visualizado todavía ninguno de esos resultados, los ayuntamientos consideran que empiezan a ser visibles algunos frutos. Es el caso de las viviendas tasadas municipales, una figura hasta entonces inexistente que despegó con fuerza en 2007.  El de los tasados es un mercado de pisos protegidos de tamaño medio, cuyo precio máximo ronda los 200.000 euros, destinado a los demandantes de vivienda que no pueden entrar en los sorteos de VPO por superar el límite de ingresos establecido. En 2007, se construyeron 957 pisos tasados, lo que supone el 13% del total de casas protegidas que se iniciaron. Para el concejal de Urbanismo de San Sebastián, el socialista Jorge Letamendia, una de las personas que negoció el texto por parte del PSE con el equipo del Departamento de Vivienda, los efectos de la norma empiezan a notarse en su ciudad. "Hemos hecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y, a través de modificaciones puntuales, casi dos tercios de lo que se va a construir van a ser pisos de protección oficial". En San Sebastián también se han puesto en marcha los conocidos como alojamientos dotacionales, inexistentes antes de la ley. Se trata de inmuebles con apartamentos de pequeño tamaño -entre 50 y 60 metros cuadrados- que, para ahorrar espacio, comparten servicios. Normalmente, suelen contar con una sala común de lavadoras en los sótanos, áreas deportivas, zonas de ordenadores o puntos de encuentro. Estos apartamentos se dirigen a la emancipación de los jóvenes, pero también van destinados a los mayores de 65 años. El acceso a estos 160 pisos resulta económico y tiene carácter transitorio o rotativo para los jóvenes (durante cinco años) con la idea de satisfacer la mayor demanda posible. Con la llegada de la ley ha sido posible desbloquear ciertas parcelas de la ciudad que no podían usarse para hacer casas por contar con la calificación dotacional, es decir, que sólo podían albergar equipamientos dedicados a la comunidad, como hospitales o colegios. Letamendia también pone alguna pega: "El retraso en poner en marcha el 15% del aprovechamiento urbanístico de los solares para los ayuntamientos. Se ha perdido mucho tiempo". El Gobierno ha hecho un cambio puntual de la ley para introducir este cambio, pero el Parlamento no lo ha aprobado aún. Consiste en que el 15% de un solar donde un particular vaya a levantar pisos debe revertir al municipio. El responsable de Urbanismo de la ejecutiva de la asociación municipal Eudel y alcalde de Abanto, el peneuvista Manu Tejada, reconoce que "aún es pronto para todo el potencial" que ofrece la norma, pero la impresión en general es que plantea "muchos resortes" para trabajar y que "se está dejando ver poco a poco". De momento, en su municipio ya se han empezado a levantar viviendas tasadas municipales. "También hemos puesto en marcha lo relacionado con los realojos, ya que la ley da muchas facilidades". Sobre la manera en que esta norma puede ayudar a capear mejor la crisis inmobiliaria, Tejada resalta que "permite más participación de la iniciativa pública y atajar situaciones como la especulación. Además, se dinamiza la producción de VPO, que es un refugio para los malos momentos". La Asociación de Constructores de Guipúzcoa (Ascongi) no considera que el panorama resulte tan favorable. Su coordinador, José Antonio Arratibel, asegura que "la ley de Suelo no ha contribuido a revitalizar el sector de la construcción. Apuesta por la vivienda protegida en detrimento de la libre, claramente desfavorecida y a la que se le añaden mayores cargas, ocasionando un importante desequilibrio entre lo que se construye y las necesidades reales del mercado". A ello, añade que "la promoción de vivienda protegida sólo se puede materializar mediante promoción pública, excluyendo casi en su totalidad a la promoción privada". Sin embargo, admite que en la coyuntura actual, la vivienda protegida "puede servir de refugio y paliar la crisis que vive el sector". Los constructores guipuzcoanos reconocen que una de las aportaciones positivas de la ley radica en la flexibilización de la gestión de la ordenación urbanística. "En materia de planeamiento los municipios tienen mayor poder y autonomía, lo que agiliza la recalificación del suelo y las modificaciones urbanísticas", sostiene Arratibel. Para la Asociación de Constructores de Vizcaya (Askobi), "las posibilidades que ofrece la ley tardarán en explotar", apunta su gerente, Iñaki Urresti. coincidiendo con sus colegas de Guipúzcoa en que se empieza a apreciar esa agilización en la tramitación urbanística, "aunque sigue siendo un proceso lento y farragoso". Para Urresti, no es que la ley permita a la Administración recuperar la iniciativa, "porque siempre ha estado ahí"; más bien lo que hace es "arrinconar la iniciativa privada". "Las dificultades de actuación resultan grandes", se lamenta.  Respecto a las reservas de suelo que se establecen, que permite seguir construyendo pisos protegidos pese a la crisis, Urresti se muestra receloso. "Las reservas siempre han existido, pero lo que hay que hacer es promocionar los suelos. En Álava está funcionando, pero en Vizcaya no; se construye mucha menos VPO y tiene bastante más población".
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NOTICIA > -Promoción > Legal > Urbanismo > Andalucía > Ideal
Valor añadido > -Hasta trece alcaldes de la provincia de Almería tienen un procedimiento abierto por delitos de prevaricación urbanística. Son datos que arroja la sección de medio ambiente, urbanismo y patrimonio histórico de la Fiscalía de Almería en su memoria de 2007. Además contra alguno de estos ediles se tramitan múltiples procedimientos por la concesión de licencias administrativas contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  Esto no es más que el reflejo de hasta donde pueden llegar los casos de construcciones ilegales y que implican a autoridades y funcionarios de las distintas administraciones competentes.  Desde la Fiscalía resaltan en este sentido que, además de la actuación de estos cargos públicos «llama la atención el número de imputados entre profesionales ya sean arquitectos, ingenieros, gestores, compañías suministradoras de agua o electricidad». Según este órgano judicial, el total de diligencias tramitadas por la sección de Medio Ambiente asciende a 88 de las cuales la mayoría, un total de 70, son por delitos contra la ordenación del territorio, los delitos de medio ambiente ascienden a 6, dos en relación a delitos forestales y uno contra el patrimonio histórico. En lo que se refiere a estas diligencias, la Fiscalía destaca que el pasado año se produjo un descenso respecto a 2006 cuando se abrieron 118.
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NOTICIA > -Construcción > Obra Pública > Urbanismo > C. Valenciana > el periódico de Catalunya
Valor añadido > -La Comisión Europea ha abierto un expediente contra la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia por una infracción grave al derecho comunitario al adjudicar a dedo contratos públicos de urbanismo relacionados con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y con la empresa municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA). El Ejecutivo comunitario anunció que presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), si en el plazo de dos meses no recibe una "respuesta satisfactoria" y se corrige la adjudicación ilegal de contratos públicos de urbanismo en Valencia. El Instituto Valenciano de la Vivienda y Actuaciones Urbanas de Valencia, pese a ser formalmente sociedades anónimas, están controladas en un 100% por la Generalitat de Valencia y por el Ayuntamiento de la capital valenciana, respectivamente. Por ello, argumenta la Comisión Europea, sus decisiones deben considerarse como una actuación de la Administración pública y sus contratos, como "contratos públicos" a todos los efectos.  En su expediente, el Ejecutivo comunitario señala que la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos han utilizado estas dos empresas públicas para crear sociedades mixtas con inversores privados para incumplir la legislación europea sobre contratos públicos, que exige la publicidad de los proyectos públicos y la igualdad de trato a todas las empresas interesadas. Las sociedades mixtas creadas por IVVSA y AUMSA se han encargado de multitud de "tareas de ordenación urbanística", como la realización de trabajos de infraestructura, gestión urbanística, adquisición de terrenos y edificios y elaboración de proyectos de expropiación, según precisan los detallados informes de la Comisión Europea.  Mediante este procedimiento de crear sociedades mixtas, la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos han adjudicado los trabajos y las obras públicas a las compañías privadas de su preferencia, lo que favorece la corrupción y el amiguismo. Esto ha implicado una violación grave de la legislación europea sobre contratos públicos, ya que no se ha respetado los principios esenciales de publicidad de las obras e igualdad de trato a las empresas, subraya en su expediente el Ejecutivo comunitario. Los contratos controvertidos no pueden considerarse como contratos entre empresas privadas, porque tanto IVVSA como AUMSA "han adjudicado contratos públicos", insistió la Comisión Europea al anunciar el expediente de infracción al derecho comunitario.  El Instituto Valenciano de la Vivienda concentra sus actividades en los últimos años en la obtención de suelo urbanizable y en la construcción y rehabilitación de vivienda protegida. El IVVSA gestiona 8,4 millones de metros cuadrados de suelo y más de 26.000 viviendas protegidas en toda la región, según los datos de la propia entidad. AUMSA, creada en 1996, realiza las principales obras urbanísticas y de infraestructuras de la capital valenciana.
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NOTICIA > -Construcción > Obra Pública > Urbanismo > C. Valenciana > Panorama y locales
Valor añadido > -El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró este viernes que "se pondrán en marcha todos los medios jurídicos necesarios para aclarar" a la UE los procedimientos seguidos en la construcción de viviendas por parte de las sociedades de capital público Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), porque sus iniciativas se enmarcan dentro del contexto legal español y europeo, aseguró. Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señaló al respecto que  la sociedad Cabanyal 2010 "todavía no ha adjudicado ni una sola obra" y "menos, a los que antes eran sus miembros", destacó.
Rambla, que realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell tras ser inquirido por los periodistas en relación al dictamen motivado de la UE por contratos de obra adjudicados por Ivvsa y Aumsa, señaló que oficialmente todavía no han recibido esta comunicación. En este sentido, subrayó que "se pondrán en marcha todos los medios jurídicos necesarios para aclarar a la UE que estamos hablando de unas iniciativas que, dentro del contexto del marco legal no sólo español sino europeo, lo que quiere es contribuir a seguir poniendo en marcha nuevas iniciativas para construir viviendas de fácil acceso" para los valencianos. Rambla subrayó que el Consell "siempre ha buscado" poner en marcha iniciativas para construir viviendas en la Comunitat, que es lo que "se ha hecho y lo que se continuará haciendo". "Si alguien tiene dudas sobre el procedimiento seguido, con mucho gusto se aclarará" aunque, "tendrá que ser a través del Gobierno de España" que es la institución requerida por la UE.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Algarrobico > el País y locales
Valor añadido > -"Error cartográfico"  El juez acusa a la Junta "abulia y desidia" y afirma que modificó los planos del parque de Cabo de Gata para decir que el hotel era legal. Castillo afirmó que estas "opiniones gratuitas" han sido desechadas por el ministerio fiscal por dos ocasiones, en 2005 y 2007. "Se dejó claro que no hay reproche penal, falsedad, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio o contra la protección de los recursos naturales", puntualizó. Insistió en que cuando en 1994, la Junta andaluza amplió el parque de Cabo de Gata-Níjar con la incorporación de 3.500 hectáreas, dentro de las cuales se incluye el suelo del Algarrobico, "se incurrió en un error cartográfico que se asumió y se intentó subsanar". "Es un disparate deducir una intencionalidad maliciosa", agregó.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Chiclana > diario de Cádiz
Valor añadido > -El Partido Popular ha presentado en el Parlamento Andaluz un total de cuatro preguntas para "averiguar la responsabilidad de la Junta de Andalucía en el caos urbanístico de Chiclana". Según explicó la parlamentaria andaluza del PP por Cádiz y concejal del equipo de gobierno chiclanero, Teresa Ruiz Sillero, estas cuestiones se realizarán igual para otras localidades como Vejer ya que consideran que "hay una responsabilidad clara de la Junta por no ejercer sus competencias de control urbanístico" . En concreto, en las cuatro preguntas parlamentarias, que tendrán que ser respondidas por escrito en el plazo de un mes, Ruiz Sillero solicita saber cuántos informes de control urbanístico han sido elaborados por la Junta de Andalucía en Chiclana entre los años 2004 y 2007, cuántas inspecciones urbanísticas y con qué justificación se han hecho en el mismo periodo, así como las denuncias realizadas y cuántas se han trasladado a instancias judiciales. Ruiz Sillero acusó al Gobierno andaluz de "cerrar los ojos y poner la mano" ya que, según puso como ejemplo la oficina liquidadora de la Junta en Chiclana habría recaudado en el impuesto de transmisiones patrimoniales un total de 62 millones de euros entre 2005 y 2007. Además, denunció, "este dinero no se ha reinvertido en Chiclana ni en la provincia, por eso pedimos al Gobierno andaluz que utilice esa cantidad en arreglar el caos urbanístico". La parlamentaria popular quiso recordar en su argumentación la sentencia judicial sobre el hotel Algarrobico, en Almería, "que viene a decir que la Junta no ejercitó sus potestades en defensa del Medio Ambiente". Asimismo, hizo hincapié sobre el caso del Hotel Barceló de Sancti Petri e instó al PSOE andaluz que "dé explicaciones de cómo se permitió que su máximo dirigente andaluz, Manuel Chaves, asistiera a su inauguración cuando tenían constancia de la apertura de un expediente urbanístico". "Se está viendo claramente la dejación de funciones en materia urbanística", insistió.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Cádiz > Auditoría legal
Valor añadido > -El tripartito realizará una auditoría en Urbanismo > El equipo de gobierno, que negocia la contratación de un grupo de abogados, persigue "conocer, al detalle", la gestión realizada hasta su llegada al Consistorio
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > Rehabilitación
Valor añadido > -Larcovi presenta el proyecto de renovación y revitalización del Barrio de San Nicasio en Leganés > Larcovi, la empresa adjudicataria en concurso público, ha elaborado un proyecto para la remodelación de San Nicasio que tiene por objetivos hacer un nuevo barrio con un urbanismo respetuoso con el medio ambiente y llegar a un acuerdo con los vecinos para cambiar su vivienda antigua por una vivienda nueva. El ámbito de actuación comprende aproximadamente 500 viviendas y locales comerciales ubicados en las calles Río Gallego, Río Manzanares, Plaza San Nicasio, Plaza de los Ríos, Plaza de la Mancha, Plaza Río Gallego y Avenida Doctor Mendiguchía.
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NOTICIA > -Promoción > Turismo > Urbanismo > Andalucía > el País > reportaje sobre el Algarrobico
Valor añadido > -En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid
Valor añadido > -Madrid recurre la ley del suelo por “invasión de competencias” > El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo, al considerar que “invade competencias urbanísticas exclusivas del Ejecutivo regional” y agrava la crisis del mercado de la vivienda. El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre entiende que la norma “modifica el régimen de valoración del suelo”, factor que “no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación”. Además, apunta que la norma estatal “ha distorsionado gravemente el mercado del suelo” y ha agravado la crisis que atraviesa el sector inmobiliario, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, la norma estatal “rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección” que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos. Por otra parte, el Gobierno de Aguirre afirma que “se impide que las comunidades pongan en marcha medidas liberalizadoras” de urbanismo. En suma, la Comunidad de Madrid mantiene que el Estado ha realizado una interpretación expansiva de las competencias que le atribuye el artículo 149 de la Constitución –en materias tales como la igualdad de derechos, la planificación de la actividad económica y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas–, para introducir preceptos de “dudosa constitucionalidad”.  El pasado julio de 2007, Aguirre ya decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del anterior texto de la Ley del Suelo, que fue admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 septiembre del año pasado. El Ejecutivo madrileño cree además que la nueva norma es inconstitucional porque «conculca el derecho constitucional a la propiedad privada y a una indemnización justa en caso de expropiación». El Consejo de Gobierno tomó ayer esta decisión. A juicio de la Comunidad de Madrid, con la nueva ley «peligra el derecho a la propiedad privada y convierte las expropiaciones en expolio». Esperanza Aguirre considera que con la ordenación en vigor, el Gobierno central impone un modelo de ciudad y de política de vivienda a los Ayuntamientos y Comunidades autónomas.El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad también contra el Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo. El Gobierno de Aguirre, que ya recurrió el documento inicial, considera que el nuevo vuelve a invadir competencias urbanísticas exclusivas del Ejecutivo regional y agrava la crisis del mercado de la vivienda. Uno de los puntos que en su día no se 'denunció' por parte de la CAM y que ahora sí ha vetado es el referido al régimen de la valoración del suelo. Según ha informado la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno regional ha acodado interponer este recurso contra la norma que refunde la Ley de Suelo estatal con los preceptos que aún quedaban vigentes de la antigua Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. El Gobierno regional entiende que esta norma "invade las competencias urbanísticas exclusivas de la Comunidad de Madrid" porque, "entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo". Ello, añade, "no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del suelo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación". En opinión del Gobierno regional, la norma estatal "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo" y ha agravado la crisis del sector inmobiliario. Asegura que "rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos", lo que califican de "intromisión" en las competencias de vivienda de la Comunidad. "La ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la administración central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda", asegura el Gobierno regional. Afirma también que "se impide que las comunidades pongan en marcha medidas liberalizadoras" de urbanismo, "se imponen idearios sectarios cercanos al socialismo radical, se perjudica a los pequeños propietarios, se aumentan los trámites burocráticos" y "las expropiaciones se convierten en expolios".  El Gobierno madrileño acordó el 26 de julio de 2007 interponer recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la anterior Ley de Suelo, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre del mismo año. La Rioja y la Comunidad Valenciana, otras de las regiones que recurrieron la normativa.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Almería
Valor añadido > -La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín colaborarán para elaborar planes de Inspección locales que servirán para detectar las viviendas fuera de regulación en el término municipal y diseñar una ficha individualizada sobre la situación específica de cada una de ellas. Así lo anunció hoy el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, Luis Caparrós, quien volvió a remitir los instrumentos de planificación municipal y autonómicos para hallar solución a las más de 5.000 viviendas propiedad de residentes británicos pese a que matizó que la Junta de Andalucía está 'obligada a colaborar con la Justicia' y acatará cualquier resolución judicial referente a los inmuebles. Al término de una reunión con los regidores implicados y portavoces de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Caparrós concretó en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, cuyo reglamento será sometido a aprobación en diciembre, y que se desarrollará en colaboración con la Diputación Provincial, que ha garantizado 'su colaboración total y permanente'. Avanzó que el trabajo conjunto se realizará de forma paralela a la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y modificaciones parciales a la normativa, pese a lo que advirtió a la AUAN que no tendrán solución aquellas viviendas 'con problemas', sin equipamientos y servicios públicos, o alejadas de núcleos urbanos consolidados. Matizó, no obstante, que seguir residiendo en inmuebles fuera de ordenación 'será responsabilidad del propietario de la vivienda' y reveló que, según la legislación, en el PGOU se clasificará de especial protección el suelo adyacente a la parcela construida. La AUAN mantiene una convocatoria de protesta el próximo día 18 ante las cuatro resoluciones administrativas de derribo de la Junta de Andalucía y las diligencias penales incoadas por Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa (Almería) en el mismo sentido que pesan sobre un total de 23 viviendas propiedad de británicos residentes en el término municipal de Cantoria por ser 'contrarias' a la legalidad urbanística. Las cuatro resoluciones, en el paraje Arroyo Albachez, están ahora pendientes de la decisión que adopte la Audiencia Provincial sobre la continuidad del proceso penal abierto de forma paralela después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazase el recurso interpuesto por los propietarios al considerar que no se produce 'non bis ídem' ya que son 'procedimientos distintos dirigido uno a restablecer la legalidad urbanística y el otro, sancionador'. Distinto es el caso de ciudadanos británicos que adquirieron una de las 19 viviendas en la pedanía de Fas para las que el Ministerio Público ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa la demolición aunque reconoce el derecho a percibir una indemnización por el importe de la venta, que deberían satisfacer los dos promotores imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio. En enero, una pareja domiciliada en el término municipal de Vera, a la que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite su recurso de amparo, veía como se hacía realidad la demolición de su vivienda en ejecución de una sentencia firme dictada en 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de Almería y por la que la AUAN interpuso una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo pidió que se cite a comparecer a un miembro del Gobierno español en la comisión de Peticiones de la Eurocámara cuando se elabore el nuevo informe sobre las denuncias de abusos urbanísticos en España. García-Margallo hizo la solicitud en una reunión de peticiones en la que se examinaron de nuevo varias denuncias de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana en localidades como Alzira, Castellón, Hondón de las Nieves o Benicàssim, en presencia de los peticionarios. Fue el primer debate tras la decisión de la semana pasada por la conferencia de presidentes de la Eurocámara de dar luz verde a la elaboración del tercer informe sobre el urbanismo en España.
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NOTICIA > -Andalucía > el Algarrobico > el País
Valor añadido > -La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, volvió  a asegurar que los terrenos del hotel están en suelo urbanizable, por lo que si un tribunal superior revocara la sentencia del juez Rivera "no se podría impedir que allí se haga algún tipo de construcción". Esta afirmación de la consejera, que mantiene la doctrina de sus antecesores en el cargo y del alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), tiene una explicación que se adentra en lo judicial. Si Castillo admitiera ahora que los terrenos están protegidos por el PORN de 1994, estaría reconociendo implícitamente que los técnicos de su Consejería alteraron los planos, lo que los dejaría en una situación jurídicamente comprometida. En su sentencia, el magistrado Rivera tacha de "falsa" e "insólita" la invocación que hizo la Junta de un error en los planos para situar la parcela de 16 hectáreas donde se asienta el hotel en terreno urbanizable. La consejera mostró su "enorme satisfacción" con el fallo que considera ilegal el hotel, que recibió subvenciones del Ministerio de Economía y fue incluido en un plan de desarrollo turístico de la propia Junta de Andalucía con fondos europeos. Ahora, la Junta pretende comprar, como urbanizables, los terrenos aledaños al hotel para incorporarlos al parque natural.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > el País y locales
Valor añadido > -García Antón anunció que en un año piensa tener lista una reforma de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para adecuarla a los requerimientos de la Unión Europea, que tiene un proceso abierto contra España a raíz de esta norma. El consejero espera disponer de un borrador del proyecto en el verano de 2009, a ser posible consensuado con los partidos de la oposición y los ayuntamientos. La Generalitat, esta vez junto con el Gobierno de España, defenderá ante el tribunal comunitario que el proceso de adjudicación de los PAI no está sujeto a la ley de contratos públicos. La Generalitat está enviando al Ministerio de Asuntos Exteriores sus alegaciones para que las traslade a la corte de justicia a finales de septiembre.
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NOTICIA > -Turismo - hoteles > Urbanismo > Andalucía > el País y Sur
Valor añadido > -El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería ha dictado la nulidad de la licencia municipal de obras de El Algarrobico, el hotel de Carboneras (Almería) cuya construcción está paralizada por orden judicial desde 2006. La licencia tendrá ahora que ser revisada por el Ayuntamiento de esta localidad. El Gobierno se comprometió a demolerlo antes de las elecciones del 9 de marzo, ya que se encuentra en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Fuentes judiciales han informado de que el titular del citado Juzgado, el magistrado Jesús Rivera, ha remitido además todas las actuaciones sobre esta causa a la Fiscalía al apreciar indicios de delito en la actuación de las administraciones. La anulación de la licencia municipal concedida a la promotora Azata del Sol para la construcción en terrenos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar del edificio de 20 plantas se ha producido después de que el mismo juez ordenase el 21 de febrero de 2006 la suspensión cautelar de las obras del hotel cuando éste estaba ejecutado en un 94,41%. El establecimiento se ubica a 28 metros de la línea de costa, tiene de 22 plantas de altura en forma de pirámide truncada y 411 habitaciones Este hotel era el primero de un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras que, gracias a una modificación municipal, convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano. Greenpeace asaltó el hotel para denunciar que estaba en una zona protegida y días después Medio Ambiente ordenó la expropiación inmediata de la parte del hotel que se construye sobre la zona de servidumbre, sobre la que tiene competencias. La Junta de Andalucía también tomó medidas y en la actualidad está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía TSJA se pronuncie sobre el derecho de retracto ejercido por el Gobierno andaluz sobre la compraventa de los terrenos que se realizó en su día y que Azata del Sol recurrió ante el alto tribunal
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Andalucía > ABC
Valor añadido > -El alcalde de Sevilla nombra a una ex cuñada directora de Urbanismo sin ser licenciada
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NOTICIA > -Urbanismo > Rioja > Correo y Rioja
Valor añadido > - El secretario general de la asociación de empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Juan Ramón Liébana, informó que la organización ha presentado alegaciones a este proyecto auspiciado por el Gobierno de La Rioja. Estas están fundamentadas en un informe firmado por Eduardo García de Enterría, considerado uno de los juristas españoles más notables del siglo XX.  En esencia, apuntó Liébana, este documento concluye que la ecociudad «vulnera la ley». Conviene recordar que el Gobierno de La Rioja presentó este proyecto en junio. Como ubicación, eligió los cerros logroñeses de El Corvo y la Fonsalada. Contempla la construcción de 2.932 viviendas, la mayoría protegidas.  Concebida sobre 56 hectáreas, incluye la instalación de un parque solar y dos eólicos, un funicular y sistemas de reutilización de agua y recogida mecánica de residuos. Su tramitación conlleva la declaración de zona de interés regional, una figura que desvincula al Ayuntamiento de Logroño de toda gestión efectiva.  Un requisito  El informe, explicó Liébana, precisa que la «presentación ecológica» del proyecto «no es más que una aplicación de los requisitos exigibles a toda actuación urbanística y constructora». Además, prosigue, como El Corvo es suelo no urbanizable de especial protección, «está prohibida cualquier construcción, actividad o utilización que implique transformación jurídica, quedando expresamente prohibidas las parcelaciones urbanísticas que den lugar a un núcleo de población».  Liébana explicó que el trabajo de García de Enterría añade que, con la tramitación de la ecociudad, «el Gobierno de La Rioja vulnera el principio de autonomía local del Ayuntamiento, reconocido en la Constitución». La razón estriba, agrega, en que «la urbanización urbanística del territorio municipal corresponde fundamentalmente al municipio».  También, puntualiza que el proyecto «carece del pretendido interés regional, puesto que se trata de una operación urbanística que, pura y simplemente, es una operación de recalificación de terrenos rústicos de especial protección y que sólo va a favorecer extraordinariamente a quienes hayan adquirido dicho suelo rústico». Por todo ello, afirmó Liébana, García de Enterría advierte de que no hay necesidad de recalificar el monte El Corvo. «El asentar un número de viviendas determinado», concluye, «se puede y debe llevar a cabo ejecutando las previsiones del Plan General». Liébana afirmó que la CPAR coincide con estos argumentos y reiteró que la ecociudad «supone saltarse a la torera las reglas fundamentales del urbanismo». Estas alegaciones se suman a las presentadas por el Consistorio y a la tromba de críticas cosechada por el proyecto...Ha relatado que, según García de Enterría, el Gobierno riojano, con la Ecociudad, "vulnera el principio de autonomía local del Ayuntamiento de Logroño", dado que la tarea de la ordenación urbanística del territorio municipal corresponde fundamentalmente al municipio, que debe tener una intervención "muy significativa" y que no se cubre con un trámite de audiencia a la entidad local. El jurista entiende que este proyecto de Ecociudad carece del "pretendido" interés regional porque, ha dicho Liébana, "se trata de una operación urbanística que, pura y simplemente, es un operación de recalificación de terrenos rústicos de especial protección".
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NOTICIA > - Urbanismo > C. Valenciana > el País y locales
Valor añadido > -El urbanismo valenciano será juzgado por el Tribunal de Luxemburgo. Este tribunal ha admitido a trámite formalmente una denuncia de la Comisión Europea contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU, ya derogada, y la vigente LUV) al considerar que pueden infringir aspectos relativos a la contratación pública, "por la posición privilegiada del primer licitador" en los Planes de Actuación Integral (PAI) y en los criterios de adjudicación. La Comisión demanda a España al entender que ambas leyes autonómicas "incumplen las obligaciones sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras" al adjudicar los PAI conforme a la LRAU. La denuncia también considera que se incumple la legislación europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios al adjudicar los PAI conforme a la LUV, la nueva legislación valenciana aprobada y reformada hace dos años. Ahora se abre un periodo de alegaciones. El Gobierno de la Generalitat está "preparando los argumentos jurídicos convenientes para defender los intereses de la Comunidad Valenciana", según una portavoz de la consejería de Territorio. La Generalitat insiste en que la legislación valenciana "cumple escrupulosamente las exigencias de la contratación pública", y asegura que esta decisión es "un trámite más normal en cualquier proceso". Ahora será el Gobierno de España el que deba defenderse ante esta denuncia.
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NOTICIA > - Urbanismo > C. Valenciana > Información y locales
Valor añadido > -La Generalitat insistió en las bondades de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), a pesar de que acaba de ser denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir dos directivas de adjudicación de contratos y servicios. "La LUV es correcta", aseguró un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  Los promotores, sin embargo, creen que ha llegado el momento de reaccionar. El secretario de la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Benjamín Muñoz, defendió ayer que "hay que llegar a un acuerdo y arreglar ya este contencioso con Bruselas. Los promotores no podemos estar con esta espada de Damocles".  Muñoz asegura que los promotores ya han pedido a la Conselleria de Urbanismo "que se modifique la legislación valenciana en lo que contradice a las directivas europeas y en otros problemas que hemos detectado los promotores, no sólo en la LUV sino en la LOT y en el reglamento del Paisaje". Pero, como pasa el tiempo y el contencioso con Europa no sólo no se soluciona sino que se agrava, el secretario de los promotores aboga por "resolver esta cuestión de una vez porque, cada vez que sale una noticia de este tipo, se hunden más las ventas en el extranjero".  Tres años después de que el comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy iniciara el primer procedimiento de infracción contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que después heredaría la LUV, la Generalitat sigue con los mismos argumentos que han llevado a la legislación urbanística valenciana a sentarse en los tribunales: "Vamos a continuar insistiendo en que la LUV cumple la legislación española y europea, porque estamos seguros de que es así", señalan las mismas fuentes. Y en este sentido, se está elaborando el documento de respuesta que se enviará al Tribunal de Justicia Europeo a través del Gobierno de España "para que nos defienda". La Abogacía General de la Generalitat, dirigida ahora por la secretaria autonómica Isabel Villalonga que depende directamente de Presidencia, es quien se encarga de elaborar los "argumentos jurídicos de la defensa" ante el Tribunal de Justicia Europeo. Presidencia es quien se ha encargado de responder en este largo proceso con la Comisión Europea en los últimos tres años. La denuncia, según Medio Ambiente, llegó a la Generalitat a "mediados de julio". El plazo para responder al Tribunal Europeo es de 40 días por lo que "la respuesta se enviará en breve".  El Tribunal de Justicia Europeo aún podría rechazar las peticiones de condena contra el Reino de España por la LUV y la LRAU. O podría acabar imponiendo una multa al Gobierno, a petición de la Comisión Europea (CE), que suele ser implacable. En febrero de 2007 la CE impuso la sanción más cuantiosa de su historia: 992 millones de euros a las empresas Otis, Kone, Schindler y Thyssenkrupp por formar un cartel para amañar ofertas en las licitaciones de ascensores y escaleras mecánicas. En mayo de 2006 cuatro fabricantes de vidrio acrílico también fueron multados con 344,5 millones de euros por pactar precios. El TJE también multó a España con 5,2 millones de euros por operaciones de retirada de frutas y verduras en la Comunidad Valenciana y Murcia.  > Posible anulación > Mención aparte serían la posible anulación de programas de actuación integrada (PAI). Ni el TJE ni la Comisión Europea pedirán, probablemente, que se anulen los PAI tramitados con las leyes valencianas. Pero una sentencia europea contra la LUV o la LRAU, por incumplimiento de directivas, sería un argumento a favor de cualquier recurrente que decidiera llevar ante los tribunales, en España, la aprobación, reparcelación o retasación de un PAI. Preguntada si este aspecto no preocupa a la Generalitat y la incentiva a cambiar ya la ley, fuentes de Urbanismo dijeron: "Para eso están los tribunales".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > Agente urbanizador > Informaciones de Alicante
Valor añadido > -La Comisión Europea ha sentado ya en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) a las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario ha presentado ya el escrito de denuncia, que formalmente se dirige "contra el Reino de España", pero que va directo a la línea de flotación del urbanismo valenciano de los últimos catorce años. El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los programas de actuación integrada (PAI) conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederos: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu). Éste último es una novedad que aparezca en las denuncias, ya que hasta ahora las críticas de la Comisión Europea se dirigían hacia la LRAU, primero, y la LUV, después. Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva 93/37/CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de obras y servicios (Directiva 2004/18/CE). Por ello se pide al Tribunal de Justicia Europeo que sentencie el incumplimiento y que "se condene en costas al Reino de España".Los motivos que alega la Comisión Europea en su escrito de denuncia son ya viejos conocidos, lo que revela la ineficacia de las alegaciones enviadas desde la Generalitat Valenciana y desde el Gobierno en los últimos años. El ejecutivo comunitario considera que "las adjudicaciones de PAI se refieren a obras públicas, que deben adjudicarse siguiendo lo dispuesto en las directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE". Agentes urbanizadores"En otras palabras -continúa el escrito de denuncia- la Comisión afirma que los PAI son contratos públicos de obras adjudicados por entidades locales (los ayuntamientos) que incluyen la realización de obras públicas de infrastructuras por parte de agentes urbanizadores seleccionados por la administración local". A continuación, la Comisión Europea detalla los "aspectos" que la LUV incumple de las directivas citadas: "la posición privilegiada del primer licitador, a la experiencia de los licitadores en contratos similares, a la presentación de alternativas a la propuesta del primer licitador en sobre abierto, a la regulación de las variantes, a los criterios de adjudicación de los PAI, a la posibilidad de modificar el contrato tras su adjudicación (por ejemplo, la posibilidad de incrementar cargas de urbanización) y a la regulación de los supuestos de ejecución incompleta del contrato por parte del licitador adjudicatario".
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NOTICIA > - Urbanismo > Madrid > Expropiaciones y derecho de reversión > el País y locales
Valor añadido > -Un teatro lleno de pleitos  El Ayuntamiento de Móstoles incumplió sus propias normas de planeamiento al construir el teatro municipal El Bosque, inaugurado en 2003. Así lo dictamina una sentencia del Tribunal Supremo, que ha declarado firme una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2007. Ambas sentencias condenan al Consistorio mostoleño a devolver a sus propietarios originales la finca sobre la que se construyó el equipamiento cultural, que les fue expropiada dentro de un plan urbanístico destinado al desarrollo del centro de la ciudad. Sin embargo, la reversión de la parcela no se producirá finalmente, dado que supondría el derribo del teatro que se levanta en la misma y que tuvo un coste de nueve millones de euros. A cambio, el Ayuntamiento de Móstoles deberá indemnizar a los propietarios con una cantidad que deberá calcularse mediante una tasación independiente. La suma de la compensación, que aún no se ha fijado, podría acercarse al medio millón de euros, según fuentes municipales. "Se trata de una sentencia que consideramos imposible de ejecutar, puesto que el edificio está acabado y las pérdidas de su derribo podrían ser excesivamente importantes", concretaron esas fuentes, que recordaron que "el desaguisado" es una responsabilidad "de los gobiernos socialistas anteriores que el actual (del PP), se ve obligado a resolver". Los tribunales consideran que el Ayuntamiento de Móstoles transgredió el contenido del plan urbanístico gracias al cual se expropió la finca. Dicho plan preveía que el suelo se destinase a la construcción de "una instalación sanitaria o asistencial". La propia memoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de una localidad) era aún más explícita: la parcela estaba reservada para levantar "un centro integrado de atención primaria".
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NOTICIA > -Promoción > Vivienda > Castilla la Mancha > Castilla León > Murcia > C. Valenciana
Valor añadido > -La posibilidad de reconvertir en Viviendas de Protección Oficial (VPO) la vivienda libre que esté en construcción o con menos de un año desde su terminación, tan criticada por el PP de Castilla-La Mancha, es uno de los puntos incluidos en el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, emitido por el Ministerio de Vivienda, por el que se modifica el Real decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Según informó la Junta en un comunicado, se trata por lo tanto, de una normativa que afecta por igual a todas las comunidades autónomas, incluidas Castilla-La Mancha y las regiones gobernadas por el Partido Popular, prueba de ello son las normativas de adaptación a esta legislación estatal emitidas por Castilla-León, Murcia y La Comunidad Valenciana. Asimismo, Castilla-La Mancha el pasado 1 agosto publicó el D.O.C.M. el Decreto 109/2008 de medidas para la aplicación del pacto por la vivienda en la región, donde además de definir una nueva modalidad de vivienda, las viviendas público privadas, se han incluido las adaptaciones propuestas por el por el RD 14/2008 del Ministerio de Vivienda. También serán viviendas protegidas de Régimen Especial, de Precio General, de Precio Concertado y de Precio Tasado las viviendas libres de nueva construcción que sean así calificadas, a instancia de la promotora, durante su construcción y hasta el primer año cumplidodesde la expedición de la licencia de primera ocupación o el certificado final de obra, según proceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes". En cuanto a las comunidades gobernadas por el PP que ya han puesto en marcha la adaptación de su legislación, existen ejemplos como el Decreto 82/2008, de 6 de junio, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana publica lo siguiente. También serán viviendas protegidas de régimen especial, de precio general o de precio concertado las viviendas libres de nueva construcción destinadas a venta que sean así calificadas, a instancia del promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, siempre que cumplan los requisitos necesarios a tal efecto por lo que se refiere a superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil y niveles máximos de ingresos de los adquirentes". El Decreto 86/2008 de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 141/2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en ámbito de la Región de Murcia.  "Artículo 46.- Procedimiento para la declaración o calificación de viviendas libres de nueva construcción como viviendas protegidas. La declaración o calificación de promociones completas de viviendas libres de nueva construcción como viviendas protegidas, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad se atendrá al procedimiento establecido en la presente Sección". El Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado para familias en Castilla-León. "Las viviendas libres de nueva construcción podrán ser calificadas en cualquiera de los tipos establecidos anteriormente a instancia del promotor, durante su construcción y hasta el primer año cumplido desde la expedición de la licencia de primera ocupación o certificado final de obra, siempre que cumplan los requisitos necesarios para ello, y en especial los relativos a superficie útil máxima, precios máximos por metro cuadrado de superficie útil y niveles de ingresos de los adquirentes o arrendatarios". Por otro lado, Galicia, Cantabria y Aragón son otras de las Comunidades Autónomas que ya han finalizado sus trámites de adaptación a las nuevas exigencias del Ministerio.
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NOTICIA > -Urbanismo > Vivienda > Galicia > la opinión de Coruña
Valor añadido > -una inversión de 300 millones de euros el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública.  Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que ha realizado el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos urbanísticos.  Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre se le dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. El pasado ejercicio, por ejemplo, se terminaron 3.774 y se iniciaron las obras de otros 3.000. ¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa de la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas.  Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la Federación Gallega de Promotores. Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de comunidades como Cantabria o Canarias, donde el porcentaje destinado a este fin cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%.  Por encima de los datos de la comunidad gallega, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, que llegó hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%. A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.  A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Galicia > entrevista al decano de los arquitectos gallegos, Celestino García Braña >  El País
Valor añadido > -P. Las diferentes leyes del suelo han impedido a los ayuntamientos adaptar sus planes. R. El procedimiento que regula la aprobación de los planes urbanísticos ha creado un monstruo. Todos hemos ido cargando de puntualizaciones, normativas y exigencias unos planes que resultan irrealizables. El hecho de que sólo hay 23 planes municipales adaptados, no es un problema de dejadez sino de la dificultad de tramitación. Sólo con el cumplimiento estricto de los plazos un plan tarda cuatro años. Si además los plazos se dilatan podemos ir a siete años. Sería necesaria otra formulación para que el planeamiento general atienda a las grandes cuestiones y después el desarrollo se haga de forma cotidiana. La respuesta de la Administración a la crisis debiera ser un compromiso para acortar toda la tramitación urbanística. P. ¿Es compatible agilizar la tramitación con que el necesario control del urbanismo?  R. Absolutamente. Yo diría que cuanto más tiempo más confusión, como la Justicia que cuanto más tarda más injusta. Agilizar la tramitación de permisos sería un impulso para el sector. Es desesperante que a veces las tramitaciones urbanísticas aun siendo claras se prolonguen durante ocho o 10 meses.
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NOTICIA > - Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -Tras recibir la llamada de presuntamente un vecino anónimo de la localidad, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Castellón llegó al lugar inidcado para comprobar que se estaba llevando a cabo la construcción de una vivienda unifamiliar en en terreno no urbanizable y forestal. Fueron detenidos el propietario del solar así como el constructor.
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NOTICIA > -Urbanismo > Galicia > el País, el Correo y locales
Valor añadido > -La Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines), ha celbrado una concentración de protesta en A Illa de Arousa (Pontevedra) ante la vivienda de verano del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ubicada en la Urbanización Cabo Deiro-O Furado, conocida en el lugar como villa PSOE. Señalan que lo hacen en señal de protesta por lo que han calificado como "inoperancia de la Fiscalía anticorrupción en los casos relacionados con ilegaliades urbanísticas". Los miembros de Cafines, cuyo colectivo cuenta con más de 5.000 asociados en toda España, denuncian que la residencia de Blanco se encuentra "a menos de 100 metros del mar", lo que supone una vulneración de la Ley de Costas; han registrado, además, supuestas "irregularidades" en cuanto a la altura y otras deficiencias. Por todo ello Cafines ha denunciado ante la Fiscalía la supuesta construcción ilegal que se está llevando a cabo en A Illa de Arousa; ha aportado fotos y pruebas documentales, así como los continuos requerimientos al ayuntamiento para que entregue el proyecto de reforma y el informe urbanístico y técnico. En la denuncia consta también que en la denominada villa PSOE han comprado propiedades otros altos responsables del PSOE. El alcalde del municipio, el socialista José Vázquez Vázquez, defiende la tesis de que las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. Sin embargo, posteriormente se han emitido varias órdenes de derribo sobre algunos edificios de los alrededores ubicados a más distancia de la orilla. Según asegura el coordinador de Cafines, José Carlos Piñeiro, la historia de "Villa PSOE" o el residencial Illa de Arousa, (su nombre real) comenzó en 2006 con la adquisición por parte de una promotora de varias fincas de suelo rústico, en las que no se podía construir. "El Ayuntamiento recalificó los terrenos", asegura Piñeiro, quien indica que en la zona se han levantado 8 chalets y un edificio de apartamentos, que tapa las villas. "Se han saltado la Ley de Costas, sales del edificio y metes un pie en el agua", indica. Dicha casa se encuentra ubicada en la Urbanización Cabo Deiro-O Furado en la Illa de Arousa (Pontevedra), conocida como "Villa PSOE", ya que son muchos los socialistas que se han hecho su vivienda de verano en ese lugar. Muchas de las viviendas están construidas a menos de cien metros de la costa, que es lo denunciado por CAFINES, aunque el alcalde del municipio, el socialista José Vázquez Vázquez se ha defendido de las acusaciones de prevaricación alegando que las construcciones son anteriores a la legislación actual, que prohibe la construcción a menos de 500 metros del mar. La asociación ha requerido al Concello para que justifique las licencias concedidas a la vivienda de veraneo de José Blanco, así como el permiso de reforma.
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NOTICIA > - Urbanismo y Medioambiente
Valor añadido > - El fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha afirmado que la apertura de diligencias por delitos urbanísticos ha sufrido 'un bajón' como consecuencia del 'parón de la construcción'. Así lo ha asegurado Vercher durante un curso de verano de El Escorial dedicado a la corrupción, donde ha señalado que la Memoria del 2007 de la Fiscalía especial de Murcia para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo ya reflejaba la disminución de los casos abiertos por delitos inmobiliarios. También, ha valorado que las empresas 'son más cumplidoras con la legislación ambiental', aunque ha alertado de la relevancia que han cobrado las conductas delictivas contra la seguridad y estabilidad en el trabajo, especialmente en las constructoras. Respecto a la corrupción, que en el caso del urbanismo está vinculada a las prevaricaciones, ha subrayado que implica una compensación que no tiene que ser necesariamente económica, sino que 'puede ser intelectual o de reconocimiento social'. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que se creó en 2006, tiene abiertos 4.000 asuntos, durante 2007 emitió 407 sentencias condenatorias -de las que 190 fueron sobre delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo- y ha imputado a 'una multitud de alcaldes' y a otros altos cargos de la Administración pública. Para Vercher, estos datos manifiestan que el sistema está funcionando positivamente, aunque ha puntualizado que sus éxitos son menores que en otras materias. 'La norma medioambiental y urbanística no tiene tradición en España', ya que, según ha recordado, las primeras leyes son de la década de los setenta y, 'en su inmensa mayoría, proceden del Parlamento y las instituciones europeas'. Así, el pasado mes de mayo se aprobó una directiva europea que obligará a introducir en la legislación española nuevas figuras delictivas como el transporte de elementos peligrosos sin autorización, determinadas emisiones que pueden afectar a la capa de ozono o la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ello, el fiscal defiende que para trasponer la nueva directiva europea es necesaria la modificación del Código Penal.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > subsuelo público> Granada Hoy y locales
Valor añadido > - Urbanismo parará la venta de subsuelo público hasta que se cambie el PGOU
El Consejo Consultivo dictaminó a favor de permitir el uso privado del soterrado del Parque Tecnológico de la Salud por parte de la Junta, pese a manifestar un criterio general contrario   Las polémicas operaciones de venta a propietarios privados del subsuelo que se encuentra debajo de zonas de dominio público (calles, plazas...) se van a parar por el momento en la capital granadina. Pero esto no significa que el Ayuntamiento, promotor de estas iniciativas, haya renunciado. Tiene previsto incluir esta importante modificación en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando. El subsuelo público es el que se encuentra bajo zonas de uso compartido como las calles o las plazas. Hasta ahora, este terreno soterrado que gestiona el Ayuntamiento no se ha podido vender porque tiene la misma categoría de uso público que la parcela en superficie. Los aparcamientos que empresas privadas han construido debajo siempre lo han hecho mediante una concesión administrativa por un periodo de tiempo. Es decir, el municipio nunca ha perdido la propiedad. Pero hace un par de años el gobierno local del PP intentó una modificación puntual del actual PGOU para permitir la venta de ese subsuelo, aunque la superficie siguiera siendo de dominio público. No es el único intento. El caso más llamativo es el de Santa Adela, donde el Ayuntamiento permitió que se proyectaran garajes destinados a la venta debajo de la plaza pública. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, sostiene que siempre que se ha hecho o intentado una operación similar ha sido a iniciativa del propio Ayuntamiento para resolver problemas urbanísticos. A diferencia de su antecesor en el puesto, Luis Gerardo García-Royo, Nieto aseguró ayer a este periódico que nunca ha tenido ofertas de promotores particulares para comprar subsuelo público.  Pero estos intentos han sido mal vistos por parte de la Junta de Andalucía, contraria a que el Ayuntamiento permita esos cambios importantes mediante una modificación puntual del PGOU. Es decir, sin requerir el visto bueno de la Junta, que sí es necesario en una revisión general del plan urbanístico.  Hace unos meses la Junta presentó un recurso judicial en el que se mostraba contraria a la solución adoptada en Santa Adela. El juez decretó la suspensión cautelar. Es decir, que esa parte del proyecto quedara parada hasta que se resolviera el conflicto de la venta del subsuelo mediante una sentencia judicial.  Pero el Ayuntamiento de Granada espera que este tema se despeje antes de que el juez llegue a dictaminar, porque para entonces tiene previsto que se haya aprobado una parte de los cambios del nuevo PGOU que en este momento está negociando el municipio con la Junta de Andalucía.  Los motivos para ese optimismo son varios. Por un lado, el resultado de una consulta que el municipio hizo al Gobierno central, que asegura que la norma estatal (más favorable a la petición del Ayuntamiento) está por encima de la autonómica (más restrictiva en este tema). La advertencia que el Ministerio hace a Granada es que antes tiene que adaptar su PGOU. El otro motivo es el dictamen favorable que el Consejo Consultivo ha emitido sobre la situación del subsuelo del Parque Tecnológico de la Salud.  Pese a que la posición general manifestada por el órgano andaluz es contraria a la venta de subsuelo por debajo de la superficie de uso público, en este caso concreto del PTS la opinión es favorable al considerarse una excepción en la que prima el interés público sobre el privado. En este momento, el suelo de las calles del Parque es del Ayuntamiento y el soterrado es del PTS, con un valor importante de almacén y comunicación entre sótanos y aparcamientos.
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NOTICIA > -Galicia > País, Voz y locales
Valor añadido > -La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin) no presentará recursos a la totalidad del plan general de urbanismo de Vigo, que hoy publica el Boletín Oficial de la Provincia, e incluso negociará con los colectivos que han anunciado recursos a la totalidad por motivos diversos para que tampoco los lleven a cabo. El plan, cumplido el trámite de su publicación en el BOP, entrará en vigor dentro de 15 días. Los promotores descartaron plantear recursos a la totalidad del plan después de debatirlo arduamente en dos asambleas extraordinarias celebradas el pasado mes de julio. Consideraron finalmente que si se estimaba uno de esos recursos y el plan era anulado al cabo de varios años de litigio, el quebranto que se podría derivar para el sector y la propia ciudad podría alcanzar dimensiones catastróficas. Por eso, ni Aproin ni ninguno de sus asociados interpondrán ningún recurso a la totalidad del plan, pese a estar convencidos de las grandes posibilidades que tendría de ser estimado, aduciendo que no se sometió a información pública la ampliación hasta el 43% de la reserva de suelo edificable para vivienda protegida. Por los mismos motivos finales, desde Aproin tratarán de paralizar o reconducir los recursos a la totalidad que han anunciado al menos dos colectivos, uno vecinal, que ha contratado al efecto al despacho de abogados que logró la anulación del plan general de Ourense, y el otro, una asociación de consumidores. Ambos entienden que el plan debería acompañar una declaración de impacto ambiental que, sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente excusó a cambio de que tal declaración sea presentada para cada uno de los ámbitos a desarrollar. Aproin, no obstante lo anterior, apoyará a sus asociados en los recursos puntuales que quieran interponer en ámbitos de actuación aislados. Los motivos están ligados también a la reserva de suelo para vivienda protegida, pero el punto de ataque será la actualización de las valoraciones de esos suelos. El incremento del 20% al 43% de suelo dedicado a vivienda protegida en la última modificación del plan se amparó desde el ayuntamiento en el desfase de los precios, tanto de suelo como de vivienda construida, que figuraban en el plan. Los promotores obtenían gracias a esos desfases unas plusvalías extraordinarias que fuentes municipales cifraron en 3.000 millones de euros en el conjunto del plan. A costa de esas plusvalías se aumentaba la vivienda protegida. La crisis del sector obliga ahora a revisar de modo más apremiante esas valoraciones de suelo y de viviendas construidas bajo la premisa de que cada ámbito ha de tener un equilibrio económico y también debe existir ese equilibrio entre los distintos ámbitos. Los promotores señalan además la existencia de errores en la aplicación de los coeficientes de ponderación (distintos en función de los usos del suelo) y que todas las estimaciones financieras se hacen en función de un tipo de vivienda protegida, cuando en la realidad hay tres modelos distintos.  En los 380 ámbitos en que se reparte el desarrollo del plan, hay 68 con ordenación detallada, donde figuran las cargas (vivienda protegida, infraestructuras, cesiones) que corresponden a cada uno de ellos. Está previsto que 31 se desarrollen a través de convenios, seis de los cuales no han llegado a firmarse (entre ellos el de Beiramar, para desplazar la industria frigorífica y crear en su lugar una gran área residencial) y de 12 a 15, según los promotores, serán probablemente recurridos, por mantener las cargas y aumentar la vivienda protegida. Estos recursos (probables), y la paralización del desarrollo de los ámbitos a que se refieren, afectarían a su vez a la construcción de infraestructuras estratégicas, es decir, con incidencia en toda la ciudad.  La Consellería de Política Territorial, por su parte, en la orden que aprobó definitivamente el plan general, el pasado 16 de mayo, cambió la categoría de ocho ámbitos (entre ellos el de la conservera Alfageme, que condiciona su plan de reconversión industrial), que pasaron de suelo urbano consolidado a no consolidado, lo que implica para los promotores ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, aparte de las respectivas cargas de vivienda protegida. Es la parte del plan aún pendiente de aprobar.
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NOTICIA > -Urbanismo > Galicia > PGOU Vigo > el País y locales
Valor añadido > -El nuevo plan de urbanismo vigués legalizará las actuaciones y edificios de viviendas que fueron construidos al socaire del plan general de 1993, el actualmente vigente, y sobre los que pesan órdenes judiciales de demolición, aunque no en todos los casos: el plan parcial de Finca do Conde, por ejemplo, con un centro comercial y dos torres de viviendas, sólo ha sido anulado. La demolición que ordenan los tribunales conllevaría la bancarrota del Ayuntamiento, último responsable de los desaguisados al consumarse con licencia municipal, que tendría que indemnizar a los promotores por sus inversiones. Ahora, para legalizar esas actuaciones basta que los promotores soliciten nueva licencia de construcción adaptándose a las ordenanzas específicas que correspondan, incluidas en el nuevo plan. El BOP lo recoge en 500 páginas, después de una tramitación de siete años y medio. Contra su primera aprobación inicial, en 2004, se presentaron 61.000 alegaciones, un récord. Ahora comienza otra intensa fase de negociaciones para desarrollarlo, con recursos judiciales, pero con la confianza también de que ninguno sea a la totalidad del documento.
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NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > Texto completo
Valor añadido > -DECRETO 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico. La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ha experimentado diversas modificaciones que aconsejan contar con un desarrollo reglamentario que venga a completar alguno de sus preceptos. Tanto la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, como la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, han venido a impulsar un nuevo modelo urbanístico que pretende, al mismo tiempo, moderar los crecimientos urbanísticos y agilizar las tramitaciones de determinadas modificaciones puntuales consideradas como no sustanciales. Conforme al artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, modificado por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, el procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento se desarrollará reglamentariamente, sin que dicho procedimiento se vea afectado por las limitaciones recogidas en los artículos 68 y 69 de dicha Ley. La propia Ley 7/2007, en su artículo 10.6, establece la prevalencia del procedimiento de tramitación de las modificaciones introducidas en dicho artículo y, en consecuencia, también en este Decreto sobre la tramitación recogida en legislaciones sectoriales afectadas en lo referente a la tramitación y al plazo de emisión de los informes necesarios requeridos. Este precepto de la Ley 7/2007 viene a agilizar considerablemente los trámites de las modificaciones puntuales no sustanciales, ya que los diferentes informes sectoriales se entienden en sentido favorable si no se emiten en el plazo de un mes. El objetivo que se persigue con este Decreto es regular un procedimiento novedoso de tramitación de las modificaciones que tengan un alcance reducido y local que permita a los ayuntamientos atender las necesidades urbanísticas de sus respectivos municipios con mayor agilidad. Y todo ello, siempre que no supongan graves afecciones a la movilidad, al medio ambiente, o a las infraestructuras, en cuyo caso deberán seguir el procedimiento ordinario. El presente Decreto viene a completar el mandato de la nueva letra f), del artículo 57 de la Ley del Suelo autonómica.
TEXTO COMPLETO >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Martinsa-Fadesa > el País
Valor añadido > -Casi la mitad del suelo de Martinsa está pendiente de recalificaciones ....Fadesa afronta el concurso de acreedores con la mitad de su cartera de suelo pendiente de recalificaciones urbanísticas, lo que puede hacer variar considerablemente la valoración de sus activos por parte de los peritos que designe el juez encargado de la suspensión de pagos. Es precisamente esa bolsa de suelo el mayor bien patrimonial con el que hará frente la inmobiliaria a las reclamaciones de sus acreedores. Son 12,4 millones de metros cuadrados, de un total de suelo en propiedad de 23,2 millones que considera potencialmente edificable, los que la compañía denomina "preurbanizables", es decir, calificados como rústicos y pendientes de recalificación por parte de ayuntamientos y otras administraciones. .... Del total de 28,6 millones de metros cuadrados que posee la inmobiliaria gallega, si se descuenta el suelo que considera como patrimonio de uso propio (casi 310.000 metros cuadrados) y el correspondiente a las obras que actualmente realiza (5,1 millones de metros), los terrenos gestionados listos para urbanizar, tanto en España como en el extranjero, por Martinsa-Fadesa se sitúan en sólo 8,2 millones de metros cuadrados, mientras que los 2,5 millones restantes corresponden a lo que considera suelo finalista, lo que se entiende como preparado para edificar. Es decir, Martinsa-Fadesa tiene en propiedad más suelo rústico que aquel calificado como urbano. Son esos 12,4 millones de metros cuadrados frente a los 10,7 millones de metros cuadrados que suman el urbanizable y el finalista.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Martinsa-Fadesa > ABC
Valor añadido > -Martinsa-Fadesa ha trazado las líneas generales de su nuevo plan de negocio con el que pretende salir de la asfixia financiera en la que se encuentra y edificar el tan vital convenio anticipado con sus acreedores. Según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia, el grupo prepara la modificación de su esquema de negocio para convertir la venta de suelo en el quid financiero de su nuevo «business plan».
El equipo financiero de la compañía considera que la desinversión de suelo es la forma más eficiente en costes y tiempos de aumentar los niveles de tesorería libre de la inmobiliaria. Con este viraje, Martinsa-Fadesa pone fin a su característica política de atesoramiento de terreno, que le ha convertido en la inmobiliaria del país con más metros cuadrados de superficie. Al mismo tiempo, supone relegar a un segundo plano el negocio inmobiliario, principal actividad de la compañía hasta la fecha. La venta de suelo tiene una doble ventaja. Por un lado no necesita inversión adicional de capital como sí sucede con la actividad inmobiliaria. Por otro, presenta mayor demanda potencial que el estancado negocio residencial gracias a que cuenta como posibles clientes tanto al Estado, para usos públicos, como a otros grupos inmobiliarios, interesados en adquirir terrenos a precios más moderados. En cuanto a la vigencia temporal de la venta de suelo como sustento del grupo, los servicios financieros de la inmobiliaria estiman que puede alimentar las arcas de la compañía durante dos ejercicios sin arriesgar su desarrollo inmobiliario. La cartera de suelo de Martinsa alcanza los 23,23 millones de metros cuadrados potencialmente edificables de los que, no obstante, sólo el 11% podría tener una salida al mercado relativamente amable por tratarse de superficie finalista. Esta categoría se adjudica cuando el suelo está listo para edificar y cumple todos los requisitos del plan general de ordenación urbana del municipio en el que se encuentra. El resto de la cartera se compone en un 35% de terreno urbanizable y en un 53% de suelo preurbanizable, segunda y tercera categorías por orden de calidad entre cuatro
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NOTICIA > -Obra pública > Madrid
Valor añadido > -Tras cuatro años justificando la legalidad de la reforma de la M-30, el Ayuntamiento recibió ayer una mala noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió una sentencia que establece que la reforma de esta circunvalación debió someterse a una evaluación de impacto ambiental previa a los trabajos, como exige la legislación comunitaria sobre vías urbanas. La sentencia del tribunal de Luxemburgo es la respuesta a la consulta que le planteó el Juzgado número 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, encargado del recurso que había interpuesto Ecologistas en Acción contra las obras de la M-30 por no contar con declaración previa del impacto ambiental. El magistrado quería aclarar el contenido de la normativa comunitaria. Los jueces europeos le dicen ahora a su colega español que la obra sí requería ese informe, pero le dejan la patata caliente de decidir si los trabajos se ajustaron o no a la normativa europea. Los esfuerzos municipales por ampararse en la letra pequeña de la legislación nacional y europea quedan ahora en entredicho. El Consistorio siempre negó la necesidad de la evaluación, porque sostenía que se trataba de una vía urbana. Además, para eludir la ley autonómica, dividió los 56 kilómetros de la vía en 15 tramos, para acometer las obras como proyectos independientes.Con la fragmentación de la obra, el Ayuntamiento de Madrid logró que ningún tramo tuviera más de cinco kilómetros, lo que le hubiera obligado a superar un informe ambiental, según la normativa autonómica. Y también los mantuvo por debajo de los 10 kilómetros que la normativa nacional y europea establece como límite. Las obras, con un coste de más de 3.600 millones, se realizaron en 30 meses. Culminaron días antes de las últimas elecciones municipales, en mayo de 2007. Un año y medio después de su finalización, el tribunal europeo ha echado por la borda todos los argumentos del Consistorio. La sentencia deja claro que el examen medioambiental "no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto". Y, además, precisa que cualquier plan relativo a una vía urbana debe someterse a la declaración ambiental. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de algún responsable municipal sobre la sentencia europea. "El texto marca un precedente. Se acabó eso de meter la tuneladora y preguntar después", asegura Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Esta resolución permite a un juez paralizar cualquier obra que no cumpla con la evaluación ambiental, según Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción, que prevé que el juzgado madrileño emitirá su sentencia en septiembre.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Planeamiento > el País y locales
Valor añadido > - El consejero de Vivienda anunció la creación de ocho equipos provinciales, con 30 técnicos de asesoramiento, para agilizar la adaptación parcial o total de los planeamientos urbanísticos, orientados en el caso de adaptaciones parciales a la construcción de VPO. Espadas enfatizó a los 67 alcaldes con los que se reunió ayer en un hotel de Sevilla que mantengan "una actitud proactiva" en la tarea de relanzar la construcción de viviendas protegidas que den respuesta a la demanda ciudadana de sus municipios. Asimismo, la Junta anunció sendas órdenes que regularán las ayudas públicas a los municipios para las adaptaciones de sus planes urbanísticos y que simplificarán los procedimientos para la calificación de viviendas protegidas. En el primer caso, los ayuntamientos andaluces podrán acogerse a las ayudas de siete millones de euros destinadas a actuaciones de ordenación y gestión urbanística. Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% del coste de la actuación en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 10% en los casos de más de 50.000 ciudadanos.Por su parte, la orden que regulará la calificación de las viviendas de protección oficial pretende garantizar que dicho proceso no se alargue más de tres meses.La Consejería de Vivienda estudiará casos puntuales de municipios de algunas áreas metropolitanas, como el caso del Aljarafe sevillano, donde las reservas del 30% de VPO están bloqueadas por la paralización del 70% de suelo destinado a viviendas de renta libre. La Junta quiere arbitrar medidas para sufragar la urbanización de esos terrenos y desbloquear los proyectos de VPO en dichos municipios.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Sevilla > Caso Tablada > Diario de Sevilla y locales
Valor añadido > -La reserva de suelo deTablada fue "desproporcionada" El TSJA cita jurisprudencia que fija que esta medida sólo podía ejecutarse en suelo urbanizable > Una absoluta desproporción. Ésta es la principal consideración que merece para el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la reserva de casi 350 hectáreas que realizó el Ayuntamiento de Sevilla en los suelos de Tablada. La sentencia del Alto Tribunal, que ha ratificado el primer fallo que dio la razón a los promotores en su oposición a la delimitación del suelo -no por lo que se refiere a la idea de construir-, considera que el Consistorio se excedió al llevar a cabo esta reserva, porque aun cuando una parte de los suelos iban a ser destinados a espacio libre de ocio y de recreo para el disfrute de los ciudadanos, "es absolutamente desproporcionado llevar a cabo una reserva de terrenos de casi 350 hectáreas sin delimitar cuántas se destinarán a esa finalidad", una desproporción que para los magistrados es "más evidente" si se tiene en cuenta que el gran parque de Sevilla -el del Alamillo- tiene sólo una superficie de 48 hectáreas, "siete veces inferior a los terrenos objeto de reserva".El Alto Tribunal andaluz, que ha dictado esta sentencia sin tener en cuenta -porque no correspondía- el escenario administrativo-jurídico abierto con el nuevo PGOU y la nueva ley estatal de suelo, también esgrime como eje fundamental para rechazar el recurso de la Gerencia de Urbanismo una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2005, que establecía que "el único suelo apto para ser objeto de reserva para incorporación al patrimonio municipal del suelo es el suelo urbanizable". En este caso, los terrenos de Tablada están catalogados como rústicos o no urbanizable, según la clasificación del anterior PGOU, de 1987 y en vigor en el momento en que se produjo la impugnación por parte de los promotores inmobiliarios.La sentencia del Supremo, que resuelve una cuestión relacionada con la expropiación para ampliar el patrimonio municipal de una parcela ubicada en suelo no urbanizable de protección agrícola-ganadera, concluye que desde que entró en vigor la ley 6/98, del Régimen del Suelo y Valoraciones, la reserva sólo puede ejecutarse sobre suelos que tengan la calificación de urbanizables. En el nuevo marco jurídico, con el nuevo PGOU y la vigente ley del Suelo, la situación puede cambiar el rumbo del proceso, por cuanto la calificación en el nuevo planeamiento de suelo no urbanizable impide que se pueda construir, de un lado, y porque los suelos se valorarán a precio de rústico y no en función de las expectativas de los propietarios, de otro.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Opiniones Elvira Lindo > el País
Valor añadido > -Titulares como el que ofrecía el otro día este periódico, El nuevo alcalde de Estepona destituye a veinticinco cargos de confianza, hielan la sangre. ¿Veinticinco? ¿De verdad son necesarios veinticinco cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de Estepona? ¿Cuántos debe tener entonces el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid? ¿Trescientos? ¿Son todos ellos absolutamente necesarios? Leyendo la noticia al completo, podías informarte de que había otros veintitantos cargos que podrían seguir en sus puestos dado que, felizmente, habían sido contratados por empresas asociadas. Las sociedades clientelares, tan dependientes de la política, acaban generando poderes crustáceos, inamovibles.
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NOTICIA > -Andalucía
Valor añadido > -La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado de forma cautelar un recurso de la Junta de Andalucía, contra el acuerdo del Pleno de Ayuntamiento de Sorbas, ya que se afirma que «no es posible la aplicación del régimen de suelo urbano a los terrenos que dispongan de los correspondiente servicios de modo fraudulento o por la propia fuerza de los hechos, sin que siquiera para su valoración indiciaria se haya efectuado por el Ayuntamiento indicación de cuál sea el instrumento de ordenación que haya hecho posible la urbanización de los terrenos afectados».
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NOTICIA > -Anducía > Sevilla > ABC
Valor añadido > -Habrá un tercer intento por expropiar Tablada. Lo confirmaban  fuentes municipales que recordaban el acuerdo aprobado por el último Pleno de la última Corporación municipal (19 de mayo de 2007) en la que por unanimidad se facultó a la Gerencia de Urbanismo a elaborar un estudio para adpatar el proceso de expropiación de la dehesa a la nueva Ley del Suelo. Entiende el Ayuntamiento que esto unido a la aprobación del PGOU y a la deimitación de Parque periurbano que hizo la Consejería de Medio Ambiente será suficiente para reiniciar los trámites de la expropiación anunciada en 2001. Para Urbanismo, a la tercera será la vencida y no habrá más parones judiciales al contar ahora con una triple justificación jurídica para la expropiación, Pero en realidad el debate de Tablada ha sufrido algunas variaciones en todos estos años. Se trata, a la vista está, de un debate recurrente, politizado, que emerge con la virulencia de un volcán en erupción en los periodos preelectorales y vuelve a dormir en los brazos de la justicia durante los años entre urnas y urnas. ....La Sección Segunda de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a fallar en contra del Ayuntamiento y anula la delimitación de suelo que la Gerencia de Urbanismo realizó como paso previo a la expropiación por vía de urgencia que pretendía el Consistorio sobre 367,4 hectáreas no uirbanizables en las que aseguraba se proyectaría un parque de entidad metropolitana.  No es la primera vez que el mismo Tribunal tumba los argumentos municipales sobre Tablada. En noviembre de 2003, suspendió de forma cautelar el proceso de expropiación y dejó sin efecto la primera delimitación realizada por Urbanismo de 350,3 hectáreas de la dehesa al considerar que el Ayuntamiento estaba obligado a expresar los fines concretos de carácter social que justificaran la reserva y delimitación de los terrenos de titularidad privada para su posterior integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, algo que no constaba en el trámite administrativo iniciadopor el Ayuntamiento. En la última sentencia, cinco años más tarde, los magistrados insisten en los mismos argumentos de entonces, recurriendo de nuevo a la novedosa doctrina del Tribunal Supremo en materia de expropiaciones que persigue incrementar las garantías de la propiedad ante presuntos abuisoso por parte de la Administración a la que se obliga a detallar concretamente los usos que se darán a los bienes expropiados. Fue en enero de 2004 cuando el Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó, con el voto en contra del PP, una nueva delimitación de los suelos de Tablada, ahora sobre 367,4 hectáreas, que fue elevada a Pleno en el mes de mayo de ese año. La Oficina del Plan, que dirigía el redactor del nuevo PGOU, Manuel González Fustegueras tampoco definía con concreción el parque proyectado en los terrenops a expropiar, sino que se apoyaba en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para justiticar la delimitación de terrenos estratégicos para la ciudad, así como en el avance que ne ese monmento se había tramitado del actual Plan General de Ordenación Urbana que planteaba mantener el suelo como no urbanizabl. El documento no ofrecía detalles sobre la que se consideraba finalidad última d ela expropiación, es decir, hacer de Tablada un macro parque periurbano, extremo que sólo quedaba apuntado en una línea al final del documento. El consorcio Tablada Hispalís ya advirtió entonces que la reapertura de la expropiación mediante una segunda delimitación de suelo resultaría ser una tramitación que constituía un intento de burla de la Justicia ya que reiterar los mismos argumentos a un asunto zanjado por los tribunales resultaba «nulo de pleno derecho», extremo que se confirmaron en marzo de 2005 cuando el Juzgado número 7 de lo Contencioso emitió un auto suspendiendo en primera instancia la segunda delimitación de suelo. El magistrado ya consideraba que no había modificación en los juzgado un año antes por el TSJA y reiteraba que el Ayuntamiento debía concretar y espeficiar los usos previstos para el suelo a expropiar para «porteger el derecho depropiedad frente a eventuales abusos de las administraciones en el uso arbitrario de sus facultades». El auto señala que por contra, el acuerdo municipal sólo alude a «inespecíficas o inconcretas» razones estratégicas, de ordenación o vertebración territorial, términos que para el magistrado «se elevan sobre lo preciso y concreto para sumirnos en la imprecisión y lo abstracto», de futuras actuaciones públicas que se remiten a planes como el PGOU «que carecne por completo de fuerza vinculante». El TSJA respalda la decisión de este magistrado frenter al recurso del Ayuntamiento y en su nueva sentencia, de la que hoy se conocerán más detalles, añade nueva jursiprudencia del Tribunal Supremo además de hacer mención a lo incongruente que resulta reservar tan amplia superficie de terrenos para un parque periurbano cuando las administraciones públicas no han sido capaces de procer en más de una década a la ampliación del Parque del Alamillo de más reducidas dimensiones. La sentencia llega con dos años de retraso sobre la fecha prevista por Urbanismo cuyo delegado suponía que «en el peor de los casos» el Ayuntamiento ocuparía los trerrenos de Tablada en 2008.
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NOTICIA > -Andañucía > Sevilla > el País y locales
Valor añadido > -Nuevo varapalo a la expropiación de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas) y donde el Ayuntamiento prevé crear un parque periurbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el gobierno municipal contra una sentencia de un juzgado de Sevilla que dio la razón al propietario de Arenal 2000, que había recurrido la decisión municipal de expropiar la dehesa. La sentencia dictada ayer por la sala de lo Contencioso Administrativo tumba el segundo intento del Ayuntamiento de acometer la expropiación. Los argumentos de los jueces son parecidos a los de la primera resolución: el gobierno municipal no ha justificado suficientemente las razones de la expropiación. No obstante, los magistrados del TSJA son más intransigentes de lo que lo fue el juez de primera instancia. Consideran que las finalidades del gobierno municipal son "lícitas y plausibles", pero "exceden" de los "específicos que pueden avalar las reservas de terreno". El expediente municipal de expropiación al que se refieren los jueces está redactado antes de la aprobación definitiva del nuevo PGOU, por lo que el fallo judicial se basa en el plan urbanístico anterior, de 1987. No obstante, para salvar las reticencias del TSJA a la expropiación, el Ayuntamiento va a tener que trabajar el nuevo expediente más allá de la mera adaptación al nuevo plan y a la ley estatal del Suelo aprobada el año pasado. Los jueces cuestionan incluso la idoneidad de reservar para un parque una bolsa del tamaño de la de Tablada: "Consideramos que es absolutamente desproporcionado llevar a cabo una reserva de terrenos de casi 350 hectáreas sin delimitar cuántas de ellas irán destinadas a esa finalidad", advierten. Según los magistrados, el gobierno municipal tampoco ha demostrado que la dehesa esté en peligro como para que se justifique su expropiación. "Ni siquiera se nos dice, ni se justifica ni prueba, hasta qué extremo los terrenos de Tablada sufren una degradación tal que imponga una actuación pública". Tampoco les vale el carácter inundable de los suelos, argüido por el gobierno para justificar su expropiación. Según los jueces, no sólo no sirve para avalar la intención municipal, sino que es un motivo de más para rechazarla. "Si los terrenos son inundable [...] lo serán para todo uso [...] incluida la de ocio y disfrute de los ciudadanos", sostienen. La jurisprudencia en la que se centran los magistrados es una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que concluye que los ayuntamientos sólo pueden reservar para incorporar a su patrimonio suelos urbanizables, no los clasificados como no urbanizables, como es el caso de Tablada. Esta premisa legal podría poner en duda todo el proceso de expropiación. Fuentes municipales apuntan a que si esto fuera así, se podría abrir la puerta a la construcción del parque en suelo privado ya que el futuro de la dehesa como zona verde periurbana "no tiene marcha atrás" porque está en el PGOU. Urbanismo confía en salvar el plan, aunque con demora  La sentencia del TSJA sobre Tablada no ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento. El gobierno municipal contaba con que los jueces tumbarían el segundo expediente de expropiación, como ya hicieron con el primero, por lo que la Gerencia de Urbanismo tiene preparado desde hace más de un año un nuevo expediente cuyo inicio fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal. El expediente ha estado guardado desde hace meses a la espera de que el alto tribunal diera por muerto el anterior. Fuentes municipales adelantaron que el Ayuntamiento probablemente no recurrirá la sentencia y se lanzará directamente a la presentación de ese tercer expediente de expropiación, que cuenta con dos bazas: el nuevo PGOU, aprobado en 2006 y que contempla Tablada como zona no urbanizable; y el exhaustivo estudio de parque periurbano elaborado por la Universidad de Sevilla, que definió y situó en el mapa desde un inmenso parque botánico a pistas deportivas. La consecuencia más negativa de la sentencia del TSJA, según las fuentes consultadas, es que retrasará al menos otros 18 meses, la ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento. En el mejor de los casos, el pleno municipal podría aprobar el nuevo expediente en otoño, pero el gobierno da por seguro que los propietarios de los suelos volverán a recurrir, por lo que habrá que esperar otra vez a que los jueces se pronuncien.
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NOTICIA > -Andalucía > Diario de Sevilla y locales
Valor añadido > -expropiación de Tablada > El Tribunal Superior Justicia de Andalucía (TSJA) decidió ayer, en un fallo cuyo sentido era más o menos previsible dados los antecedentes existentes, dar la razón a los dueños de los terrenos de la dehesa de Tablada en el pleito que mantenían, desde hace años, con el Ayuntamiento de Sevilla.  Se trata de un recurso contra una sentencia ganada ya en primera instancia por las inmobiliarias dueñas del suelo -agrupadas en la corporación de interés económico Tablada Híspalis-, que ahora recibe el respaldo del Alto Tribunal andaluz, que viene a dar la razón a los promotores de la urbanización de Tablada no en relación a su idea de construir, sino en lo que respecta a su oposición a la delimitación de suelo -la segunda en el largo proceso de lucha por Tablada- que la Gerencia de Urbanismo había aprobado antes de validar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los fundamentos de derecho del fallo, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, cuestionan la capacidad del Consistorio para hacer una reserva de suelo sobre los terrenos de Tablada basada en los hipotéticos usos genéricos de interés público. Una fórmula existente en la normativa urbanística andaluza que permite a los consistorios iniciar procesos de expropiación -la delimitación es el paso previo al cambio de titularidad- basada en argumentos que, según el punto de vista de los promotores, son de índole "abstracta". La estrategia de los ayuntamientos a este respecto busca con este mecanismo aminorar las indemnizaciones que reclaman los propietarios, que reivindican el pago de un justiprecio basado en sus expectativas urbanísticas. El Ayuntamiento siempre ha alegado que la delimitación del suelo era una circunstancia que por sí misma bastaba para sustraer a Tablada del proceso de urbanización, aunque los dos fallos judiciales negativos hasta ahora no le han dado la razón. Fuentes municipales confirmaron ayer la promulgación del fallo, que calificaron como "muy subjetivo, negativo y parcial".  El Consistorio, en todo caso, no mostró ayer mucha preocupación ante el resultado de la sentencia del TSJA. La razón: anticipándose a dicho fallo, en mayo del pasado año el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad un expediente para expropiar los terrenos que está listo para reactivarse. Urbanismo confiaba en que una sentencia favorable le permitiera ocupar los terrenos de manera inmediata. En caso contrario, como finalmente ha pasado, la expropiación formal iniciará a partir de ahora su senda oficial -que previsiblemente también será recurrida por los propietarios de Tablada- aunque en un escenario jurídico bastante distinto del que existía cuando se realizó la segunda delimitación de suelo.  Los nuevos factores susceptibles de cambiar el proceso son la aprobación definitiva del PGOU -sancionado totalmente por la Junta de Andalucía- y la vigencia de la nueva ley estatal de suelo y valoraciones. En el caso del Plan General, las cosas están claras: la calificación que este documento urbanístico otorga a Tablada es la de suelo no urbanizable dado su especial valor ambiental. Esta clasificación, sancionada totalmente por la Administración regional, que es la competente en la materia, impide cualquier intento de construir en la antigua dehesa, cuya condición rústica e inundable hace imposible cualquier fórmula de proyecto inmobiliario. El segundo aspecto es el que se refiere a la nueva ley estatal del suelo, aprobada por el Congreso de los Diputados durante la primera legislatura de Zapatero. Esta normativa, a la que se opusieron el PP y las grandes inmobiliarias, elimina a la hora de hacer la valoración de un terreno las supuestas expectativas urbanísticas de su comprador, al establecer un nuevo parámetro en base al cual cada suelo existente vale -en términos urbanísticos- no ya en función de lo que su dueño espera obtener de él en el mercado, sino del uso contrastado y cierto que tenga en el momento de la estimación. En el caso de Tablada, los terrenos se valorarían, por tanto, a precio de suelo rústico. Casi siete millones de euros. Muy lejos, obviamente, de lo que en su día pagaron las inmobiliarias.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Urbanismo > Cinco Días
Valor añadido > -CB Richard Ellis valoró, en junio de 2007, en 620 millones de euros suelo rústico que poseía la inmobiliaria Aisa en Zaragoza. En diciembre de ese año, el mismo activo fue valorado por la misma consultora en 220 millones de euros. Esa diferencia puede ser mortal para la inmobiliaria. Si Aisa empleó ese dato para lograr créditos de la banca, ¿cómo podría responder ahora ante sus obligaciones financieras? Y si hubo entidades que confiaron en esa primera valoración ¿no fueron demasiado osadas al hacerlo? Aisa afronta ahora solicitud de concurso de un acreedor. La responsabilidad legal de un informe realizado por una consultora como Richard Ellis es únicamente con su cliente.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid > el País
Valor añadido > - El concejal Presidente de la Junta Municipal de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna ha sido llamado a declarar como imputado por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, tras haber recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo y que, a  su vez, podrían estar relacionadas con el Caso Guateque. La declaración tendrá lugar el próximo 29 de septiembre y también han sido citados como imputados  Óscar Acero Fernández (jefe de la unidad de licencias de la gerencia de Urbanismo), Fernando Ruiz Torrejón y Miguel Ángel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente. La denuncia hace referencia a supuestas irregularidades cometidas en varias viviendas de un edificio situado en la calle Juan Bravo. Iñigo Henríquez de Luna alcanzó notoriedad por ser el militante que quiso impulsar las primarias dentro del Partido Popular....A Henríquez de Luna, junto a tres funcionarios municipales -ya imputados por este caso-, se les relaciona con un caso de presuntas licencias irregulares concedidas a una tienda de decoración de la calle de Juan Bravo. Según consta en la demanda que ha dado pie a la imputación, presentada por dos vecinos de la finca, la empresa BZ Asuntos de familia, SL, adquirió en 1998 y 1999 el local bajo y los cuatro pisos de la planta primera de Juan Bravo, 18. El espacio, posteriormente unificado, iba a ser un local para Becara, una tienda especializada en muebles y decoración de la familia Aranguren Zunzunegui. Una de las hijas de dicha familia, Amalia Aranguren, es la esposa del abogado y ex diputado nacional del PP Jorge Trías Sagnier. Éste, en una reunión de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, 18, "se jactó de su amistad con Íñigo Henríquez, llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la gran amistad que les unía", se señala en la denuncia. "Igualmente, en distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano [ex alcalde de Madrid] y [Alberto] Ruiz-Gallardón [actual regidor de la capital]".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Cadena SER
Valor añadido > - Los ayuntamientos gastan la quinta parte de la venta del suelo en fines no previstos en la ley
No lo invierten en construir vivienda pública u otros fines sociales  Los ayuntamientos gastan casi una quinta parte del dinero obtenido por la venta de suelo en fines no previstos en la ley, según un informe del Tribunal de Cuentas. ¿Te interesa? Si 3 deja tu comentario Compartir         El Tribunal de Cuentas denuncia una situación de descontrol en Marbella entre 2002 y 2006  Así se desprende de las conclusiones del Tribunal de Cuentas en su último informe de 2004 sobre la gestión y control del patrimonio municipal del suelo que realiza sobre 145 ayuntamientos españoles. El 18% del patrimonio municipal del suelo de los consistorios españoles no se ha utilizado para construir vivienda pública u otros fines sociales de acuerdo con el planeamiento urbanístico, sino que se ha destinado a gastos de personal e inversiones sin especificar o gastos corrientes. La mayoría de los ayuntamientos no cuentan con sistemas de control o seguimiento que permitan saber para qué se ha empleado el suelo público o el dinero que han obtenido de él. Por tanto, el Tribunal considera que la información disponible no es fiable. Sólo se destina el 26% del suelo a vivienda pública Además, durante el período analizado, sólo se ha destinado el 26% del suelo a vivienda pública. El órgano fiscalizador insta a los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de urbanismo a adaptarse a la ley estatal del suelo. Así se concretaría el término de otros fines sociales que permite a los ayuntamientos utilizar el suelo para fines no previstos. Valencia, Asturias, Castilla La Mancha y Cataluña son las comunidades que han dirigido más porcentaje de su patrimonio del suelo a estos otros fines
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Asturias > Aplicación de la Ley del suelo
Valor añadido > -El ayuntamiento de Oviedo hace públicos los bienes de todos sus miembros > La corporación municipal ovetense ha sido la tercera de España, tras las de Gijón y Sevilla, en hacer pública la declaración de bienes patrimoniales de sus miembros. El edil de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP), ha declarado un capital de 177.346 euros repartido en varias cuentas, un piso en Oviedo con dos plazas de garaje y un trastero, otro en Torrevieja con un garaje y una finca de 4,5 hectáreas en Benia (Onís). Los datos corresponden al según el informe que ha facilitado hoy la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en virtud del acuerdo al que llegó el pleno del Ayuntamiento de Oviedo recientemente una iniciativa por la que toda la corporación estaba obligada a hacer público su patrimonio. El inmueble situado en Oviedo propiedad del alcalde fue adquirido en 1982, el de Torrevieja en 1985 y la finca de Benia en 1990, propiedades todas ellas poseídas por el presidente de la Corporación edil al 50 por ciento al igual que el capital y sus bienes muebles. Al capital declarado hay que añadir las 782 acciones del Banco Español de Crédito, adquiridas en 2002; seis cuadros de Manuel Linares, comprados entre 1979 y 1990; un cuadro de Eduardo Úrculo, adquirido en 2000 y otro de Díaz de Orosia, que posee desde 1994. Además, el alcalde ha declarado que en 2007 tuvo unos ingresos totales de 85.163 euros, provenientes de su cargo de alcalde de la ciudad. El concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo; la portavoz del grupo municipal socialista, Paloma Sainz, y el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), miembros de la Junta de Portavoces, han hecho público esta tarde el informe que "resume" la declaración de bienes de los veintisiete concejales de la Corporación. Por su parte, la portavoz socialista ha declarado un capital de 54.993 euros, y unos ingresos de 65.700 por el sueldo que percibe como directora general de Formación Profesional así como por sus ingresos municipales. Sainz ha declarado también un piso con plaza de garaje en Oviedo y dos parcelas en Garrafe de Torío (León). Sánchez Ramos, único concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ) en el Ayuntamiento de Oviedo, que ya había hecho público su patrimonio, declara unos ingresos anuales en concepto de dedicación exclusiva de 48.618 euros, de los que cede mensualmente 821 a la actividad política del partido. Además, declara el 50 por ciento de una vivienda y una plaza de garaje, un coche, una motocicleta y una bicicleta. Entre los concejales que tienen un mayor patrimonio, destaca el de Patrimonio y Finanzas, Iván de Santiago González, que ha declarado tres pisos al 50%, otros tres al 33,33 por ciento, dos vehículos, unos ingresos de 45.983 euros y un capital de 59.437 euros. Los ingresos de De Santiago González provienen del Ayuntamiento de Oviedo y de actividades profesionales e ingresos financieros, y el capital está depositado en varias cuentas bancarias sujetas a distintas condiciones financieras. Paloma Sainz ha explicado en que la declaración del patrimonio representa un "acto de transparencia" que se ha llevado a cabo con "plena sintonía" y que uno de los objetivos es "que no haya conflicto entre lo privado y lo público".Por su parte, Iglesias Caunedo ha reconocido que, por ser la primera vez, "puede haber alguna errata" y ha señalado que el de Oviedo es el "tercer ayuntamiento" de España que realiza la declaración de bienes y patrimonio, y ha instado a "los otros 8.000" consistorios españoles a que sigan el ejemplo de la capital asturiana.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla la Mancha > Seseña
Hemeroteca: Respuesta del alcalde de IU en Mundo Obrero: "Por no hablar de la Junta de Castilla la Mancha, que nos ofreció trato de "Ayuntamiento socialista" si agilizábamos los trámites de marras con respecto al pocero".  En ABC "Según el coordinador regional de IU, Cayo Lara, que dice que vio con sus propios ojos esa escena el 18 de marzo de 2004, podría existir «un presunto trato de favor por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha», en la época en que lo presidía Bono, hacia el mencionado constructor. Según IU, precisamente en esa época, entre finales de 2002 y finales de 2003, «en menos de un año se cumplimentaron todos los trámites administrativos de las consejerías para sacar adelante el polémico PAU El Quiñón, en el que ONDE 2000 está levantando 13.508 viviendas a 4 kilómetros de distancia del casco urbano de Seseña, al norte de Toledo. «Se trata -especifica Lara- de la mayor operación especulativa inmobiliaria de Castilla-La Mancha en su historia. Va a suponer 200.000 millones de las antiguas pesetas de beneficio». El proyecto urbanístico «fue fruto de una modificación puntual de las normas subsidiarias, algo aberrante». «Tuvo el apoyo -dice Lara-, impulso pleno y violentación de la legalidad vigente del anterior Ayuntamiento (del PSOE)»."
Valor añadido > -El Gobierno de Castilla-La Mancha mostró su satisfacción por el hecho de que en el texto de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña (Toledo), José Luis Martín, se relate que la actuación de las autoridades regionales fue correcta y escrupulosa en la tramitación del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de 'El Quiñón' en esta localidad, circunscribiendo cualquier presunta responsabilidad al ámbito municipal. Según informó la Junta en un comunicado, tras dos años de investigación de la Fiscalía, a la que la Junta "ha prestado siempre todo su apoyo", el Ministerio Público "pone de manifiesto que el proceder de las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente se ajustó a lo que exigen las normas urbanísticas de la región".   Además, añade que "del relato de los hechos se demuestra que los responsables del Gobierno regional informaron desfavorablemente, de acuerdo con la Ley, sobre este proyecto en varias ocasiones hasta que, una vez subsanados los problemas que se venían observando desde la entrada del mismo a finales de 2002, se dio el visto bueno al Plan Especial de Infraestructuras para el (PAU) de El Quiñón, en diciembre de 2003".  El Ejecutivo regional destaca por último que la investigación "ha dejado claro" que no hubo ningún trato de favor hacia esta iniciativa urbanística por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, "tal y como algunas formaciones políticas habían venido manteniendo".  Refiere así que, muy al contrario, el escrito de la Fiscalía detalla cómo las consejerías competentes en la materia vigilaron para que el procedimiento se ajustara "milimétricamente" a lo que disponía la legislación urbanística, del mismo modo que se hace con todos los proyectos sobre los que debe pronunciarse el Gobierno regional.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla la Mancha > el País
Valor añadido > -La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la macrourbanización construida en Seseña (Toledo) -13.800 viviendas ubicadas en un secarral- por el promotor Francisco Hernando, el Pocero, ya tiene un culpable: el ex alcalde socialista José Luis Martín Jiménez que dio luz al proyecto con los votos sólo de su partido, pese a contar con informes desfavorables del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha.
Su labor de ocultación de estas trabas le fue premiada económicamente: en sucesivas fases fue invirtiendo dinero en fondos a nombres de sus hijos por unos importes que no podía justificar su sueldo. De todo ello, se deriva un triple delito: prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública. Tal es la síntesis de la querella que ha presentado hoy la Fiscalia Anticorrupción en los juzgados de Illescas. De la querella no se desprenden más imputados, pero, obviamente, de las diligencias se pueden derivar nuevos culpables, singularmente quienes le dieron el dinero y por qué. Los supuestos pagos recibidos entre 2002 y 2005 se han traducido en los siguientes rastros: unas inversiones cercanas al medio millón de euros en ese periodo cuando sus ingresos como alcalde hasta 2003 apenas rozaban los 27.000 euros anuales, que, tras cesar, se redujeron a 17.000 euros. El ex alcalde en su descargo alega que cobró un un cupón de la ONCE por valor de 144.000 euros. Ni con este argumento, que la fiscalía no ve creíble, cubre tal disparo de su patrimonio en los mismos años en que iba asentando las bases urbanísticas del imperio del Pocero en Seseña, mientras orillaba a sabiendas los déficits ambientales que presentaba el proyecto.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla la Mancha > Denuncia de la Fiscalía Anticorrupción > el País y SER
Fue posible su  aprobación por la JCCM, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el mes de diciembre de 2003.
Valor añadido > -AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  DE ILLESCAS  QUE POR TURNO CORRESPONDA  EL FISCAL, ... El 19 de noviembre de 2002, la empresa ONDE 2000 SL. presentó ante el Ayuntamiento de Seseña el Programa de Actuación Urbanizadora de “El QUIÑON” (PAU de “El Quiñón”). En esas fechas, dirigía el gobierno municipal de Seseña, José Luis Martín Jiménez, que había llegado al Ayuntamiento en el año 1991 formando parte de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en él se mantuvo hasta las elecciones del año 2003, tras las que renunció a su acta de concejal. Durante la legislatura 1999-2003  tuvo la condición de liberado. Dicho Programa contenía: a) un Plan Parcial del Sector de Actuación Urbanística  “EL QUIÑON”; b) 3 ejemplares del anteproyecto de Urbanización del SAU “EL QUIÑON”; c) 2 ejemplares del Estudio de Impacto Ambiental; d)  la Propuesta Jurídico -Económica y e) el Convenio Urbanístico. Una vez entró dicho Programa en el Ayuntamiento, se procedió a incoar el correspondiente expediente, con el nº  172/02. Dicho Programa de Actuación suponía, y así era la propuesta que contenía, la recalificación de 1.833.147m2 de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes, frente a los 8.000 habitantes, aproximadamente, que estaban censados en el municipio al tiempo de la presentación de dicho programa.  Fue en ese año 2002, y sin que conste el origen del dinero, cuando el Alcalde suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 € y 1.800 € respectivamente y adquirió un bien inmueble en  la provincia de Málaga por importe de 9617 €. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, a la cantidad de 27.806 €. brutas aproximadamente, a excepción del año 2003, en el que tras haber abandonado su cargo en el Ayuntamiento sólo le constan haber percibido la cantidad de 17.074 € brutos, de los que 12.667 € procedían del Ayuntamiento. Los únicos rendimientos de capital mobiliario declarados en ese año ascienden a la cantidad de 2734 € brutos.   La solicitud planteada, por imperativo legal, (art. 10.3.b de la Ley 2/98) exigía una consulta previa, para la aprobación del proyecto, que fue remitida el 10-12-02, a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, siendo su Comisión Provincial (CPU) la competente para contestar tal consulta previa, lo que hizo mediante escrito de fecha  23 de diciembre de 2002 (F 33), en el sentido de comunicar al Ayuntamiento que como requisito previo y necesario debía ser tramitado un PEI (Plan Especial de Infraestructuras) y ello con el fin de determinar la viabilidad de la Actuación propuesta. (doc. nº 2 de la denuncia), dado que existían otras actuaciones propuestas desde el mismo Ayuntamiento, conocidas en dicha Comisión y en las que los informes de los técnicos municipales, ponían de manifiesto la necesidad de infraestructuras en el municipio. (Así también lo han puesto de manifiesto personas que han comparecido en el marco de estas diligencias). El PEI, entonces fue redactado por ONDE 2000 SL  y se remitió a la Comisión Provincial de Urbanismo (en adelante CPU), en fecha no determinada pero, en cualquier caso, así fue, dado que la Comisión se reunió para su estudio el 12 de febrero de 2003 y consta el informe emitido por dicho organismo de  fecha 19 de febrero de 2003 y enviado al Ayuntamiento (consta el  registro de entrada en el Ayuntamiento de fecha 20 de febrero de 2003). Y esto era así porque la aprobación definitiva del PEI le correspondía a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (en adelante JCCM) tras la aprobación inicial que le corresponde al Pleno del Ayuntamiento.   En dicho informe se realizaban las siguiente observaciones, en relación al PEI:  1.- La necesidad de dar información pública,  2.- Con carácter general y como se determina en el art 36 de la Ley 2/98, dar traslado de ese proyecto de PEI para informe a los distintos departamentos y órganos competentes cuyos bienes demaniales resulten afectados .  3.- Que se comunicase a los municipios colindantes. Pero además, en dicho informe se advertía que ese PEI tenía por objeto: “garantizar las infraestructuras en la zona para posibilitar su desarrollo a través de un PAU y facilitar el desarrollo futuro del entorno inmediato, “considerando la intervención desde el punto de vista de conjunto respecto al  municipio”. Específicamente, el citado informe  recogía, entre otras, las siguientes observaciones: - Los cálculos de demanda de abastecimiento de agua para la población y usos previstos. - Los cálculos relativos al colector de saneamiento y la capacidad de la EDAR para aumentar  sus previsiones a  los nuevos vertidos.  - Los temas relativos a los accesos, caminos, autovías etc…  - Previsiones de potencia sobre la red eléctrica. Junto a las anteriores se añade que las referencias a la ordenación detallada del PAU deberán ser eliminadas por no estar aprobado este, ni tan siquiera  lo estaba el PEI.  También se hicieron observaciones al Expediente administrativo propiamente dicho, relacionadas con las notificaciones a los propietarios afectados así como la incorporación de informes favorables de Ayuntamientos colindantes, alguno de ellos afectados por razón de la ubicación de los depósitos del agua; sobre capacidades de los colectores y de las redes eléctricas, etc…   SEGUNDO.-   Fue en el Pleno convocado para el 13 de marzo de 2003, de carácter extraordinario, donde se sometió a aprobación inicial el PEI de El QUIÑON. En dicho Pleno y así consta en el acta levantada del mismo, se pusieron de manifiesto por los grupos municipales de la oposición la falta de informes  preceptivos en relación a dichas actuaciones, lo que suponía que no podían ser valoradas por falta de información suficiente, teniendo en cuenta la magnitud de la actuación propuesta y que se pretendía aprobar.  A pesar de  tales circunstancias y a sabiendas de que eso era así, el Alcalde, conociendo que su grupo municipal ostentaba la mayoría de los votos del consistorio,  sometió a la aprobación inicial el PEI, que resultó aprobado con los votos de su grupo municipal. El día 22 de abril de 2003 se celebró un Pleno extraordinario, debidamente convocado, en el que nuevamente, el Alcalde tras informar sobre las rectificaciones instadas por la Comisión Provincial de Urbanismo, relacionadas fundamentalmente con las alegaciones formuladas por los municipios colindantes, somete a aprobación El PEI de El Quiñón y por las mismas razones que ya habían puesto de manifiesto los grupos municipales de la oposición, en la anterior sesión plenaria, el PEI, fue de nuevo aprobado únicamente con los votos favorables del Grupo municipal socialista.  La propuesta de actuación presentada por ONDE 2000 SL. comprendía un programa de actuación urbanizadora (PAU), reclasificando terreno rústico mediante la modificación de las normas subsidiarias del Ayuntamiento. Este expediente también requería de informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo así como de los informes correspondientes de “Impacto Ambiental” que debían ser emitidos por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Conociendo que no constaban en el expediente tales informes preceptivos de la CPU y de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el Alcalde convocó el día 6 de mayo un nuevo PLENO extraordinario para el día 8 de mayo de 2003. En dicho Pleno, contando, como ya sabía, con las mismas mayorías de votos que en los Plenos anteriores, sometió a votación la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora de El Quiñón, la adjudicación del mismo a ONDE 2000 SL. así como la aprobación de la propuesta de convenio urbanístico propuesto por la misma mercantil. En dicho Pleno y respecto de los informes referidos, se puso de manifiesto por los grupos municipales de la oposición, la ausencia de los informes preceptivos de la CPU y de la Consejería de Agricultura en el expediente, obteniendo como única respuesta del Alcalde la afirmación, de que sí constaban tales informes y además que “los mismos eran favorables”, a pesar de conocer el contenido desfavorable del informe de la CPU y la inexistencia del Informe de la Consejería de Agricultura. Además, el Alcalde sometió a aprobación del Pleno, el Convenio Urbanístico, pese al informe desfavorable realizado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento, con la “nota de conformidad” de la Secretaria del Ayuntamiento en cuyas conclusiones consta: Para poder hacer un pronunciamiento sobre la adecuación a la legalidad  de la propuesta realizada por ONDE 2000 SL  y el procedimiento adecuado para ello, seria necesario realizar un estudio más profundo y detallado de la misma, donde se complemente o aporte mayor documentación que permita concretar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes”. Conociendo las circunstancias anteriores, e ignorando el informe desfavorable referido, el Alcalde sometió a la aprobación del Pleno tanto el Programa de Actuación Urbanizadora, presentado por ONDE 2000 SL, su adjudicación como agente urbanizador a ONDE 2000 SL y la propuesta de  Convenio Urbanístico con ONDE 2000 SL  sabiendo que contaba, de nuevo, con los votos favorables de los miembros del Grupo Municipal socialista. Los demás grupos municipales, por las mismas razones esgrimidas en los Plenos anteriores  así como por no constar los informes preceptivos y desconocer, por tanto su contenido, votaron en contra. El resultado fue la aprobación de lo propuesto por el Alcalde. Del examen de la documentación aportada a las presentes diligencias, se ha determinado que el informe preceptivo acordado por la CPU, en la sesión del 6 de mayo de 2003 y que lleva fecha de 7 de mayo de 2003, consta su entrada, con el nº 1803 en el Ayuntamiento en fecha 21 de mayo de 2003, aunque se ha aportado a estas diligencias, un documento-fax con la impresión propia de estos documentos, del Ayuntamiento de Seseña, de fecha 7 de mayo de 2003 y hora 13 h. con el mismo contenido, sin el sello de entrada correspondiente y sin que resulte acreditado que el mismo hubiera sido incorporado en el expediente correspondiente. Tras el requerimiento efectuado por esta Fiscalía Especial al Ayuntamiento de SESEÑA para que remitiese el expediente relativo a este PEI, no constaba entre la referida documentación el fax referido.   Además, el informe emitido por la CPU distaba de ser un informe favorable, como afirmó el Alcalde en el Pleno de la Corporación. El propio Consejero de Obras Públicas de la JCCM afirmó, en el marco de estas diligencias, que el contenido de tal informe era desfavorable. Por parte de la ponente en la CPU del expediente referido, se puso de manifiesto que el informe emitido contenía 18 reparos, de los cuales 6 eran suficientemente importantes y esenciales cuyo incumplimiento hacia inviable la aprobación y posterior registro del PAU:  1.- Las infraestructuras del PAU deben ajustarse a las del PEI, que estaba suspendido y sobre todo las referidas al abastecimiento del agua. (El primero de la pagina 2). 2.- Las relativas a la ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte colectivo. (El tercero de la pág. 2).  3.- El informe del Ministerio de Fomento en relación a la zona de afección de la R-4, y aquellas Consejerías y direcciones generales en relación a las necesidades de Sistemas Generales y/o equipamientos locales que deban incluirse. (El tercero de la pág. 3.)  4.- Notificaciones a los Ayuntamientos colindantes, a los que les afectaba la modificación de Normas y recalificación de terreno rústico. (El quinto de la pág. 3) 5.- La necesidad de inclusión de todos los costes de las obras del PEI. (El sexto de la pág. 3.)  6.- La no recepción de las obras de urbanización del PAU si previamente no se han  recepcionado las del PEI. (El primero de la pág. 4.) Pero además constaba el informe emitido por la CPU sobre el PEI en cuyas conclusiones consta: “Suspender la aprobación definitiva del expediente hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas, con la aprobación plenaria  de las modificaciones a que diese lugar acordadas”. También se ha determinado que el informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente relativo a la Evaluación Ambiental tuvo su entrada en el Ayuntamiento de Seseña el día 9 de mayo de 2003, nº de registro 1662. En sus conclusiones se hace constar la viabilidad del Plan de Actuación supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, atendiendo a que no existe red de agua ni de saneamiento y solo se hace referencia a que se  prevé una conexión a los depósitos municipales y a la futura red de acometida del embalse de PICADAS, entre otras, firmado este por el Director General de Calidad Ambiental. TERCERO.- Fue 5 días después del Pleno Municipal citado, el 13 de mayo de 2003 cuando José Luis Martín Jiménez suscribió 3 fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, lo que acreditó mediante la presentación de tres certificados de una entidad bancaria, en la que constan la suscripción de tales fondos por importe cada uno de ellos de 48.000 €. Lo que significa que dispuso de 144.000 € (24.000.000 Ptas.) con los que suscribió tales fondos a nombre de sus tres hijos. Junto a los anteriores, consta otras suscripciones de fondos de inversión en este mismo año 2003 por importe de 20.000 € a dos de sus hijos. sin que las rentas declaradas por ellos, sustenten  tales inversiones. Además, el 9 de junio, y cuando aun su situación en el Ayuntamiento era la de Alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 € y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 € para la compra de 2 viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL. vinculada a ONDE 2000 SL sociedad a la que había sido adjudicado el Convenio Urbanístico de “El Quiñón” en el Pleno del 8 de mayo referido. El 11 de junio de 2003, se celebró un Pleno extraordinario presidido por el Alcalde, ya en funciones, José Luis Martín Jiménez para la aprobación del acta de la sesión de 8 de mayo de 2003, que fue aprobada con los votos favorables del grupo municipal Socialista. No consta en el acta levantada de la sesión del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Seseña de aquella fecha que los documentos referidos hubieren sido presentados en el citado Pleno ante las alegaciones formuladas por los demás grupos municipales, haciéndose constar en la misma, sin embargo, el contenido de ambos escritos cuando ninguno de ellos había sido incorporado al expediente, no habían sido objeto de exhibición ni de exposición, su contenido, en el mismo Pleno y siendo manifiestamente notorio que al menos uno de ellos -el de la Consejería de Agricultura- no tuvo entrada en el Ayuntamiento hasta fecha  posterior.  CUARTO .- Tras las elecciones municipales, celebradas la última semana de  mayo,  el día 14 de junio se celebró la sesión constitutiva del nuevo Consistorio de Seseña, fecha en la que ya había renunciado a su acta de concejal, José Luis Martín Jiménez . La conducta adoptada por el entonces Alcalde de SESEÑA supuso que el 5 de junio de 2003 se interpusiera un recurso de reposición por parte del grupo municipal de Izquierda Unida instando la anulación de los acuerdos adoptados en la sesión del Pleno municipal del día 8-5-2003 en el punto relativo a la aprobación y adjudicación del PAU del Quiñón y el Convenio urbanístico aprobado. El recurso de reposición interpuesto por IU fue aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales en la sesión extraordinaria del plenario de 29 de septiembre de 2003 estimándolo parcialmente. De esta manera se anuló el acuerdo de aprobación y Adjudicación del PAU y la propuesta de convenio urbanístico, manteniéndose lo relativo a la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Urbana  que sí se consideró aprobado. (F 147 al 151. Doc. 30 de la denuncia). La misma suerte corrió el PEI que a pesar de las 2 aprobaciones iniciales por parte del Ayuntamiento, el incumplimiento de las objeciones instadas desde la CPU, supuso la suspensión del mismo, y sólo fue posible su  aprobación por la JCCM, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el mes de diciembre de 2003.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > ABC y locales
Valor añadido > -El PP propone restar «poder» a la Junta en las comisiones de urbanismo > Con el caso de la presunta corrupción urbanística detectada en el Ayuntamiento de Estepona como telón de fondo, el PP presentará en el Parlamento una proposición no de ley para poner los máximos obstáculos a quienes pretendan cometer fraudes especulando con el suelo. La iniciativa consiste en modificar la composición de las comisiones provinciales de urbanismo, restando poder de decisión a los representantes de la Junta y dando más protagonismo a los ayuntamientos y diputaciones, a los técnicos y a los profesionales del sector. La propuesta fue presentada ayer en rueda de prensa por la vicesecretaria de Política Sectorial del PP-A, Alicia Martínez, y en la práctica supondría reducir globalmente los integrantes de las comisiones pasando de los 26 miembros por cada provincia a 16. con el objetivo de hacerlas «más eficaces, ágiles y transparentes». Menos políticos La Junta pasaría de 14 a cuatro representantes; el Estado, de dos a uno; ayuntamientos y diputaciones de ocho a cinco; los técnicos de dos a cuatro, y habría cuatro nuevos puestos para profesionales. Estos últimos estarían nombrados, respectivamente, por el Colegio de Ingenieros de Caminos, por el de Arquitectos, por las asociaciones de defensa del patrimonio y por los Empresarios de la Construcción. El presidente de la comisión provincial ya no sería, en función del organigrama del PP, el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, sino el director general de Urbanismo. Junto a ello, Alicia Martínez defendió que las comisiones provinciales asuman nuevas competencias, como son la disciplina urbanística, la inspección y el control de los convenios. En este sentido, se mostró a favor de que las comisiones provinciales de urbanismo tengan la posibilidad de impugnar acuerdos adoptados por los entes locales en contra de la normativa urbanística. Según Alicia Martínez, las comisiones provinciales de urbanismo, a pesar de las importantes misiones que se les ha encomendado, pecan de falta de rigor y han estado a disposición «de la Junta y del PSOE», al tiempo que se han convertido en ocasiones en «coladeros», en lugar de servir para desarrollar con eficacia los planes generales de ordenación. Actualmente, las comisiones se encargan de informar, con carácter previo a su aprobación, de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional así como sus remisiones y modificaciones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Estepona > el País
Valor añadido > -A diferencia de Marbella, por los datos conocidos hasta ahora no parece que en Estepona haya ocurrido así, al menos de forma generalizada. Cuando en marzo de 2006 saltó el caso Malaya, la Junta de Andalucía tenía impugnadas en los tribunales 400 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento. En Estepona, la Junta sólo tiene impugnados en la vía de lo contencioso administrativo cinco acuerdos municipales en materia de urbanismo, si bien han podido producirse más resoluciones susceptibles de ser recurridas -desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1994 el Ayuntamiento ha introducido 150 modificaciones puntuales-. De los acuerdos impugnados en los tribunales por la Junta, tres son anteriores a la llegada a la alcaldía de Antonio Barrientos, y los tres son por autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable. De los otros dos contenciosos que datan de la etapa de Barrientos, en la legislatura 2003-07, hay uno especialmente significativo, por la concesión de licencia para construir 75 viviendas junto a la playa de Punta la Plata en un suelo que PGOU vigente reservaba como sistema general. Antes de poner el recurso contencioso administrativo, la Junta conminó al equipo de gobierno presidido por Antonio Barrientos a revocar la licencia de obras, el consistorio acordó ratificarla. La Junta pidió al juzgado de lo contencioso la suspensión cautelar de las obras, pero éste lo negó, de forma que la promotora ha continuado la construcción, ya concluida. Quien sea nuevo alcalde de Estepona se encontrará con la patata caliente, ya que la promotora ha solicitado al consistorio la licencia de primera ocupación La otra impugnación se refiere a una modificación de elemento del PGOU para transformar en urbanizable una zona de verde y de espacios libres porque el Ayuntamiento la aprobó pese a tener informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y no pidió un pronunciamiento que es preceptivo al Consejo Consultivo. Pero el principal problema de legalidad urbanística en Estepona es el control de las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, asunto en el que el Ayuntamiento si se ha mostrado laxo y ha evidenciado cierta dejadez. Puede haber más de un millar de viviendas ilegales en suelo rústico, según estimaciones del concejal de Urbanismo. Cuando Rafael Duarte se hizo cargo de la concejalía, tras las elecciones municipales de 2007, comprobó que en las dependencias municipales había un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver. Fuentes de la Junta han reconocido que hasta 2007 el Ayuntamiento de Estepona solía no contestar los requerimientos que le realizaba pero que a partir de entonces, es decir, de la llegada de Duarte a la concejalía de Urbanismo, lo hace con regularidad y ha incoado expedientes de protección de la legalidad y de suspensiones de obras.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -La discrepancia de criterios ha surgido –a muy alto nivel técnico– en las disposiciones adicionales décima y undécima del documento final, que aglutina la legislación de 2007 y 1992. Los expertos consultados consideran que el Ministerio de Vivienda se ha “extralimitado” en dicha actuación, introduciendo cambios como “un nuevo supuesto de realojo”. La directora general de Urbanismo y Política de Suelo, María Rosario Alonso Ibáñez, no opina lo mismo: “La disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley del Suelo de 2008 limita la obligación de proporcionar alojamiento únicamente a los supuestos en los que se actúa por expropiación porque sólo esta regulación, como reconoció el Tribunal Constitucional, ‘representa, en efecto, una garantía común de los administrados que al Estado le compete establecer’, siendo los demás supuestos de competencia autonómica”. Sin embargo, dicha disposición remite a los supuestos de expropiaciones del artículo 29.2, que habla, en primer lugar, de la expropiación tradicional, pero incorpora ahora un párrafo más, donde se señala que la declaración de expropiación “se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios”. “Este es un claro ejemplo de los dos conceptos de expropiación urbanística [por gestión y por sanción], que aparecen confundidos en el Texto Refundido, a través de esta remisión al artículo 29.2 y con la incorporación de un nuevo párrafo incorporado de otro artículo”, asegura Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores, especializado en urbanismo, y técnico urbanista. “Por lo tanto, se extralimitan de la labor refundidora: el Gobierno ha incluido un nuevo supuesto de realojo, el del párrafo segundo del artículo 29.2 del nuevo Texto Refundido. Éste supuesto no se encontraba contemplado así en el Texto Refundido de 1.992 y no se refiere en realidad a un supuesto de expropiación como sistema de gestión, sino a la expropiación sanción”. La directora general de Suelo argumenta, por su parte, que “la tarea refundidora se ha desarrollado con responsabilidad y con escrupuloso respeto de los límites de la delegación legislativa”.  Más cambios Además, la información publicada en este diario señalaba el cambio que alberga la disposición adicional décima, referente a actuaciones urbanísticas de interés público promovidas fuera del planeamiento municipal. En 1992 se refería a actos promovidos por todas las “Administraciones Públicas” y en la refundición sólo hace referencia a “actos promovidos por la Administración General del Estado”. “Las administraciones públicas que no sean el Estado y que no tengan regulados estos casos deben dirigirse ahora a Vivienda para que inste las actuaciones por su cuenta; y el Ministerio podría negarse”, señala Rivas. María Rosario Alonso agrega que la disposición décima “no contiene el apartado 5 del artículo 244 de la Ley del Suelo de 1992, referido a las obras promovidas por las administraciones autonómicas, porque tal precepto fue declarado nulo e inconstitucional”. Sin embargo, en la información publicada por este diario no se hacía referencia a dicho apartado de ese artículo. Además, Alonso no realiza ninguna objeción sobre la falta de ajuste al artículo 244 y los retrasos que podría causar en actuaciones de interés general.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Ley del suelo > el Mundo
Valor añadido > -El riesgo de expropiación creado en los suelos calificados como urbanizables es preocupante para el sector. «Ahora se está produciendo una situación destacable y es la falta de liquidez para pagar los gastos de urbanización, por lo que el moroso se puede encontrar frente a una expropiación de un terreno cuyo valor es bastante inferior al que lo adquirió», subraya Antonio Pleguezuelo, de Aguirre Newman. Desde hace meses, el sector aguarda con expectación el desarrollo del reglamento, a la espera de los criterios y el método de cálculo de las valoraciones. Los profesionales confían en que, entre otros aspectos, se solucionen imprecisiones inquietantes como la definición y ponderación de los criterios de localización en la valoración de los suelos rurales, aunque el reglamento por definición puede precisar contenidos y clarificarlos, pero no alterar el contenido de la ley.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Ley del suelo > opinión Expansión
Valor añadido > - ... a pesar de que numerosos expertos e instituciones ya vaticinaron con anterioridad los efectos indeseados que traería la nueva Ley. Dicho y hecho. Apenas cuatro meses después de su puesta en marcha, la ley elaborada por la anterior ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y que ahora hereda Carme Chacón, está obstaculizando el inicio de las nuevas promociones de vivienda, e incluso la terminación de otras.  Las entidades, en base a las valoraciones que realizan las tasadoras, no están dispuestas, como es lógico, a arriesgar su inversión en proyectos urbanísticos susceptibles de ser expropiados por la Administración a un precio irrisorio.  La norma parte de un error económico básico al instaurar como principio rector que el valor del suelo nada tiene que ver con las expectativas de ganancias futuras sino con lo materialmente existente en el momento de su adquisición. Es decir, el precio de los solares vendrá determinado por su capitalización agrícola y no por el planeamiento urbanístico que se proyecte.  Además, la ley eleva el coste de la edificación, ya que amplía hasta el 15% del aprovechamiento a la Administración, así como el suelo que ha de cederse para la promoción de viviendas protegidas (30%). Mientras, el sistema de justiprecio desaparece para los legítimos propietarios de los terrenos.  De este modo, tendrá un efecto al alza en los precios, pero de gran abaratamiento a efectos de expropiación pública. Las torpezas de la propia ley quedan  de manifiesto desde el mismo momento en que el propio Ministerio ya estudia aprovechar el desarrollo reglamentario para introducir mecanismos para paliar las dificultades de financiación que padecen los promotores.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -Los ayuntamientos quieren forzar a los promotores a cederles más suelo > Los expertos avisan de que ya hay consistorios que quieren aprovechar la entrada en vigor por completo de la Ley de Suelo para exigir un 15% de los terrenos.  En plena crisis inmobiliaria, los ayuntamientos buscan cualquier rendija para que puedan respirar sus maltrechas arcas. Algunos incluso pretenden aprovecharse de la nueva Ley de Suelo (LS) para insuflar oxígeno a sus cuentas, intentando exigir un 15% de cesión de suelo para dotaciones a los promotores, según ha podido saber EXPANSIÓN. La LS, en su artículo 16, establece que la cesión de suelo para aprovechamiento dotacional “no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%”, aunque podrá permitir “excepcionalmente” alcanzar un máximo del 20%. La confusión de los ayuntamientos que quieren forzar a los promotores a cederles más suelo proviene de la disposición transitoria segunda de la LS. Ésta establece que las autonomías tienen un año para “establecer las reglas precisas” sobre actuaciones de dotación. Ese plazo acabó el 30.6.2008. Si se incumplía este precepto, “el instrumento de ordenación [ayuntamiento] delimitará las nuevas dotaciones”. Sin embargo todas las regiones que han facilitado información mantienen el porcentaje tradicional de aprovechamiento (10%), menos Cantabria (15%) y Cataluña (10% en general y 15% en áreas residenciales estratégicas). Por lo tanto, sólo los ayuntamientos de estas dos zonas podrían exigir la cesión de tan elevado porcentaje de terrenos para viales, espacios libres y zonas verdes, entre otras actuaciones. Esteban Flores, abogado del Departamento de Urbanismo de Cuatrecasas, aclara la confusión: “La aplicación automática de este mecanismo no permite –como podría entender algún Ayuntamiento– un incremento del aprovechamiento de cesión al municipio del 15%, ya que el porcentaje será el que fije cada Comunidad Autónoma”. Esto mismo lo señala el propio artículo 16 de la LS y del Texto Refundido: “Porcentaje que fije la legislación reguladora sobre ordenación territorial y urbanística”. Por otro lado, Flores añade: “Resulta relevante el hecho de que, en ausencia de suelo, los deberes de cesión de dotaciones puedan materializarse en su equivalente en metálico, en contra de lo que se prevé en la legislación de algunas CCAA”. “Y será contradictorio con la generalidad de las autonomías el hecho de que esos deberes serán satisfechos en el momento de otorgamiento de las licencias, posponiéndose al momento de la equidistribución”, ahonda el jurista. “La actuación de dotación no es sino un sistema para desconsolidar suelos urbanos consolidados en los que una nueva ordenación prevea un aumento de edificabilidad, densidad o cambio de uso”, apostilla Flores. De hecho, ya  se puede exigir aprovechamiento por aumentar edificabilidad en todas las CCAA. Reserva para VPO  Además, de la transitoria primera se desprende que la reserva para VPO –mínimo, del 30%– resulta aplicable desde ayer. Ocurrirá en Canarias (que establece aún el 25%), Castilla y León (entre el 10 y el 50%) y Extremadura (25%), según la información que han dado. Esta semana lo han actualizado Galicia y Cataluña. En relación a la disposición transitoria cuarta, sobre la obligación de revisar el planeamiento municipal por modificaciones con un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio en los últimos dos años, Esteban Flores opina que “parece razonable que se entienda para las modificaciones aprobadas inicialmente desde ayer”.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Ley del suelo > Editorial de Expansión
Valor añadido > -Más dificultades para el sector inmobiliario Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Suelo. Redactada la pasada legislatura con criterios muy intervencionistas, y a muchos ayuntamientos les ha faltado tiempo para utilizarla como coartada para tratar de exprimir al máximo la débil capacidad financiera de los promotores inmobiliarios y tratar de paliar así las maltrechas arcas municipales. La ley permite aumentar las denominadas cesiones obligatorias de aprovechamiento urbanístico desde el 10% actual hasta el 15% –en algunos casos incluso hasta el 20%– , y eso es precisamente a lo que aspiran los ayuntamientos, a que las comunidades autónomas les reconozcan la potestad de exigir a los promotores esos cinco o diez puntos porcentuales adicionales de suelo en los desarrollos urbanísticos. Se trata en la práctica de un aumento impositivo en toda regla a la transformación del suelo, una actividad que ya soporta importantes cargas urbanísticas y tributarias, y que han desencadenado en gran medida el colosal encarecimiento de la vivienda en los últimos años. A ello se suma la exigencia de una reserva mínima del 30% de la edificabilidad para vivienda protegida, lo que alimentará una espiral inflacionista en la vivienda libre, en cuanto se revitalice de nuevo el mercado residencial. Además, las nuevas disposiciones para expropiaciones y los criterios menos favorables para valoración del suelo están agudizando las dificultades del sector para vender sus carteras de suelo residencial en un momento de severa crisis en el mercado inmobiliario y en el que muchas compañías precisan de liquidez para afrontar su elevado endeudamiento. Estas circunstancias ilustran nítidamente la miopía intervencionista del Ministerio de la Vivienda y su torpeza al elaborar esta inoportuna Ley de Suelo. En este contexto se enmarcan las sospechas de la CNMV sobre la fiabilidad de la valoración de activos de las inmobiliarias, en este caso de las cotizadas, por lo que tiene todo el sentido que el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento y la transparencia del mercado extreme su celo para evitar distorsiones que en última instancia perjudicarían al inversor.Pero eso no exime al Gobierno de su irresponsabilidad al elaborar una ley cuasisoviética, cuyo contenido ha generado desconfianza entre los inversores y las entidades financieras.En todo caso, si bien es cierto que precisan un marco de estabilidad y suficiencia financiera, los ayuntamientos deben olvidarse de los tiempos en que se habían acostumbrado al maná de ingresos ilimitados proporcionados por el auge urbanístico, y asumir que de igual manera que la crisis está obligando a todos –empresas, familias...– a apretarse el cinturón, en su caso les corresponde aplicar una política presupuestaria austera, evitando la tentación fácil, pero nada recomendable,  de cargar la mano sobre los contribuyentes.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Andalucía > entrevista a Ángel Núñez, Coordinador de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de Andalucía > ABC
Valor añadido > -venimos denunciando año tras año que por parte de los ayuntamientos no se cumple con las funciones de disciplina urbanística que les atribuye el ordenamiento. Y ése es el principal problema. La primera barrera frente al desorden urbanístico es la del Ayuntamiento. Si los ayuntamientos ejercieran adecuadamente los procedimientos sancionadores, sobre todo los del restablecimiento de la legalidad y adoptaran de manera extemporánea las medidas cautelares paralizando las construcciones que se inician, no existiría el problema de la demolición, porque no sería necesario demoler en la medida de que no se habría construido. Entonces, por parte de los ayuntamientos detectamos una enorme falta de cumplimiento de las funciones que les atribuye la ley urbanística -¿Cree que la normativa urbanística habría que endurecerla? -Pienso que los instrumentos legales son los adecuados para cumplir los fines que se pretenden. Evidentemente, toda legislación es susceptible de mejora. Y aunque el instrumento es el adecuado, el problema está en su aplicación, o mejor dicho en su falta de aplicación por quienes tienen la competencia para ello, que en primera instancia son los ayuntamientos. Lo que nosotros reclamamos es una reforma, no administrativa sino penal, de la figura de la prevaricación omisiva. Entendemos que cuando nos encontramos con dejación de funciones por parte de funcionarios públicos, no siempre es fácil articular acusaciones de prevaricación omisiva. En ese sentido sí sería necesario reformas del Código Penal. -¿En urbanismo se practica mucho la política de hechos consumados? ¿Quienes cometen irregularidades confían en que tarde o temprano se legalizará la situación? -Efectivamente. Es obvio que cuando nos encontramos con una situación como en el caso de Chiclana, de 30.000 viviendas ilegales, no se pude meter una excavadora y derribarlas. Lo que sucede es que hasta ahora los procesos de regularización no han venido acompañados de algo que a nosotros se nos antoja imprescindible, el rigor a partir de ese momento en el ejercicio de la disciplina urbanística. Hasta ahora lo que hemos visto es que se han regularizado viviendas y eso ha dado lugar a que continúe la construcción ilegal, precisamente al amparo de esa expectativa de que pueda haber una posterior regularización. La regularización, si no viene acompañada de un hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora ejerceremos con rigor la disciplina urbanística, los procedimientos sancionadores y el restablecimiento de la legalidad, no hay ninguna solución. Y además se acaba con lo que es la esencia del planeamiento. El planeamiento lo que pretende es la planificación ordenada de la ciudad, y en lo que se convierte es sencillamente en la legitimación de facto de lo que ya se ha producido de manera desordenada.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >- el País y SER
Valor añadido > -El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación .Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona (Málaga) es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.  Los 90.000 euros que tenía una edil no pasaron por la tesorería municipal El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo. El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición. Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio. El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza. Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >-diario de Cádiz
Valor añadido > - el PP ha presentado en el Parlamento una batería de preguntas por escrito y solicitudes de información al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, para que explique qué ha pasado con esos expedientes de disciplina urbanística y si han sido resueltos. Sanz precisó que, según las informaciones de que dispone su partido, "la mayoría de esos expedientes de disciplina urbanística no llegaron a tramitarse ni a resolverse". De igual manera, se refirió al hecho de que la Junta tiene "complicidad directa con la autorización de los convenios urbanísticos que se hacen en Estepona a partir del año 2003", apuntando que propio Antonio Barrientos "se dedicó a presumir de que se habían renegociado convenios pendientes y que la Junta empezaba a autorizar las modificaciones urbanísticas".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >-Cinco Días
Valor añadido > -Transparencia Internacional (TI) ha puesto el dedo en la llaga: la corrupción urbanística se ha disparado en nuestro país (no ha dejado de crecer desde 2005) y los españoles comienzan a pensar que detrás de cada político y de cada empresario hay un ciudadano corrupto..... El estudio recuerda el trabajo de Greenpeace Destrucción a toda costa (junio 2006) que contabiliza 102 escándalos o sentencias condenatorias de gobiernos locales por incumplimiento de la normativa; reseña 30 supuestos delitos urbanísticos (sólo el caso Estepona queda fuera de la lista, por el simple hecho de que estalló hace apenas una semana) y suma seis casos de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos. 'La corrupción en el ámbito municipal es muy preocupante, en el 70% de los ayuntamientos imputados el alcalde fue reelegido, en algunos casos con más votos', recordó Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España. Pese a la existencia de cierta tolerancia, crece entre los españoles la percepción de que aumenta la corrupción y de que ésta afecta a amplias estructuras del Gobierno y los negocios. Una gran mayoría, casi el 60%, opina que el Ejecutivo hace poco o muy poco por frenar los abusos urbanísticos: el 36% asegura que las medidas gubernamentales están resultado ineficaces, el 13% afirma que este Gobierno no lucha contra la corrupción y el 10% va más allá en su juicio y advierte que no sólo no lucha, sino que los fomenta. Con todo, España es uno de los tres países de Europa, junto a Dinamarca y Reino Unido, que cuenta con amplio grupo de ciudadanos (el 18%) que considera muy eficaces las actuaciones administrativas. En el mismo sentido se orienta la reflexión de Manuel Villoria, quien asegura que 'del análisis de las últimas leyes aprobadas, la principal conclusión que se puede sacar que es que el Gobierno está preocupado y está poniendo los medios para erradicarla'. En cualquier caso, parece que hay demasiados supuestos delitos en la prensa y en los juzgados como para que la ciudadanía no se preocupe. 'El panorama es desalentador', dice el informe: la corrupción no sólo destruye el capital social sino que socava la confianza en los demás. Sólo un 30% de los españoles confía en sus conciudadanos. El fenómeno está provocando, además, una progresiva deslegitimación de las instituciones. Así, el 63% de los encuestados considera los partidos políticos bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 41% considera a los legisladores bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >  el País
Valor añadido > -Un técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa > Xavier Wittmeur recibía los pagos en la nómina como plus de productividad > El ingeniero municipal de Estepona (Málaga) Xavier Wittmeur, encargado de la tasación oficial de las fincas de la localidad, recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados. Según fuentes judiciales, Wittmeur, actualmente en prisión provisional por la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, elaboró tasaciones supuestamente falsas en 13 acuerdos para modificar la calificación urbanística de diferentes suelos de la ciudad vecina de Marbella. Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo poco discreto: directamente en su nómina. Cada mes en que presentaba una valoración supuestamente fraudulenta, en su nómina se ingresaban 2.000 euros en concepto de plus de productividad, según las mismas fuentes. En los meses en los que el Ayuntamiento no celebraba convenios urbanísticos o en los que Wittmeur no participaba, el ingeniero municipal no recibía ningún dinero extra. La Policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que supuestamente presentó las peritaciones irregulares, que según fuentes judiciales fueron las que le llevaron a prisión por orden de la juez Isabel Conejo. La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona > la opinión de Málaga y Provincias
Valor añadido > -La operación Astapa contra la corrupción en Estepona tendrá consecuencias en la liquidación definitiva de la millonaria Herencia Nadal de Ontinyent, cuyos terrenos se encuentran pendientes de reclasificación por parte del ayuntamiento de este municipio de la Costa del Sol malagueña. Aunque el alcance de las mismas se irá conociendo a medida que se destapen más detalles del caso y sus ramificaciones, distintas fuentes conocedoras del caso consultadas por Levante-EMV han confirmado que uno de los flecos que quedaba pendiente, como es el convenio entre una de las promotoras y el Ayuntamiento de Estepona, sufrirá "un importante retraso", destacaban estas fuentes. El acuerdo, que se encontraba "muy avanzado", debería haberse cerrado el pasado mes de mayo, pero no fue así.  El citado convenio urbanístico debía fijar, entre otras cuestiones, las compensaciones a los propietarios del suelo, entre quienes se encontraban los legatarios de la herencia en Ontinyent: Cáritas Interparroquial, la parroquia de Santa María y la Casa de Ejercicios espirituales de Santa Ana. Entre las tres entidades deberán haber percibido el 31 de agosto de este año el total de los 23,4 millones de euros (3.887 millones de las antiguas pesetas) que les correspondían por la venta al Grupo Globalia, del empresario Juan J. Hidalgo, de las fincas El Ciprés y Arroyo Vaquero, situadas en la nueva Milla de Oro de la Costa del Sol. Cuando se firmó el acuerdo de venta, en agosto de 2005, Globalia adelantó 3,7 millones de euros, y firmó nueve pagarés, tres para cada uno de los legatarios, con vencimientos del 31 de agosto de 2006, 2007 y 2008 que debían completar los 20 millones restantes. Con posterioridad, la firma del empresario salmantino revendió el 30% de las tierras a otra urbanizadora con la que recuperar cierta liquidez. Hidalgo pagó esta cantidad después de asegurarse que el Ayuntamiento de Estepona había iniciado los trámites para aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que iba a convertir estos terrenos en suelo residencial, como informó este diario. La detención el alcalde Antonio Barrientos, que fue quien inició los trámites para la recalificación de estos terrenos, ha provocado la suspensión temporal de la firma de cualquier documento urbanístico relacionado con esta operación.
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NOTICIA >-Urbanismo > C. Valenciana > el País y locales
Valor añadido > -La Generalitat no puede aprobar un plan urbanístico sin el informe sobre disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Lo dice la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que acaba de anular la aprobación en junio de 2006 por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo del proyecto de homologación del plan parcial El Pinaret, en Ador. El Gobierno central -a través de la subdelegación del Gobierno en Valencia- recurrió esta decisión amparándose en uno de los artículos de la Ley de Aguas, que exige el informe de las conferencias hidrográficas como condición imprescindible para aprobar un proyecto urbanístico. "La omisión de un informe preceptivo determina la anulación del acto", subraya la sala.  El plan parcial El Pinaret de Ador, que prevé la construcción de más de 200 casas en una localidad de apenas 1.000 habitantes, salió a información pública en noviembre de 2004. El Ayuntamiento de Ador, que presidía y preside el popular Juan Vicente Estruch, le dio el visto bueno un año más tarde. Ya en poder de la Comisión Territorial de la Generalitat, ésta pidió a la CHJ un informe para saber si el plan afectaba a cauces o barrancos, pero no el que hacía referencia a la existencia de agua. El proyecto salió adelante sin este informe y ahora la sala del TSJ da la razón al organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Medio Rural. Este plan urbanístico acumula varias resoluciones judiciales en sus cuatro años de tramitación administrativa. El Gobierno consiguió que el TSJ lo suspendiera provisionalmente, pero la Generalitat consiguió neutralizarla con un recurso de súplica. Contra la sentencia cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que la Consejería de Medio Ambiente no presentará, dijo ayer una portavoz oficial. La Generalitat solicitará, si no lo ha hecho ya, el informe a la Confederación del Júcar para evitar males mayores. El plan deberá entonces volver a pasar por las comisiones informativa y territorial de urbanismo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >  el País
Valor añadido > -¿Cómo ocultar comisiones ilegales en un banco y gozar de todas sus medidas de seguridad sin que conste o deje rastro el ingreso monetario? La respuesta, presuntamente, la halló años atrás la trama corrupta municipal de Estepona: ingresar la mordida en las cajas de seguridad personales que alojan los bancos en sus cámaras acorazadas. En ellas, el titular de la caja goza de absoluta privacidad para mantener bajo la custodia del banco el bien que desee, sin rendir cuentas a nadie. .... Era el precio pagado por unas compensaciones urbanísticas que debían rubricarse en al Ayuntamiento horas después de que se entregase el dinero negro al cobrador de la trama municipal. Nunca hubo seguimiento de su denuncia política <30.8.2004> -a pesar de que la ratificó ante la fiscalía, según su versión-, ni tampoco respuesta jurídica por parte de los ediles aludidos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >  el País
Valor añadido > -Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos. Si el empresario no pagaba, no había negocio posible para él en Estepona Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos. "Todos los empresarios tenían que pagar lo que se llama ingreso de plusvalía del promotor, una especie de reparto de beneficios finales que tenían que cederle al pueblo de Estepona", explica el abogado de una de las empresas implicadas. Esta tasa -sin reflejo jurídico- tenía incluso impresos con su denominación y la calculaban los técnicos municipales. El pasado 25 de mayo se llevó a Pleno un convenio para la construcción de 1.000 viviendas en suelo rústico, situado en la zona de El Padrón. A cambio de que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se recalificara como urbanizable el terreno, la empresa realizaba una "aportación voluntaria" de ocho millones de euros. La oposición tachó el convenio de "aberrante" y acusó al Ayuntamiento de "tráfico de influencias" con la empresa Lamiera O4. El PGOU de Estepona acumula 180 modificaciones puntuales de elementos fruto de convenios con promotores. "Es la práctica de la alcachofa, se le van quitando hojas al plan hasta que no se parece en nada al documento original", explica un técnico. El ingreso por plusvalía, que algunos promotores bautizaron como impuesto revolucionario, comenzó a aplicarse hace unos seis años. Se creó cuando Barrientos llegó a la alcaldía, tras pactar con el PES (formación integrada por ex giles) y sus pagos eran fraccionados. El primero se producía en la firma del convenio, el segundo en la aprobación del PGOU y el resto cuando la Junta de Andalucía diera el visto bueno. "Era algo voluntario", justifican fuentes municipales. Pero si el empresario no accedía, no había negocio posible. La Policía investiga cómo se hicieron las tasaciones de esos terrenos y el uso que el equipo de gobierno hacía del dinero que entregaban los promotores. De estos hechos derivaría la acusación de malversación de caudales públicos hecha contra los principales imputados: el alcalde, su jefe de gabinete y los ediles del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina. Por el caso también está en prisión el jefe del departamento de valoraciones Javier Wittmeur.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >  el País
Valor añadido > -¿Cómo ocultar comisiones ilegales en un banco y gozar de todas sus medidas de seguridad sin que conste o deje rastro el ingreso monetario? La respuesta, presuntamente, la halló años atrás la trama corrupta municipal de Estepona: ingresar la mordida en las cajas de seguridad personales que alojan los bancos en sus cámaras acorazadas. En ellas, el titular de la caja goza de absoluta privacidad para mantener bajo la custodia del banco el bien que desee, sin rendir cuentas a nadie. .... Era el precio pagado por unas compensaciones urbanísticas que debían rubricarse en al Ayuntamiento horas después de que se entregase el dinero negro al cobrador de la trama municipal. Nunca hubo seguimiento de su denuncia política <30.8.2004> -a pesar de que la ratificó ante la fiscalía, según su versión-, ni tampoco respuesta jurídica por parte de los ediles aludidos.
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Valor añadido > -Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos. Si el empresario no pagaba, no había negocio posible para él en Estepona Los promotores que querían construir en Estepona (Málaga) tenían que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupción urbanística que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la cárcel, relataron a la juez Isabel Conejo cómo funcionaban los famosos convenios en los que se conseguía cambiar la calificación de los terrenos. "Todos los empresarios tenían que pagar lo que se llama ingreso de plusvalía del promotor, una especie de reparto de beneficios finales que tenían que cederle al pueblo de Estepona", explica el abogado de una de las empresas implicadas. Esta tasa -sin reflejo jurídico- tenía incluso impresos con su denominación y la calculaban los técnicos municipales. El pasado 25 de mayo se llevó a Pleno un convenio para la construcción de 1.000 viviendas en suelo rústico, situado en la zona de El Padrón. A cambio de que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se recalificara como urbanizable el terreno, la empresa realizaba una "aportación voluntaria" de ocho millones de euros. La oposición tachó el convenio de "aberrante" y acusó al Ayuntamiento de "tráfico de influencias" con la empresa Lamiera O4. El PGOU de Estepona acumula 180 modificaciones puntuales de elementos fruto de convenios con promotores. "Es la práctica de la alcachofa, se le van quitando hojas al plan hasta que no se parece en nada al documento original", explica un técnico. El ingreso por plusvalía, que algunos promotores bautizaron como impuesto revolucionario, comenzó a aplicarse hace unos seis años. Se creó cuando Barrientos llegó a la alcaldía, tras pactar con el PES (formación integrada por ex giles) y sus pagos eran fraccionados. El primero se producía en la firma del convenio, el segundo en la aprobación del PGOU y el resto cuando la Junta de Andalucía diera el visto bueno. "Era algo voluntario", justifican fuentes municipales. Pero si el empresario no accedía, no había negocio posible. La Policía investiga cómo se hicieron las tasaciones de esos terrenos y el uso que el equipo de gobierno hacía del dinero que entregaban los promotores. De estos hechos derivaría la acusación de malversación de caudales públicos hecha contra los principales imputados: el alcalde, su jefe de gabinete y los ediles del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina. Por el caso también está en prisión el jefe del departamento de valoraciones Javier Wittmeur.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona
Valor añadido > -Auto del juez > ... siendo una de las principales fuentes de obtención de ingresos la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos propiciando un notable incremento de la plusvalía den los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de las cantidades de dinero antes descritas.
Ver >  Texto completo del  auto del juez Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Medidas del gobierno.
Valor añadido > -Aumento de las líneas del ICO para Pymes y Vivienda Oficial: Con este objetivo, el presidente del Gobierno ha presentado una serie de medidas enrte las que destaca el aumento de las líneas de apoyo del ICO y del Tesoro Público destinadas a la financiación de pymes y Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta los 35.000 millones de euros en 2009 y 2010. Sin salir del sector de la construcción, ha adelantado que el próximo año se pondrá en marcha un Plan Renove para rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras con una dotación en nuevas líneas del ICO por valor de 2.500 millones así como que el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un nuevo marco normativo para impulsar la rehabilitación de edificios.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona >  Libertad digital
Valor añadido > -Chaves obvió el informe de la Cámara de Cuentas sobre la situación de Estepona El presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves conoció el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero ignoró su contenido, profundamente crítico con la situación del municipio de Estepona ya en 1999 y no investigó sus rotundas acusaciones. A pesar del conocimiento de las denuncias de los medios de comunicación y de miembros de su propio partido, consintió que Antonio Barrientos fuese candidato a la alcaldía por razones meramente electorales, contribuyendo así a la consolidación y extensión de la corrupción en el municipio de la Costa del Sol ahora investigado. En su análisis, la Cámara encontró irregularidades de diversos tipos, desde aplicar el dinero procedente de aprovechamientos urbanísticos en tareas y obras no contempladas por la Ley hasta enajenar parcelas de terreno a precios inferiores a los existentes en el mercado, perjudicando así las finanzas públicas de Estepona. Igualmente, acusa a las empresas públicas municipales de diferentes irregularidades, concluyendo que se han incumplido las leyes y se ha hecho daño a las arcas municipales, considerando responsable de todo ello a la Corporación Municipal. Lejos de investigar estas gravísimas acusaciones del Ente Institucional encargado de velar por las cuentas públicas y su transparencias, la Junta de Andalucía no investigó de oficio la situación existente en el Ayuntamiento de Estepona. Tampoco hizo caso a las denuncias de los medios ni a las denuncias presentadas por dos miembros del PSOE. Y en 2003, consintió que Antonio Barrientos, ya bajo sospecha, lograra un pacto con los responsables de la situación denunciada por la Cámara de Cuentas, los miembros del GIL. El documento de la Cámara de Cuentas, del que la propia Cámara hace un resumen de cinco folios, denunciaba ya en 1999, cuando gobernaba el GIL, las siguientes irregularidades: El Ayuntamiento de Estepona no tenía constituido su Patrimonio Municipal del Suelo donde tenían que ir a parar los suelos y dineros del aprovechamiento urbanístico. Además, las empresas públicas promovidas desde el Ayuntamiento utilizaban parte del patrimonio de la Entidad Local para realizar o llevar a cabo actuaciones que se deberían haber incluido en el presupuesto de la Corporación, y que poco tienen que ver con los fines a que deben destinarse los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo. Por otra parte, la normativa urbanística prevé que los propietarios de los terrenos, en determinados casos, puedan sustituir la cesión de aprovechamiento por su equivalente en metálico. En el presupuesto de 1997 los ingresos obtenidos por la conversión en metálico de los aprovechamientos urbanísticos se recogieron incorrectamente en el capítulo IV del Presupuesto de Ingresos “Transferencia corrientes”. A su vez, tales ingresos no se encontraban adscritos a un programa concreto de gasto con financiación afectada, tal y como exige la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (Regla 376 y ss.).  La Corporación Local ha procedido a la enajenación de aprovechamientos urbanísticos valorados en 1.220 MP., antes de que se produjese su efectiva materialización en terrenos físicos. Además, le parece curioso a la Cámara que, en los procedimientos de enajenación, aunque formalmente se ha respetado la normativa aplicable, se debe resaltar que las subastas en todos los supuestos analizados, al no presentarse ningún licitador, quedaron desiertas. Este hecho ha permitido a la Corporación adjudicarlos por el procedimiento negociado a la empresa municipal Obras Estepona XXI, S.L. y a la entidad privada Cyrus Field, S.A. La venta de los aprovechamientos urbanísticos municipales a Cyrus Field S.A. en las unidades de ejecución UEN-R28 y UEN-R7 ha supuesto que se hayan subastado aprovechamientos que todavía no eran reales, pues todavía no se habían aprobado definitivamente las modificaciones puntuales del planeamiento por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Su enajenación impide que la Administración pueda destinarlos a compensar a propietarios con aprovechamiento inferior al susceptible de apropiación, tal y como establece el art. 151.2 de la LS92. A su vez, se han destinado bienes integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo a fines distintos a los previstos en los arts. 276 y 280 de la LS92. Los propietarios de la unidad que, lógicamente, les interesa obtener todo el aprovechamiento urbanístico permitido por el Plan, se han visto en la necesidad de negociar con una empresa privada que actúa guiada por unos fines que nada tiene que ver con el interés público que debe presidir la actuación de la Administración. Así, las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona han utilizado los terrenos y aprovechamientos urbanísticos que la Corporación les había adjudicado, para hacer frente a las deudas que habían contraído con empresas privadas derivadas de actividades diversas (realización de obras, plantación de zonas ajardinadas o prestación de servicios concretos). En determinados casos, las obligaciones asumidas por las empresas municipales no aparecen suficientemente justificadas y, a su vez, se detecta una absoluta confusión en la personalidad jurídica de aquéllas, pues han intervenido y participado en la gestión y destino de los aprovechamientos urbanísticos de forma indistinta, sin que sea posible realizar un seguimiento de la actuación de cada una de ellas. A su vez, la Cámara de Cuentas ve indicios de responsabilidad. Añade textualmente que "Estas circunstancias podrían dar lugar a la exigencia, por parte de la Corporación Local, de responsabilidad a los administradores de las empresas públicas, como consecuencia de su gestión, a tenor del art. 69 de la LSL y arts. 133 y ss. de la LSA." El Ayuntamiento de Estepona ha enajenado determinadas parcelas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo por precio inferior a su valor urbanístico, contraviniendo el art. 280.2 de la LS92. Este hecho, desde el momento que conlleva un menoscabo del patrimonio municipal (cifrado en 566 MP.), pudiera ser considerado como responsabilidad contable al amparo de los arts. 15 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. En los demás supuestos analizados, si bien se ha respetado el valor urbanístico, las ventas se han realizado por debajo del valor de mercado, produciéndose una minusvalía de 218 MP. En tal sentido, se debe tener en cuenta que si la Corporación Local no ha destinado los bienes obtenidos como consecuencia de su participación en las plusvalías urbanísticas a los fines establecidos en la normativa aplicable (regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento), el interés general que debe presidir toda la actuación de la Administración exige que, al menos, se hubiese obtenido la máxima rentabilidad en las enajenaciones de su patrimonio.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona > el Mundo
Valor añadido > -La Junta de Andalucía incumplió la normativa urbanística para que Antonio Barrientos continuara como edil de Estepona. Asimismo no aplicó ninguna de las medidas cautelares y sanciones pese a las denuncias de irregularidades, según se puede leer en El Mundo. El Gobierno andaluz sostiene que existían 1.5000 expedientes por infracciones urbanísticas abiertos por el propio Ayuntamiento y 86 expedientes del Gobierno andaluz contra el municipio. "Las disciplina urbanística es competencia de los ayuntamientos en primera estancia. El Ayuntamiento de Estepona abría expedientes de sanción pero no llegaban a ninguna parte ", asegura Inmaculada Gálvez, abogada y ex diputada andaluza en las filas del PSOE. El Gobierno andaluz puede retirar las competencias urbanísticas a un municipio. "Sin llegar a ese extremo varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dan competencias suficientes al Gobierno autonómico para intervenir en los municipios en los que, como ocurría en Estepona, se contravenía la ordenación urbanística". El nuevo modelo del nuevo urbanismo  En el plano político, el Gobierno andaluz que preside Manuel Chaves no adoptó ninguna medida. Cuando el Ejecutivo andaluz dice que había abierto 86 expedientes al Ayuntamiento de Estepona afirma de manera paralela, que el PSOE volvió a designar candidato en las elecciones municipales de 2007 a un alcalde que no sabía nada de los expedientes urbanísticos. A pesar de los 1.500 expedientes por infracciones urbanísticos sin resolver, asegura el diario que Antonio Barrientos fue "aclamado como el nuevo modelo del nuevo urbanismo que el PSOE iba a imponer en la Costa del Sol" según se sabe gracias a las muestras de apoyo que recibía el alcalde de la localidad. El Mundo recoge que la operación Astapa y la "propia existencia de de Barrientos como alcalde de Estepona desde 2003 no se explica sin la falta de acción del Gobierno de Chaves" en los tres puntos que pudo solucionar y que no se hizo: cuando autorizó que el PSOE de Estepona pudiera pactar con concejales venidos del GIL, cuando se dejo de aplicar la normativa urbanística ante las infracciones y cuando hace un años dio su respaldo como secretario general del PSOE a Barrientos para "que se presentara como candidato".>> La Junta de Andalucía ignoró su normativa urbanística y no aplicó al Ayuntamiento de Estepona ninguna de las medidas cautelares y sanciones con que le faculta la legislación autonómica, pese a las denuncias de irregularidad y de los informes elaborados por los organismos de inspección. La abogada Inmaculada Gálvez, que fue diputada andaluza en las filas del PSOE, sostiene que «la ignorancia de la ley urbanística» es la que ha permitido los desmanes de la Costa del Sol, como los de Estepona y Marbella. Sigue en  La denuncia es llamativa porque, a tenor de lo que ha defendido estos días el Gobierno andaluz sobre su labor de inspección, la realidad que se quiere presentar es justo la contraria. Sostiene el Gobierno andaluz, por ejemplo, que existían 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas abiertos por el propio Ayuntamiento, además de 86 expedientes del Gobierno andaluz contra el municipio.  ¿Qué ocurre entonces? «La disciplina urbanística», sostiene Gálvez, «es competencia de los ayuntamientos en primera instancia. Lo que hacía el Ayuntamiento de Estepona es abrir expedientes de sanción a las ilegalidades, pero resulta que no llegaban a ninguna parte; ahí se morían las ilegalidades, en el expediente sin resolver. Lo que ocurre es que, como era el Ayuntamiento el que abría los expedientes, la Junta tampoco actuaba, en teoría, a la espera de que el municipio los resolviera. Ahí está el truco: al final, se consumaba la ilegalidad sin que nadie actuara. Todo era un paripé».  Lo que hace que la abogada malagueña mantenga la existencia de este sistema de «apariencia de legalidad» en el urbanismo de Estepona es la certeza de que, a pesar de la deriva urbanística, la Junta de Andalucía «nunca atendió ni las denuncias ciudadanas, ni los informes del Tribunal de Cuentas o de la Cámara de Cuentas que tendrían que haberla llevado a actuar con contundencia en Estepona e intervenir en el Ayuntamiento, como hizo, también tarde, en Marbella».  El Gobierno andaluz tiene entre sus facultades legales la posibilidad de retirar las competencias urbanísticas a un municipio. Sin llegar a ese extremo, varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dan competencias suficientes al Gobierno autonómico para intervenir en los municipios en los que, como ocurría en Estepona, se contravenía la ordenación urbanística. Desde el artículo 186, que señala que «la apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística dará lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste», hasta el articulo 188 que le concede al alcalde 10 días, para atender las reclamaciones del Gobierno andaluz «en las actuaciones llevadas a cabo sin licencia u orden de ejecución». Transcurrido dicho plazo, «la Consejería con competencias en materia de urbanismo [...,] podrá adoptar las medidas cautelares de suspensión previstas». Ninguno de esos mecanismos legales puso en marcha el Gobierno andaluz.  Más allá del plano estrictamente urbanístico, en el plano político tampoco el Gobierno andaluz que preside Manuel Chaves adoptó ninguna medida. Cuando ahora dice el Ejecutivo andaluz que había abierto 86 expedientes al Ayuntamiento de Estepona, lo que afirma, de forma paralela, es que el PSOE volvió a designar candidato en las elecciones municipales de 2007 a un alcalde que ignoraba los expedientes urbanísticos que se le abrían. A pesar de los 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas sin resolver y a pesar del centenar de expedientes, Antonio Barrientos fue aclamado como el modelo del nuevo urbanismo que el PSOE iba a imponer en la Costa del Sol, como acreditan las continuas muestras de apoyo que recibía el alcalde en la localidad. La operación Astapa, por tanto, y la propia existencia de Barrientos como alcalde de Estepona desde 2003 no se explican sin la inacción del Gobierno de Manuel Chaves en los tres campos que pudo actuar y no lo hizo: primero, cuando autorizó que el PSOE de Estepona pudiera pactar con los concejales venidos del GIL; luego, cuando dejó de aplicar la normativa urbanística ante las infracciones que se denunciaban y, finalmente, cuando hace un año volvió a dar su respaldo como secretario general del PSOE a Barrientos para que se presentara como candidato.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona > ABC
Valor añadido > -La investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona no ha hecho más que empezar. Así lo indican fuentes del caso que esperan que la documentación intervenida en dependencias municipales dé fruto en breve.De momento, los expertos analizan unos treinta convenios urbanísticos suscritos por el alcalde Antonio Barrientos con distintas empresas promotoras y constructoras en el periodo 2003-2007, que constituirían, presuntamente, una de las principales fuentes de financiación municipal. En los convenios se acordaban cantidades que figuraban como donaciones al Ayuntamiento, aunque no se precisaba el fin de la misma. Ahora se trata de establecer el destino de este dinero, sobre el que, al parecer, no existía ningú n control ni fiscalización, y que podría haber ido a parar a bolsillos particulares de los imputados y a financiar al PSOE y al PES (heredero del GIL). «En algunas ocasiones las donaciones eran de cantidades equivalentes a las contraprestaciones de los aprovechamientos de suelo fijados en los convenios», explican fuentes del caso. De cualquier forma, afirman que existen «indicios serios» de que la valoración que se hacía del suelo objeto del convenio estaba siempre por debajo del precio de mercado y que, por tanto, eran perjudiciales y contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Estepona. A cambio las empresas recibirían contraprestaciones urbanísticas. De hecho, en uno de sus autos, la jueza que instruye el caso asegura que existen indicios de que empresarios, o profesionales vinculados a éstos, habrían intentado conseguir convenios urbanísticos «muy favorables» a través de «retribuciones varias a autoridades y técnicos», según fuentes judiciales. Los expertos policiales tratan de seguir el rastro del dinero de las donaciones, que no tenían un fin predeterminado, y sobre el que no se habría ejercido una fiscalización alguna.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona > el Mundo
Valor añadido > -"Dos cargos del PSOE denunciaron en 2006 la corrupción en Estepona", "El Audiovisual acumula 23.787 euros en facturas de comidas sin justificar de 2007"
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > el país
Valor añadido > -Promotores y constructores > La mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > el país
Valor añadido > -La trama corrupta de Estepona daba dinero de una 'caja b' al PSOE local  Dinero de comisiones ilegales pagadas por constructores en Estepona financiaron al PSOE y al Partido Estepona (integrado por ex ediles del GIL) en esa localidad, según las investigaciones sobre la trama corrupta confirmadas por EL PAÍS. El alcalde socialista, Antonio Barrientos; su concejal de Hacienda... manejaban un fondo ilegal con el que se lucraban, financiaban a sus partidos y pagaban actos municipales.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > editorial de el país
Valor añadido > -¿Ha sido una auténtica sorpresa el descubrimiento de este nuevo foco de infección política? La dirección socialista ya permitió en 2003 una alianza del PSOE local con una facción del GIL, partido de infausta memoria en Marbella. La fulminante expulsión no resuelve más que la fachada del problema. Como terapia elemental, el PSOE debería explicar públicamente por qué se aceptó un pacto tan nefasto y como pretende recuperar la credibilidad de la ciudadanía después de este fiasco. La lucha contra la corrupción urbanística exige, por supuesto, una Administración de justicia dotada de medios y con iniciativa política para investigar la delincuencia hasta los últimos rincones. También es necesario, por no decir urgente, que se apliquen con rigor las leyes vigentes contra la corrupción. Resulta pintoresco que no se pueda reclamar la declaración pública de bienes de alcaldes y concejales, prevista en la Ley del Suelo de 2007, simplemente porque no se ha regulado la figura del Estatuto Municipal. Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones políticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores. Y, no menos importante, las leyes deben modificarse para que la restitución de lo robado sea condición indispensable para acceder a los beneficios penitenciarios.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona
Valor añadido > -Según informaron desde la Dirección General de la Policía en un comunicado, la operación, que ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.  La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' por los investigadores, afecta a algunos miembros del Ayuntamiento de Estepona y a empresarios relacionados con ellos, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.  Hasta el momento entre los 25 arrestados están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; técnicos, como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. Además, también habría sido arrestado el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina.  Se están practicando 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas.  Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas. Según indicaron la operación continúa abierta.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > informaciones
Valor añadido > -La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha impuesto una multa de 6.010 euros a una empresa por la roturación y desmonte de terreno forestal y le ordena proceder a restaurar el medio natural.  La actuación tuvo lugar a finales del 2003 en unos terrenos incluidos en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Sierra Escalona dentro del término municipal del Pilar de la Horadada, una zona ahora incluida dentro del previsto Parque Natural. Los trabajos tuvieron lugar en la finca Rebate y afectaron a unos 4.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protección. Los trabajos, además, de eliminar la vegetación forestal afectaron también a la superficie protegida como microrreserva de flora de la Comunidad Valenciana, donde existe la especie protegida Bupleurum Gibraltaricum. Los hechos fueron denunciados ante el Seprona en octubre de 2003 por Amigos de Sierra Escalona (ASE) y AMCHO. Desde estos colectivos se exigió ayer que además de pagar la multa, a los responsables de la empresa autora del desmonte se les obligue a restituir los terrenos a su estado original. Reseñar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó en marzo la sentencia número 414 donde desestima el recurso y la demanda planteada por los autores de la roturación, Francisco Ballester Carreras y la empresa inmobiliaria Cucheto SL, de la que forma parte la esposa del ex director general de la Vivienda José María García Zarco.  La resolución no tiene en cuenta aspectos del recurso en cuanto a que los terrenos afectados son "una pequeñísima parte del total de la finca". Tampoco se admite lo expuesto por el recurrente en cuanto a "la falta de intencionalidad" de roturar una zona protegida, ya que "desde todos los puntos que se examinen aparece la especial protección" contemplada en el PGOU de Pilar de la Horadada. El TSJCV argumenta de igual forma su postura, ya que en este caso "no se trata de un agricultor al que se puede escapar los aspectos urbanísticos y medioambientales de su terreno"
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > el mundo
Valor añadido > -Las investigaciones del caso no han acabado y los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) han elaborado una lista donde hay varios cargos del Ayuntamiento de Estepona.
Y entre ellos se encuentra, según el diario El Mundo, la abogada Patricia Rojo, coordinadora del área municipal de Urbanismo del Consistorio de Estepona e hija de Javier Rojo, presidente del Senado.  La Udyco y la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) han trabajado mano a mano con el fiscal anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero y con el juzgado de Instrucción número 1 de Estepona. En los dos últimos años han llevado a cabo más de 80 intervenciones telefónicas, y en algunas de ellas se llega a concretar las cantidades pagadas por los empresarios a concejales y técnicos del Ayuntamiento.  Entre esas personas fotografiadas y escuchadas hay un destacado dirigente del PSOE a nivel nacional, empresarios de renombre y técnicos del Ayuntamiento de Estepona.  Según El Mundo, una de las principales actividades que anualmente celebraba el consistorio de Estepona era un Congreso de Periodismo y que ya publicitaba a la ciudad con el eslogan de «Estepona, ciudad del Periodismo». El año pasado, la clausura del II Congreso Mundial de Agencias de Noticias corrió a cargo de Javier Rojo, presidente del Senado, que alertó sobre la difusión de informaciones no veraces y sin contrastar a través de internet. Patricia Rojo, que se encuentra en la lista de personas investigadas por la Udyco por su presunta relación con alguno de los detenidos, llegó a Estepona en el año 2003. Desde enero de 2005 la abogada ejerce como coordinadora de Urbanismo, «cargo de confianza del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona» según definición de la propia Patricia Rojo.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > ABC
Valor añadido > -, el alcalde detenido por corrupción tenía previsto anunciar la firma de otro polémico convenio con representantes de la Casa Real Saudí para construir 4.000 casas en su municipio, concretamente en la zona El Paraíso. También fue controvertido su anuncio de reclasificar 600.000 metros cuadrados de los 900.000 que hay en el recinto de ocio natural «Selwo». Chaves salió a la palestra para paralizar una operación denunciada por el PP ante la Fiscalía. ... Entre las denuncias contra Barrientos figura una abierta en un juzgado por irregularidades en la concesión a la empresa Amoansa de licencia de construcción y, posteriormente, de ocupación de quince viviendas en la urbanización El Saladillo, que invaden la zona de tránsito y de dominio marítimo terrestre. Los que le conocen describen a Barrientos como una persona muy simpática, de conversación agradable y al que se le podía ver por algunos de los establecimientos más conocidos de la localidad malagueña donde la Policía ha dado el último golpe a una trama de corrupción urbanística.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > la opinión de Málaga
Valor añadido > -Convenios. Según las fuentes consultadas por este periódico los agentes se llevaron todos los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento desde el año 2003 hasta la actualidad. Además requirieron diversos expedientes relacionados casi todos con la constructora local, Codelsa. De hecho en el departamento de Disciplina urbanística sólo solicitaron informes de la citada empresa y de áridos de Guadalmansa.
En cuanto al área de contratación, los registros que continuaban al cierre de esta edición se centraron, sobre todo, en cómo y a quién se han adjudicado las obras.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > el País y SER
Valor añadido > -En diciembre de 2005, la dirección del PSOE le obligó a desconvocar un pleno, en el que se iban a aprobar varios convenios con los que el consistorio ingresaría 24 millones de euros dos días antes de que entrara en vigor la ley autonómica que impide a los ayuntamientos disponer del dinero de convenios hasta que no esté aprobado el planeamiento. La Junta también le disuadió de recalificar parte de los terrenos del parque de aventuras Selwo, y de un suelo de un empresario imputado en el caso Malaya.  Barrientos tiene impugnado en los tribunales el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, diseñado por la Junta de Andalucía, porque quería que el suelo que ocupan 600 núcleos rurales diseminados pasasen a ser urbano. Tampoco gustó nada a la dirección del PSOE, aunque fuera legal, que Prasa, cuyo presidente también ha sido detenido, donara "voluntariamente" 2,55 millones en 2004 al Ayuntamiento, que éste empleó en pagar las nóminas.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Andalucía > caso Estepona > el confidencial
Valor añadido > -El promotor cordobés José Pepe Romero González fue detenido este martes por agentes del Cuerpo Nacional y trasladado hasta Málaga en el marco de la operación policial Astapa contra la corrupción desarrollada este martes en la localidad malagueña de Estepona. Esta madrugada, la juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para tres de los detenios, entre ellos, Romero González. Fuentes policiales indicaron que el promotor cordobés, presidente de la firma Prasa, se encontraba anoche en la Comisaría Provincial de Málaga a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona.  La detención del empresario cordobés tuvo lugar desde la mañana y corrió a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Por su parte, el Grupo Prasa hizo público un comunicado en el que afirmaba que José Romero González "ha sido llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria de esta compañía a lo largo de los últimos años en el municipio de Estepona".  Máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol  > Añadía la inmobiliaria que desde 1961 ha desarrollado "una filosofía de trabajo que conjuga calidad y experiencia, reinversión e innovación ininterrumpidas" que hacen de ella "una gran compañía a nivel nacional, con presencia geográfica en gran parte de España, sur de Portugal, otros países europeos, africanos y sudamericanos". Afirmaba también que desempeña "una incesante actividad de diversificación que se extiende más allá del sector inmobiliario" y que "más de 43.500 viviendas les avalan".  José Romero es el máximo accionista del Córdoba CF, y su presidente, Rafael Campanero, tiene previsto mantener este miércoles un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance de la temporada y en la que previsiblemente ofrecerá una valoración sobre este asunto. Romero posee el 98% del club cordobesista desde que hace dos años adquirió el paquete accionarial que poseía el empresario Rafael Gómez, también imputado en la Operación Malaya. Las actuaciones urbanísticas de Prasa en Estepona ya fueron objeto de polémica cuando se ordenó la demolición de la obra de un hotel que estaba paralizada desde 2003 porque superaba los límites de edificabilidad e invadía una zona de dominio público en el paseo marítimo de la localidad. El hotel fue fruto del acuerdo entre el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ahora detenido, y la empresa cordobesa.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Antecedentes del caso de Estepona > Expansión y el País
Valor añadido > -El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, renovó su mandato al frente de la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2007.... Su nombre ya había aparecido al menos, en dos escándalos urbanísticos.  El primero, la construcción del Hotel Estepona Palace, que tenía problemas legales relacionados con el terreno donde estaba ubicado. El segundo escándalo tiene que ver con la lista de cargos que recibieron regalos de la empresa de Juan Antonio Roca (cerebro de la trama de Marbella), a cambio, supuestamente, de un trato de favor. En la misma, figuraba el alcalde de Estepona. ... Uno de los quebraderos de cabeza que dio el alcalde a su partido se produjo en 2005, cuando fue instado a suspender la aprobación de 13 convenios urbanísticos por valor de 24 millones de euros dos días antes de la entrada en vigor de la nueva ley andaluza del suelo. Tres meses después tuvo que intervenir en otro caso el propio presidente del PSOE y del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, quien consideró disconforme con la política urbanística de la Junta la recalificación de más de 600.000 metros cuadrados de un parque de la naturaleza que había emprendido este Ayuntamiento. Dos días después, Antonio Barrientos tuvo que anunciar que decidía rechazar la propuesta de recalificación pese a que afirmó que se respetaba "la más estricta legalidad urbanística". Él fue además uno de los tres alcaldes del PSOE que votó en mayo de 2006 contra el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental presentado por la Junta de Andalucía.
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NOTICIA > -Vivienda > Andalucía > Plan de Vivienda
Valor añadido > -La hipoteca de los andaluces que accedan a una de las VPO incluidas en el Plan andaluz de Vivienda oscilará entre 250 y 700 euros al mes, según el nivel de renta del comprador. Ése es el dato que ayer adelantaron el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, para un piso medio de 70 metros cuadrados. Todas las familias con ingresos inferiores a unos 38.000 euros brutos anuales podrán satisfacer sus necesidades de vivienda mediante ayudas y, en el caso de los jóvenes, recibirán una ayuda adicional de 1.200 euros para los gastos de adquisición. En las reservas de suelo que deben efectuar los ayuntamientos para vivienda protegida, al menos un 25 por ciento de éstas se destinarán a las rentas más bajas en cada promoción, al tiempo que se otorgará un especial tratamiento a las viviendas para personas con riesgo de exclusión social.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía
Valor añadido > -Agentes de la Unidad del Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco) han escoltado  al alcalde de Estepona (Malaga) hasta el Ayuntamiento de esta localidad, que está siendo en estos momentos registrado, en el marco de una operación contra corrupción urbanística. El alcalde del municipio Antonio Barrientos, del PSOE, ha sido escoltado desde su casa, en la urbanización Bahía Azul, hasta el Ayuntamiento, donde ha llegado a las 9,10 de la mañana. Allí se encuentra un amplio dispositivo de la Policía Nacional.   La residencia del alcalde y el edificio Puertosol, donde se encuentran la sede de Urbanismo y Hacienda, también están siendo registrados y sólo se permite la entrada y salida a empleados por la puerta principal, donde se encuentran agentes. La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE ha iniciado los trámites  para incoar los expedientes de expulsión provisional de los  implicados de su partido en la presunta trama de corrupción  urbanística. La expulsión erá provisional "hasta que se  esclarezcan las conclusiones de la investigación". El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES), que lo integran los ex miembros del GIL-, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007 y una ex alcaldesa del PP.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > el País y locales
Valor añadido > -La Junta de Andalucía quiere acelerar el ritmo de adaptación de los planes urbanísticos de los municipios a la ley del suelo, consciente del poco caso que hasta ahora han hecho los ayuntamientos. De hecho, hasta la fecha sólo 58 de las 770 localidades de la comunidad (el 7,5%) han adaptado su normativa urbanística a la ley del Suelo de Andalucía, aprobada hace cinco años, y eso que hace 17 meses expiró el plazo que tenían para hacerlo.  Sólo el 7,5% de los municipios ha adecuado sus planes a la ley andaluza "Queremos agilizar ese proceso", señaló ayer en Jaén el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien anunció que "en los próximos días" el Gobierno andaluz va a aprobar una orden con un paquete de subvenciones que ascienden a siete millones de euros para ayudar a las corporaciones locales en sus trabajos de redacción de sus nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Espadas se mostró convencido de que la actual coyuntura económica va a contribuir a romper los recelos de los ayuntamientos para adaptar sus planes. "El cambio de ciclo económico va a beneficiar el sentido común", señaló el consejero, tras valorar el "cambio de tendencia" experimentado desde que la Junta de Andalucía aprobó una ley que obliga a reservar terreno para viviendas públicas. "Antes algunos ayuntamientos no destinaban a vivienda protegida nada o no era su prioridad política, y ahora esto es una obligación legal", subrayó Juan Espadas, que instó a los responsables locales a que aprovechen los elementos positivos de este cambio. La ley autonómica obliga a los ayuntamientos a destinar el 30% del suelo para la vivienda protegida. Junto a la inyección económica, el plan de choque diseñado por la Junta también planea aumentar el número de oficinas comarcales de asesoramiento para dar apoyo técnico a los ayuntamientos, que van a pasar desde las 16 actuales a 44 a final de año.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > información y locales.
Valor añadido > -El juzgado de los contencioso-administrativo de Alicante número 2 ha anulado la venta de suelo público que el anterior gobierno municipal de La Vila, presidido por el ex alcalde popular José Miguel Llorca, realizó para pagar parte de la obra del campo de fútbol Nou Pla. El recurso fue interpuesto por el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, por entonces en la oposición y actualmente concejal de Deportes. El pleno municipal de 15 de febrero de 2007 adjudicó a Iniciativas Urbanísticas del Mediterráneo todo el suelo público del sector PP-35 "Industrial 2" por un total de 1.894.000 euros, que iba a ser destinado a la financiación de las obras del campo de fútbol Nou Pla y de los dos campos de césped artificial de la ciudad deportiva "José Calsita". Al no estar aprobada la reparcelación del sector, el Ayuntamiento enajenó los metros cuadrados de techo que le correspondían por ley, es decir, un total de 4.490. La sentencia anula esta adjudicación del pleno por pretender financiar las obras del campo de fútbol municipal con bienes que integran el Patrimonio Municipal de Suelo y no destinar dicho suelo a satisfacer la demanda de vivienda protegida. El fallo del juez supone un nuevo varapalo tanto para la política del anterior gobierno municipal como para el erario local, puesto que los presupuestos de 2008 se aprobaron sin contemplar el pago de estos 1,8 millones de euros, que ahora el Consistorio vilero debe asumir. El campo de fútbol Nou Pla fue inaugurado en abril de 2005 con un partido amistoso entre el equipo local y el Valencia C. F. y ha acumulado sentencia tras sentencia en contra por su adjudicación. Los populares justificaron su postura sosteniendo que es "cambiar patrimonio por patrimonio" y desoyeron a la oposición, que advirtió que se estaba vendiendo el patrimonio de los vecinos de la localidad vilera para que el PP pudiera cumplir su programa electoral, al no haber liquidez económica.
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NOTICIA > -Urbanismo > Murcia
Valor añadido > - Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicará en las próximas dos semanas la instrucción técnica para la interpretación de la Ley de Suelo Estatal, según anunció el director general de Urbanismo, Antonio Navarro. Esta instrucción interpretativa proporcionará a los 45 ayuntamientos de la Región la seguridad jurídica necesaria para la aplicación de la Ley 8/2007 de 28 de mayo de Suelo, que entró en vigor el 1 de julio de 2007, de manera que se establece el marco de aplicación para la reserva del 30 por ciento del suelo para vivienda protegida, entre otras cuestiones, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado de prensa. Hasta ahora, en la Región existía una reserva de suelo del diez por ciento para vivienda protegida en suelo urbanizable. La aplicación en la Región, a partir del próximo 1 de julio, de la nueva norma del Estado, supondrá "la ampliación de este porcentaje al 30 por ciento en todas las reclasificaciones de suelo, de manera que todo el suelo nuevo de uso residencial llevará esa reserva", explicó Navarro. De esta forma, todas las revisiones o modificaciones de planes que se aprueben de manera inicial a partir del próximo 1 de julio llevarán la reserva de suelo del 30 por ciento, que también se aplicará sobre los incrementos de edificabilidad residencial. En la instrucción técnica se aborda también la entrada en vigor de los criterios de sostenibilidad que recoge la legislación estatal referida a los aspectos de revisión y modificación de los planes generales de ordenación municipal. Así, a partir del 1 de julio, cuando un Ayuntamiento apruebe inicialmente una modificación de la ordenación del municipio que suponga un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado de la localidad, deberá proceder a la revisión de su plan, salvo que un instrumento de ordenación del territorio o medioambiental, como una actuación de interés regional, posibilite la modificación", apuntó Navarro.
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NOTICIA > -Urbanismo > opiniones Xerardo Estevez > el País
Valor añadido > -Cada vez que nos enteramos de uno de esos casos se oyen voces que pretenden la devolución de las competencias urbanísticas a la Administración autónoma o incluso a la central. El fenómeno, aun siendo significativo, dista mucho de estar generalizado: según el último informe sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas, en 2005-2006 se registraron 153 casos de presunta corrupción urbanística para un total de 8.114 ayuntamientos; es de suponer que algunos de ellos se acumulen en el mismo término municipal. Este ha sido, ciertamente, un tema muy aireado por los medios de comunicación, lo cual tiene efectos positivos -la voz de alarma- y negativos -presentar a los ediles en su conjunto como proclives a tales desaguisados. Las corporaciones locales planifican con los instrumentos urbanísticos el crecimiento y ordenación de su territorio. Como en la viña del señor, hay de todo, quien lo ha hecho bien y quien ha hecho caso omiso de sus implicaciones sobre el medio y sobre la forma de hacer la ciudad, y esta pauta ha derivado a veces en actos de corrupción. En el fondo de la cuestión también están envueltos los partidos políticos, que se preocupan poco de capacitar a sus concejales en materia urbanística y ambiental. Conviene decir que los excesos en la actividad urbanística comienzan con unos planes generales demasiado constructores, que han contado con la aprobación definitiva de las instancias autonómicas. Es más, en general se veía con buenos ojos esa fuente de ingresos para las arcas locales, porque de esa manera se evitaba entrar en el fondo de la financiación municipal. En los momentos de "boom" inmobiliaria todos consideraron acertado que los ayuntamientos se aprovecharan de él, y se interpretó la colonización masiva del territorio como síntoma de desarrollo y prosperidad. Por el medio quedaban muchas viviendas vacías que no cerraban el ciclo económico ni cumplían un fin social.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Editorial de el País
Valor añadido > -Es de tal calibre el desastre urbanístico que describen las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y tan sofisticados los mecanismos a que recurren los corruptos y especuladores del suelo para burlar la legalidad, que su titular no ha dudado en proponer en la de este año una mayor intervención de la ley penal en este ámbito. Podría pensarse que se trata de una comprensible reacción ante la impotencia, al no poder hacer frente con toda la eficacia exigible al desarrollo de un urbanismo desordenado y con fuertes trazas de corrupción institucional y privada. Pero la propuesta tiene fundamento y merece la atención tanto del fiscal general del Estado como del Gobierno y de las fuerzas políticas. Lo que propone el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo es una reforma del Código Penal que tipifique como delito -una modalidad más de la actual malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Facilitar el acceso a una vivienda digna constituye un mandato constitucional que vincula a los poderes públicos, sea cual fuere su signo político. Caben pocas dudas sobre la importancia de este principio orientador de la política social a los efectos de hacerle acreedor de la máxima protección del Código Penal. La inhabilitación especial, más que la cárcel, sería la pena que se compaginaría mejor con la función pública que ejerce el cargo municipal -alcalde o concejal- que incumpliera la Ley del Suelo en un punto tan importante como facilitar el acceso de sus convecinos a una vivienda digna. No puede desconocerse, en todo caso, el uso que los municipios vienen haciendo del suelo para satisfacer sus necesidades económicas, insuficientemente cubiertas con los recursos públicos, lo que ha servido de coartada y de caldo de cultivo para una creciente corrupción. La suficiencia financiera que los alcaldes exigen al Gobierno constituye, pues, un factor de normalización de la vida municipal que restaría base a la delincuencia urbanística y al uso irregular del suelo destinado a vivienda de protección oficial. Es posible que de haberse alcanzado esa suficiencia hace 15 o 20 años no hubiera que lamentar el actual desastre urbanístico español. En ese contexto, la intervención del Código Penal sería excepcional.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo reitera en la Memoria correspondiente a 2007 -ya lo hizo el año anterior- su denuncia por la escasa colaboración de las administraciones autonómicas y locales en la persecución de determinados delitos, especialmente, como resalta el fiscal de Murcia, cuando «comprueban que son ellas mismas las que pueden estar siendo investigadas». La desidia y a veces «connivencia» de las administraciones se deja sentir tanto en los delitos medioambiental (vertidos, contaminación acústica, etcétera) como urbanísticos. En estos últimos resulta llamativa la «falta de denuncias» por los ayuntamientos, que son los que mejor conocen las posibles irregularidades, dada su competencia en la materia. En algunos casos se han llegado a detectar «maniobras normativas» destinadas a «desproteger partes importantes de espacio natural» para dar apariencia de legalidad a la explotación urbanística del suelo. Otra de las quejas, común entre las distintas fiscalías de todo el territorio nacional, se refiere a la carencia de peritos y técnicos imparciales a disposición de los fiscales. En algunas ocasiones, las administraciones alegan falta de presupuesto para atender las necesidades de asesoramiento de los representantes del Ministerio Público; en otras, el perito depende de la administración que a la postre puede resultar responsable del delito. Por otra parte, la Fiscalía destaca que en 2007 fueron detenidas o imputadas 368 personas en relación con 371 incendios, y que éstos fueron provocados en el 24 por ciento de los casos. Negligencias o imprudencias están en el origen del 64 por ciento de los fuegos.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -La Fiscalía ve a funcionarios y autoridades como 'cómplices' del urbanismo ilegal   La crítica se extiende hasta la sociedad en general a la que también atribuye 'pasividad' ya que 'salvo excepciones de organizaciones ecologistas o algún particular que ha denunciado actuaciones ilegales, ha permanecido indiferente'. No obstante, la crisis en la construcción también está afectando a este entramado como se desprende del hecho de que la Fiscalía almeriense pasara de 118 diligencias penales en 2006 a 88 en 2007.  Y en Almería no queda sólo la cosa. La corrupción urbanística es España, dice el informe a nivel nacional, se 'sofistica' y las tramas tienen un carácter progresivamente 'más organizado'. El texto abunda sobre todo en las situaciones detectadas en las provincias del litoral meridional, en particular en provincias como Cádiz, Málaga, Almería , Murcia y otras. Las fiscalías regionales más afectadas hablan de 'avalancha' de casos urbanísticos que puede acabar, dicen, por monopolizar los recursos y efectivos de que disponen para investigar estos casos, muy complejos, en detrimento de otras cuestiones medioambientales. Casos que no se limitan a construcciones particulares, sino a grandes complejos urbanísticos que prosperan, pese a vulnerar preceptos legales y de protección ambiental, debido a la inoperancia de las administraciones implicadas. También en materia de vivienda, el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, aboga en la memoria por modificar el Código Penal para perseguir a los ayuntamientos y sus alcaldes que vulneren la Ley del Suelo y destinen menos del 30por ciento del suelo edificable para viviendas de protección oficial (VPO); también a aquellos que incurran en malversación de este bien público con abusos en recalificaciones y cambios injustificados de uso del suelo municipal. Según la memoria, en 2007 se tramitaron en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente 1.220 diligencias de investigación penal en materia medioambiental y 1.781 en ordenación del territorio. El saldo revela una disminución de asuntos en el primer capítulo respecto de 2006, primer año de funcionamiento de la Fiscalía, que se achaca al fin del 'efecto novedad'. En cambio los temas relacionados con el urbanismo siguieron creciendo, de 1.634 casos en 2006 a 1.781 en 2007 a falta de los datos provinciales de Guadalajara. En su informe, la Fiscalía critica la 'lentitud en el desarrollo' del organismo, y la falta sistemática de medios. Una y otra comprometen 'la practicidad y eficacia' que se espera de ellas. También da cuenta de la intensa actividad del SEPRONA de la Guardia Civil en el control de vertederos ilegales y potencialmente peligrosos para las masas forestales y parajes de gran valor natural. Se han llegado a censar 2.269 vertederos, de los que 382 fueron eliminados, 41 están a punto de desaparecer y en otros 274 'se ha aminorado el riesgo'.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Málaga > malagahoy y locales
Valor añadido > - La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo acaba de poner de relieve en la memoria relativa a 2007 la escasa participación de las administraciones local y autonómica en la provincia de Málaga a la hora de afrontar los problemas derivados del urbanismo. En el documento se habla, en concreto, de una actitud "más bien complaciente y poco beligerante" por parte de estas instituciones con las infracciones que se cometen en territorio malagueño, "sobre todo por parte de los municipios". Las afirmaciones que se realizan en la memoria fiscal reproducen las aportaciones realizadas por el fiscal provincial y suponen un contundente varapalo a la labor de las corporaciones locales y de la Junta de Andalucía en la lucha contra las irregularidades cometidas en materia urbanística y de ordenación del territorio. En este sentido, es contundente al afirmar que debido a la "escasa colaboración" de las autoridades locales, "con frecuencia" transcurre el plazo fijado en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la tramitación de las diligencias de investigación, que es de seis meses. Una circunstancia que, según los responsables del Ministerio Fiscal, conlleva que las mencionadas diligencias tengan que ser remitidas al juzgado "sin formular denuncia", ya que no ha sido posible concretar los hechos denunciados.  Como ejemplo de esta mala práctica, la memoria de este departamento, dirigido a nivel nacional por el fiscal coordinador Antonio Vercher, alude a la existencia de construcciones ilegales de las que no tiene conocimiento la Fiscalía. "Debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales, susceptibles de ser calificadas como delictivas, que no llegan al conocimiento de Fiscalía, y en buena parte la responsabilidad de ello la tiene la Administración, fundamentalmente la local, que no comunica la existencia de tales situaciones, a pesar de que es legalmente preceptivo hacerlo". En el informe se insiste en denunciar la "expansión" hacia las zonas del interior de la provincia del modus operandi delictivo que antes sólo existía en la costa y que implicaba numerosas denuncias por prevaricación. "En los municipios del interior la mayoría de los supuestos son de particulares que proceden a realizar una construcción de vivienda unifamiliar, sin que los ayuntamientos ejerzan con la debida diligencia sus facultades inspectoras". Al tiempo que se destaca que la denuncia contra municipios del interior es cada vez más frecuente. Pero la queja no se reduce en exclusiva a los ayuntamientos malagueños. El repaso también alcanza a la Junta de Andalucía, a la que pide una mayor implicación por parte de los agentes forestales (cien en la provincia) en la denuncia de irregularidades urbanísticas. "Siendo esta una provincia en la que existen tantas actuaciones que pudieran ser delictivas en todo su territorio, fundamentalmente contra la ordenación del territorio y medio ambiente, resulta extraño que no lleguen (desde los agentes forestales) más denuncias a esta sección". Más allá de las quejas sobre el comportamiento de las administraciones públicas, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia de Málaga hace especial hincapié en la falta de medios que padece y que se traduce, entre otros aspectos, en la imposibilidad de utilizar los ordenadores existentes "más que para poder registrar los procedimientos", a lo que se suma la obligatoriedad de tener que comprobar una por una cada diligencia de investigación incoada, "simplemente por no incorporar un programa adecuado". Por todo ello, los responsables de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Fiscal subrayan la necesidad de que la Consejería de Justicia pueda "incrementar de alguna manera la plantilla de funcionarios", al constatar "un gran déficit" en el seguimiento de los procedimientos. La situación es tal, según los responsables de la memoria, que "debe plantearse muy seriamente la posibilidad de no realizar la estadística anual".
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Almería > el país y locales
Valor añadido > -La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, de 75 folios, destaca que las condenas por delitos ambientales y urbanísticos han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a al menos 414 en 2007 (190 por urbanismo). El aumento en condenas es de un 37% en el segundo año del funcionamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente. El ritmo de aumento difícilmente se pueda mantener, ya que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado al traste con proyectos inmobiliarios. Así, la fiscalía de Almería ha pasado de 118 diligencias penales en 2006 a 88 en 2007. La memoria de Almería señala entre las causas "el descenso de la producción del sector de la construcción experimentado a nivel nacional que lógicamente habrá repercutido en la edificación de viviendas ilegales". Uno de los puntos más llamativos es la crítica de que en Almería existe una complicidad social con la corrupción urbanística, en especial con la construcción de viviendas ilegales. "La pasividad, cuando no complicidad, de autoridades y funcionarios de las diferentes Administraciones y de cuantas personas y entidades están llamadas a ejercer un control sobre esta materia, abonándose con ello el terreno para la corrupción públicos y privados. Entre los primeros llama la atención la actuación de cargos, representantes y funcionarios de ayuntamientos, ya imputados en algunos casos, y entre los segundos, profesionales (arquitectos, ingenieros...) gestores, compañías suministradoras de servicios, como el agua, la electricidad y otros que incumpliendo sus obligaciones han favorecido esa ilícita actividad, dando lugar a lo corrupción privada". Y prosigue: "En esta situación de pasividad se encontraría también la sociedad, que salvo excepciones de organizaciones ecologistas o algún particular que han denunciado actuaciones ilegales, ha permanecido indiferente". En Almería hay pueblos, como Zurgena, con todos los ediles imputados por permitir pisos ilegales.
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NOTICIA > -Promoción Urbanismo > Galicia > el País, SER y locales
Valor añadido > -El Plan Integrado del Litoral, uno de los proyectos estelares de la Consellería de Política Territorial y de la propia Xunta, no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. La complejidad del documento, que deberá delimitar metro a metro la ordenación urbanística de la costa gallega, imposibilita que se anticipen los plazos, de modo que el Gobierno de Emilio Pérez Touriño se limitará a presentar un avance con su propuesta, para que sea con el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones autonómicas cuando se haga efectivo, según fuentes de Política Territorial.  Las Directrices de Ordenación Territorial también acumulan retraso > El aplazamiento tendrá consecuencias prácticas. La más notable, que en mayo del año próximo se podrá volver a construir en la franja costera gallega, al dejar de estar en vigor la prohibición de hacerlo a menos de 500 metros del mar que introdujo la ley de medidas urgentes de protección del litoral. Dicha ley prevé una moratoria máxima de dos años desde su entrada en vigor, que se produjo el 17 de mayo de 2007. Sólo perdería previamente su efectividad si entrase en vigor el Plan del Litoral, una posibilidad ya descartada. También dejará de tener efecto en aquellos ayuntamientos costeros que aprueben planes generales adaptados a su normativa, pero desde que entró en vigor la prohibición en los 500 metros, sólo dos de los 86 ayuntamientos afectados han procedido a la adaptación que se requería. El retraso acumulado es considerable. El objetivo de diseñar un plan que pormenorice los lugares de la costa donde se puede construir y diferencie niveles de protección fue asumido al inicio de la legislatura, hace tres años. Posteriormente, se estableció el año 2007 como horizonte para su entrada en vigor, primero, y después para su avance. Pero el año terminó sin ningún proyecto, y los últimos cálculos de la consellería que dirige María José Caride pasan por formular el borrador este año y aplicarlo el que viene.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Cataluña > el País
Valor añadido > -La Generalitat destina 18 millones a proyectar los 100 nuevos barrios
El planeamiento de las ARE es el mayor encargado jamás por el Incasol   La Generalitat, a través del Incasol, acaba de adjudicar un concurso sin precedentes: la redacción del planeamiento urbanístico del centenar de áreas residenciales estratégicas (ARE), los futuros barrios que tendrán la mitad de vivienda social. El importe es lo nunca visto: 18,1 millones de euros repartidos entre más de 130 pedidos, entre planeamiento y estudios ambientales. Lo inaudito es que una suma tan grande se destine, de una tacada, no a poner ladrillos, sino a honorarios de despachos de arquitectura e ingeniería. Aunque tampoco nunca se han proyectado cien barrios de golpe, que sumarán 90.000 pisos, la mitad sociales. Fuentes de la Generalitat admiten que el encargo del Incasol multiplica "por cuatro o por cinco" el importe que el organismo destina un año cualquiera a encargar planeamiento. Pero no sólo pulveriza récords económicos, sino también de plazos de entrega. A los despachos profesionales adjudicatarios se les viene encima tarea. Mucha. Demasiada, dicen algunos. Deben entregar una parte del trabajo en julio y otra a finales de agosto, para que los planes se aprueben en septiembre. "Es una barbaridad", coinciden tres equipos adjudicatarios; "es de locos. No habrá tiempo para tenerlo todo listo". Pero en tiempo de vacas flacas también para los arquitectos... trabajo es trabajo. La prisa por tener los planes urbanísticos de los futuros barrios obedece a la idiosincrasia de las áreas residenciales estratégicas, un invento de la Generalitat que no se entiende sin el paquete de medidas tomadas en los últimos meses para movilizar masivamente suelo para vivienda protegida. Medidas como el Pacto Nacional por la Vivienda, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda y el Decreto de Medidas Urgentes en materia Urbanística, que eleva del 30% al 40% las reservas obligatorias de vivienda pública. Las obras de las primeras ARE, dirigidas desde el Departamento de Política Territorial, empezarán dentro de menos de un año, a comienzos de 2009. La clave de tanta velocidad es redactar simultáneamente el planeamiento derivado y el de urbanización, cuando normalmente se hace en tres fases.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Málaga Hoy, el País y locales
Valor añadido > -María José Mata de Damas, delegada en Málaga de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, renunció a su cargo apenas dos días después de ser nombrada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La dimisión de Matas, de 37 años, se produjo el mismo día en que el diario Málaga Hoy publicaba que la flamante delegada montó una empresa dedicada al sector inmobiliario y al asesoramiento jurídico mientras trabajaba como inspectora de Urbanismo. Matas fundo la empresa junto al abogado Antonio Gijón, cuyo teléfono fue pinchado por la policía durante la investigación del caso Malaya. En el sumario de la operación contra la corrupción en Marbella se recogen transcripciones de varias conversaciones telefónicas de Gijón, quien nunca ha llegado a estar imputado en la causa. Entre estas llamadas, realizadas el 4 de enero de 2006, tres meses antes de desatarse la Operación Malaya, figuran varias realizadas por el abogado a la entonces inspectora de Urbanismo Mata. En una de las escuchas, el abogado informa a Mata de que está con unos clientes que pretenden levantar "una vivienda unifamiliar" en Monda. Gijón y Mata, que según la policía, son "socios", acuerdan "organizarlo todo para presentarlo en el Ayuntamiento de Monda". Media hora más tarde, Gijón telefonea de nuevo a la inspectora de Urbanismo para comentarle un acuerdo económico: "Le he pedido mil euros que me los van a transferir sobre la marcha a AGM [una de las empresas de Gijón]". Y luego: "Yo te doy los 500 euros".
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NOTICIA > - Urbanismo > Madrid > el Mundo
Valor añadido > -APROBAR EL PGOU: UN PROCESO LENTO Y COMPLICADO  1. No es fácil construir una nueva ciudad o ampliar la existente. Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) están sometidos a multitud de filtros administrativos diseñados para garantizar la viabilidad del proyecto. 2. El proceso comienza con la elaboración de un documento de Avance. A nivel municipal se realiza y se expone un primer estudio sobre la incidencia medioambiental del proyecto. 3. La Dirección General de Evaluación Ambiental (EA) de la Comunidad de Madrid (CAM) realiza un informe previo de análisis ambiental . 4. El Pleno del Ayuntamiento deberá dar el visto bueno al documento de Avance: el proyecto, la información pública y el informe de la EA. 5. El Consistorio debe elaborar un documento urbanístico completo, con su correspondiente estudio ambiental, tras solicitar los informes pertinentes. El mismo se aprueba por el Pleno municipal y se expone su contenido. 6. El Ayuntamiento elabora un documento para Aprobación Definitiva, que incluye el proyecto, las alegaciones públicas y los informes sectoriales solicitados con anterioridad. 7. Tras el informe definitivo de análisis ambiental realizado por la CAM, el Pleno municipal vota la Aprobación Provisional. 9. Una vez la Dirección General de Urbanismo ha realizado su informe, la Comisión de Urbanismo de la CAM decreta la Aprobación Definitiva del proyecto.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > Expropiaciones > el País y locales
Valor añadido > -Levantar edificios para el derribo > Culmina la estructura de dos torres en Benidorm que Costas está expropiando   Edificaciones Calpe, perteneciente al grupo constructor Ballester, culminará a finales de este mes las 21 alturas del complejo Gemelos 28 que levanta en el cabo de Punta Llisera, en primera línea de mar, en la popular playa de Levante de Benidorm. El Gobierno admite su incapacidad para parar la obra por el farragoso trámite > Las dos torres se encuentran en una parcela 10.000 metros cuadrados en servidumbre de tránsito y de protección, que Medio Ambiente prevé incorporar al parque natural de Serra Gelada. El director general de Costas, José Fernández, anunció hace justo un año la intención del Gobierno de expropiar la finca, cuando había terminado la demolición del edificio anterior y las obras del nuevo apenas habían empezado. El 15 de junio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar, cuando los trabajos ya estaban en marcha. En febrero de 2008 tuvo lugar el segundo trámite, y se declaró la necesidad de ocupación. El 14 de febrero, cuando la estructura ya llegaba a la mitad, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, y la notario María Dolores Signes levantaron acta de lo construido para realizar su valoración. Martínez anunció entonces que el ministerio no pagaría lo que se construyera "en adelante", que correría "a cuenta y riesgo del promotor". La empresa promotora ha continuado los trabajos, al considerar que no tiene ninguna orden judicial de paralización.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Valoraciones conforme a la Ley del suelo
Valor añadido > -Aisa asegura en un comunicado enviado a la CNMV que debido a la nueva Ley del Suelo el valor de sus activos ha caído en más de 500 millones de euros. Según un comunicado de la compañía, CB Richard Ellis valora, a 31 de diciembre de 2007, sus activos en 1.032,6 millones de euros, cuando un año antes los mismos activos fueron valorados en 1.541,9 millones 'por el cambio de criterios implantado por la nueva Ley del Suelo y la actual situación del mercado'. La compañía asegura que 400 millones de dicha diferencia se deben a que un terreno de Zaragoza, rústico, ha sido valorado como tal y no por las expectativas de que fuera recalificado. Aisa apunta que ahora el valor de esos terrenos de Zaragoza es de 220 millones 'todavía muy por encima de su coste de adquisición'. Aisa está sufriendo en Bolsa desde que el pasado 12 de abril la aseguradora Asefa solicitara concurso contra la inmobiliaria, a la que reclama 1,3 millones de euros. Un juzgado de Barcelona celebrará el 10 de junio una segunda vista por esta cuestión. Aisa cayó ayer un 1,92% cerrando a 1,53 euros por acción.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Extremadura > Hoy
Valor añadido > -  IU advierte del riesgo de comprar suelo no urbanizable Cuidado al comprar una parcela en terreno no urbanizable o de manera conjunta con otros propietarios (proindiviso) ya que al final puede haber problemas. Lo dice el grupo municipal de Izquierda Unida, que ayer propuso en la comisión de Urbanismo que el Ayuntamiento se dirija a los notarios y registradores de la propiedad para que adviertan a los compradores de terrenos de los problemas que pueden encontrarse al hacerse con parcelas en las que no se puede construir. El concejal de IU, Santiago Pavón, afirma que es necesario volver a pedir a notarios y registradores que hagan estas advertencias ante compras en proindiviso en terrenos no urbanizables y, en algunos caso, hasta terrenos protegidos. Es el caso de parcelas que se han vendido en parajes del término municipal en los que no se puede edificar y a pesar de ello algunos propietarios han levantado casas de campo. Pavón recuerda que tanto el Seprona como la Patrulla Verde de la Policía Local «éstan sancionando construcciones ilegales y queremos que desde el Ayuntamiento se inicien los oportunos expedientes disciplinarios de estos actos que constituyen atentados contra el medio ambiente. Los propietarios proindivisos se arriesgan a todo tipo de problemas». Pavón pide también que este tipo de hechos se pongan en conocimiento de Hacienda «por si tuviera algo que decir sobre el tema». Asimismo, IU pidió en la comisión de Urbanismo información sobre las licencias de actividades de locales de una empresa, Inmobiliaria Fernández.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Granada > Ideal
Valor añadido > -Las licencias municipales se darán sobre la marcha y se evitará medio año de espera
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Galicia > opiniones Blas Rivas > el Correo gallego
Valor añadido > -Nueva norma: ha entrado en el Parlamento de Galicia un proyecto de ley que modifica (otro más) la Ley del Suelo de Galicia. Este proyecto regula la reserva de suelo del 40 % para viviendas sujetas a un régimen de protección pública. Además, pretende estimular los registros municipales de solares y patrimonios públicos del suelo para fomentar viviendas protegidas. Lo cierto es que, aunque no se dice por ninguna parte, se está adaptando la ley gallega a la estatal del suelo de 2007. Cambios constantes: la ley urbanística de Galicia de 2002 ha sufrido ya modificaciones en 2004 y otra más en mayo de 2007 con la norma de medidas urgentes (al parecer en el urbanismo todo es urgente) en materia de ordenación del territorio y del litoral. Ahora, en 2008 tenemos otro cambio. Si un Plan Xeral de Ordenación Municipal tarda más de cuatro años en tramitarse, es probable que antes de su aprobación tenga que modificarse varias veces para adaptarlo a los cambios legislativos. Y ojo, que todavía quedan las directrices de ordenación del territorio que darán otra vuelta de tuerca. La verdad es que desde 1990 el urbanismo en España viene dando vueltas, con sentencias constitucionales complicadas, con leyes estatales y autonómicas constantes que hay que alterar cada dos por tres y que varían en función del partido en el poder. Un problema grave: la falta de un criterio uniforme y estable en el urbanismo conduce a situaciones paradójicas. La Ley estatal del Suelo de 2007, con el régimen de valoraciones que instauró, ha provocado que el patrimonio de las inmobiliarias y promotoras tenga menor valor, lo que obliga a las entidades financieras a limitar el crédito que les conceden sobre la base de esos bienes. En consecuencia, se produce un estrangulamiento de su liquidez, lo que unido al descenso de ventas determina la grave crisis del sector. Ahora el nuevo Gobierno pretende deshacer entuertos y aumentar la construcción de vivienda pública y crea planes para ayudar a los parados que dicha crisis ha provocado. En esta legislatura que comienza, ¿tendrán tiempo los partidos de hacer un pacto duradero en el ámbito del urbanismo?
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -Marcos Vaquer, presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), ha participado en la primera jornada de Sima Cities, El papel de las herramientas de planificación urbana en el desarrollo de las ciudades españolas  El urbanismo español, rígido y complejo, tiene ante sí nuevos retos surgidos de las nuevas dinámicas territoriales. Lo ha dicho Marcos Vaquer, presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en la primera jornada de Sima Cities, El papel de las herramientas de planificación urbana en el desarrollo de las ciudades españolas. Vaquer apuesta por la necesidad de buscar una planificación urbana de carácter general y tratar de superar la guerra entre planificación socioeconómica y planificación física. “Es un desafío que nos viene planteado desde la Unión Europea, que insiste en la necesidad de políticas urbanas integrales”. Un paso que daría lugar a un sistema más fácil y sencillo, ya que ahora mismo “sólo los sacerdotes del urbanismo pueden leer un plano”. Para el presidente de SEPES, los planes se han cargados de contenidos impropios de instrumentos de planificación urbana. Y, además, son ilógicos los planes que pretenden ordenar a 20 o 30 años vista y con estructuras jerárquicas que hacen difícil los cambios. Esto es lo que explica, por ejemplo, que se hagan modificaciones puntuales a planes generales casi simultáneamente a la misma redacción. “Hay que reivindicar una cultura de planeamiento, pero no con instrumentos de hace 50 años”, ha indicado Vaquer. Pero no es el único lastre del planeamiento actual. Para Vaquer, es importante una apuesta seria por la transparencia y la participación efectiva. “Las masas ingentes de documentación técnica han separado a los ciudadanos de la planificación urbana”. “Si se logran estos cambios acabaremos con este diálogo de sordos y alcanzaremos una solución que convenza a inmobiliarios y urbanistas”, ha concluido Vaquer. El secretario de Planificación Territorial de la Generalitat de Catalunya, Oriol Nel `lo, ha cogido el guante lanzado por Vaquer. “Para lograr ese objetivo necesitamos nuevos instrumentos”, ha dicho. En el caso de Cataluña se ha renovado la Ley de Urbanismo, la Ley del Paisaje y la Ley de Información Geográfica y se han tratado de desarrollar instrumentos de planeamiento de escala supramunicipal. Oriol Nel `lo ha centrado su intervención en las Áreas Residenciales Estratégicas (ARE), una iniciativa que surge en 2007 a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Suelo estatal y de la adopción del Pacto Nacional de Vivienda. “Para responder a estos dos retos recurrimos a un decreto ley”. Estas ARE consisten en movilizar suelos existentes (urbanizables en la mayor parte de los casos) detenidos en el proceso de planeamiento para construir vivienda protegida. Se trata de ámbitos con unas características comunes: 52 viviendas por hectáreas y un mínimo del 50% de las viviendas deben ser protegidas. El planeamiento de las ARE contemplan 101 sectores en 86 municipios catalanes (el 10% de los municipios de Cataluña), 1.640 hectáreas de suelo, y 93.182 viviendas, de las que el 50% son protegidas. “Sólo el 22% de estas áreas estarán sobre suelos no urbanizables”, ha indicado Oriol. El calendario fija marzo de 2009 como la fecha límite para sacar adelante la mitad de este planeamiento.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > el País, Levante y Panorama
Valor añadido > -Varios eurodiputados propusieron en el Parlamento Europeo una moratoria urbanística para la Comunidad Valenciana y una reforma de su ley urbanística que ponga fin a la situación de abusos urbanísticos y desprotección en que se encuentran miles de afectados. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha recibido más de medio centenar de demandas de perjudicados, muchas de las cuales fueron debatidas ayer, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Dos eurodiputados británicos, el socialista Michael Cashman y el conservador Neil Parish, reclamaron al Gobierno español que impusiera una moratoria urbanística. Los perjudicados -que volvieron a exponer casos como el de Parcent, Catarroja o Porxinos ante los eurodiputados- buscan el amparo del Parlamento Europeo por estimar que muchas de las decisiones urbanísticas adoptadas en territorio valenciano vulneran las directivas europeas de contratación pública, medio ambiente y protección del agua. La Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor, ha sido denunciada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por no respetar las normas comunitarias en materia de contratación pública. Muchas de las decisiones que han permitido los abusos se realizaron de acuerdo con la legislación anterior, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, criticaron la petición de una moratoria. "Lo que se necesita son proyectos y también campos de golf para mover el turismo", subrayó García Antón. Éste insistió en que la LUV se redactó de acuerdo con las exigencias europeas de entonces.Tras la sesión de debates y ante la falta de acuerdo, el presidente del Comité de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, propuso que la comisión de coordinadores estudiara en su próxima reunión del día 26 de mayo la propuesta de Cashman de presentar en el pleno otro informe más sobre las denuncias urbanísticas en España. De confirmarse su elaboración, éste sería el tercer informe crítico con el urbanismo valenciano. Máximo Revilla, alcalde de Parcent, un municipio alicantino de un millar de habitantes, pidió el apoyo de la Eurocámara para paralizar los planes aprobados por el anterior gobierno municipal y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular. Uno solo de estos Planes de Actuación Integrada prevé la construcción de 1.496 viviendas. Revilla, que accedió a la alcaldía tras encabezar una agrupación de afectados, manifestó el derecho de los ciudadanos a "establecer el ritmo de construcción y desarrollo en el municipio y que no sea acordado por los intereses económicos de unos urbanizadores". El ejemplo de Parcent, en donde los planes urbanísticos se aprobaron sin el informe de impacto ambiental pertinente y sin tener en cuenta los recursos hídricos necesarios, es paradigmático de la situación de muchas localidades del territorio valenciano. Los afectados cifraron en más de 120.000 el número de posibles perjudicados, muchos de los cuales son ciudadanos británicos. Otros planes que fueron objeto de debate ayer en Bruselas afectan a las poblaciones de Catral, Rojales, Monòver, Riba-roja y Alzira. El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein fue especialmente crítico con el Gobierno de la Generalitat valenciana por considerar que actuaba "con un gran falta de lealtad con la Unión Europea, por seguir aplicando normas inseguras por estar pendientes de un proceso judicial". Hammerstein recordó que las irregularidades afectan también al Instituto Valenciano de la Vivienda. En este sentido, los eurodiputados socialistas valencianos Maruja Sornosa y Vicent Garcés pidieron la elaboración de una nueva ley de urbanismo. Garcés recordó que "además de los avisos de la Comisión Europea y las denuncias que llegan a la Eurocámara es una evidencia que la ley actual está vulnerando los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y supone una amenaza para el desarrollo sostenible".El diputado del Partido Popular José Manuel García-Margallo defendió que era preciso deslindar las competencias de cada Administración y que la Unión Europea no tiene competencia universal sobre los derechos humanos y, "en relación con el derecho de propiedad, corresponde al Gobierno de la nación".Raül Romeva, de Los Verdes, precisó: "Todos compartimos el principio de subsidiariedad, lo cual no significa que las autoridades locales puedan renunciar a las leyes europeas".La representante de la Generalitat, la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, afirmó que la LUV cumple demandas realizadas por el Parlamento Europeo en anteriores resoluciones. Ureña propuso al alcalde de Parcent que retirara las acciones presentadas como una manera de facilitar la solución del conflicto. Le replicó la diputada socialista Maruja Sornosa, señalando que era una propuesta inaceptable porque suponía trasladar la responsabilidad de lo ocurrido al Ayuntamiento. La intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se aclaren los casos de abuso. "En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria", pidió.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > el País, Levante y Panorama
Valor añadido > -proyectos urbanísticos como los de Parcent, Tibi, Catarroja o Porxinos, entre otros. Estos son algunos de los casos que ayer volvieron a exponerse ante la Eurocámara: Parcent. Localidad alicantina de 1.000 habitantes y 11,8 millones de metros cuadrados de término municipal. Tres planes urbanísticos -El Replà, El Cantalar y La Solana- se aprobaron el penúltimo día de vigencia de la LRAU en medio de protestas ciudadanas. Su única base era unas obsoletas Normas Subsidiarias del año 1991, según la plataforma Veïns de Parcent. Estos planes, que prevén unas 1.800 viviendas, continúan en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. El Ayuntamiento, gobernado tras las elecciones locales de 2007 por Coalició Democrática de Parcent, se opone a estos proyectos y ha pedido a la Generalitat la documentación. La promotora ha denunciado a la nueva Corporación por supuesta prevaricación. Llíria. La Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat denuncia las supuestas infracciones medioambientales al aprobar el PGOU, que incluye el proyecto Golf Coto de Català. Están previstas 2.000 viviendas.Riba-roja. La plataforma vecinal contraria al plan de Porxinos, donde el Valencia CF tiene previsto construir su nueva ciudad deportiva, insiste en que el proyecto incumple la ley europea en materia medioambiental. Además está prevista la construcción de 2.500 viviendas en este municipio de Camp de Túria. Catarroja. El proyecto Nou Mil·leni, en Catarroja, donde están previstas cerca de 13.000 viviendas, está aprobado, pero está en estos momentos paralizado porque la promotora, la mercantil Llanera, ha suspendido pagos. La plataforma Salvem Catarroja presentó la denuncia ante Europa.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -El secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Manuel Martí, negó que exista una crisis en el sector inmobiliario, aunque sí destacó que existe una falta de liquidez en los mercados financieros. Antes de la celebración de asamblea general ordinaria de APCE, que se celebra en Murcia, Martí atribuyó esta falta de liquidez "al despertar de China e India, que demandan masas ingentes de recursos para financiar su crecimiento". Martí explicó que la evolución demográfica española garantiza un mínimo de demanda de 300.000 viviendas anuales, porque "al año se forman unas 200.000 parejas y se rompen la mitad, entonces surge la necesidad de otra casa". "La demanda no ha desaparecido, lo ha hecho la demanda especulativa", apuntó. En este sentido, explicó que la demanda seguirá existiendo aunque se haya reducido, "porque si los precios han subido el precio especulativo es menor, y por tanto la demanda especulativa se retira y queda sólo una demanda sana". Igualmente, señaló que el Gobierno central es consciente de que el empleo depende en gran medida de la construcción y de que el sector de la obra pública "absorbe dinero a un ritmo mucho menor que el de la edificación, por lo que no tendrá más remedio que hacer cosas en favor de la vivienda". "Tendrá que inyectar más liquidez en manos del público y reducir las retenciones por IRPF", opinó, y señaló que "se pierden 2,3 empleos por cada vivienda que se deja de construir". Por todo ello, el secretario general de APCE consideró que se debería clasificar la vivienda como uno de los problemas "más importantes" de la sociedad española y actuar en consecuencia, al tiempo que criticó que "la lentitud" de las tramitaciones está amparada en la "impunidad". "Una administración pública no respeta los plazos y no le pasa nada, eso no puede ser", subrayó.Respecto a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), Martí aseguró que "si el precio da para hacerlas, se harán", porque los constructores saben "que una buena parte del mercado demanda viviendas más baratas". No obstante, precisó que las VPO tienen que cumplir toda la reglamentación que las libres "y eso cuesta mucho dinero". "El propietario de una vivienda con código técnico amortiza su casa en unos ocho años, pero en VPO el precio está limitado y el que soporta los costes es el constructor y el que los amortiza es el comprador", señaló. Además, apuntó que en 1986 el porcentaje de estas viviendas era de más del 62% de la cuota de mercado español, mientras que en la actualidad es inferior al 9%. "Antes se basaban en la aceptación voluntaria y la compensación" al promotor y, señaló que ahora, esto ya no es así.
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NOTICIA > -Urbanismo > Castilla la Mancha > Nuevo Decreto
Valor añadido > -Con el nuevo decreto se concentran las competencias que en materia de urbanismo tiene la Administración regional > El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, informó de este decreto, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que introduce cambios en el funcionamiento de las comisiones provinciales y de la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación Territorial para agilizar la tramitación de expedientes urbanísticos.  Lamata explicó que con el nuevo decreto se concentran las competencias que en materia de urbanismo tiene la Administración regional y se reordenan algunas funciones para poder agilizar los trámites urbanísticos. La Comisión Regional de Urbanismo, que también informa los planes de ordenación municipal y los catálogos de bienes y espacios protegidos, informará a partir de ahora los planes de las capitales de provincia y de municipios de más de 20.000 habitantes, cuando antes lo hacía sólo de los que superaban los 50.000.  Con ello, se libera a las comisiones provinciales de informar de muchas tramitaciones y se podrán dedicar más a los pequeños municipios.  Además, habrá una unidad de apoyo de gestión urbanística para las delegaciones provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, lo que, según el vicepresidente, permitirá orientar mejor la tramitación en los municipios pequeños, pues muchas de las demoras se producen porque los proyectos no llegan de forma adecuada a los órganos que tienen que dar el visto bueno y tienen que ser devueltos para que se corrijan.  Lamata explicó que esta reordenación de las competencias de urbanismo en la región permitirá agilizar los trámites y gestiones en los desarrollos urbanísticos e industriales. Señaló que esta mayor agilidad no supondrá una merma en el control y afirmó que el Gobierno regional quiere que el fuerte crecimiento que está habiendo en la comunidad autónoma "siga unas pautas razonables y que se garantice la sostenibilidad". No obstante, indicó que el Ejecutivo autonómico quiere que se mantenga ese crecimiento y que siga habiendo crecimiento urbanístico en la región, contribuyendo así a contrarrestar los efectos que está teniendo la desaceleración en el sector de la construcción. Además, señaló que estos cambios servirán también para preparar la futura puesta en marcha de la Agencia Regional del Suelo, en la que se concentrará la gestión del suelo público de la Junta y con la que se quiere agilizar la puesta a disposición de suelo para promover desarrollos.  Lamata informó también de la aprobación por el Consejo de Gobierno del anteproyecto que modificará la Ley de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por el cual este organismo será dotado de delegaciones Provinciales. El vicepresidente explicó que con ello se quiere reforzar la capacidad de decisión y actuación en el ámbito de las competencias del Instituto de la Mujer, dando un mayor rango a la figura de representación provincial del Instituto. Respecto a la presentación de un nuevo expediente de regulación de empleo en una empresa de puertas de la provincia de Toledo y las repercusiones en Castilla-La Mancha de la desaceleración económica, Lamata reconoció que sigue habiendo "turbulencias" en el panorama económico, aunque no se está en tasas de crecimiento negativas, aunque sí menores a las de los últimos años. Explicó que la situación es muy diferente a la de los años 1983 ó 1987, así como que la desaceleración en el sector de la construcción era algo previsto y ya el verano pasado se empezaron a buscar soluciones. En el caso de la industria de las puertas, señaló que desde el Centro de la Madera se viene trabajando para incorporar nuevas estrategias y hay ayudas específicas para la competitividad del sector. Además, recordó que recientemente se ha constituido la Mesa de la Madera, en la que están representados la Administración y los agentes sociales y a través de la cual se están buscando soluciones para el sector. Indicó que el Gobierno regional sigue "milimétricamente" el proceso de desaceleración que se está produciendo, en especial de los indicadores ligados al sector de la construcción, cuya actividad creció a grandes tasas durante un periodo de entre cuatro y seis años. Respecto a la situación de la factoría de Alcoa-Sapa en Noblejas (Toledo), cuyo cierre ha anunciado la dirección de la multinacional, Lamata indicó que no hay nuevas noticias y recordó que el Gobierno regional ha pedido al Ministerio de Industria que intervenga y pida a la empresa que analice y revise su decisión. Explicó que el Ejecutivo autonómico lo que quiere es la continuidad de la fábrica de Noblejas, "y ese va a ser nuestro objetivo".
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > Justiprecios
Valor añadido > -El Ayuntamiento tendrá que pagar 7, 3 millones por una parcela de la UMH, el doble del justiprecio > El Ayuntamiento de Elche es el único de la Comunidad Valenciana que ha tenido que costear el suelo destinado a una universidad pública, en este caso la UMH. El asunto está costando mucho dinero a las arcas municipales. El último disgusto se lo acaba de dar a todos los ilicitanos la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia al estimar el recurso planteada por la propietaria de la parcela 39, de la Fase 1-A, que se mostró disconforme con el justiprecio que fijó el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante. Se trata de la parcela más grande de las expropiadas para construir el campus ilicitano. Este último valoró en 3,7 millones de euros el suelo. Utilizó para el cálculo la fecha de inicio del expediente de justiprecio el 28 de septiembre de 1998, lo que determinó la aplicación del Plan General de Ordenación Urbano aprobado el 25 de mayo de 1998. Al no fijar el aprovechamiento lucrativo para la parcela de los recurrentes se echó mano de la media ponderada de los aprovechamientos del entorno, lo que dio una edificabilidad de 0,3436 metro cuadrado de techo.  El TSJ da la razón a los demandantes y deja claro que hay que tomar como fecha para la valoración del suelo su ocupación urgente, como ocurrió en este procedimiento de expropiación. La ocupación se debió hacer en mayo de 1988, 15 días después de extenderse la hoja de depósito. Sin embargo no se produjo hasta mucho tiempo después. Por tanto hay que dar la edificabilidad del momento, lo que se traduce en 0,618 metro cuadrado de techo. Dicho de otra manera, la cuantía de la expropiación asciende ahora a 7,3 millones. El edil de Urbanismo, Alejandro Pérez, informó ayer que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante le ha comunicado su intención de recurrir la sentencia del TSJ al Tribunal Supremo. El fallo no se conocerá hasta dentro de tres o cuatro años.
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > el País y locales
Valor añadido > -Propietarios de la urbanización Vistabella, en la playa de L'Albufereta de Alicante, han denunciado que la mercantil Nozar, SA, ha iniciado las obras de urbanización de un plan parcial contiguo sin que el Ayuntamiento haya aprobado el preceptivo proyecto de reparcelación y sin responder a sus alegaciones. En ese documento, los propietarios sostienen que el plan parcial incluye una parcela, de 2.000 metros cuadrados, de su propiedad. La denuncia de estos vecinos cuenta con el respaldo de Esquerra Unida, que ha instado al Ayuntamiento a que "les reconozca como propietarios". La Gerencia de Urbanismo admitió ayer el inicio de las obras de urbanización en el PAI con el proyecto de reparcelación pendiente del visto bueno por parte del Consistorio. El ente puntualizó que los trabajos "afectan solo a una parcela propiedad del agente urbanizador y, por tanto, son legales". La Gerencia declinó pronunciarse sobre la reclamación de la parcela de 2.000 metros.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cantabria > Diario Montañés
Valor añadido > -¿Qué determina el urbanismo para una finca rústica? La finca en la que se han asentado las familias gitanas en Viérnoles (junto al apeadero), está clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega (PGOU) como suelo rústico. Por ello, como ha explicado a este periódico un experto en Urbanismo, es «inviable» ubicar en ella cualquier instalación con fin residencial, ya sea mediante la construcción de una o varias viviendas unifamiliares aisladas, o instalando caravanas o vehículos similares. Existe numerosa jurisprudencia en la que se considera a las caravanas viviendas, al entenderse que éstas, de facto, implican una actividad propia del uso residencial. Por ello, cuando las caravanas se instalan en suelo rústico (el caso de Viérnoles) se considera que se desarrolla un uso contrario a la legalidad urbanística. El experto en Urbanismo consultado por este periódico explica que el PGOU de Torrelavega es anterior a la aprobación de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen urbanístico de Cantabria (Ley del Suelo), por lo que los terrenos clasificados como suelo no urbanizable por este planeamiento se regirán por el régimen previsto en la Ley del Suelo para el suelo rústico de protección ordinaria. De esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Suelo de Cantabria, esta clase de terrenos se pueden destinar, con carácter general, a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, extractivos y otros semejantes vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Por este motivo, en los suelos clasificados como rústicos de protección ordinaria, sólo pueden autorizarse los siguientes usos y actividades: instalaciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas, forestales o análogas; instalaciones relacionadas con la ejecución o prestación de servicios públicos e infraestructuras; usos específicos de interés público vinculados al servicio público; instalaciones industriales o comerciales y de almacenamiento que sea imprescindible ubicar en este tipo de suelo, u obras de renovación y reforma de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de ordenación. En la finca de Viérnoles se ha instalado una casa prefabricada y en torno a ella se han instalado siete caravanas en las que viven varias familias gitanas.
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NOTICIA > -Urbanismo > Baleares > Libertad Balear y locales
Valor añadido > -La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) destacó que los proyectos para impulsar la construcción de viviendas en suelo rústico deben tener como garantizada condición necesaria “la máxima seguridad jurídica” a los empresarios. Así lo detalló a los medios de comunicación su presidente, Guillermo Chicote en referencia a propuestas como la Ley de Vivienda impulsada por el conseller de Vivienda del Govern balear, Jaume Carbonero, para habilitar -en última instancia- superficie protegida que pueda acoger la creación de parqué de Vivienda Oficial Protegida (VPO). Chicote detalló que las legislación sobre suelo debe adaptarse a la “realidad” actual del sector inmobiliario y explicó la conveniencia de que en caso de que se autorice la construcción en terrenos catalogados como rústico, la tramitación de las promociones sea lo más rápida posible. El presidente de la APCE realizó estas declaraciones tras suscribir una declaración para el impulso de un gran Pacto Nacional por la Vivienda junto a la Federación Española de Municipios, los sindicatos CC.OO y UGT, y la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), que impulse la construcción de vivienda de cualquier modalidad, y de forma muy especial la VPO.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el Mundo
Valor añadido > -Una baza para el promotor sobre suelo no urbanizable Lo dicen los urbanistas y toman buena nota los empresarios: una de las patas del futuro inmobiliario se apoyará en las actuaciones de interés público sobre suelo no urbanizable. La fórmula es relativamente sencilla: «Se presenta una memoria justificativa del proyecto (que puede ser un hotel rural, un campo de golf, un conjunto de casas protegidas...) y un estudio económico que lo avale», explica un experto en la materia. «La comunidad autónoma de turno elabora un informe preceptivo, que no es vinculante, y el ayuntamiento, si lo estima oportuno, lo autoriza». La solución perfecta para los municipios con PGOU encorsetados.
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NOTICIA > -Urbanismo > Expansión inmobiliario
Valor añadido > -Artículo de opinión firmado por los economistas Francisco J. Blanco Jiménez y Miguel González-Blanch Roca, que comentan que la aplicación de la nueva Ley del Suelo “empieza a mostrar algunas de sus posibilidades más perversas, como la referida al sistema de expropiación y valoración del suelo. La vía expropiatoria de tierra para urbanizar de forma generalizada defendida por el nuevo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Casto, pretende evitar la participación privada de los promotores”. Los autores afirman que “las distorsiones del mercado urbanístico español no han sido causada por el mercado sino por las discrecionales actuaciones de las Administraciones Públicas”. La cuestión, dicen, es saber a quién y qué se va a expropiar y comentan que “la experiencia urbanística valenciana, reciente en este sentido, nos puede dar una cruda respuesta. Este sistema junta lo peor del intervencionismo público con lo peor del capitalismo salvaje: ha devenido en un capitalismo/urbanismo de amiguetes, en un procedimiento para expoliar a los pequeños propietarios a favor de otros particulares y sus protectores”.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Vivienda >Expansión
Valor añadido > -Gerardo Roger Fernández, urbanista y asesor del Ministerio de Vivienda en la elaboración de la Ley del Suelo, dijo que esta normativa “no tiene nada que ver con la tasación, y mucho menos con la caída de los precios de los pisos en España”. Aseguró que “hay gente que pretende justificar que los bancos no den financiación mediante la coartada de que la nueva ley valora a la baja. Y a todos nos sorprende que se tasase teniendo en cuenta las excepciones que marca la ley”. De hecho, Macarena Álvarez, socia directora del bufete Urbanismo Integral, consideró recientemente que se trata de “una excusa de muchos bancos para no dar crédito a los promotores, ya que para tasar rigen las normas de suelo autonómicas, mientras que la estatal sólo se aplica en expropiaciones o indemnizaciones”. Roger Fernández añadió que confía en que la orden ministerial que aprobará Economía para
aclarar en qué casos se puede expropiar mediante la Ley del Suelo mejore el acceso de las promotoras a la financiación.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Galicia > convenios urbanísticos > el Paísy locales
Valor añadido > -Los vecinos de Aranga, un censo total de 2.200, están viviendo el periodo de exposición pública del nuevo Plan de Ordenación Municipal como una pesadilla. Acaban de descubrir que lo que algunos vendieron como suelo rústico al empresario José Collazo Mato se convertirá en residencial o industrial, gracias a un convenio firmado hace más de dos años por el promotor y el alcalde. Ese acuerdo le daría a la empresa de Collazo, Promotora de Viviendas Urbanas, la posibilidad de construir 744 viviendas y un polígono industrial de unos 2,5 millones de metros cuadrados.El proyecto del empresario coruñés que fundamentó su ascensión en el sector del juego no es el único que apuesta a lo grande. El planeamiento propuesto por el gobierno local (PP) contempla la construcción de hasta 3.840 viviendas (las que ahora hay son 1.040) y 415 hectáreas de suelo industrial, casi 2.000 metros cuadrados de solares para empresas por cada habitante. La Xunta, cuyo dictamen no es preceptivo en esta fase del proceso, considera sin embargo que no está justificado el incremento de ninguno de los tipos de suelo.
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NOTICIA > -Turismo > Golf > Andalucía > el País y Sur
Valor añadido > -La norma que obligará a los campos de golf andaluces a utilizar para el riego agua depurada o no apta para el consumo humano, tendrá también su excepción en el decreto que el Gobierno autonómico pretende aprobar antes de las elecciones. Igual que ocurre en el caso de los usos residenciales, también en este caso son los llamados campos de golf de interés turístico los que podrán beneficiarse de la excepción, siempre que exista excedente para el consumo humano y con un máximo que en ningún caso cubre toda la necesidad de riego que requiere un campo. Hasta ahora ninguno de los borradores del decreto sobre golf había incluido excepción alguna sobre el uso de agua. Pero en el texto definitivo se ha ampliado la regulación, introduciendo posibilidades de usos de otras fuentes y las condiciones para hacerlo en el capítulo 9. "Interés turístico" El apartado tercero de este capítulo establece que "no se utilizarán caudales destinados al consumo humano para el riego de los campos de golf". Pero a continuación, el apartado cuatro determina que "si las circunstancias del abastecimiento humano no lo desaconsejan y las condiciones de recursos lo permiten, cuando se trate de un proyecto de golf de interés turístico se podrá autorizar, como complementario al riego en la forma prevista en el apartado 2 [uso de aguas regeneradas], el uso de aguas procedentes de otras fuentes, con un máximo por campo de 100.000 metros cúbicos por año para los campos de 18 hoyos y proporcionalmente en los demás, destinado exclusivamente al riego de greens y al lavado general de las calles, de modo que permita mantener el nivel de calidad del campo y quede asegurada su competitividad turística". Como norma general, el decreto determina que los campos de golf "deberán ser regados con aguas regeneradas". Y para cuando no exista disposición de un caudal suficiente de agua reciclada, el decreto contempla otras fuentes con prelación de uso: aguas subterráneas que por sus características de calidad no puedan tener otro uso, aguas superficiales procedentes de modificación de las características de la concesión otorgada con anterioridad para regadío, aguas pluviales y las procedentes de iinstalaciones de desaladoras. Las excepciones se justifican en que existirán campos de golf que al no tener cerca núcleos residenciales que utilicen aguan no hay por tanto posibilidad de reciclado.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > el País y Sur
Valor añadido > -Costas derriba el primer gran edificio del GIL en Estepona  El Ayuntamiento compensará a la promotora en otro solar  Los derribos no tienen por qué ser tristes, ni ir rodeados de polémicas y manifestaciones. El equipo de Gobierno de Antonio Barrientos (PSOE) celebró como si fuera una fiesta el inicio de la demolición de un gran edificio ilegal en primera línea de playa que pretendían convertir en hotel. La construcción, paralizada desde 2003, invade parte del dominio público marítimo terrestre, tiene un exceso de edificabilidad y produce un efecto pantalla sobre la playa de La Rada, la más concurrida del municipio. "Hoy es un día inmensamente feliz, con esta actuación se pone fin al último vestigio del gilismo en Estepona", dijo Barrientos. La licencia se concedió en 1996, durate la etapa en la que el Grupo Indpendiente Liberal (GIL), famoso por sus desmanes urbanísticos, estaba en el Gobierno. Para el alcalde, la construcción del hotel obedecía a una operación encubierta para la construcción de 100 apartamentos. La razón de esta alegría es que el Ayuntamiento ha conseguido dar el paso con el consenso de la promotora Prasa, que recibirá una compensación por los daños económicos en forma de aumento de edificabilidad, y la financiacion del Ministerio de Medio Ambiente, que asume los 1,2 millones de euros que costará echarlo abajo. Al acto también acudió Juan Carlos Fernández-Rañada, jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterránea, y próximo coordinador de Urbanismo de Marbella y técnicos de la promotora.
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NOTICIA > -Construcción > Urbanismo > Suelos contaminados > País Vasco > el País
Valor añadido > -La recuperación de suelos contaminados parece una tarea imposible en Euskadi. El último cálculo es que puede haber más de 3.000 hectáreas afectadas (el 6% de la superficie de la comunidad autónoma) y que la inversión para sanear y recuperar estos terrenos supera los 1.800 millones de euros. El problema es que la regeneración es lenta: en los últimos siete años, cuando se ha aplicado un plan sistemático de recuperación, apenas han quedado limpias 270 hectáreas. Y el nuevo plan aprobado por el Gobierno hasta 2012 prevé una inversión pública de 25,5 millones, el 1,4% de esos 1.800 millones calculados por el Departamento de Medio Ambiente. Con este ritmo, expertos medioambientales resaltan que se requerirían 180 años para finalizar las labores de recuperación, con loque el problema pasaría a las siguientes siete generaciones. El Gobierno asegura que en las dos últimas décadas ha habido "avances muy significativos" y cita la primera ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, en vigor desde 2005, y que obliga a los responsables de los terrenos tóxicos a pagar su limpieza. La normativa prevé multas de 1,2 millones de euros y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación. A ello une el inventario de suelos potencialmente contaminados elaborado en 1998 y la construcción de las dos celdas de seguridad del pesticida lindane en el aeropuerto de Loiu y el monte Argalario, en Barakaldo. En el último Consejo de Gobierno de 2007, el Ejecutivo aprobó el segundo plan de suelos contaminados, con vigencia hasta 2012. Por vez primera -hasta ahora siempre se ha hablado de suelos potencialmente contaminados, que alcanzan casi 7.900 hectáreas- se estima que la superficie contaminada oscila entre las 1.279 y la 3.120 hectáreas, lo que equivaldría a entre el 2,7% y el 6,5% de la superficie útil del País Vasco. El Departamento de Medio Ambiente señala que en las investigaciones de la calidad del suelo realizadas se detectó un riesgo para la salud humana en el 12% de los emplazamientos. El plan contempla tres líneas de actuación: mejora de la información de los suelos, una coordinación interinstitucional y la prevención y recuperación. La inversión total de 25,5 millones se considera como "motor para captar fondos de otras administraciones y del sector privado".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Valoraciones por la Ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -La nueva norma, que entró en vigor en julio del año pasado, ha eliminado una de las tres categorías en las que la Administración divide el suelo, el tipo urbanizable, limitando su calificación a urbano o rústico. Bajo el nuevo contexto, todos los terrenos que las promotoras han comprado como urbanizable –que cuentan con licencia para llevar a cabo desarrollos urbanísticos– pasan a considerarse rústicos.Este cambio tiene una incidencia a la baja en la valoración de estos activos. “Con la categoría de urbanizable, jurídicamente se podían introducir en el valor del terreno las expectativas futuras de los mismos –construcción de casas, de naves industriales...–, cuando ahora la norma sólo permite su tasación según su estado actual. Si una promotora ha comprado un campo de patatas urbanizable, bajo los focos de esta ley ahora sólo tiene en su balance un patatal”, apuntan fuentes jurídicas.Sin embargo, en los últimos años las promotoras y constructoras han comprado estos terrenos a precios altos, alentados por el boom inmobiliario, pagando por este suelo cantidades hasta cinco veces más altas que el valor que ahora van a tener que reflejar en sus cuentas. “Asesoramos a clientes que han adquirido fincas urbanizables por 200 millones de euros, financiando un 80% de la operación, y ahora se encuentran que jurídicamente su terreno sólo vale 40 millones de euros y tienen una deuda contraída de 160 millones”, apuntan en otro bufete de abogados.Este nuevo escenario no sólo compromete a las constructoras y promotoras, sino también a los bancos y cajas que han financiado estas compras. Los auditores ya han comenzado a advertir a las entidades que ante “el deterioro de las financiaciones otorgadas exista, en algunos casos, la necesidad de registrar pérdidas”. De esta forma, apuntan las mismas fuentes, “los bancos y cajas van a tener que hacer provisiones por riesgo de dudoso cobro de estos activos”.La nueva ley también va a tener efectos en el futuro de la financiaciones de compra de suelo rústico. El valor jurídico de los activos es una variable importante en las operaciones de titulización de créditos que han llevado a cabo los bancos en los últimos años, como medio de financiación. “Teniendo en cuenta que los sistemas de valoración que impone la norma fuerzan al activo a la baja , la financiación de operaciones como las que se han llevado a cabo hasta ahora van a ser difícilmente justificables”, señalan fuentes jurídicas.Además, para las entidades bancarias que hayan realizado inversiones inmobiliarias, la Ley del Suelo también dejará notar sus efectos secundarios. Los auditores sostienen que también en este caso, los bancos y cajas tendrán que registrar pérdidas. En los últimos meses, el sector bancario español ha restringido el crédito a promotores de manera significativa, siendo el recorte más pronunciado en el capítulo de adquisición de suelo. Al cierre de septiembre, la financiación que recibían los promotores ascendía a 292.588 millones de euros, un 35% más en tasa interanual, lejos del alza de un 50% registrada en diciembre de 2006.  La nueva regulación impulsada por el Gobierno ha agravado la ya de por sí delicada situación del mercado inmobiliario nacional. Y es que, los nuevos criterios de valoración que introduce la Ley hace que las tasadoras estimen los terrenos muy por debajo del valor de mercado. En el nuevo contexto normativo, tanto el suelo rural como urbanizable pasa a valorarse en función de los rendimientos agrícolas del terreno, y no en base a sus expectativas futuras. De hecho, según señalan fuentes del sector inmobiliario, los solares rústicos “simplemente no se tasan”.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Urbanismo > Expansión y Negocios
Valor añadido > -La Ley del Suelo pasa factura a los bancos La norma afecta a todo el suelo urbanizable bajo la denominación de rústico y exige valorar estos activos conforme a a su actual estado, sin tener en cuenta las expectativas de rendimiento futuro, lo que reduce su valor. En medio de la crisis de liquidez de los mercados financieros, la fuerte caída en bolsa en los últimos días de todas las entidades bancarias y la ralentización del mercado inmobiliario en España, los bancos y cajas españoles van a tener que hacer frente a un  contratiempo que se va a dejar sentir en sus balances: la Ley del Suelo. La nueva norma, que entró en vigor en julio del año pasado, ha eliminado una de las tres categorías en las que la Administración divide el suelo, el tipo urbanizable, limitando su calificación a urbano o rústico. Bajo el nuevo contexto, todos los terrenos que las promotoras han comprado como urbanizable –que cuentan con licencia para llevar a cabo desarrollos urbanísticos– pasan a considerarse rústicos. Este cambio tiene una incidencia a la baja en la valoración de estos activos. “Con la categoría de urbanizable, jurídicamente se podían introducir en el valor del terreno las expectativas futuras de los mismos (construcción de casas, de naves industriales, etc.), cuando ahora la norma sólo permite su tasación según su estado actual. Si una promotora ha comprado un campo de patatas urbanizable, bajo los focos de esta ley ahora sólo tiene en su balance un patatal”, apuntan fuentes jurídicas. Sin embargo, en los últimos años las promotoras y constructoras han comprado estos terrenos a precios altos, alentados por el boom inmobiliario, pagando por este suelo cantidades hasta cinco veces más altas que el valor que ahora van a tener que reflejar en sus cuentas. “Asesoramos a clientes que han adquirido fincas urbanizables por 200 millones de euros, financiando un 80% de la operación, y ahora se encuentran que jurídicamente su terreno sólo vale 40 millones de euros y tienen una deuda contraída de 160 millones”, apuntan en otro bufete de abogados. Este nuevo escenario no sólo compromete a las constructoras y promotoras, sino también a los bancos y cajas que han financiado estas compras. Los auditores ya han comenzado a advertir a las entidades que ante “el deterioro de las financiaciones otorgadas exista, en algunos casos, la necesidad de registrar pérdidas”. De esta forma, apuntan las mismas fuentes, “los bancos y cajas van a tener que hacer provisiones por riesgo de dudoso cobro de estos activos”. La nueva ley también va a tener efectos en el futuro de la financiaciones de compra de suelo rústico. El valor jurídico de los activos es una variable importante en las operaciones de titulización de créditos que han llevado a cabo los bancos en los últimos años, como medio de financiación. “Teniendo en cuenta que los sistemas de valoración que impone la norma fuerzan al activo a la baja , la financiación de operaciones como las que se han llevado a cabo hasta ahora van a ser difícilmente justificables”, señalan fuentes jurídicas. Además, para las entidades bancarias que hayan realizado inversiones inmobiliarias, la Ley del Suelo también dejará notar sus efectos secundarios. Los auditores sostienen que también en este caso, los bancos y cajas tendrán que registrar pérdidas. En los últimos meses, el sector bancario español ha restringido el crédito a promotores de manera significativa, siendo el recorte más pronunciado en el capítulo de adquisición de suelo.  Al cierre de septiembre, la financiación que recibían los promotores ascendía a 292.588 millones de euros, un 35% más en tasa interanual, lejos del alza de un 50% registrada en diciembre de 2006. La nueva regulación impulsada por el Gobierno ha agravado la ya de por sí delicada situación del mercado inmobiliario nacional. Y es que, los nuevos criterios que introduce la Ley hace que las tasadoras estimen los terrenos muy por debajo del precio de mercado. En el nuevo contexto normativo, tanto el suelo rural como urbanizable pasa a valorarse en función de los rendimientos agrícolas del terreno, y no en base a sus expectativas futuras. De hecho, según señalan fuentes del sector inmobiliario, los solares rústicos “simplemente no se tasan”.  Todo ello ha derivado en la acumulación de un stock de suelo que apenas cuenta con salida en el mercado. Las ventas de este tipo de activos se han paralizado, incluso, aplicando rebajas sustanciales. Por ello, según los auditores, la falta de liquidez o cash flow de este tipo de activos repercutirá también negativamente en los balances de las entidades financieras implicadas en la compra de solares. Efectos  · Las firmas de auditoría están advirtiendo a las cajas y bancos de la necesidad de “registrar pérdidas, en algunos casos, por el deterioro de las financiones otorgadas” por efecto de la nueva Ley del Suelo. · La nueva norma también condiciona la concesión de nuevos créditos para la adquisición de suelo, ya que el valor jurídico de los activos es una variable fundamental de las titulizaciones bancarias. El valor de los solares está hoy a ras de suelo    “La coyuntura económica que se vive actualmente está marcada por la política de las entidades financieras a la hora de conceder préstamos al colectivo de promotores o inversores del mercado inmobiliario”, apunta el director de Suelo y Urbanismo de Knight Frank, Ernesto Tarazona.  Para él, “la elevada oferta actual de suelo en el mercado, propiciada por las estrategias de desinversión de las principales inmobiliarias españolas, ha provocado una contracción de la demanda de inversiones de este tipo de activos”.  El problema radica en que “todas las carteras de suelo” que fueron adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo –julio del pasado año– no han contemplado el nuevo régimen de valoraciones que establece la normativa y, como consecuencia “puede existir una pérdida de valor de estos activos”.  Pese a ello, según Tarazona, el actual “enfriamiento que viven las operaciones de inversión en estos activos”, tras su pérdida de valor, puede contraer la oferta de solares y, por lo tanto, impulsar una “tendencia estable de precios en determinados productos inmobiliarios”. Incluso, “una tendencia alcista” en las mejores localizaciones de los inmuebles, añade.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cantabria > Jornadas de la Ley del suelo
Valor añadido > -El alcalde de Santander y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, mostró hoy sus dudas sobre algunos de los instrumentos contemplados en la nueva Ley del Suelo y aseguró que la figura del agente urbanizador da lugar a "cierta incertidumbre". De la Serna hizo estas reflexiones durante su intervención en un seminario sobre la Ley del Suelo y los Gobiernos Locales, organizado en la capital cántabra por el Ministerio de Vivienda y la FEMP, en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, informó el Consistorio en un comunicado. El alcalde recordó el debate que ha suscitado esta ley por las "dudas" acerca de los instrumentos que plantea y si éstos servirán para cumplir los objetivos marcados, en concreto la lucha contra la especulación, la promoción de VPO y el descenso del precio de la vivienda. Respecto al primer objetivo, el alcalde cree que la figura del agente urbanizador da lugar a "cierta incertidumbre" sobre el cómo van actuar los ayuntamientos respecto a los propietarios de suelo. En cuanto a la promoción de vivienda pública, que la ley sitúa en el 30 por ciento, De la Serna dijo que en el caso concreto de Santander no supondrá ningún problema, ya que éste porcentaje es el que recoge la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Finalmente, en cuanto a la valoración de los terrenos, el alcalde manifestó sus dudas ya que gran parte de la economía española se basa en el patrimonio del suelo y no ve "justo" que terrenos que se encuentren en zona periurbana, rodeados de espacios urbanizados, deban tener la misma valoración que terrenos rurales localizados en espacios naturales protegidos y sobre los cuales no hay expectativas de desarrollo. Al respecto, el alcalde manifestó su preocupación por el "coste social y político" que generará el hecho de que los propietarios de estos terrenos vean "devaluado" su precio, como consecuencia de la ley. Por otro lado, De la Serna destacó la gran repercusión que tendrá esta ley en el desarrollo económico y urbanístico, tanto en el ámbito privado como en el público, y señaló que este seminario se celebra en un "momento decisivo" para el planeamiento urbanístico de Santander, ya que está adaptando su planeamiento para que el nuevo documento del PGOU que salga a información pública contemple ya las modificaciones que propone la nueva Ley del Suelo. Por último, subrayó los esfuerzos que nuevamente tienen que hacer los ayuntamientos por adaptarse a las modificaciones que propone la ley, después de las que ya ha venido realizando en los últimos tiempos, fruto de las leyes del 92 y del 98, que fueron "bastante intensas"; así como las modificaciones de los planeamientos municipales para adaptarlos a los de las comunidades autónomas, una vez transferidas las competencias.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Opiniones J. Romero > el periódico
Valor añadido > -La nueva ley del suelo reduce la edificabilidad de vivienda libre de los terrenos urbanizables. En su afán por facilitar la construcción de VPO, el texto que entró en vigor el año pasado ha recortado las espectativas de beneficio de las carteras de las inmobiliarias. Es una de las causas de la caída de la cotización bursátil del sector, además claro está de la retracción de la demanda y de la desaceleración de los precios. Las empresas que contaban con el máximo beneficio posible de su estoc de suelo, y que no puedan permitirse una reducción razonable, están en un apuro. Los expertos consideran que son muy pocas y que probablemente se trata solo de las que ya han salido a la palestra. Pero el gran riesgo está en las adquisiciones de terrenos que se hayan hecho con financiación bancaria a la vieja usanza: el 100% del valor urbanizado. Esos bancos tendrían que provisionar la diferencia que impone la ley, por un lado, y la caída del mercado, por otro. Un duro trance
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NOTICIA >-Urbanismo > C. Valenciana > opiniones García Nebot > Mediterráneo
Valor añadido > -Esto del urbanismo, como la mayoría de ustedes ya saben, es la planificación de nuestras ciudades por parte de los políticos que nos gobiernan para un determinado número de años y de una forma más o menos ordenada.  Antes de la LRAU, la ley urbanística valenciana aprobada por los socialistas y ejecutada por los populares, y que nos rigió desde 1994 al 2005, los planes generales de los municipios se planteaban para ocho años. Una vez pasados estos dos cuatrienios, el ayuntamiento debía revisar el PGOU o bien aprobar uno nuevo.  Eran unos planes lógicos que llevaban en su documento proyecciones de crecimiento de la población que casi nunca se cumplían. Nuestros pueblos estuvieron estancados hasta las recientes avalanchas de inmigrantes. Si algún ayuntamiento planteaba planes generales expansivos era porque el empuje industrial de sus empresarios así lo exigían. Pero el final de la década de los noventa y la primera década del nuevo siglo ha cambiado el chip de nuestros gobernantes. Me refiero a los gobernantes autonómicos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, y a la mayoría de los gobernantes municipales de este ámbito geográfico. La carrera por ver quien hace la barbaridad urbanística más grande es frenética. Cuanto más suelo urbanizable residencial reclasifiquemos mejor. Y con unas previsiones de incrementar la población actual multiplicándola por cinco, seis o diez. Hoy, los planes generales están agotados. Los PAI han urbanizado todo lo que era urbanizable. Tanto si era necesario como si no. A estas horas ya sabemos todos que el Gobierno de la Generalitat del PP es incapaz de programar y llevar a cabo la más mínima ordenación del territorio. Ni sabe qué hacer con los vertederos ni dónde ponerlos; ni sabe aprobar planes de acción territorial como el PATECAS del área metropolitana de Castellón con un mínimo de consenso con los ayuntamientos; ni sabe decir que no a los ayuntamientos cuando plantean brutalidades. ¡Vamos a ver! Una vez ejecutados los planes generales que se están redactando en toda la Costa de Azahar, a la población necesaria para habitar estas nuevas ciudades le debemos sumar la población prevista por los planes generales de las provincias de Valencia, Alicante y, sobre todo, Murcia y Andalucía Oriental. Y con ello, sencillamente media Europa tiene que venirse a vivir aquí. Esto es sencillamente insostenible si se llevara a cabo en los próximos diez o doce años, que es el plazo lógico por el que se debería planificar. Aproximadamente una generación por plan. Pero tranquilos, esto no va a ser posible porque su propia insostenibilidad lo hará inviable. En la actualidad, en la cuenca española del Mediterráneo, se están redactando planes para varias generaciones. Las nuestras y tres o cuatro posteriores. Ello implica que, o nosotros nos creemos los más listos del universo y nos atrevemos a decirles a nuestros nietos y biznietos como deberá ser la ciudad en que vivirán dentro de cuarenta o cincuenta años, o pensamos que el grado de ineptitud al que llegarán tras tanta telebasura, y tanto videojuego los convertirán en seres incapaces de pensar por si solos. Estamos haciendo el urbanismo de nuestros nietos, y ellos cuando llegue el momento dirán, mirando atrás: "que brutos eran nuestros abuelos y vaya porquería de territorio nos han dejado".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > el País
Valor añadido > -Funcionario por la mañana, asesor privado por la tarde > El jefe de Planeamiento de Marbella, autorizado a trabajar con promotoras  > El jefe accidental de servicio de Planeamiento Urbanístico de Marbella, Federico Guardabrazos, asesora de forma privada a promotores urbanísticos cuando termina su horario de trabajo como funcionario. El Ayuntamiento marbellí le permite trabajar como consultor privado siempre y cuando no preste consejos sobre asuntos urbanísticos que tengan que ver con Marbella. En el Ayuntamiento aseguran que la compatilibiliad se ha concedido "con informes favorables del secretario municipal" y que este funcionario "no tiene capacidad de decisión" sobre los posibles cambios en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y que "únicamente puede dar su opinión". "Es la concejal, Alba Echevarría, y en mayor grado la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), quien tiene la última palabra", señalan desde el Consitorio. La hija del jefe de Planeamiento, la abogada Isabel Guardabrazos, es actualmente coordinadora del PGOU y ha sido contratada como cargo de confianza de la concejal Alba Echevarría.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > opiniones sobre la Ley del suelo 8/2007 > el Mundo
Valor añadido > -El aumento hasta el 15% del terreno destinado a dotacional, perteneciente a los ayuntamientos, como consecuencia de las cesiones que los promotores están obligados a realizar, plantean serias dudas. «Los terrenos adquiridos por una Administración por virtud de las mal llamadas cesiones obligatorias y gratuitas, que estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicadas, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de alcance del suelo sobre el tipo de vivienda del que se trate», señala Julio Castelao, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo CEU. La expropiación podría traer numerosas dificultades para los profesionales del sector, favoreciendo exclusivamente a los ayuntamientos. «La ley suscita el problema adicional de determinar si habrá que entender como desaparecidos los sistemas de gestión que se decidan sin concurso, pues tras establecerse que el derecho a urbanizar no forma parte del derecho de propiedad, parece remitir a concurso a todo caso, y esto no es lo que prevén la generalidad de las normas urbanísticas autonómicas», explica García-Trevijano.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Rioja > Ecociudad
Valor añadido > -La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) quiso hoy poner de manifiesto y advertir a la opinión pública sobre el "engaño" que supone el anuncio periodístico hecho por el presidente de La Rioja de sacar adelante un proyecto de ecociudad, sin previa publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), como es preceptivo, según afirmó la Asociación, a través de un comunicado. Añadieron que es una "estrategia para burlar" la legalidad vigente. Las llamadas, "de forma tan rimbombante", ecociudades son, simplemente, desarrollos urbanísticos de determinados planes parciales o sectores de las ciudades en los que, más como argumento de venta o argumento para la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas que como efectividad práctica, se incluyen determinados aspectos tales cómo el empleo de materiales sostenibles (si no se sostienen en construcción, malo), sistemas de ahorro de energía, tales como placas solares y pocas cosas más que pretenden adornar unas determinadas viviendas. El CPAR apuntó que tanto en las ecociudades como en los desarrollos urbanísticos normales, cada vez más van incorporando este tipo de elementos, "fundamentalmente porque lo exige la legislación", como el recientemente aprobado Código Técnico de la Edificación y sus Reglamentos de desarrollo. Todas las viviendas iniciadas desde hace un par de años ya recogen la eficiencia energética en todos los edificios y, por tanto, ya son ecológicos. Por lo demás, los residuos se recogen y reciclan como en el resto de los sitios, las aguas fecales van a las mismas depuradoras, se gasta la misma cantidad de agua, porque la gente que vive en una vivienda ya sea "eco" o no se ducha igual y tira de la cisterna igual. La Asociación de Empresarios de la Construcción reclamó que "no intenten confundir a nadie". Lo "eco" en la vivienda "está de moda y aunque es cierto que las viviendas cada vez deben ser más eficientes energéticamente y su construcción debe hacerse de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente, ese no es el problema ni la solución a la vivienda en Logroño y, además, ni tan si quiera aporta soluciones al cambio climático". Las viviendas que se construyen en la actualidad se incorporan cada vez con mayor frecuencia a ese concepto "eco", que prácticamente nadie es capaz de saber su significado, llamado "sostenibilidad ambiental", se construyan dentro o fuera de las ecociudades. Vayan a ver cualquiera de los proyectos de ecociudad que citaba el Gobierno de La Rioja el día que hizo pública la noticia y lo comprobarán con sus propios ojos. "Lo que subyace detrás del invento de la ecociudad es la guerra que mantienen el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño por el desarrollo urbanístico del Plan General, que como todo el mundo sabe enfrentó al antiguo alcalde Julio Revuelta con la consejera Aranzazu Vallejo, asunto que todavía está en los Tribunales y que ya veremos como acaba", apuntó la CPAR. "Como nadie se engaña, -y se sabe que el Gobierno de La Rioja se va a cargar literalmente en la Comisión de Urbanismo cualquier iniciativa de desarrollo de nuevos sectores en Logroño,- (se la cargó cuando eran del mismo color político, imagínense ahora) la excusa para no parar del todo el sector de la construcción y permitir que se sigan haciendo algunas viviendas protegidas es sacar adelante el proyecto de ecociudad", prosiguió la Asociación. Para ello se ponen caramelos "muy dulces" para que la iniciativa privada presente no una sino seis, siete o más proyectos de ecociudad. Para ello, "se flexibilizan enormemente los trámites administrativos, se da el doble de edificabilidad que habitualmente y se permite la presentación propuestas en cualquier tipo de suelo, aunque sea rústico". Se preguntaron si "¿Se imaginan la velocidad con que subiría de precio una hectárea de suelo rústico en la cual en vez de sembrar patatas se pueden hacer 60 viviendas? Hagan cálculos. ¿Quién se beneficia de esa transformación tan asombrosa de la noche a la mañana?" Lo que el Gobierno de La Rioja está haciendo "con este invento de la ecociudad es burlar la legalidad vigente, porque propone desarrollos urbanísticos en suelo rústico o suelo no urbanizable cuando la Ley del Suelo no lo permite". Porque las ecociudades "no tienen porqué estar calificadas como de interés supramunicipal". Lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar que el Plan General de la ciudad de Logroño, con las 10.000 viviendas previstas, que está vigente, se desarrolle, que para eso está aprobado hace muchos años, indicó la CPAR. Las ecociudades se pueden hacer en cualquiera de los sectores de suelo urbanizable que tiene Logroño, que es además donde hacen faltan las viviendas. "No hay que buscar inventos para llevarse a los ciudadanos de Logroño a vivir al pueblo de al lado porque en Logroño no se puedan hacer viviendas protegidas. Les garantizamos que las empresas integradas en CPAR hacen una ecociudad en cualquiera de esos sectores ya calificados. No hay que inventarse nuevos". Si el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño "no se ponen de acuerdo para, simplemente, dejar que la legalidad se cumpla, habrá que tomar cartas en el asunto". En el Plan General de Logroño se cita textualmente que la iniciativa privada puede promover el desarrollo de los sectores cumpliendo unos requisitos. La iniciativa privada ya presentó múltiples propuestas hace diez meses, cosa que parece ser que a nuestros políticos "se les ha olvidado". Lo que han de hacer es tramitarlos. Es su obligación legal. De lo contrario, alguien con responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Logroño o en el Gobierno de La Rioja "estará haciendo o dictando una resolución injusta, que está afectando gravemente no sólo a los intereses económicos empresariales sino también al empleo en el sector, a la economía de la región y a los ciudadanos y futuros compradores. Eso lo vamos a denunciar cuantas veces sea preciso, le pese a quien le pese y le cueste el puesto a quien le cueste". Finalmente, la CPAR aseguró que "no se puede jugar al engaño, como pretende hacerse con un tema tan serio como es el de la vivienda y el del Plan General de Logroño".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > ley del suelo 8/2007 > Expansión
Valor añadido > -El error de la ley de expropiación de suelo  La entrada en vigor de la nueva Ley de Suelo, el pasado mes de julio, comienza a mostrar su auténtico rostro de efectos indeseados y perjudiciales, a pesar de los mensajes del Gobierno tendentes a elevar esta norma a los altares del ámbito legislativo por su presunta e indemostrada utilidad a la hora de combatir el encarecimiento de la vivienda, así como la tan denostada especulación urbanística. Nada más lejos de la realidad y de las utópicas aspiraciones del Ejecutivo socialista. El mecanismo ideado por el PSOE, en sus apenas seis meses de andanza, tan sólo ha servido para asfixiar aún más al debilitado sector de la construcción y amenazar a los propietarios de terrenos con expropiaciones masivas a manos de los ayuntamientos. El mercado de suelo, al igual que el resto del sector inmobiliario nacional, está sufriendo un frenazo brusco a causa, no sólo de la coyuntura económica que vive esta actividad, sino, sobre todo, por la aplicación de la nueva normativa sobre suelo ideada por el Gobierno. Los promotores atraviesan graves dificultades para poner a la venta sus carteras de suelo residencial, en especial los solares rústicos y urbanizables –los más afectados por la nueva ley–, ya que ni con rebajas sustanciales de hasta el 30% consiguen colocar este tipo de activos. El nuevo régimen de valoración de solares está acelerando el desplome del precio del suelo rústico y, por ello, dificultando en gran medida el acceso de liquidez que precisan múltiples compañías para afrontar su elevado endeudamiento financiero. Sin embargo, aún más preocupante es el hecho de que la depreciación que están experimentando los solares dificultan el acceso a nuevos créditos, ya que las tasadoras valoran como rendimientos agrícolas lo que hasta hace apenas unos meses se apreciaba en base a los futuros desarrollos urbanísticos que se proyectaban sobre tales terrenos. De nada ha servido que la mayoría de expertos del sector inmobiliario advirtieran al Gobierno de los agujeros negros que traería consigo una ley, cuya principal utilidad consiste en abaratar el precio de los solares en beneficio de la administración pública, perjudicando con ello a los legítimos intereses de sus propietarios. Y es que esta norma elimina de raíz el sistema de justiprecio que, no por casualidad, incorpora el prefijo que deriva del término Justicia. El aumento de la intervención pública en la gestión de suelo en absoluto beneficia, pues, al sector, y mucho menos logrará resolver la lacra de la corrupción urbanística.
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NOTICIA >-Urbanismo > Andalucía
Valor añadido > -El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas; el fiscal jefe, Manuel Villén, y el decano de los jueces de Málaga, Manuel Caballero Bonald, coincidieron en la necesidad de crear juzgados especializados en delitos económicos, incluidos asuntos relacionados con el urbanismo, debido a las características que presenta la provincia. Así, Arroyo Fiestas estimó que estos jugados deberían hacerse cargo de asuntos de delincuencia económica, como delitos socioeconómicos y societarios, los relacionados con el urbanismo y el blanqueo de capitales. ‘Lo mismo que se han creado los juzgados de lo Mercantil en el ámbito del derecho privado, en el ámbito penal se necesitaría lo mismo’, apuntó. ‘Y más si tenemos en cuenta que hoy en día el 80 por ciento de las comisiones rogatorias o peticiones de colaboración internacional que se reciben en España sobre blanqueo de capitales llegan a Málaga’, dijo el presidente de la Audiencia, quien recordó la reunión celebrada en La Haya, en la sede de Eurojust en esta materia, que estuvo centrada en Málaga y la Costa del Sol. Asimismo, consideró, en declaraciones a Europa Press, que este tipo de órganos judiciales ‘no serían una novedad, porque otros países como Francia o Alemania los tienen’. Por tanto, insistió en que es ‘una necesidad’ esa especialización en los jueces, puesto que ‘por parte de la judicatura no se ha dado una respuesta ni una organización de los juzgados en este sentido’.En este punto, precisó que para la creación de estos órganos sería necesaria una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que, según dijo, ‘es factible, sólo hace falta que el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial coincidan en esa necesidad’. Además, estimó que estos juzgados deberían ser ‘de ámbito provincial’ y, aunque ‘no habría que hacerlo en todas las provincias, en Málaga sería prioritario’, al incidir en que ’son delitos muy complejos por eso requerirían medios de auxilio o cooperación por parte de la Agencia Tributaria o auditores’. Arroyo Fiestas, recientemente reelegido presidente de la Audiencia malagueña, precisó que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí se ha atendido esa especialización, al igual que ocurre con la Fiscalía.
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NOTICIA > -Urbanismo > Licencias > Madrid > el País y SER
Valor añadido > -Gallardón delegará en el Colegio de Arquitectos la concesión de licencias > La ineficacia y las bolsas de corrupción que han lastrado la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid podrían quedar reducidos a un recuerdo con el convenio que ultiman el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El nuevo sistema dejará en manos de una oficina que creará el colegio la validación de los proyectos que presenten los dueños de los locales y negocios, según han confirmado fuentes municipales y del colegio. El visado obtenido en el COAM será como una licencia de facto (o prelicencia) que permitirá al empresario abrir su negocio. La licencia definitiva la recibirá posteriormente, cuando los funcionarios municipales que ahora tramitan estos permisos se conviertan en inspectores y ratifiquen que cumple la normativa. Ésta es la solución por la que ha optado el alcalde de Madrid tras el estallido del caso Guateque, la mayor trama de corrupción de la democracia en la concesión de licencias, que ha puesto en evidencia que en su primer mandato, Gallardón -como los anteriores alcaldes- ha gobernado sobre una Administración municipal corrompida, en la que funcionarios bajo su responsabilidad se lucraban mediante sobornos y retrasaban la concesión de todo tipo de licencias. El coste para la economía de Madrid ha sido enorme, según los cálculos del COAM. "Sólo en el retraso de la concesión de licencias para las 70.000 viviendas construidas el último año, los promotores y compradores han debido asumir unos costes que se acercan a los 100 millones de euros", explica Pedro Ortiz, vocal de Urbanismo del COAM. El alcalde de Madrid pensó en privatizar la concesión de licencias mediante un sistema parecido al de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Esto, sin embargo, topa con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 157 sólo permite la delegación de funciones a "organizaciones públicas", requisito que sí cumple el Colegio de Arquitectos, según fuentes de este organismo.
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NOTICIA > -Edificación > Legal > Urbanismo > Vivienda > Andalucía
Valor añadido > -Ordenan la demolición de una vivienda unifamiliar por estar construida sobre suelo no urbanizable > El juzgado de lo Penal número dos de Jaén ha ordenado la demolición de una casa por estar edificada sobre suelo no urbanizable al tiempo que impone al responsable de esta obra una pena de medio año de prisión.  La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge probado que el condenado comenzó en 2004 a construir en el paraje denominado 'Viñas Nuevas', ubicado en la carretera de Torrequebradilla y dentro del término municipal de la capital jiennense, una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas.  No obstante, dicha estructura se levantó sobre suelo calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable y no es susceptible de ser legalizada según el propio PGOU y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por tanto, el magistrado condenó por conformidad de las partes a José A.M. por un delito consumado contra la ordenación del territorio a la pena de medio año de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros. El fallo también incluye la demolición de la edificación e inhabilita al condenado a que ejerza de promotor o constructor durante diez meses.
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NOTICIA >-Promoción > Centros comerciales > Urbanismo > el País y SER > el problema de las licencias
Valor añadido > -Si algo ha puesto de relieve la trama de corrupción en la concesión de licencias, más conocida como Operación Guateque, es la maraña burocrática que hay que desenredar para obtener esos permisos de funcionamiento o actividad para cualquier negocio en Madrid. A la desesperada, son muchos los empresarios que abren sus locales por las bravas, es decir, sin licencia. Son multitud los negocios que funcionan en la ciudad con tan sólo una copia del impreso de solicitud de la licencia de funcionamiento. Es su única prueba para demostrar que están a la espera de que los cauces, en teoría legales, lleguen a buen puerto. Hilario Alfaro, de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem), ha declarado a este periódico que "es bastante habitual" que un negocio pequeño abra sin licencia. "Lo importante", señaló, "es poder demostrar que lo has solicitado, porque luego se demora". En el caso de una gran superficie "es una temeridad", según el representante de la Cocem, "porque si ocurre cualquier desgracia, el seguro no lo cubre". Es el caso del centro comercial Príncipe Pío, situado en la antigua estación del Norte. Su apertura se produjo en octubre de 2004 sin licencia. Tres años después, con 112 comercios en marcha, no dispone aún de este permiso, según confirmó el Ayuntamiento. Hay otros casos: desde la privilegiada terraza del hotel Me en la plaza de Santa Ana hasta muchos de los locales de la estación de Atocha. En algunos casos se trata del trámite que acredita que un local es seguro y cumple con los requisitos urbanísticos y ambientales para su puesta en marcha, según marca la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Aunque ayer el Consistorio justificó esa falta de licencia alegando que, como Atocha, pertenecen a Renfe, que es una institución nacional. La normativa establece que el Ayuntamiento debe hacer una inspección en un mes desde que se solicita la licencia, pero en el caso de Príncipe Pío, por ejemplo, los técnicos se presentaron dos meses después. Detectaron algunas deficiencias e hicieron un informe desfavorable. Y hasta hoy.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma Ley del suelo > el economista
Valor añadido > -se informa que el Ministerio de Vivienda está analizando las consecuencias financieras que la Ley del Suelo ha introducido en el sector inmobiliario y estudia suavizarlas una vez que se hayan celebrado las  elecciones generales del próximo mes de marzo. El mayor inconveniente de la norma es que obliga a considerar como rural el suelo pendiente de urbanizar que haya sobrepasado los trámites de ejecución o acumule cualquier
otro retraso. Eso cambia la valoración que hace la banca a la hora de conceder créditos y  provoca el "cierre del grifo" a los promotores. Por ello, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con el Grupo Inmobiliario por la Excelencia, G-14, -que reclama una mejor valoración del suelo- prometió corregirlo, lo que puede llegar con el desarrollo del reglamento de la ley.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma Ley del suelo > la razón > Artículo de opinión deJosé Antonio Navas,
Valor añadido > - "cada cual cuenta la feria según le fue en ella. Los promotores, interesados en vender pisos a toda costa, aseguran que la demanda no se ha reducido, sino que está embalsamada como la momia de Tutankamon y cuando salta del sarcófago provocará un estallido brutal de la oferta, de modo que no es bueno dejar para mañana lo que se puede comprar hoy. Los bancos, acosados por la crisis de liquidez que dificulta su función crediticia, intentan ganar tiempo mientras afirman que el precio de los inmuebles caerá en los próximos meses. Los agentes de la propiedad apoyan indirectamente esta misma tesis cuando aseguran que las tasaciones en vivienda de segunda mano se han inflado entre un 20% y un 30% en los últimos años". Considera que "este surtido de coartadas y lamentos responde a ese defecto antropológico que tiende a confundir la realidad con los deseos y resume el estado de incertidumbre que aqueja a la economía con síntomas claros de agotamiento y que lo ha fiado todo al desarrollo del sector de la construcción". Destaca que las entidades financieras "se han atado los machos, sabedoras de que muy pronto llegará la hora de la verdad y tendrán que lidiar con unos balances anuales consolidados donde será muy difícil esconder las vergüenzas de lo que Alan Greenspan definiría como una irracional exhuberancia crediticia". "La radiografía de la epidemia retrata al detalle los perfiles del negocio del ladrillo, que ha acumulado deudas multimillonarias" y, resalta que para acabar con la especulación el suelo, el Gobierno puso en marcha la actual Ley del Suelo, "que en poco tiempo se ha convertido en un martillo pilón que está socavando los cimientos de todo el sector". Así, comenta como cinco meses después de su entrada en vigor, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, "vive en un sinvivir tratando de encontrar alguna fisura para meter mano a una Ley del Suelo que es una ruina".
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NOTICIA >-Urbanismo > Murcia
Valor añadido > -La Unión Europea (UE) ha abierto una investigación por el urbanismo incontrolado en la costa murciana. La Comisión Europea estudia la posibilidad de imponer una moratoria urbanística en la región y podría abrir expediente de infracción a España por atentar contra directivas de Medio Ambiente La investigación se inicia a mediados de septiembre por la información que un particular, Diego de Ramón, abogado de la región murciana, envía al Parlamento Europeo.  El pasado 6 de agosto la Comisión de Peticiones decidió admitir a trámite la denuncia por los indicios que apuntaban hacia un overbooking urbanístico en Murcia. Una vez admitida a trámite, el Parlamento pasó el dossier a la Comisión Europea (CE), que ha decidido abrir una investigación, ante la gravedad de los hechos denunciados. En estos momentos, la CE ultima sus conclusiones. Una vez finalizada la investigación, Bruselas puede abrir un expediente por infracción de dos directivas europeas sobre Medio Ambiente. Esto, en la práctica, supondría que Bruselas denunciará a España por los excesos cometidos en materia urbanística en las zonas investigadas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Galicia > ABC
Valor añadido > -«Un buen político debe tener capacidad de hacer, en algunos casos tener paciencia para no hacer y en otros la habilidad de deshacer». Así hablaba en la última campaña electoral de las municipales el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo y número 3 del PSOE en la ciudad. Francisco Fernández Liñares ha tenido la capacidad de esperar cuatro años para que una finca que compró por 30.000 euros y otra adyacente fueran recalificadas por el Plan General de Ordenación -actualmente en tramitación- hasta catalogarlas como urbanas consolidadas, permitiendo un incremento en su valor cercano al millón de euros, según documentos a los que ha tenido acceso ABC. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento lucense -gobernado por el barón socialista José López Orozco- adquirió a los herederos de José López López en septiembre de 2003 una finca rústica de 749 metros cuadrados por 30.000 euros junto a la carretera antigua de Santiago, en la zona conocida como Agro do Ponte. Junto a ésta, Fernández Liñares poseía previamente otra, de dimensiones similares. Por aquel entonces, Fernández Liñares ya formaba parte de la Corporación municipal como concejal de Economía, y el Plan General de Ordenación se encontraba en plena redacción, de la que fue parte activa. Su aprobación inicial se realizaba en diciembre de 2005 por el Ayuntamiento, y un mes más tarde por la Xunta -ambas gobernadas por el PSOE-, y ya entonces las dos fincas de Liñares pasaban de suelo rústico no urbanizable a urbano consolidado. Recalificación criticada Dicha aprobación se hizo, no obstante, contrariamente al informe elaborado por la propia Xunta con fecha de 16 de abril de ese mismo año, donde se indica que los terrenos «situados al sur y suroeste del colegio de A Ponte» -los de las fincas de Liñares- «no se encuentra suficientemente justificada su clasificación como suelo urbano». Este cambio en la catalogación del suelo de las fincas -en un barrio que se revalorizará en el futuro con la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño ya proyectado por el Ministerio de Fomento- permitía al entonces responsable de Economía la construcción de viviendas unifamiliares pareadas. Además, el Plan General contemplaba la ampliación de la calle en la que se ubican las fincas de Liñares, pero no en el conjunto del vial, sino apenas los metros que afectan a los terrenos del concejal. Tras las pasadas elecciones municipales, Fernández Liñares pasó a ser concejal de Urbanismo, y ha propuesto una nueva modificación que afecta a sus parcelas para que se permita la construcción de edificación cerrada y no sólo casas unifamiliares como se preveía inicialmente, de modo que podrían construirse bloques de pisos de hasta tres plantas, alcanzando las 40 viviendas, según estimaciones realizadas para ABC por expertos en urbanismo. El precio del terreno podría superar en la actualidad el millón de euros. Ocultación Según los representantes de la oposición municipal -PP y BNG- participantes en la comisión de seguimiento del Plan General, Francisco Fernández Liñares no les comunicó en ningún momento la existencia de intereses personales en la recalificación urbanística de esta zona. El propio Fernández Liñares ha reconocido la propiedad de las fincas y se ha limitado a asegurar que no busca lucrarse. «No tengo nada que ocultar», propugna.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Murcia
Valor añadido > -Prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana
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NOTICIA > -Promoción > Murcia
Valor añadido > -Agentes de la Guardia Civil han detenido  al alcalde de la localidad murciana de Totana, José Martínez Andreo, y a la secretaria municipal dentro de la presunta trama de corrupción urbanística que ya llevó a la detención de seis personas hace unos días, recogen los medios de comunicación españoles. El alcalde, del Partido Popular (PP), se encuentra en el Ayuntamiento tras su detención junto a varios agentes de la Guardia Civil que están registrando la sede consistorial, informó la Cadena Ser. Hace unos días, esta misma semana, seis personas eran detenidas por la Guardia Civil en una operación contra un presunto pago de comisiones millonarias a cambio de licencias para construir en Totana durante el mandato del ex alcalde Juan Morales, también del PP, hoy diputado autonómico y que también está siendo investigado. Fuentes judiciales informaron el lunes de que dos de los arrestados son directivos de la empresa gallega Nuaria, con sede en Vigo, que al parecer compró licencias de construcción a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura (2003-2007) para construir 4.000 viviendas en la localidad murciana. Otra persona ha sido arrestada en la provincia de Madrid y otra, en la de Murcia. El Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado 11 registros en Vigo, Madrid y Totana. El grupo Nuaria construye un complejo residencial con más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles, donde se prevé que vivan 20.000 personas, lo que duplicaría la población de Totana, que ahora cuenta con 25.000 habitantes.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Urbanismo > Vivienda > Cinco Días y económicos
Valor añadido > -Vivienda analiza con las tasadoras cómo aplicar la Ley de Suelo > El director general de Tasaciones Hipotecarias, Gustavo Saiz, aseguró  que la patronal de las tasadoras Atasa ha creado una comisión interna en la que se está debatiendo cómo aplicar correctamente la nueva ley de suelo a la hora de hacer las valoraciones. Además, esta comisión se ha reunido ya con responsables del Ministerio de Vivienda para abordar este asunto, 'ya que aún falta la aprobación del reglamento de la ley y después de las experiencias pasadas, todos sabemos que aún puede demorarse mucho'. Sobre la coyuntura del mercado inmobiliario, el director general de la novena tasadora del sector aseguró que no se parece en nada al anterior cambio de ciclo cuando la actividad se paró por completo y la demanda desapareció como consecuencia de la crisis económica que sufrió el país. 'Yo creo que nos encontramos en el momento de la digestión. Hasta ahora, a mi juicio, ha habido un exceso de información que es necesario meditar y contextualizar', explicó Saiz. En este sentido, apuntó que se registran menos tasaciones de suelo, aunque respecto a la evolución de los precios, admitió que aún es pronto para sacar conclusiones. 'Está claro que en algunos submercados, como el de la vivienda usada los precios terminarán disminuyendo porque habían alcanzado niveles insostenibles', añaden desde Tasaciones Hipotecarias. Esta empresa, que prevé facturar este año más de 15 millones de euros, un 10% más que el ejercicio anterior, sostiene que el sector tiende a la normalidad, aunque todavía asistirá a más noticias sobre empresas que pasan por dificultades. 'Si no hubiese estallado la crisis financiera de EE UU, probablemente no estaríamos hablando de si va a haber crisis o no. La demanda ha decidido esperar y está retrasando su decisión de compra, pero sigue existiendo, lo que significa que cuando cesen las incertidumbres, volverá', añade.
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NOTICIA > -Promoción > Corrupción > Murcia > la Verdad y locales
Valor añadido > -Seis personas han sido detenidas en Pontevedra, Murcia y Madrid en una operación contra la corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana, han informado fuentes de la investigación.
La operación policial está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana en coordinación con la Fiscalía a raíz de un caso que según, estas fuentes, está relacionado con la recalificación de unos terrenos en los que iba a desarrollarse un proyecto urbanístico a cargo de una empresa con sede en Galicia. Al menos dos de los arrestados ocupan cargos de responsabilidad en esa empresa promotora, mientras que otros serían intermediarios en la operación. Dos de las detenciones han tenido lugar en Galicia, una en Madrid, otras dos en Murcia capital y la última en Totana. Totana es una población con unos 26.000 habitantes y 300 kilómetros cuadrados de superficie, está ubicada en el interior de la región de Murcia, en la comarca del valle del río Guadalentín, y su principal actividad económica es la agrícola y la artesana. No obstante, en los últimos años ha experimentado un auge la construcción de segundas residencias para el sector turístico. La jueza que instruye el caso, María Asunción Navarro Artero, ha decretado el secreto de las diligencias, que continúan abiertas, por lo que no se descarta que haya más detenciones, y por ello ha declinado facilitar datos sobre esta investigación. Varias dotaciones de la policía judicial de la Guardia Civil registraron a primera hora de la mañana cajas de varios clientes de la oficina de Caja Murcia en la calle Sol de Totana, la fábrica de huevos Maryper y una asesoría jurídica de la avenida del General Aznar.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Madrid > C. Valenciana > a propósito de la operación guateque >el País
Valor añadido > -Valencia, gobernado por el PP, cuenta desde hace un año con un sistema de "auditorías externas de calidad", la ISO 9.000. No es un cuerpo interno de vigilancia del trabajo de los 6.200 funcionarios, pero sí están sometidos a él algunos departamentos, como el de licencias. Funciona así: ocasionalmente, una empresa externa envía inspectores que revisan aleatoriamente expedientes y comprueban que se cumplen los baremos de calidad (como el tiempo máximo de un trámite). El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, carece de un cuerpo específico encargado de controlar la calidad del trabajo de los 5.500 empleados municipales y las 3.500 personas de empresas públicas del Ayuntamiento. Los 30 jefes de servicio del Consistorio hacen el control más directo. Cualquier decisión sobre adjudicación, contratación o compras en el Ayuntamiento de Sevilla se toma en comisiones en las que hay representación del gobierno y de la oposición. En Madrid, siete funcionarios para controlar a 26.000. No existe nada parecido a un sistema de inspección permanente o auditorías internas periódicas en el Ayuntamiento de Madrid, el más grande de España (como tampoco existe en otras grandes ciudades). Sólo siete personas integran la Inspección de Servicios y se encargan de controlar que sus 26.000 compañeros de plantilla hagan un trabajo ágil, eficaz y, sobre todo, limpio.
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NOTICIA >-Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -El Ayuntamiento de Palma trasladó al Ministerio Fiscal el expediente disciplinario abierto el pasado 26 de octubre a un técnico interino del departamento de obras de la Regiduría de Urbanismo por la comisión de presuntas irregularidades que podrían incurrir en delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.  Según informó el Consistorio en un comunicado, el expediente fue abierto ante la existencia de denuncias de particulares sobre una presunta conducta irregular y la incoación del mismo está acompañada de una suspensión provisional de funciones como medida preventiva durante la tramitación del expediente, dada la gravedad de los hechos enunciados.  Así, iniciado el expediente y dado que las actuaciones denunciadas están en el límite que separa el ámbito administrativo del penal, la persona que lo instruye consideró necesario remitir la información al Ministerio Fiscal por presuntos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.  Desde el equipo de gobierno, se consideró "prioritario" garantizar "la transparencia, la credibilidad y el buen funcionamiento del departamento de Urbanismo" y del resto de los servicios municipales "en beneficio del interés general", motivo por el que cual se ha actuado "de inmediato y con contundencia".    En este sentido, Cort recordó que la decisión se tomó en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento del Régimen Disciplinario de la Administración del Estado, que obliga a la persona que instruye el expediente y cuando considera que se ha cometido infracción penal, a ponerlo en conocimiento de la autoridad que haya ordenado la incoación del expediente para su comunicación al Ministerio Fiscal.
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NOTICIA > -Urbanismo > delito urbanístico > el País y Ser
Valor añadido > -Seis meses han bastado para que las nuevas unidades de la Guardia Civil especializadas en la investigación de delitos urbanísticos hayan visto la dimensión del problema. Ochenta operaciones abiertas, 26 ya cerradas, 57 detenidos y 126 imputados por delitos que van desde el cohecho a la revelación de secretos, pasando por otros relacionados con la ordenación del territorio o la malversación de caudales públicos, siempre en relación con la delincuencia urbanística. Andalucía es, de momento, la comunidad autónoma donde más han tenido que emplearse los agentes del instituto armado, seguida de Baleares y Madrid.  Las llamadas Unidades de Delitos Urbanísticos empezaron a trabajar en marzo pasado. Su creación fue anunciada por el hoy director general de la policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, cuando dirigía exclusivamente el instituto armado. El principal objetivo que se buscaba con la creación de estas unidades era establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante un programa de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción. Estas unidades fueron creadas con un total de 200 agentes especializados, distribuidos en las 54 comandancias, el Seprona y la Unidad Central Operativa. Y trabajo no les ha faltado. El tipo de delito más abundante detectado por ahora es el de cohecho, es decir, el de funcionarios públicos que cobraban por hacer favores o de empresarios que pagaban para agilizar los trámites. Sólo en la Comunidad madrileña hay abiertas seis operaciones por delitos de este tipo. La Guardia Civil mantiene abiertas 10 investigaciones en Madrid, por las que han sido detenidas 16 personas e imputadas otras dos (una por cohecho y otra por estafa). Donde aparentemente han sido más efectivos estos equipos es en Andalucía, con Jaén y Cádiz a la cabeza en cuanto a número de detenidos o imputados. Los agentes de Jaén mantienen bajo investigación cuatro operaciones, tras cerrar otras tantas. Como consecuencia de las mismas hay 70 personas imputadas por delitos relacionados con la ordenación del territorio.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid > operación guateque
Valor añadido > -El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no ve responsabilidad política alguna detrás de la actuación supuestamente delictiva de los funcionarios detenidos acusados de cobrar por agilizar licencias municipales pero admitirá la creación de una comisión de investigación sobre el caso. >El PSOE pedirá la creación de una comisión de investigación para depurar las posibles esponsabilidades políticas de manera paralela a la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, así como la celebración de un pleno extraordinario monográfico tanto en el Consistorio como en las juntas de distrito supuestamente implicadas en la trama del llamado caso "Guateque". En una rueda de prensa en la sede socialista en la calle Ferraz, el portavoz municipal en el Consistorio de la capital, David Lucas, y el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, anunciaron las diferentes medidas que el Grupo Municipal impulsará. Lucas justificó que, "aunque hay que respetar y esperar a las investigaciones policiales y de la Justicia, no hay que esperar para tomar medidas de higiene y de transparencia en el Ayuntamiento", la primera de las cuales será la presentación mañana en el Registro municipal de "una solicitud de Pleno extraordinario monográfico para que comparezcan la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y la de Medio Ambiente, Ana Botella," en el Consistorio de la capital, así como la celebración de plenos similares en las tres juntas de distrito implicadas hasta el momento (Centro, San Blas y Chamberí) para que comparezcan los concejales responsables y los cargos de confianza y "expliquen qué ha estado pasando allí".  El PSOE también pedirá la creación de una "comisión de investigación que analice la trama al margen de la investigación judicial, y que ponga a disposición de la oposición y de todos los ciudadanos los expedientes de Urbanismo y de Medio Ambiente desde 2003 hasta hoy". . "Queremos conocer con detalle lo que ha pasado. Además, esta investigación será paralela y estará compatibilizada con la investigación por la adjudicación del contrato de los superchirimbolos, porque parece que la concesión de esta licencia también está relacionada", puntualizó el edil.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid > operación guateque > -el Mundo y Libertad Digital
Valor añadido > -Según publica El Mundo, el funcionario de alto rango de la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández Castro, era uno de los principales cabecillas en la trama de corrupción que afecta al consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón. Concretamente, trabajaba en el departamento de Disciplina Ambiental pero la anterior concejala del área le apartó de sus funciones. Fernández se suma a los 20 implicados en la trama, que ha quedado traducida en 187 expedientes tramitados bajo sospecha. La "mafia de las licencias" no afecta únicamente a funcionarios de bajo perfil. Según apunta El Mundo, entre los detenidos se encuentra JFC, clave en el área de Medio Ambiente y que ya provocó el recelo de la anterior concejala, Paz González. Concretamente, dio orden de que no tocara ni un sólo expediente porque "tenían sospechas sobre sus tramitaciones". Sin embargo, nadie le acusó porque "no había pruebas". JFC es el vértice de un espectacular conglomerado de cifras. En total, se han detenido a 20 funcionarios tras cinco meses de investigación y cuatro horas de registro en las instalaciones municipales. Han sido 187 los expedientes tramitados por las Fuerzas de Seguridad, que ya han averiguado que cobraban hasta 20.000 euros por una licencia.  De la "Operación Guateque" también se ha desprendido que las escuchas telefónicas fueron clave para estrechar el cerco a los estafadores, que llegaron a crear una red de extorsión organizada.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Madrid > operación guateque >editorial de el País
Valor añadido > -Que había que pagar para que la tramitación no se empantanara era un rumor desde hace años, según fuentes del propio Ayuntamiento que alegan carecer de pruebas. Además de rumores había al menos un antecedente muy revelador. En agosto de 2006 fue detenido un inspector del Departamento de Medio Ambiente al que el propietario de una discoteca grabó cuando le solicitaba una cantidad a cambio de informar favorablemente sobre unas obras de ampliación del local. Que el hecho ocurriera en presencia del aparejador que trabajaba para el propietario indica la sensación de impunidad con que actuaba el funcionario extorsionador. El asunto también reveló una cierta complejidad en el modus operandi que apuntaba a la existencia de una trama. Con ese antecedente, habría sido lógico que el propio Ayuntamiento realizara una investigación interna. El vicealcalde Manuel Cobo declaró ayer que el asunto afecta a una minoría de los casi 25.000 empleados del Ayuntamiento, pero no a concejales ni cargos de confianza. Sin embargo, entre las responsabilidades de los ediles está vigilar para que el personal a sus órdenes no cometa delitos. Está bien que, tras la denuncia de un particular, antes del verano, el Consistorio haya colaborado con la investigación policial; pero mejor habría sido que el propio Ayuntamiento, tirando del hilo descubierto hace 15 meses, hubiera limpiado la Casa de la Villa de funcionarios desleales y corruptos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid >  > operación guateque > el País y otros
Valor añadido > -El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contradicho la versión municipal de los hechos al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". El ministro no ha concretado de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro ha explicado, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta" y tardará horas en cerrarse. Rubalcaba ha especificado que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales". La operación afecta a la delegación de Urbanismo y Medio Ambiente y a tres juntas de distrito.- Arrestados al menos tres funcionarios con mucha antigüedad que supuestamente cobraban comisiones a cambio de retrasar la tramitación de expedientes Registros policiales en Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid por cobro de comisiones por parte de funcionarios Agentes de la Guardia Civil están registrando las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid por una presunta trama de corrupción de funcionarios. También se están produciendo registros en varias juntas de distrito.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Urbanismo > Vivienda > Ley del suelo 8/2007 > Expansión y económicos.
Valor añadido > -Apenas cuatro meses después de su puesta en marcha, la ley elaborada por la anterior ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y que ahora hereda Carme Chacón, está obstaculizando el inicio de las nuevas promociones de vivienda, e incluso la terminación de otras. Las entidades, en base a las valoraciones que realizan las tasadoras, no están dispuestas, como es lógico, a arriesgar su inversión en proyectos urbanísticos susceptibles de ser expropiados por la Administración a un precio irrisorio.La norma parte de un error económico básico al instaurar como principio rector que el valor del suelo nada tiene que ver con las expectativas de ganancias futuras sino con lo materialmente existente en el momento de su adquisición. Es decir, el precio de los solares vendrá determinado por su capitalización agrícola y no por el planeamiento urbanístico que se proyecte.Además, la ley eleva el coste de la edificación, ya que amplía hasta el 15% del aprovechamiento a la Administración, así como el suelo que ha de cederse para la promoción de viviendas protegidas (30%). Mientras, el sistema de justiprecio desaparece para los legítimos propietarios de los terrenos.De este modo, tendrá un efecto al alza en los precios, pero de gran abaratamiento a efectos de expropiación pública. Las torpezas de la propia ley quedan  de manifiesto desde el mismo momento en que el propio Ministerio ya estudia aprovechar el desarrollo reglamentario para introducir mecanismos para paliar las dificultades de financiación que padecen los promotores.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Andalucía > el país y locales
Valor añadido > -Construir ilegalmente sale a cuenta, al menos junto al aeropuerto de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento insistieron ayer en pagar a precio de mercado la adquisición de las alrededor de 75 propiedades que deben desaparecer para ampliar el aeropuerto de la ciudad para que reciba vuelos comerciales. Las casas que hay en esos terrenos se levantaron ilegalmente y, pese a todo, hay algunos de esos propietarios que se oponen a la venta. El Ayuntamiento advirtió ayer de que, si no se llega a un acuerdo amistoso, se recurrirá a la expropiación forzosa y se pagará sólo el justiprecio. "La ampliación no se supedita a que el propietario de los suelos esté de acuerdo o no", sostuvo Andrés Ocaña, responsable de Urbanismo en Córdoba. AENA prevé que a mediados del mes de marzo tendrá el suelo necesario para la ampliación. El aeródromo multiplicará por tres su superficie hasta llegar a los 1.226.000. Cuando a mediados de 2009 se haya culminado la obra, habrá vuelos nacionales e internacionales. Ahora sólo pequeños aeroplanos lo utilizan. El problema reside en que hay varias urbanizaciones de casas que se han levantado al margen del ordenamiento urbano cercando al aeropuerto. Hay parcelaciones, como Fontanar de Quintos, que están clasificadas como reconducibles, es decir, que podrán regularizarse en el futuro. Pero otras, como La Altea, nunca serán legales al estar en una zona inundable. En esta urbanización hay 29 casas. Se trata de viviendas unifamiliares con piscina y un terreno. Josefa Jiménez, de 52 años, lleva viviendo ahí desde 1995. Su casa, al igual que 18 más, desaparecerá. "Si se ha decidido así nos tendremos que aguantar", reconoció ayer. Jiménez vive con su marido, dos de sus hijas y un nieto. Al ser la presidenta de la asociación de vecinos, ha estado presente en las reuniones que se han celebrado ya con el Ayuntamiento y con AENA. En esos encuentros se ha dicho a los afectados que se pagarán sus casas a precio de mercado. Según un pequeño sondeo realizado por este diario, el precio medio en la zona ronda los 250.000 euros por una parcela de 1.500 metros cuadrados con una vivienda de 150. Pero las administraciones todavía no han dado a conocer ninguna cantidad concreta. Simplemente porque no tienen todavía la lista definitiva de propiedades afectadas. Fomento estima que en dos semanas estará ese listado.
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NOTICIA > -Promoción > Obra Pública > Urbanismo > Cataluña > editorial de el País
Valor añadido > -Un auto judicial ha venido a ilustrar que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, escribió recto con renglones torcidos. Las comisiones de las constructoras a empresas públicas bajo el Gobierno de CiU, según se desprende del auto, existieron. Y no fueron del 3%, como dijera Maragall en 2005 en el Parlamento catalán, sino que en algún caso -estima el magistrado- llegaron a ser del 20%. El monto de las cifras desveladas hasta el momento no es relevante: 60.000 euros. Pero la gravedad reside en que el perjudicado por ese entramado sea el eslabón más débil de la cadena social: los ciudadanos que precisan acceder a un piso protegido. Y sobre todo ello cae la sombra de la financiación ilegal de los partidos. Los Gobiernos de CiU no se caracterizaron precisamente por la construcción de vivienda social, que fue uno de los agujeros más flagrantes del pujolismo. De ahí el sarcasmo de esas supuestas comisiones. De ese entramado, el juez responsabiliza a ocho personas, entre las que se encuentran los principales responsables de Adigsa (la empresa que se encarga de las rehabilitaciones), de utilizar el dedo en lugar del concurso para la realización de las obras de reforma de los pisos en mal estado entre 2002 y 2004. Al igual que en el caso de la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, por las obras efectuadas en su casa, las formaciones respectivas han optado por matar al mensajero. Se trata de una costumbre extendida entre los partidos cuando salen a la palestra por cuestiones económicas. Desde CiU también han argüido razones procesales: alegan que un auto judicial posterior de la Audiencia de Barcelona da luz verde a otro peritaje sobre los pisos que compró Adigsa. Eso no altera la esencia del auto del juez instructor, en el que se afirma que un constructor pagó 60.000 euros en comisiones. La investigación respecto al llamado caso del 3% es atribuible en buena medida a la tenacidad de José María Mena, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el momento en que se produjeron los hechos. La tramitación del Estatuto catalán -para cuya aprobación era imprescindible el concurso de CiU- actuó como un freno a la hora de que el tripartito catalán aportase documentos a la fiscalía. El temor a que CiU cumpliese su amenaza de romper el consenso estatutario sólo fue vencido por los nuevos directivos de Adigsa -que quedó en manos de Iniciativa-Verds-, por lo que toda la investigación se vio constreñida a ese marco. Quizá algún día el tripartito catalán deberá explicar por qué la auditoría de gestión realizada sobre los últimos gobiernos de Pujol -presentada en 2004- no entró a analizar la licitación de obra pública. Es de lo más lógico que cuando los partidos tienen tentaciones corporativistas los ciudadanos se sientan poco motivados para acudir a las urnas.
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NOTICIA > -Promoción > Financiación > Urbanismo > polémica valoraciones en la Ley del suelo y financiación > el Mundo
Valor añadido > -sea por culpa de la Ley del Suelo, sea por la crisis financiera o la contracción de la liquidez internacional, lo cierto es que las inmobiliarias están viendo cómo los bancos les están cerrando el grifo sin contemplaciones. Según Manuel Martí, secretario general de la APCE, este nuevo sistema de valoraciones no va a tener ningún efecto positivo a largo plazo. «Las inmobiliarias no se van a atrever a comprar suelos en desarrollo, sino sólo finalistas, lo que encarecerá aún más el precio de éste», manifiesta. En su opinión, «de momento, la ley no producirá un efecto directo en la financiación porque necesita un reglamento de aplicación». Y matiza: «Otra cosa es que se esté utilizando como excusa ante la falta de liquidez». Desde Gestesa, Arturo García, director Financiero, apoya esta tesis. «El sentimiento mayoritario es que la aplicación literal de la ley puede ser más negativa que positiva. Estamos esperando el reglamento que concretará su puesta en marcha», manifiesta. Frente a esta postura, el presidente de una inmobiliaria que prefiere no revelar su identidad asegura que cualquier suelo a largo plazo es un obstáculo para obtener financiación. «El banco ya no entra en profundidad sobre lo interesante del proyecto o la calidad de la promotora. Se concede menor porcentaje de financiación a un diferencial mayor, exigen estudios de ritmos de venta y comercializaciones previas», apunta. José Manuel Galindo, presidente de Asprima, se refiere al sistema de valoraciones señalando que «cualquier elemento que induzca a la restricción del crédito es negativo». El líder de la patronal apunta que «el valor del suelo, aunque tenga un componente especulativo, tiene otro objetivo», por lo que «se han de valorar expectativas». Y subraya que «el problema surgiría si las tasadoras aplicasen la ley a efectos de garantía hipotecaria cuando, en realidad, sólo está orientada a regular expropiaciones». Luis F. Guijarro, director de la división Administrativa-Financiera de Hercesa, asegura que el sistema de valoraciones de suelo «afecta sensiblemente al haber coincidido con una crisis de liquidez que ha provocado el endurecimiento de las políticas bancarias». También para Blanca Gil, directora de Suelo y Desarrollo de Sedi, «todas las empresas notarán que la nueva clasificación del suelo dificultará la financiación de determinados suelos urbanizables, que es el estadio inicial en elque generalmente se invierte». Según Gil, «los bancos deberían haber sido menos flexibles en el pasado, mientras, ahora, se muestran incoherentes y excesivamente recelosos con operaciones muy correctas». Yuri Rabassa, director de Petrus, apuntala esta tesis. «Se está produciendo una situación paradójica cuando operaciones financiadas hace un año ya no lo son hoy», comenta. Además, el directivo afirma que este sistema «afectará a la mayor parte de las inmobiliarias por igual, pues sus ratios de endeudamiento son similares». Por su parte, Pablo Muñoz, consejero delegado de Cosmani, asegura que el sistema de valoraciones no les afecta demasiado porque su cartera de suelo es mayoritariamente finalista. Sin embargo, reconoce que «sí se está notando un descenso en cuanto al porcentaje de financiado y los precios de financiación están experimentando incrementos notables». Al igual que Cosmani, el grupo Premier cuenta con una cartera de suelo finalista. Aun así, fuentes de la firma reconocen que «las condiciones para suelo en desarrollo son malas por la nueva Ley del Suelo y por las tensiones de liquidez del mercado financiero». Ricard Fernández Ontiveros, director de Cataluña y Aragón de Habitat, señala que no han percibido ningún efecto financiero derivado de la ley. «Habitat no compra suelo rústico a precio de urbano. La mayoría de los promotores no acostumbramos a descontar frívolamente expectativas sobre el suelo, sino que lo adquirimos para añadirle valor», explica. Rafael González-Cobos, presidente de Grupo Inmobiliario Ferrocarril, explica cómo a una promotora especializada en VPO como a la suya no le afectan los problemas de tasación, ya que el suelo para vivienda protegida tiene un precio legal máximo. La posibilidad de ser objeto de expropiaciones también genera cierta inquietud entre los empresarios del ramo. «El nuevo sistema tendrá un efecto positivo para la Administración, que podrá expropiar suelo atendiendo al valor real del mismo sin tener en cuenta la futura/posible expectativa de desarrollo urbanístico que pudiera tener», opinan desde la Unidad de Negocio de Suelo de Grupo Avantis. «De ahí que las tasadoras apliquen rigurosamente el principio de prudencia valorativa», arguye Eduardo Vallejo, de King Sturge. Lo que sí parece claro es que se va a abrir una brecha entre el precio real del suelo y el de tasación. «En terrenos clasificados como urbanizables se dan situaciones en las que el precio de compraventa es 100 euros/m² y el de tasación, cinco euros el metro», ejemplifica Vallejo.
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NOTICIA >-Urbanismo > Andalucía > Viviendas ilegales > opinión Fernando Santiago > el País
Valor añadido > -Si usted quiere construirse una casa le resultará mucho más caro, lento y complicado cumplir la ley que saltársela. Mientras no se resuelva esta paradoja, abundarán las viviendas ilegales. Los ayuntamientos dicen primero que no tienen medios de inspección para impedir las obras sin licencia y luego que no pueden tirar lo que ya está levantado de manera ilegal. Conclusión: no sea usted tonto y sáltese la ley. No le va a costar nada y con el tiempo se lo van a regularizar. Da igual si se hace una mansión en terreno rústico, si no tiene enganche oficial de electricidad o de alcantarillado, es lo mismo si toma el agua sin permiso de un acuífero, si hace una fosa séptica sin garantías, si la basura la tiene que tirar en cualquier lado. Es lo mismo que usted sea pobre o rico. Con el tiempo le arreglarán el desaguisado.Así es que le sugiero, sin más, que no pida licencia, que no encargue un proyecto de obra a un arquitecto, que se busque una cuadrilla de albañiles o se lo haga usted mismo y que no pague IVA, por supuesto. Hágalo así y se ahorrará un dineral. Al fin y al cabo a los ayuntamientos les da igual, la Junta no tiene competencias o mira para otro lado y a los jueces es como si les molestase actuar en asuntos de tan poco fuste. Tan sólo algunos irreductibles fiscales parece que quieren que se cumpla la ley y que se tire lo que se ha hecho sin licencia. Nadie habla de que los inspectores impidan que se lleve a cabo lo que la ley no permite. Baste mirar la mancha urbana de Chiclana y se comprobará que mide lo mismo que la de Málaga, con diez veces menos población. Las 20. 0000 o 30.000 viviendas ilegales de esta población no surgieron de la noche a la mañana, pero ahora se van a legalizar todas. Ahora lo llevan a cabo los mismos que antes estaban en IU y censuraban al PSOE, pero ahora han sido expulsados por darle la alcaldía al PP: los que criticaban la regularización van a llevarla a cabo. Al fin y al cabo qué más da, si ahora el alcalde es del PP y ya han sido expulsados de IU. Lo mismo puede decirse de Barbate, donde antes mandaba el PP y ahora el PSOE. O de El Puerto de Santa María, antes una coalición de independientes con PSOE y ahora el PP y un tránsfuga. O Puerto Real, los más radicales entre los radicales de IU. La epidemia de pragmatismo se extiende como si fuera gripe aviar o sida. No hay barrera que la frene: ni los partidos, ni la administración autonómica, ni los jueces. Ni siquiera la animosa actuación de algún fiscal. Cambian los alcaldes y se sigue la misma política. Es más, el más rico y famoso urbanista de Andalucía, el omnipresente redactor de PGOU por toda la comunidad, González Fustegueras, lo mismo redacta una norma que regulariza a aquellos que se la saltaron en su día, en un ejercicio de sofismo urbanístico. Dentro de unos años otros miles que se la hayan saltado con posterioridad vivirán la misma regularización que viven ahora quienes se construyeron su casa por la cara. Y seguro que el mismo urbanista que ahora ha redactado el PGOU montará la oficina que permitirá regularizar a los pobrecitos que se hicieron mansiones en suelo rústico, en cañadas, en pinares o en la marisma. Luego nos extrañamos de que estemos degradando el medio ambiente.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > el país y locales
Valor añadido > -Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales. La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana. Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado. Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras. En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas". Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada". El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló. También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".
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NOTICIA > -Cataluña
Valor añadido > - Generalitat digitaliza 450 expedientes urbanísticos de Tarragona Un total de 450 expedientes urbanísticos de Tarragona referentes a 66 municipios están disponibles en la red. Estos documentos han sido publicados por el Documento Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Consta de planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales, o sus modificaciones, que fueran autorizados entre el año1985 y el 2002 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona y de los cuales nunca se habia publicado la normativa.El proyecto lo impulsa la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas para 'facilitar el acceso de la ciudadanía a los planes urbanísticos vigentes en todo el territorio a través de Internet'. La actuación se inició el pasado julio con la publicación de los documentos urbanísticos de Lleida y continuó en septiembre con la publicación de la normativa urbanística de la demarcación de Girona, que continuó con la de las Tierras del Ebro. Posteriormente, la Generalitat procederá a la publicación íntegra de las normativas urbanísticas de los expedientes correspondientes a las demarcaciones de las comisiones de urbanismo de la Vall d'Aran y de Barcelona. Además, prevé que antes de finales de año ya se habrá publicado la totalidad de las normativas urbanísticas de todo el planeamiento vigente en Catalunya. La conselleria también puso en marcha el pasado 1 de julio la página web del registro del planeamiento urbanístico de Catalunya. Para ello, ha digitalizado los archivos del planeamiento urbanístico de las diferentes comisiones territoriales de urbanismo con un total de 18.151 expedientes escaneados, que contienen 64.217 planos y 81.921 documentos de texto con un total de 2,4 millones de páginas.Estas publicaciones son posibles también gracias a la renovación tecnológica del DOGC, que el 29 de junio pasado dejó de publicarse en papel para ser accesible únicamente por Internet de forma gratuita, un salto digital que permitirá, entre otras servicios, que los ciudadanos puedan hacer subscripciones temáticas y recibir alertas por sms. El DOGC inauguró su versión en la red en 1996.
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NOTICIA >- Murcia > Faro de Cartagena
Valor añadido > -El PP cree que la Ley del Suelo encarecerá un 20% la vivienda
El Gobierno regional cumplirá con la aplicación, por vía de un decreto, de la nueva ley estatal del suelo, aprobada en mayo de este año, pese a que el PP, que le sustenta, advirtiera ayer “que esa norma puede llevar a un aumento de entre el 20% y el 30% en el precio de la vivienda”, según explicó el diputado regional, Pedro Chico, en la Asamblea Regional de Murcia. Chico señaló que será el aumento de las cesiones de suelo a los ayuntamientos, el que impulse los precios al alza, “porque los promotores sin duda repercutirán ese alza en el valor final de las viviendas”. Además, subrayó que “no debe caerse en la ingenuidad de pensar que irá en contra de la especulación o la corrupción porque no hay ninguna medida concreta”. La diputada socialista Teresa Rosique cree que esa nueva normativa la que permitirá el acceso a la vivienda a precio asequible gracias a “la reserva obligatoria del 30% del suelo para vivienda protegida” y al freno de la especulación y la corrupción, a través del control de todos los pasos del proceso de promoción “con su obligatoria información pública”.De esta manera, se conseguirá, en su opinión, “corregir el error de la ley de 1998, que al liberalizar el suelo llevó a encarecerlo en un 500% y a hacer subir el de la vivienda en un 150%”. Por su parte, el diputado de IU, José Antonio Pujante, se mostró a favor de “ir más allá en la reserva de suelo para vivienda protegida”.
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NOTICIA >-Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -El Grupo Parlamentario de Unió Mallorquina retirará la Proposición de Ley del Suelo registrada ayer en la Cámara para que sea la Conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio la que impulse la tramitación de esta norma en forma de Proyecto de Ley.  En declaraciones realizadas en los pasillos del Parlament durante la celebración de la sesión plenaria, el portavoz de los regionalistas, Bartomeu Vicens, advirtió que la futura norma elaborada por el Govern ha de mantener el articulado del texto de UM, ya que así se pactó y se firmó en el acuerdo de legislatura.  Sin embargo, esta postura entra en contradicción con la expresada por el conseller responsable del área de Territorio, Gabriel Vicens, quien confirmó que su departamento está trabajando en una texto que será consensuado con sus socios y también con "todos" los Consells Insulars. Explicó que el hecho de que UM haya registrado una propuesta paralela se debe a una "mala interpretación" del acuerdo de gobierno. El conseller apuntó que "lo lógico" es que una ley sea elaborada por el Govern, consensuándola con los Consells y con las Consellerias afectadas --en este caso Medio Ambiente y Vivienda--. "Sabemos que UM tiene un borrador, que evidentemente tendremos en cuenta como siempre les hemos dicho, pero no puede abordarse esta ley desde el punto de vista sólo de Mallorca", dijo. Por ello, Gabriel Vicens pidió a UM "tranquilidad" y que no "sufran" porque la Ley de Suelo se hará. "El proyecto de UM es el de su partido y las leyes se han de hacer a partir del Govern. Se tendrá en cuenta e incluso nos puede servir de base, pero existe un compromiso por mi parte de hacer esta ley", insistió.  Por su parte, el portavoz de UM señaló que lo de menos es quién registre la Ley del Suelo y que lo importante es tener la norma en vigor "cuanto antes". Aseguró que el compromiso del Govern es el de "asumir" íntegramente el texto elaborado por UM, en la que se harán determinadas modificaciones, para ser tramitado como Proyecto de Ley. "Se llamará Proyecto en vez de Proposición, pero se asume el mismo texto", reiteró.  El portavoz de UM dijo que un articulado diferente al suyo "habría que verlo" para decidir si respeta el acuerdo de gobierno. Aclaró que, si bien corresponde al Govern impulsar las nuevas leyes, los textos adjuntados en el acuerdo de gobierno han de mantenerse como se pactaron, aunque efectuando los cambios necesarios. Tal es el caso de la Ley del Paisaje y la Ley de Residuos.  Ante esta "descoordinación" admitida por unos y otros, UM sostiene que desconocía que la Conselleria de Ordenación del Territorio estaba trabajando en este Proyecto. Sin embargo, desde el Govern subrayaron que el grupo de trabajo que se encarga desde hace meses de la redacción del texto, está integrada, además de por representantes de los Consells, por miembros de la Conselleria de Medio Ambiente, regida por UM.  Desde el Grupo Socialista, el diputado Antoni Diéguez restó importancia a la polémica, afirmando que el texto de UM se "reconducirá" a través de la Conselleria. Fuentes parlamentarias señalaron a Europa Press que, en cualquier caso, una Proposición no puede transformarse en un Proyecto y que es necesario, atendiendo al Reglamento de la Cámara, que UM retire la Proposición para que el Govern registre el nuevo texto.  Diéguez apuntó que los partidos integrantes del pacto de gobierno se reunirán mañana en una de las habituales "reuniones de coordinación". Confió en que UM retire su propuesta y dijo que probablemente "no tenían muy claro cuál es el trámite a seguir", reiterando que se trata de "un problema de método y no de fondo".  "El mecanismo de coordinación ha tenido algunos problemas. Es normal al principio. Son mecanismos complicados y todos hemos tenido nuestros pequeños deslices. Lo importante es que las cosas se reconduzcan a donde tienen que estar. Mañana se resolverá", agregó.
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NOTICIA > -Urbanismo > Aragón
Valor añadido > -El Pleno rechazó una proposición no de ley presentada por IU con la que se pretendía instar al GA a remitir a las Cortes, “en el plazo de seis meses”, el proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Lo ajustado del plazo, después de que ambos proyectos de ley decayeran en la anterior legislatura, fue la razón que esgrimieron los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE y PAR) para no apoyar una proposición ante la que PP y CHA se abstuvieron. El diputado de IU, Adolfo Barrena, defendió la propuesta, con la que, dijo, pretendía impulsar el establecimiento de un cuerpo legal suficiente que, acorde con el nuevo Estatuto de Autonomíay la Ley del Suelo estatal, permita impedir determinadas practicas, como que los desarrollos urbanísticos vengan planificados desde la acción privada y no desde la pública. El socialista Ricardo Berdié dijo que el GA quiere llevar a las Cortes ambos proyectos “con diligencia” pero con “participación social y política” y aseguró que la “imposición” de un plazo de seis meses imposibilita que los proyectos reúnan esas condiciones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > C. Valenciana > Ley del suelo > Levante y locales
Valor añadido > -La Generalitat ha renunciado a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de Suelo -que llegó a aprobar en el pleno del Consell- ante el temor a presentarlo fuera de plazo. Según pudo confirmar ayer Levante-EMV , el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana en el que éste le advierte de que el recurso podría ser rechazado por el Tribunal Constitucional al no presentarse en el plazo legal. Vicente Aupí, Valencia  Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que dirige José Ramón García Antón y de la que dependen las competencias en la materia, explicaron ayer que la decisión también se ha tomado al considerar que los argumentos del Consell contra la ley quedan ya recogidos en los recursos que han presentado otros gobiernos autonómicos gobernados por el PP, como el de la Comunidad de Madrid. La clave del problema reside en que, con carácter previo, la Generalitat solicitó la formación de una comisión bilateral con el Estado para tratar de negociar una solución al conflicto de competencias. De haberse aceptado esta propuesta, el plazo para la presentación del recurso podría ampliarse hasta nueve meses, pero la solicitud del Gobierno Valenciano fue rechazada, por lo que el Consell Jurídico Consultiu ha advertido que, al darse esa circunstancia, existen dudas sobre los plazos, por lo que podría presentarse tarde. Tal como ha venido informando este diario en los últimos meses, los servicios jurídicos de la Generalitat han trabajado durante todo el verano en la elaboración de un recurso contra la nueva ley estatal de Suelo, que entró en vigor el 1 de julio. El pasado 31 de agosto (ver Levante-EMV del 1 de septiembre), el propio pleno de Consell dio forma a la iniciativa aprobando la presentación del recurso, al considerar que la ley estatal invade competencias que son exclusivas del ámbito autonómico. Pese a ello, el recurso no será finalmente presentado aun teniendo en cuenta que el dictamen remitido a la Generalitat por el Consell Jurídic Consultiu considera que algunos de los artículos de la norma estatal pueden vulnerar la Constitución. Según confirmó a este diario el presidente del Consell Jurídico Consultiu, Vicente Garrido, así ocurre con la obligación -prevista en la ley estatal- de introducir una reserva mínima del 30% para vivienda protegida en el techo edificable de los nuevos planes de actuación integrada (PAI). Garrido se mostró convencido de que la aplicación de esta ley tendrá una gran repercusión en la Comunitat Valenciana y la normativa autonómica.
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NOTICIA > -Madrid > Abc y locales
Valor añadido > -El juzgado número 2 de Móstoles admitió ayer una querella de Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. La Fiscalía pretende probar ahora que Porto se sirvió de su cargo para tramitar un planeamiento urbanístico en Villanueva de la Cañada que produjo un beneficio económico a su mujer. Además de al ex director general de Urbanismo, la querella también se dirige contra el alcalde de dicho municipio, Luis Partida, los arquitectos José María Fernández del Río y Juana María Manrique, así como el ingeniero agrícola Luis Arrabal. El fiscal puso en conocimiento del juzgado presuntas irregularidades urbanísticas enmarcadas en la aprobación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Sector I Los Pocillos de Villanueva, que incluyó un monte declarado suelo protegido no urbanizable. Enrique Porto dimitió el 3 de octubre de 2006, para -según dijo entonces- «defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad», tras diversas acusaciones del Partido Socialista de Madrid (PSM), entre ellas, que había utilizado su cargo para dar un «pelotazo» urbanístico en Villanueva de la Cañada. El fiscal sostiene que la aprobación de este plan, que contaba con informes técnicos en contra, produjo un beneficio económico millonario a su mujer y al arquitecto redactor del plan. Además, Anticorrupción acusa a la arquitecta municipal, y mujer del alcalde Luis Partida -Juana María Manrique-, de «enmascarar como recibos de colaboración» los pagos que recibía el redactor del plan, José María Fernández del Río, de promotores y constructores del municipio  Como medida cautelar, el fiscal solicita en su escrito una cuantía de fianza para cada uno de ellos de 50.000 euros. Las reacciones políticas no se hicieron esperar ayer. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, celebró la admisión a trámite de la querella y afirmó que la presidenta Esperanza Aguirre «no puede eludir su responsabilidad en este asunto». «Actuar colectivamente» En un comunicado, Menéndez defendió la necesidad de que Aguirre «comprenda de una vez que es imprescindible actuar colectivamente para ordenar la gestión del suelo y para promover un Plan Regional de Estrategia Territorial». A su juicio, «todo lo que son elementos de control, transparencia y rigor, como plantea la Ley del Suelo estatal que ha recurrido el Gobierno regional, deben ser puestos en marcha para ordenar el territorio de la Comunidad de Madrid». Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, apuntó en Onda Cero que «simplemente el juez ha elevado un escrito y ahora deberá pedir pruebas y tomar declaraciones para ver si consigue descubrir alguna actuación ilícita».
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NOTICIA > -Madrid > el Mundo y locales
Valor añadido > -El Juzgado Número 2 de Móstoles ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), y otras cuatro personas, por presuntas irregularidades urbanísticas en ese municipio. El fiscal sostiene en la querella que hay indicios de que Enrique Porto pudo haber cometido delitos de "prevaricación", "tráfico de influencias" y "negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios", al utilizar presuntamente su cargo para tramitar un planeamiento urbanístico que produjo beneficio económico a su mujer. Enrique Porto dimitió el 3 de octubre de 2006, para -según dijo entonces- "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", tras diversas acusaciones del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), entre ellas que había utilizado su cargo para dar un "pelotazo" urbanístico en Villanueva de la Cañada. La querella, que tiene su origen en la denuncia que presentaron el 7 de noviembre de 2006 los diputados autonómicos socialistas Ruth Porta y Modesto Nolla, se refiere a la aprobación del Plan Parcial del Sector I "Los Pocillos", cuando Porto era director general de Urbanismo. Según el fiscal, la aprobación de ese plan (año 2004) -que contaba con informes técnicos en contra- produjo un beneficio económico millonario, entre otros, a la mujer de Porto (casada con él en régimen de gananciales) y al arquitecto redactor del plan. Además, el fiscal acusa a la arquitecta municipal y esposa del alcalde Luis Partida, Juana María Manrique, de "enmascarar como recibos de colaboración" los pagos que recibía el redactor del plan, José María Fernández del Río, de promotores y constructores de la localidad. La querella imputa al dimitido Enrique Porto, al alcalde Luis Partida, a José María Fernández del Río (redactor del plan), a Juana María Manrique (arquitecta municipal y esposa del alcalde), y a José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal, ambos ingenieros municipales. Como medida cautelar, el fiscal solicita en su escrito una cuantía de fianza para cada uno de ellos de 50.000 euros. PSOE: 'Aguirre no puede eludir su responsabilidad'   Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Manéndez, celebró la admisión a trámite de la querella y afirmó que la presidenta Esperanza Aguirre "no puede eludir su responsabilidad en este asunto". En un comunicado, Menéndez defendió la necesidad de que Aguirre "comprenda de una vez que es imprescindible actuar colectivamente para ordenar la gestión del suelo y para promover un Plan Regional de Estrategia Territorial". A su juicio, "todo lo que son elementos de control, transparencia y rigor, como plantea la Ley del Suelo estatal que ha recurrido el Gobierno regional, deben ser puestos en marcha para ordenar el territorio de la Comunidad de Madrid".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo promovidos por el grupo parlamentario popular y los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Canarias. Según las respectivas resoluciones del Tribunal Constitucional, se admiten a trámite los referidos recursos y se trasladan las demandas y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones.
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NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > el País
Valor añadido > -La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Enrique Porto Rey, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, por el supuesto enriquecimiento ilícito que obtuvo con el desbloqueo de terrenos de los que era en parte propietario. De esa trama corrupta, según la investigación de la Fiscalía, también participó el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, del PP, cuya mujer, Juana Manrique, arquitecta municipal, participó de los negocios de Porto. ...Los juzgados de Móstoles (Madrid) han admitido hoy a trámite esta querella presentada contra Porto y otras cinco personas. La Fiscalía pidió, el pasado 20 de septiembre, la imputación de Porto, junto con José María Fernandez del Río, Juana María Manrique Larraza, Luis Manuel Partida Brunete, José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal Villalobos, como autores de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad...Al parecer, el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid autorizó en 2004 un plan parcial para la localidad de Villanueva de la Cañada que incluía más de 20.000 metros cuadrados, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias. También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad. Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde Luis Partida. Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".... Tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos. Dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento. El 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes. A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias. Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial.
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NOTICIA > -Urbanismo > País Vasco > el País
Valor añadido > -La Ley de Suelo, la norma más importante aprobada por el Parlamento vasco en los últimos años y que está llamada a marcar un punto de inflexión en la carestía de los pisos en Euskadi, acaba de cumplir un año en vigor. Su aprobación supuso una auténtica carrera de obstáculos, pero, doce meses después, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aún no ha aprobado el decreto que la desarrolla. Los ayuntamientos advierten de la dificultad de aplicar la ley en todos sus extremos, si no se dispone de los reglamentos que detallan cómo abordar sus pormenores. Sin conocer esa letra pequeña de la norma, los municipios están encontrando "serias dificultades" para poner en marcha algunas actuaciones. "Los reglamentos son los que otorgan la completa seguridad jurídica", apunta el alcalde de Baracaldo y actual vicepresidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, el socialista Tontxu Rodríguez. La efectividad en la aplicación de cualquier ley reside en el desarrollo de sus reglamentos. Sin ellos, la ley está en vigor, pero en su trazo grueso, en su filosofía y principios. En el caso de la Ley de Suelo, los ayuntamientos conocen, por ejemplo, cuáles son los porcentajes que hay que reservar para la vivienda protegida en los diferentes tipos de suelo, pero necesitan de mayores precisiones en otros ámbitos para su aplicación. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián se está planteando recurrir a la figura del agente urbanizador para dar salida a un solar. La ley recoge esta figura, pero un reglamento ayudaría a precisar todos sus aspectos, explica Jorge Letamendía, concejal de Urbanismo de San Sebastián y una de las personas que formó parte de la comisión del PSE que negoció la norma con el Departamento de Vivienda. Los municipios y otros agentes que intervienen en el urbanismo necesitan el manual de instrucciones y eso solo se consigue desarrollando los reglamentos. En sus disposiciones adicionales, la ley establece que en el plazo de un año, esos reglamentos iban a estar en marcha, pero el plazo se ha cumplido y aún no se encuentran disponibles. El Parlamento aprobó la ley el 30 de junio del año pasado y entró en vigor de una manera efectiva a mediados de septiembre, cuando se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco.
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NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > el  País
Valor añadido > -Existe un truco para reformar un edificio protegido sin necesidad de cumplir los requisitos municipales que exigen la conservación de los elementos más singulares. La forma es la siguiente: se pide una licencia de obra menor, que faculta para comenzar las obras. Se reforma todo el inmueble. Incluso se puede tirar algún muro con una especial protección. Es posible comenzar la actividad del nuevo negocio, porque, con un poco de suerte, no pasa nada. Esta práctica es la que ha seguido, más o menos, la cadena de hoteles High Tech Hotels and Resorts para reformar un edificio de cinco plantas catalogado como protegido y convertirlo en un hotel de lujo, situado en la calle de Jorge Juan, 17 (distrito de Salamanca). "Derribamos un muro del portal y no sabíamos que estaba protegido", reconoce el empresario "Nosotros solicitamos una licencia de obra mediana", explica el responsable de la cadena, Antonio Fernández. "Pensamos que la reforma no necesitaba un plan especial", precisa. "Y tiramos para adelante". Esto ocurrió en 2005. De hecho, la empresa solicitó un plan especial para comenzar las obras, pero éste fue archivado. El proceso administrativo quedaba parado y para el Ayuntamiento el inmueble no sufría ninguna transformación. Todo iba sobre ruedas, para la empresa, hasta que un día, a mediados de 2006, unos técnicos de Urbanismo, del Departamento de Disciplina Ambiental, pasaron por delante del inmueble y se percataron de que estaba engalanado con unos andamios y que estaba mutando para convertirse en un hotel. El inmueble que data de principios del siglo XIX, tiene unas balconadas típicas de la época y un portal modernista con cristaleras, cuenta con una protección de grado 2 (hay seis niveles de protección en función de su singularidad, y el dos afecta a la estructura del inmueble). Para cambiar el uso de este edificio de residencial a hotelero se requiere un plan especial que "describe cómo debe hacerse la obra para respetar los elementos más singulares". El 18 de agosto del año pasado un representante de la empresa presentó la solicitud para tramitar dicho plan especial. Cuando los técnicos municipales descubrieron lo que se estaba haciendo en el edificio, "el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador ordenó la suspensión de la actividad", relata la directora general de Urbanismo del Consistorio, Beatriz Lobón. Pero la empresa hotelera no se dio por aludida. "Nosotros recurrimos ante un juez. Y mientras, continuamos las obras", reconoce Fernández. Para solucionar el entramado administrativo, el pleno municipal del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves "el plan especial de protección y control urbanístico ambiental de usos para la finca situada en la calle de Jorge Juan, 17". O sea, legalizó por la vía administrativa y a posteriori una práctica inicial totalmente ilegal. "Cuando exigimos el plan especial, ya estaban las obras realizadas", cuenta Lobón. "La empresa sólo empezó a interesarse por la situación legal cuando exigimos el cierre de la actividad", agrega.
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NOTICIA > -Urbanismo > Galicia > el País y locales
Valor añadido > -Los ayuntamientos aprueban la ampliación de la reserva de suelo para promover viviendas de protección que prevé la Xunta, pero opinan que la población no puede ser el único criterio que defina las necesidades de cada municipio. La junta de portavoces de la federación de municipios (Fegamp) reclamó al director general de Urbanismo, Ramón Lueje, que flexibilice los parámetros, de forma que el 30% previsto como mínimo para los pequeños ayuntamientos y el 40% para los más grandes se puedan revisar a la baja. Lueje no garantizó a la Fegamp aceptar su propuesta. Las cuestiones relacionadas con el urbanismo centraron la reunión que mantuvieron ayer en la Consellería de Política Territorial los portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias, encabezados por su presidente Xosé Crespo (PP), Manuel Lagares (PSOE) y Francisco García (BNG). Los responsables de la Fegamp plantearon a Ramón Lueje la necesidad de "flexibilizar" el único criterio previsto en la inminente reforma de la Ley del Suelo de Galicia, que favorecerá la oferta de vivienda de protección. El tamaño de la población es la única variable prevista por las consellerías de Política Territorial y Vivenda, a instancias de esta última, de modo que la reserva para pisos protegidos será del 30% del suelo en los de menos de 20.000 habitantes y del 40% en el resto. Para la Fegamp, esta previsión debe "aquilatarse". "Hay un registro único de demandantes que es un buen baremo para conocer las necesidades de cada ayuntamiento, y también deben considerarse otras variables como el precio de la vivienda en los municipios", resume Francisco García, que destaca no obstante el "respaldo general" de la Fegamp a la reforma de la ley del suelo, emprendida por la conselleira nacionalista Teresa Táboas. "Pero se da una heterogeneidad en los ayuntamientos que debe ser considerada", matiza. Se trata de que la reserva de suelo "se adecue a la demanda", resume Xosé Crespo. "¿De qué le vale el 30% de reserva a un ayuntamiento en el que casi no existen peticiones de vivienda de protección? La población no puede ser el único factor, porque no es lo mismo Sanxenxo que Monforte. Por eso pedimos pragmatismo", señala.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Málaga > el País y locales
Valor añadido > -según Fernando Bentabol, uno de los fiscales de Medio Ambiente de Málaga. En lo que va de año, la Fiscalía ha abierto "cerca de 1.000 diligencias informativas" por delitos urbanísticos, un ritmo que ya cuadriplica las 243 diligencias abiertas en todo el año 2006. Bentabol comparte a grandes rasgos el informe emitido por su colega de Cádiz, sobre la falta de compromiso, cuando no connivencia, de los ayuntamientos ante el problema del urbanismo ilegal. "En la provincia de Málaga apenas tres o cuatro de los cien ayuntamientos se han tomado el problema realmente en serio", afirma. En esta ilustre nómina cita a Vélez-Málaga, cuya Gerencia de Urbanismo presentó 48 denuncias en 2006 y a Málaga, que interpuso 25. Las críticas se extienden a la administración autonómica que, según el fiscal, "es el órgano que menos impulso tiene en esta materia". "La Junta tal vez tenga otras prioridades de inspección; el caso es que la mayoría de las denuncias nos llegan por la Guardia Civil". Corrupción urbanística > Bentabol considera "muy difícil" probar que detrás de los delitos urbanísticos existen pagos de los promotores a políticos y funcionarios. Sin embargo, tiene claro que "desde el momento en que un alcalde da una licencia favorable para construir en suelo no urbanizable se está hablando de corrupción urbanística". Otro punto de coincidencia entre Bentabol y su colega Núñez es la necesidad de que los tribunales penales impongan la pena de derribo sobre las viviendas y construcciones ilegales y observa una "falta de conciencia" por parte de los jueces. "En el ámbito penal sólo se han ordenado 10 derribos este año. Los ayuntamientos acaban legalizando las obras porque obtienen ingresos legales a través de los impuestos". Muchas de las casas ilegales van a parar a manos de compradores extranjeros. En 2006, la Fiscalía de Málaga tramitó 66 denuncias contra Ayuntamientos y 20 contra alcaldes de todos los partidos políticos andaluces. Uno de los casos más graves se dio en Tolox, donde se han paralizado 2.000 viviendas ilegales en torno a 17 urbanizaciones.
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NOTICIA > -Promoción > Legal > Urbanismo > Andalucía > el País
Valor añadido > -La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable. En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cantabria
Valor añadido > -El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa abogó por la adopción de medidas cautelares «con muchísima prudencia» en los procesos relacionados con casos de presunta corrupción urbanística o de viviendas ilegales, aunque alertó de los riesgos que implica la «criminalización» del urbanismo. Advirtió de que empieza a propagarse una idea, a su juicio «un tanto peligrosa» y que consiste en una asimilación entre cualquier tipo de irregularidad administrativa en el plano urbanístico y la criminalización de esas conductas. Reconoció que en ocasiones las sentencias firmes que ordenan la demolición de construcciones ilegales han llegado «cuando la solución ya es muy difícil». Indicó que la solución a esta situación podría estar en la adopción de «medidas cautelares» que posibilitaran la paralización en el inicio de las actuaciones presuntamente ilegales. Pero pidió prudencia ya que «un exceso» podría conllevar «efectos perniciosos».En cualquier caso insistió en que cualquier decisión al respecto debería tomarse 'con suma prudencia' dado que, según subrayó, 'un exceso' podría conllevar 'efectos perniciosos' o la posibilidad de una 'paralización' de la actividad constructora, que 'es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía', recordó. Preguntado por la propuesta de la fiscal jefe del TSJC, Pilar Martín Nájera, de que el Ministerio Público pueda intervenir en los pleitos en los que se dilucida la legalidad de un planeamiento urbanístico, Tolosa recalcó que se trata 'de una idea digna de consideración', ya que 'si el fiscal es el guardián de la legalidad no hay ningún inconveniente en que pueda actuar en este tipo de procesos' en los que, según apuntó, 'están en juego los intereses públicos'. Sin embargo, Tolosa hizo hincapié en que no hay que 'caer en la criminalización del urbanismo' ni 'hacer una derivación hacia la vía penal' de actuaciones que correspondan al ámbito de lo contencioso-administrativo. Así, advirtió de que 'empieza a propagarse una idea' a su juicio 'un tanto peligrosa' y que, según explicó, consiste 'en una asimilación entre cualquier tipo de irregularidad administrativa' en el plano urbanístico 'y la criminalización de esas conductas'. Con todo, no descartó que 'pueda haber ciertos casos excepcionales' en los que se dé 'algún tipo de responsabilidad penal' en la configuración o desarrollo de 'determinados proyectos urbanísticos'.
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NOTICIA > - Urbanismo > Promoción > Vivienda
Valor añadido > -El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo, según anunció su secretario ejecutivo de Comunicación, Gabriel Elorriaga, quien denunció que la política de suelo y vivienda del Gobierno es un 'inmenso fracaso'. Elorriaga, en rueda de prensa, informó de que su partido ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque la ley expropia la tierra a los agricultores sin compensaciones justas y propone precios significativamente inferiores a los manejados en el mercado actual. En su opinión, la ley del suelo, aprobada recientemente por el Ejecutivo, perjudica a los agricultores y obedece a la improvisación electoral.
Elorriaga también aprovechó para afirmar que la norma pone de manifiesto el 'inmenso fracaso' de la política de vivienda del Gobierno socialista, una política que aumenta la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. Las últimas propuestas en materia fiscal propuestas por la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, van en contra de las medidas desarrolladas hasta por el Ejecutivo y las del propio programa electoral del PSOE, recalcó el dirigente popular. Concluyó que la ley del suelo es producto de la 'improvisación' tiene carácter 'preelectoral', es 'incoherente' con los postulados del PSOE y está 'abocada al fracaso'. En su recurso ante el Constitucional, el PP impugna diez preceptos de la Ley del Suelo y su disposición transitoria, según detalló Elorriaga, quien dijo que con esta iniciativa el PP quiere apoyar a las asociaciones agrarias, que han manifestado su oposición a las expropiaciones de tierras que propone la norma. El PP manifiesta en su recurso que la aplicación de la ley legitima la expropiación de fincas rústicas sin garantizar a los agricultores una compensación proporcional y justa. Considera inconstitucional el método de valoración del suelo rural establecido en el artículo 22, en el que se fija que los terrenos se tasarán mediante capitalización de su renta anual real o potencial. Elorriaga recordó que el PP votó en contra de la Ley durante su tramitación parlamentaria al considerarla intervencionista, carente de mecanismos eficaces para abaratar el coste de los suelos urbanizables y que invadía las competencias de las comunidades.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Madrid > recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del suelo 8/2007 > el mundo y otros
Valor añadido > -El viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco, y el viceconsejero de la Vicepresidencia, Salvador Victoria, presentan ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade determinadas competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda, según han informado la Comunidad de Madrid. La norma estatal, elaborada por el Ministerio de Vivienda, rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la norma autonómica. A juicio del Gobierno regional, la normativa "supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda", ya que considera que la Administración central "no puede desarrollar políticas de vivienda". El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó el pasado 26 de julio presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo redactada por el Ejecutivo central por considerar que algunos de sus artículos invaden competencias exclusivas de la Administración regional en materia de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "La Ley del Suelo favorece a las constructoras, que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios de esos suelos", señaló el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, quien apuntó que esto "atenta contra el derecho de propiedad privada y se entromete en las competencias autonómicas, al exigir que sean ellas las que elaboren una norma propia para devolver a los propietarios el derecho a urbanizar sus terrenos".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -La Comisión Europea tomará las "medidas pertinentes" en relación a las leyes urbanísticas que rigen en las distintas comunidades autónomas una vez que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) haya fallado sobre la denuncia que presentó Bruselas el pasado mes de junio contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por no cumplir las normas comunitarias sobre contratos públicos. El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se refirió a este caso en su respuesta a una pregunta parlamentaria que le planteó el eurodiputado de IU Willy Meyer en relación  las presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico en la costa asturiana. "En cuanto a las legislaciones urbanísticas en vigor en las otras comunidades autónomas españolas, la Comisión tomará las medidas pertinentes una vez que el Tribunal se haya pronunciado en el asunto relativo a la legislación valenciana", afirmó. Meyer preguntó a la Comisión que medidas prevé para preservar la costa del Principado de Asturias, sometida a la "presión" de las inmobiliarias y a un plan para construir 17 campos de golf que se sumarán a los 11 ya existentes. En su exposición, el eurodiputado alude al informe Fourtou, con el que el Parlamento Europeo denunció los excesos del urbanismo valenciano en diciembre de 2005.  En su respuesta, Dimas afirmó que los proyectos urbanísticos tienen que determinar, antes de ser aprobados, si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, por medio de un estudio de impacto.  Por lo que respecta a los mercados públicos, el titular de Medio Ambiente recordó que la Comisión examinó la legislación urbanística valenciana y concluyó que "la atribución de los programas urbanísticos en base a esta legislación tiene que someterse a la directiva en materia de mercados públicos".   "La Comisión considera que estos programas (de desarrollo urbano) constituyen mercados públicos, algo que ha sido rechazado por las autoridades españolas", lo que, dijo, fue causa de la denuncia ante el TUE, el pasado 27 de junio, con cuyo fallo se examinarán el resto de leyes autonómicas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > Diario de Ibiza
Valor añadido > -El Ayuntamiento de Eivissa dará un plazo máximo de dos años a los propietarios de inmuebles del barrio de sa Penya declarados en ruina para que los rehabiliten; si no lo hacen, una vez transcurrido ese plazo, se abrirá la posibilidad de que puedan ser enajenados a otros particulares o adquiridos por el propio Ayuntamiento para ejecutar las obras de reforma que obliga la Ley del Suelo. El concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, explicó ayer a este periódico que esta medida «no es ningún invento», sino la simple aplicación de lo previsto en la Ley del Suelo. «Se trata de poner en marcha el cronómetro para la rehabilitación de sa Penya», explica El Ayuntamiento de Eivissa dará un plazo máximo de dos años a los propietarios de inmuebles del barrio de sa Penya declarados en ruina para que los rehabiliten; si no lo hacen, una vez transcurrido ese plazo, se abrirá la posibilidad de que puedan ser enajenados a otros particulares o adquiridos por el propio Ayuntamiento para ejecutar las obras de reforma que obliga la Ley del Suelo. El concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, explicó ayer a este periódico que esta medida «no es ningún invento», sino la simple aplicación de lo previsto en la Ley del Suelo. «Se trata de poner en marcha el cronómetro para la rehabilitación de sa Penya», explica
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo > Madrid > el País  y locales
Valor añadido > -El Ayuntamiento de Aranjuez -gobernado por el PSOE- deberá indemnizar con más de 600.000 euros a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por "enriquecimiento injusto" tras vender en marzo de 1999 una finca cedida "para uso público". Así lo acredita una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, que establece que la cuantía a pagar por el Consistorio será de 562.142,13 euros, más intereses y costas procesales. El fallo, que no es firme, puede ser recurrido, aunque el Ayuntamiento tiene previsto pagar la sanción.  Los hechos se remontan a 1998, cuando el gobierno municipal de Aranjuez -entonces en manos del PP-, decidió vender el solar de 1.000 metros cuadrados conocido como Casa de la Frutería, que había sido cedido a la ciudad ocho años antes por el Consejo de Ministros para "uso y servicio público local". Con la venta, el Ayuntamiento pretendía, según asegura ahora en los tribunales, solventar una deuda que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, superior a 780.000 euros. Advertido de las pretensiones de Aranjuez y dado que no se destinaba a un uso público, Patrimonio inició en enero de 1999 un expediente de reversión del suelo para recuperar la finca. El Consistorio, dirigido por el popular José María Cepeda, hizo caso omiso y procedió a la adjudicación de la finca a la empresa HERSAU SA por más de 560.000 euros. El importe de la venta fue entregado "en pago de la deuda reconocida". Una vez vendido el suelo, comenzaron a generarse derechos para la empresa adjudicataria, por lo que Patrimonio fue incapaz de conseguir la reversión del terreno. Ésta llegó incluso a ser ratificada por sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2003. Ante la situación de indefensión creada, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Abogado del Estado, solicitó en los tribunales una indemnización por lo que consideraba un "enriquecimiento injusto por la venta de una parcela cedida para un uso público".
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo > Andalucía > el País y locales
Valor añadido > -La Fiscalía de la Audiencia de Cádiz pide hasta tres años y cuatro meses de prisión para dos vecinos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que se construyeron dos viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable en el Pago Melilla, a pesar de que la Gerencia de Urbanismo le paralizó las obras. Además, el fiscal pide también un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial para un arquitecto técnico. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Gerencia de Urbanismo de Chiclana visitó el 13 de abril de 2004 la finca situada en terreno clasificado como no urbanizable propiedad de M.M.B. y D.G.T. "Comprobó [el técnico de la Gerencia] que se estaba construyendo una vivienda unifamiliar aislada de unos 100 metros cuadrados sin la preceptiva licencia municipal, por lo que ordenó parar las obras. Posteriormente, en febrero de 2005, la policía comprobó que en la citada finca existían dos viviendas unifamiliares de nueva construcción separadas entre sí por una valla metálica, completamente terminadas y habitadas, pertenecientes cada una de ellas a los acusados, habiendo sido los mismos los promotores y constructores de dichas viviendas". Según la Fiscalía, los acusados, por escritura de declaración de obra nueva y división vertical ante notario, hacen constar que en el año 1995 construyeron una casa destinada a vivienda, convenientemente distribuida en varias dependencias y servicios, con superficie total construido de 190 metros cuadrados, lo cual "no se corresponde con la realidad". Para ello, utilizaron un certificado expedido por el arquitecto técnico F.C.T.S., para quien la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial. Por su parte, tanto para M.M.B. como para D.G.T. la Fiscalía pide un total de tres años y cuatro meses: 1,2 años por un delito de ordenación contra el territorio, 1,6 años por falsedad en documento oficial y ocho meses por desobediencia a la Autoridad. El arquitecto también está implicado en otro supuesto delito de falsedad por otras tres casas ilegales.
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NOTICIA > -Promoción > Edificación > Urbanismo > Madrid > carta de Esperanza Aguirre a el País
Valor añadido > -En lo que se refiere a las alturas de las viviendas, países como el Reino Unido, Holanda o Bélgica, con superficies territoriales muy inferiores a la de España, y con una arraigada tradición de defensa del medio ambiente, tienen mucho más suelo urbanizado que nuestro país. Y ciudades como Ámsterdam o Bruselas, que son referencias mundiales en materia de urbanismo, de transportes y de calidad de vida, son ciudades extensas y ajardinadas, donde predominan las viviendas unifamiliares con parcela y donde es casi imposible ver edificios residenciales de más de 4 alturas fuera del centro. El modelo de urbanismo que se practicó en España en los años 60 y 70, con moles de 15 alturas rodeadas de páramos, quizá fuera necesario entonces, como solución de urgencia frente al éxodo masivo del campo de las ciudades. Pero hoy es innecesario e incompatible con las necesidades y las aspiraciones de los madrileños a una vivienda de calidad. Es necesario un modelo de urbanismo más humano, más transparente, más ágil y menos arbitrario. Y, en este sentido, establecer un máximo de alturas elimina de raíz la posibilidad de retener suelo con fines especulativos, a la espera de que el lápiz de algún político o de algún funcionario incremente arbitrariamente el número de alturas permitido y, por tanto, los beneficios de los especuladores.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo >Castilla la Mancha > Madrid > debate limitación madrileña a 4 alturas >opinión López Gayarre > digital Castilla la Mancha
Valor añadido > - Doña Cristina Narbona, ministra de medio ambiente, y que ejerce de tal, ha dicho que lo de incluir en la ley del suelo de la Comunidad de Madrid la limitación de los nuevos desarrollos urbanísticos a un máximo de cuatro alturas es un atentado contra el medio, el ambiente y la naturaleza que ella representa. El argumento que utiliza la oronda ministra, desde luego de mejor ver que la escueta vicepresidenta, es que con sólo cuatro alturas habrá necesidad de utilizar una mayor cantidad de suelo, que, si por un suponer, se construyen torres de veinte pisos que ocuparían una quinta parte. Uno creía, hasta que doña Cristina le abrió los ojos, que si a cualquier ciudadano de a pie, de esos que han oído sólo de pasada las teorías urbanísticas de Le Corbusier, le dan a elegir entre un piso en un barrio sin limitaciones de alturas y una urbanización con un máximo de cuatro, no habría duda de donde elegiría vivir; y que si preguntamos a los políticos actuales donde preferirían vivir, y donde viven actualmente, el resultado sería muy parecido. Doña Cristina les dice a los madrileños que se vayan a vivir allá donde el respeto al medio ambiente se expresa en forma de torre de cuarenta pisos, que libera espacio a su alrededor, y los madrileños le contestan que empiece a dar ejemplo con sus compañeros de partido al frente y se mude a esas zonas de tan ejemplar urbanismo. Uno mira hacia "El Quiñón", la urbanización del "Pocero" en Seseña y no se explica como Doña Cristina no ha salido con una columna en "La Voz de la Sagra" explicando el urbanismo ejemplar que este hombre propone. Y es que, que diría Pepe, lo de Francisco Hernando "El Pocero" de acuerdo a la doctrina urbanística de Doña Cristina, sería para que la Comunidad de Madrid tomara nota. A saber: se rescata un secarral castellano del riesgo de desertización, se construye en ocho alturas y se libera suelo para una piscina comunitaria…y tantas otras aportaciones al progreso de Seseña, de Castilla La Mancha y de España con esta actuación ejemplar. Yo no sé a que está esperando está mujer para presentar al "Quiñón" y al "Pocero", como la alternativa a las cuatro alturas del urbanismo reaccionario de Esperanza Aguirre. Está perdiendo el tiempo y los votos del progreso.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > entrevista de el País al juez Baltasar Garzón
Valor añadido > - Pregunta. ¿A qué achaca la fiebre constructora de los últimos años? Respuesta. El urbanismo ha sido un sector un poco abandonado y se ha ido generando un magma que ha estallado en un momento determinado, entre otras causas, porque ha habido una supervaloración del suelo, una política de recalificaciones y una política urbanística muy depredadora y porque no se ha considerado un tema prioritario la lucha contra la corrupción, no ha estado en primera línea. Cualquier punto donde haya dinero y haya falta de control hay riesgo de corrupción. Tenga en cuenta que el sector de la construcción mueve cada año en el mundo la friolera de tres a cuatro trillones de dólares. P. ¿Hay instrumentos legales adecuados para combatir esa corrupción? ¿Qué le parecen medidas como el POTA (Plan de Ordenación del Territorio) aprobado por la Junta de Andalucía para limitar los crecimientos urbanísticos? R. Creo que los instrumentos que ya hay y los que se están desarrollando con carácter general, y otros como el POTA en Andalucía, son adecuados. Es preciso que se mantenga el equilibrio entre lo que es el desarrollo sostenido, el respeto al propio entorno y el ecosistema y a la ganancia desmesurada por parte de los dueños del suelo y del sector inmobiliario. Desde el punto de vista de la justicia social y desde la perspectiva de quienes quieren incorporarse al mercado de trabajo (los jóvenes, especialmente) no es entendible ni es ético ni moral que los precios del suelo y de la vivienda sean los que son.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -Un total de once municipios han sido seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública para poner en marcha la primera fase del Programa de Impulso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión urbanística municipal, que facilitará a los ciudadanos el acceso a los planes urbanísticos desde Internet, según informó el Ministerio de Industria.  Red.es, la entidad dependiente del Departamento dirigido por Joan Clos, encargada de resolver la convocatoria a la que se presentaron un total de 18 proyectos, destinará un presupuesto de 1,2 millones de euros a estas actuaciones piloto. Industria colaborará así a dar cumplimiento a los principios de transparencia y participación ciudadana, en el ámbito urbanístico municipal, recogidos en la Ley de Suelo, en vigor desde el 1 de julio, encaminados, entre otras cosas, a reducir los casos de corrupción inmobiliaria. Los municipios seleccionados son el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), el Ayuntamiento de Cuenca, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), el Ayuntamiento de Sevilla, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real), el Ayuntamiento de A Coruña, la Mancomunidad Sagra Alta (Toledo), la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Puertolumbreras (Murcia). Todos estos proyectos tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y se iniciarán entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Concretamente, las actuaciones, que realizarán de forma conjunta Red.es y los municipios seleccionados, consistirán en la digitalización de toda la información relativa al planeamiento urbanístico, la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la georreferenciación de los datos digitalizados y el desarrollo de aplicaciones que permitan la fácil integración de nueva información urbanística en el sistema, así como su publicación de toda la información en Internet. El programa es fruto de un convenio de colaboración firmado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Cinco días y otros
Valor añadido > -La corrupción urbanística se ha convertido en los últimos años en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según las últimas encuestas del CIS. Un informe que acaba de elaborar la Fundación Alternativas con el título Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción se hace eco de 397 municipios repartidos por todo el país en donde se han denunciado casos de presuntas irregularidades urbanísticas en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006. Se trata de irregularidades nacidas de un incumplimiento sistemático de la normativa municipal o autonómica. En el mapa que aquí se presenta se exponen todos estos casos, que afectan a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida, desde el interior hasta la costa. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid se llevan la palma. Los municipios citados sólo son los que han aparecido en los medios de comunicación, que la Fundación ha ido recopilando pacientemente. Es de prever que haya muchos más que no han salido aún a la luz pública pero que se están investigando. La tipología de irregularidades es muy variada. Va desde reclasificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables, a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pasando por actuaciones irregulares en el marco de la gestión de los proyectos de compensación. En algunos casos, las denuncias han sido objeto ya de sentencia condenatoria por los tribunales; en otros, está en trámite de comprobación administrativa o judicial. El caso más emblemático de irregularidades urbanísticas que degeneró en corrupción generalizada es el del Ayuntamiento de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso (operación Malaya), acaba de procesar a 86 personas a las que ha fijado una responsabilidad civil conjunta por daños a las arcas públicas de 5.200 millones. La recién aprobada Ley de Suelo estatal intenta acabar 'radicalmente' con este tipo de fenómenos, según se recalca desde el Ministerio de Vivienda.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Ley del suelo 8/2007
Valor añadido > -  La nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, introduce un "inaceptable" intervencionismo del Gobierno, que distorsionará la actividad del sector de la construcción y "sólo" agravará los "problemas" que padece, según critica el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En un informe sobre coyuntura económica, el IEE rechaza varias de las novedades que incluye la norma, como la elevación del porcentaje mínimo de vivienda protegida hasta el 25 por ciento o la cesión del 20 por ciento del suelo a la gestión municipal, algo que, consideran, producirá un "indeseable" aumento de los costes de la vivienda libre. Para este instituto, la nueva ley "sólo sirve para aumentar los problemas" de un sector que ha entrado en un ciclo de desaceleración y que, con una legislación así, verá "recortadas" sus posibilidades de financiación porque, entre otras cosas, las empresas no podrán hipotecar sus nuevos desarrollos de suelo para conseguir fondos. En el estudio "Seguridad jurídica y competitividad: claves de la confianza", se advierte, sin embargo, de que la actividad constructora seguirá siendo alta a pesar de la desaceleración. Aunque los precios de la vivienda y los nuevos desarrollos crezcan a menor ritmo, las familias tienen que seguir pagando sus hipotecas con unos tipos de interés más altos, lo que provoca que el consumo pierda vigor ante el reducido ahorro de las familias. Para el instituto, la desaceleración de la construcción y del consumo son dos síntomas de un cambio de ciclo en la economía española, que también asistirá a una pérdida de dinamismo en variables como el empleo y la actividad en el sector servicios.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Madrid
Valor añadido > -El Gobierno de Madrid emprenderá cuatro acciones legales contra el Estado, entre ellas la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal del Suelo y de alegaciones al mapa del ruido del aeropuerto de Barajas.>se alegará al Mapa del Ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por el Ministerio de Fomento -actualmente en fase de información publica- y se pedirá la "revisión inmediata" de la huella acústica, al considerar que se basa en datos de 2005, previos a la puesta en marcha de la T-4, que no reflejan la realidad actual . Según el vicepresidente primero, la entrada en funcionamiento de la T-4 ha hecho que en el primer semestre de este año el número de operaciones en el aeropuerto de Barajas se haya incrementado en un 12,2 % sobre el mismo periodo de 2006, lo que, subrayó, causa "un gravísimo impacto" a los vecinos de los 15 municipios próximos que ha interpuesto también alegaciones al Mapa del Ruido del Gobierno.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Jornadas Ley del suelo 8/2007 > Expansión
Valor añadido > -Las quejas suenan al unísono: la nueva legislación ha sembrado un ambiente de incertidumbre. Lourdes Ramírez, responsable de Gestión Urbanística de Sacyr Vallehermoso, destaca la inquietud que se ha generado ante la aplicación de dicha ley. “Cuando las comunidades o el propio Ministerio de Vivienda necesitan un manual para entender una ley, me preocupa, porque la ley en sí misma debería ser lo suficientemente clara”. Delfín Fernández, responsable de Urbanismo de Ernst & Young Abogados, la define como una ley “difícil de interpretar, inoportuna en el panorama actual, y que implica una inseguridad jurídica en la aplicación”.  Uno de los cambios es que, a los titulares de suelo urbanizable, se les obliga a ceder hasta el 20% de la edificabilidad media ponderada de la actuación. “A medio o largo plazo, si todos jugamos con las mismas reglas, si todos aguantamos las mismas cargas, el mercado debería ser el que determine si se compra una vivienda o no”, considera Edouard Fernández, director general de Hines. Por su parte, José María Rojí, socio de Ernst & Young Abogados, tiene la sensación de que, con esta ley, “se intentan solucionar unos problemas que son otros”.  Suelo urbano y rural > Otra de las grandes novedades incorporadas es la reducción de las tres tradicionales categorías de suelo –urbano, urbanizable y no urbanizable–, a sólo dos: urbano y rural. Ahora, el suelo se tasa en función de su realidad y no en función de las posibles expectativas urbanísticas. Luis Hierro, jefe del Departamento de Suelo de Vallehermoso, se muestra en desacuerdo con este punto, ya que “precisamente, en este momento, la propia economía debería marcar el precio del suelo”. El directivo prefería la ley derogada, “que luchaba por reducir el precio de la vivienda y del suelo mediante la liberaliación, no por la intervención”, añade. Carlos Feio, director de Expansión y Desarrollo de Grupo Pinar, critica las altas exigencias de la ley, y la define como “el principio inspirador contra el derecho de propiedad”. José Antonio Ruiz, director general de Suelo y Urbanismo de Reyal Urbis, se muestra más optimista, y ha detectado la voluntad de algunas comunidades autónomas “para sortear algunos aspectos de la ley”. Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, piensa que la situación coyuntural del mercado pesa “mucho más” que la propia ley. El problema “gravísimo” que contempla es el precio de abaratarla, y cree que, “si se quiere abaratar, el Gobierno tiene que reducir plazos e incertidumbres”. Víctor Gómez de la Cruz, director general de Ernst & Young Abogados y moderador del debate, recuerda que uno de los puntos que ha generado mayor controversia en la nueva ley es la obligación de reservar un mínimo del 30% de la edificabilidad del suelo para viviendas protegidas y limitar el precio al que se pueden vender o subastar los terrenos públicos. Ruiz considera que no se debería elevar el porcentaje de viviendas protegidas, sino “favorecer a cada persona en particular”, y considera que, aunque sea legal, no son justas “las diferencias de precio entre una vivienda libre y una protegida en una misma calle”. Por su parte, Ramírez solicita que se exija una edificación en los solares destinados a vivienda protegida. “Hay mucho suelo reservado que no se está edificando, y se debe reclamar esa promoción”, demanda.Para desincentivar la especulación, la ley establece un nuevo régimen de valoración del suelo. Una medida que, para los expertos, sólo persigue abaratar las expropiaciones. Con esta regla, Ruiz recuerda que se establece un “injustiprecio” irrisorio a los titulares del terreno que es susceptible de vulnerar la Constitución y, de hecho, contradice la doctrina jurídica del Tribunal Supremo.  El agente urbanizador > La figura del agente urbanizador, que actuará como intermediario entre la Administración y los propietarios a la hora de tramitar la urbanización de un terreno, es otra primicia de la actual ley. Los expertos destacan la virtud de esta figura. “A pesar de que creo que tiene aspectos muy positivos, considero que hay que buscar nuevas fórmulas para gestionar el suelo urbanístico”, defiende Ruiz. Hierro también está de acuerdo en una única regulación, “siempre y cuando se cumplan unos plazos establecidos”, apostilla. Los profesionales inmobiliarios subrayan que la gran pregunta es descifrar qué va a pasar ahora. “Al final, el sentido común abrirá paso, porque no contemplo la necesidad de esta ley”, comenta Hierro. Miguel recuerda que la ley nace en un momento complicado, “con unos efectos no previstos que provocan más incertidumbre todavía”. Ramírez acentúa la “situación de paralización” del promotor ante el “desconocimiento” de cómo se va a desarrollar esta ley. Ruiz define la “rigidez” en las soluciones frente a la “flexibilización” que se necesita. Lo más difícil para Feio es “prever los resultados en su aplicación, lo que la convierte en una ley inoportuna”. Por último, Rojí hace un llamamiento a la Administración pública. “Debe tener un marco legal, exigir unos plazos y reducir el intervencionismo”. Para todos, la nueva Ley del Suelo no es todo lo eficaz que debería ser.
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo > Andalucía
Valor añadido > -La Audiencia de Málaga ha ordenado la demolición de la construcción de un almacén ubicado en suelo no urbanizable en la localidad malagueña de Nerja y ha revocado la sentencia de un juzgado de lo penal que absolvió al hombre que promovió y encargó las obras. Los jueces lo condenan ahora por un delito contra la ordenación del territorio. La decisión de las demolición es una de las demandas que los fiscales medioambientales vienen reclamando a los jueces para disuadir a quienes ejecutan construcciones ilegales. El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga dictó una sentencia absolutoria por entender que el acusado "se limitó a encargar y financiar la construcción" del almacén "sin que por ello pueda considerarse promotor". No obstante, sí le condenó a seis meses de prisión por desobedecer la orden de paralización del Ayuntamiento nerjeño. La Fiscalía recurrió esa resolución, al estimar que "cualquier ciudadano" puede ser promotor y por tanto autor de ese delito. Además, en la vista del recurso, se insistió en que, aunque se le absuelve, se declara probado que "ejecutó y promovió" las obras; y se resaltó que el arquitecto municipal indicó que aún cuando en el avance del plan el suelo fuera urbanizable "la construcción no sería legalizable". Ahora, la Sección Segunda revoca la resolución inicial ya que considera que la acción llevada a cabo por el procesado "es constitutiva" de un delito contra la ordenación del territorio. Por tanto, lo condena a seis meses de prisión, a una multa de 2.160 euros e inhabilitación para la actividad de promotor por seis meses. Asimismo, acuerda la demolición de lo construido "a costa del condenado", debido, especialmente, "al impacto visual que tal construcción produce". "Entendemos que no se satisfaría la realización de la justicia en este caso sin dicha medida", señala el tribunal. Los hechos sucedieron en 2002, cuando el procesado encargó la construcción de una nave industrial de 200 metros cuadrados "sin licencia municipal" y en terreno no urbanizable.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Opiniones J. M. Atencia > el País
Valor añadido > -Entre el caso de un político que recibe y acepta un jamón de una constructora con intereses en su municipio, por un lado, y el escándalo de un alcalde que duplica su fortuna junto a un empresario gracias a una recalificación amañada, por otro, podría parecer que hay una diferencia abismal. Pero si uno se fija bien, sólo se trata de una etapa distante en el camino de la corrupción. Hasta hace algún tiempo, lo primero se había banalizado e incluso normalizado, mientras lo segundo era censurable. Desde hace poco, lo segundo corre el riesgo de acabar de la misma forma. Los resultados de las pasadas elecciones demostraron una escasa exigencia ética de muchos ciudadanos hacia sus regidores, redoblando los votos hacia personas imputadas o bajo sospecha.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > Cinco Días
Valor añadido > -Ballester Inmobiliaria recurrirá hasta la última instancia judicial posible la decisión del Consejo de Ministros de expropiar el suelo sobre el que construye dos torres en la zona conocida como Punta Llisera, en Benidorm. La promotora propiedad de Andrés Ballester, considera 'arbitraria' la decisión del Gobierno de declarar de utilidad pública esta parcela, paso previo para su incorporación al dominio público marítimo terrestre. El caso de Gemelos 28, nombre con el que se conoce la promoción de Ballester, es complejo. Sobre la parcela que se están construyendo las estructuras existía previamente un edificio que estaba a medio metro del agua. Pese a ello, no era una construcción ilegal, ya que se construyó en los años 70 sobre una parcela incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, que tenía como peculiaridad, al margen de ser el primero que se hizo en España, el hecho de que todo el suelo municipal era urbanizable.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Andalucía 24h y locales
Valor añadido > -El abogado urbanista y ex vocal de Urbanismo de la Gestora de Marbella, Rafael Duarte, dijo que para la "normalización" de la ciudad costasoleña, "es necesario, como criterio general, la regularización de las edificaciones ilegales y su integración en el modelo de ciudad", como refleja el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al tiempo que abogó por una "compensación" en la que "los que han promovido esas ilegalidades entreguen a la ciudad lo que tenían que haber entregado si hubieran hecho las cosas bien".  Duarte, que participa en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga, consideró que la forma en que este nuevo documento aborda la normalización urbanística es "la única manera posible" y que la ciudad "no admitiría cualquier otra solución", ya que indicó que "hay que tener en cuenta los problemas sociales que hay detrás de las ilegalidades, los desalojos masivos y las demoliciones masivas".  Asimismo, sostuvo que la ciudad "no admitiría" otras directrices, debido a que, "desde el punto de vista económico, de su relanzamiento como destino turístico y de la mejora de la calidad, se volcaría a Marbella en una crisis económica sin plazo". De igual modo, subrayó que el nuevo de Gobierno en el Consistorio "es positivo porque se normaliza también institucionalmente" e incidió en que "lo que el Ayuntamiento tiene que hacer es aprobar el nuevo documento de manera inmediata y sacarlo a exposición publica".  En ese sentido, expuso que es un documento "de discusión que, ante todo, tienen que ver los operadores y, sobre todo, los ciudadanos, que son los que han sufrido esta debacle". "A partir de ahí --explicó-- hay que sacar un texto mas elaborado que termine de consensuar las opiniones generales con el documento de aprobación provisional y ese será ya el definitivo, es decir, la propuesta de Marbella, urbanísticamente hablando, para el futuro", aseveró.  Por otro lado y, en declaraciones a los periodistas, el ex vocal de Urbanismo de la Gestora de Marbella situó la cifra de viviendas que serán objeto de demolición "en torno a unas 700 u 800", aunque calificó el dato como "de una trascendencia sobre todo mediática" porque ésas son "las que se descalzan absolutamente del nuevo Plan General, ya que están hechas en lugares considerados insustituibles".  Aún así, concretó que el plan tiene previsiones para otros inmuebles en los que "si los promotores en el plazo de exposición publica del texto no se ponen de acuerdo con el Ayuntamiento, se podría determinar también su demolición", citando como ejemplo la situación con la promoción de viviendas construidas en el Hotel Senator, "que están privadas de lógica".  De otra parte, señaló que hay "otro elemento que altera" el futuro de la ciudad, tal y como lo define el Plan, "como son las sentencias judiciales", ya que recordó que "hay mas de 400 contenciosos administrativos abiertos y, siempre que hay una sentencia sobre una licencia, el control de la ejecución lo lleva el juez". "Es decir, que por mucho que un plan general regularice una situación determinada, si alguien está afectado por esa sentencia y quiere que se ejecute, puede darse el supuesto de que se ejecute en contra de lo que diga el texto", señaló.  A continuación, calificó la situación que se encontró la Gestora cuando llego a Marbella, como "una deriva institucional hacia la ilegalidad absoluta y un alejamiento de las reglas del Estado de Derecho, de manera abierta y sin ningún tipo de simulación".  Para finalizar, Duarte consideró que, "en esa deriva no sólo estaban los responsables públicos sino que estaba muy ramificado y tenían personal en el poder judicial, los ámbitos políticos, los registros y los notariados, entre otros". "Es decir, una coincidencia de intereses propia del comportamiento mafioso", remachó.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > el País y locales
Valor añadido > -La Guardia Civil ha detenido a nueve personas más dentro de la operación Obra Nueva, que persigue una trama dedicada a la certificación de documentos falsos de construcción para evitar la demolición de casas ilegales en la localidad gaditana de Chiclana. Los últimos arrestados son todos propietarios de viviendas irregulares a los que se les imputa haber estafado a entidades bancarias por solicitar hipotecas con estos certificados falsos o delitos de falsedad documentos al solicitar declaración de obra nueva con documentos de antigüedad también modificados irregularmente. Con estas detenciones, son ya 24 los implicados en esta operación contra la especulación urbanística en Chiclana.  Hasta ayer habían trascendido los arrestos de tasadores, abogados, agentes inmobiliarios, aparejadores y arquitectos que habían participado en esta trama para falsificar certificados de obras de nueva construcción. En esos documentos se manipulaba la fecha en la que se habían levantado las viviendas para que aparecieran más antiguas de lo que realmente eran.  De esta forma, al aparecer con una antigüedad superior a los cuatro años, el delito urbanístico había prescrito y esos terrenos se convertían en legalizables con lo que se conseguía al mismo tiempo su revalorización. Junto a los profesionales que habían participado activamente en la falsificación de documentos públicos, los agentes del Instituto Armado investigaban también el papel de los propietarios de esas viviendas ilegales para comprobar si habían sido víctimas del engaño o cómplices en todo el operativo delictivo.
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NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > País y otros
Valor añadido > -El Tribunal Supremo dictó el 3 de julio de 2007 una sentencia en la que obliga a todas las administraciones competentes a "justificar la reclasificación de terrenos no urbanizables protegidos". El alto tribunal, además, considera poco justificada la desclasificación por el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid de 23 zonas para hacer nuevos barrios y que estaban calificadas como no urbanizables protegidas. Sin embargo, sí observa como bueno el procedimiento de los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y Camino de los Caleros. La sentencia sienta jurisprudencia porque a partir de ahora las administraciones serán las responsables de justificar de forma adecuada la reclasificación de terrenos calificados como suelos no urbanizables protegidos. El litigio comienza en 1997 cuando la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid aprobaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la región. Ambas administraciones desclasificaron 28 zonas protegidas para levantar nuevos barrios. Es el caso de los nuevos PAU de la capital (Valdecarros, la Atalayuela, los Ahijones...)
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -El Congreso aprobó, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución promovida por el grupo parlamentario de IU-ICV en la que se insta al Gobierno a liderar un pacto de Estado contra la corrupción urbanística. La iniciativa aprobada incluye un amplio paquete de medidas, como endurecer las penas para los delitos relacionados con la corrupción, la transparencia de los procedimientos urbanísticos o la aprobación de un Código Ético.  En primer lugar, en la moción aprobada se emplaza al Ejecutivo a traer con la mayor urgencia al Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de dinero y otros delitos relacionados con la corrupción urbanística. También le exige un proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera y otro proyecto que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieran relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras.  En particular, pide que se regule la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo. Además, exige al Gobierno que desarrolle con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales. En la iniciativa también se insta al Gobierno a que aumente y mejore los recursos humanos y materiales de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, así como que se refuerce la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal e intensificando la investigación y persecución de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > País y locales
Valor añadido > -Los grandes ayuntamientos andaluces (los de más de 100.000 habitantes) no usan el suelo incluido en el patrimonio municipal para lo que dice la ley. Según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los recursos de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), los municipios sólo destinaron un 27% a la construcción de vivienda pública y otro 21% para fines distintos de los previstos en la legislación urbanística. El 52% de los suelos se destinaron a usos que siempre requieren resolución "motivada" de la Administración que los justifique, sostiene el informe. El documento está elaborado antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), conocida como Ley del Suelo. Fiscaliza a los 11 ayuntamientos andaluces con más de 100.000 habitantes (Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla) y a los cinco municipios de más de 20.000 con mayor crecimiento de población en el periodo 2000-2004 (Benalmádena, Níjar, Rincón de la Victoria, Roquetas de Mar y Torremolinos). Marbella, pese a tener más de 100.000 habitantes, no está incluida al estar en el momento del informe en proceso de disolución. El Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) es independiente y separado a todos los efectos del resto del patrimonio que tengan los ayuntamientos. Según el informe, en el ejercicio de 2004 sólo tenían constituido formalmente el PMS los ayuntamientos de Benalmádena, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Roquetas de Mar y Sevilla. Aunque muchos tienen ya un inventario, se dan casos en los no todos los terrenos y parcelas están tasados y, por lo tanto, es imposible conocer su valor, así como que han incluido bienes que no se encuadran dentro del PMS. En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas recuerda a las corporaciones locales que no pueden financiar inversiones generales del municipio con los ingresos y recursos obtenidos por la gestión del patrimonio municipal, y que únicamente se deben destinar "a los fines establecidos" en La Ley del Suelo. Ésta establece que los recursos e ingresos se deben destinar a la adquisición de suelo para vivienda protegida (VPO); a la conservación, mejora, ampliación y urbanización y gestión urbanística de los propios bienes del patrimonio municipal de suelo; a promoción de VPO y a ejecución de actuaciones públicas o fomento de actuaciones privadas, entre otras.  En este sentido, el informe advierte que, por ejemplo, Jerez de la Frontera ha financiado retribuciones del personal, mantenimientos, publicidad y propaganda, asesoramientos técnicos o intereses de demora con recursos obtenidos del PMS. La utilización los ayuntamientos fiscalizados del patrimonio de suelo "no satisface" las finalidades previstas en la legislación durante el ejercicio de 2004, ya que sólo el 27% de los terrenos se han empleado en la construcción de VPO. El 52% se dedicó a otros usos que siempre requieren resolución motivada de la administración que los justifique y que el 21% restante a fines distintos de los previstos en la legislación urbanística, que "difícilmente son subsumibles en las finalidades anteriormente reseñadas", indica el informe.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Ley del suelo > ABC
Valor añadido > -La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valladolid (Aspriva) y la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción, Promoción Inmobiliaria y Afines (Aveco) mostraron ayer su convencimiento de que la nueva Ley de Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, nace con «cierto ánimo de fracaso» ya que llega tarde y con una motivación «política e intervencionista» pensada más para otras comunidades autónomas. De este modo se pronunciaron los secretarios generales de ambas asociaciones, Eleuterio Gordaliza y Benjamín Hernantes del Val, respectivamente, durante la presentación de una jornada sobre la nueva Ley de Suelo que tendrá lugar el próximo 28 de junio en Valladolid con la colaboración de Caja España. Eleuterio Gordaliza advirtió de que la nueva ley establece un nuevo régimen de valoraciones basado en un «método de capitalización de rentas» basado en la productividad de ese suelo rústico, «que es absurdo y va a provocar una cascada de recursos contenciosos-administrativos contra la Ley». Así, explicó que este agente se va a incorporar al desarrollo del suelo tomando la iniciativa de convertir un suelo rústico en urbanizable y urbano.
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NOTICIA > -Urbanismo > ¿demoliciones? > el Mundo
Valor añadido > -Más de 100.000 construcciones sin licencia o carentes de permiso podrían ser demolidas. Es el dato que se ha venido comentando en los últimos meses dentro del sector. Esta misma semana el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, mostraba su asombro al ser preguntado por el tema: «Desconozco que exista tal amenaza de demolición. No sé de dónde sale la cifra». El responsable admite que «ha habido algún caso puntual, por ejemplo, en Gerona», pero desmiente que ésta vaya a ser una medida generalizada. ¿Qué va a pasar entonces con todas esas edificaciones presuntamente ilegales? «Si es ilegal, es ilegal», recalca Vercher a la vez que reconoce que el «proceso lleva tiempo». Tradicionalmente, argumenta, «en España no se ha demolido» y asume el problema: «Tanto jueces como fiscales no estamos familiarizados con esta opción; hasta ahora, cuando se planteaba una demolición, pues salíamos por donde podíamos». En su opinión, las cosas han cambiado porque el urbanismo «ha comenzado a constituir un problema para la convivencia y para la paz pública». Ante esto, «hay que plantearse que si a través de los instrumentos tradicionales el problema no se resuelve, se tendría que recurrir a otro tipo de jurisprudencia». Así las cosas, Vercher anuncia que la «única» medida tomada desde la Fiscalía que él dirige ha sido la de enviar a las distintas delegaciones autonómicas una circular con el fin de que «los jueces puedan decretar la demolición». Lo que se pretende, subraya, «es dar elementos para que desde el punto de vista penal los fiscales insten y la cosa vaya más rápida, pero no hay que olvidar que es una materia totalmente nueva y a estas cosas les cuesta un tanto arrancar». A modo de justificación, recuerda que «el primer artículo sobre medio ambiente en España tardó siete años en aplicarse». El fiscal reitera que la normativa administrativa dice que «la demolición no es una pena ni una medida represiva, es meramente un instrumento para restablecer el orden jurídico alterado».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > ley del suelo
Valor añadido > -ASAJA alerta de las posibles repercusiones de la nueva ley del suelo sobre las actuales expropiaciones La nueva valoración del suelo rústico recogida en la Ley que entra en vigor el 1 de julio podría afectar a los propietarios de dichos terrenos > Ante la entrada en vigor el próximo 1 de julio de la nueva Ley del Suelo, ASAJA alerta de los posibles cambios y repercusiones sobre los terrenos que están siendo expropiados por la Administración en estos momentos, ya que uno de los aspectos a tener en consideración por parte de los expropiados es la nueva valoración del suelo rústico que recoge la norma. ASAJA recuerda que la nueva Ley del Suelo establece un  nuevo sistema de valoración, por capitalización de renta, por lo que precio del suelo rural será bastante menor que el valor real, ya que por ejemplo rondará los 12 euros/m2 para tierras de cultivos hortícolas, según cálculos realizados por ASAJA, mientras que el valor real ronda los 36 euros/m2, lo que sin duda perjudica a estos propietarios. >ASAJA considera que esta nueva Ley, y en concreto su artículo 22, es totalmente injusta y atenta contra la propia naturaleza jurídica de la expropiación que persigue que el expropiado, con el importe del justiprecio, pueda adquirir un bien de idénticas características al que pierde, por lo que estos propietarios se pueden encontrar a partir del 1 de julio con que con el dinero recibido no puedan adquirir dicho bien de sustitución. >Según informaciones a las que hemos tenido acceso, en este momento se estarían llevando a cabo expropiaciones de terrenos rústicos en la provincia de Almería debido a obras y construcciones realizadas por la Administración, situación ante la que los propietarios podrían no verse compensados debidamente, por lo que ASAJA recomienda a los agricultores que permanezcan atentos a estas acciones y que consulten cualquier duda con los servicios jurídicos de esta asociación.
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NOTICIA > -Andalucía > Marbella > el País y locales
Valor añadido > -El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció que la Junta devolverá las competencias urbanísticas que la Administración autonómica rescató por el "caos" de esta localidad a partir del 16 de junio, una vez que se constituyan los ayuntamientos. Además remitirá a la nueva corporación, que presidirá la popular Ángeles Muñoz, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en manos de la Junta hace una semana. La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, presentará el documento, y "sin tocarlo", precisó Zarrías, lo trasladará al Ayuntamiento.normalidad institucional en Marbella y devolverá a este Ayuntamiento las competencias urbanísticas después del 16 de junio, fecha en la que se constituirá la nueva Corporación Municipal que presidirá Ángeles Muñoz, del Partido Popular. Así lo comunica Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, quien enfatiza la disposición del Ejecutivo andaluz a trabajar junto al Consistorio marbellí para recuperar el tiempo perdido, en alusión al periodo 1991-2003, en el que en esta ciudad gobernó el GIL -o grupos escindidos de la formación que fundó Jesús Gil y Gil- y que supuso un notorio enfrentamiento entre ambas administraciones
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > Expansión
Valor añadido > -Especial Inmobiliario. La gestión de Bañuelos siembra dudas sobre la figura del agente urbanizador
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Editorial de el País
Valor añadido > -Un informe del Observatorio de Sostenibilidad calcula que en 2005 el 30% de los dos primeros kilómetros de costa en el litoral mediterráneo estaban construidos -en 2000 el porcentaje era del 26%- y es de temer que hoy ese porcentaje sea mayor. ¿Cómo se frena este disparate especulativo? Las soluciones no se acaban en la bienintencionada Ley del Suelo que acaba de promover el Gobierno. Es necesario, además, coordinar la urbanización del territorio con criterios más restrictivos que los que usan ayuntamientos y comunidades autónomas. Es urgente instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando el papel de los secretarios municipales, quizá convirtiéndolos en interventores del Estado. Es obligado construir una fiscalía especial que disponga de medios holgados para instruir la persecución de los delitos. Por descontado, hay que revisar las fuentes de financiación municipal, porque el sistema actual atrae las comisiones delictivas y al cohecho como el imán a las virutas de hierro; y derribar una por una las construcciones que no cumplan las leyes.
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -Asaja solicitará ante el Defensor del Pueblo que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra el articulo 22 de la Ley del Suelo, a la que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde recientemente.Según la organización agraria, el citado articulo de la Ley que entrará en vigor el 1 de julio hará disminuir el valor del justiprecio del suelo rural expropiado, lo que es absolutamente perjudicial para los agricultores, que verán tasado su suelo en función de la rentabilidad de la explotación, y sin tener en cuenta en ningún momento que ese precio sea inferior al de las fincas colindantes e incluso menor del precio al que se adquirió. En un comunicado emitido a los medios, Asaja calcula que el valor del justiprecio está entre los tres y seis euros por metro cuadrado, algo que califica de irrisorio y que roza la confiscatoriedad. Para Asaja, el nuevo sistema de valoración es tremendamente injusto que atenta contra la libertad del mercado.
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NOTICIA > -Cantabria > varios
Valor añadido > -El TSJC sentenció que el plan parcial, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en contra del criterio de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), infringe la Ley del Suelo debido a su grave impacto paisajístico, que la propia Sala describió como "una dentellada al monte". El Gobierno de Cantabria ya había tratado de detener las obras en dos ocasiones, pero sin éxito: lo hizo hace dos años, antes de que el Tribunal se pronunciara sobre la legalidad del plan parcial, y lo había intentado de nuevo en las últimas semanas, pidiendo a los Juzgados que tramitan los recursos contra las licencias que tuvieran en cuenta la sentencia que declara ilegal la urbanización. Sin embargo, en 2005 el TSJC no atendió su petición porque el Ayuntamiento de Piélagos tenía a su favor la estimación favorable que había aprobado la Consejería de Medio Ambiente y, ahora, los Juzgados de Contencioso se negaban a aprobar su solicitud por una cuestión formal: en los pleitos contra las licencias el demandante no es el Gobierno, sino la asociación ecologista ARCA. El TSJC accede ahora a paralizar las obras de construcción de las 395 viviendas que promovía Fadesa en el Alto del Cuco apoyándose en su propia sentencia sobre la ilegalidad del plan parcial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC asegura, de hecho, que su decisión pretende evitar daños mayores al medio ambiente y a los ciudadanos que han comprado una vivienda en esa urbanización, cuyo nombre comercial es "Residencial Costa Verde". La presidenta de la Sala, María Teresa Marijuán, ponente del auto de medidas cautelares, razona respecto al daño al medio ambiente que "la continuación de las obras de edificación no haría sino agravar el deterioro ya producido, que pude devenir incluso en irreversible si aquellas se siguen ejecutando durante la tramitación de presente proceso, cuya dilación en el tiempo es más que probable". En la sentencia por la que declaró ilegal el plan parcial, el TSJC señaló que para "incrustar" en el monte las viviendas previstas en la urbanización, Fadesa había retirado 600.000 metros cúbicos de tierra y rocas y había abierto taludes de hasta 17 metros. La Sala también tiene en cuenta a los compradores de esos apartamentos y chalés, "terceros de buena fe que no han sido parte en este proceso ni tampoco en el recurso 453/04 (el recurso de la asociación ecologista ARCA que determinó la nulidad del plan parcial), pero que resultan ser los directamente afectados". El TSJC sostiene que si permitiera la continuación de las obras, la situación de los compradores "sería incluso mucho más gravosa (...), perpetuándose en el tiempo la inseguridad jurídica en torno a la situación de legalidad o ilegalidad de aquellas".
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía
Valor añadido > -La Fiscalía especial andaluza para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo pidió este lunes la creación de Unidades Adscritas formadas por expertos para colaborar en la investigación de las denuncias, que en 2006 se duplicaron en asuntos de Medio Ambiente y se triplicaron en Urbanismo. El fiscal coordinador andaluz, Luis Carlos Rodríguez, presentó en rueda de prensa su Memoria Anual, en la que recoge que los delitos en materia de Medio Ambiente en toda Andalucía pasaron de los 224 investigados en 2005 a 425 en 2006, y los de Urbanismo de 348 en 2005 a 925 en 2006. El tercer pilar de esta Fiscalía especial, los delitos contra el Patrimonio Histórico, pasaron de 35 en 2005 a 40 en 2006, aunque en ese año se incluyó la llamada Operación Thertis contra el expolio arqueológico, que investiga un juzgado de Marchena (Sevilla) y que, con sus 300.000 piezas intervenidas, ha sido la mayor operación de este tipo desarrollada en España y en Europa, según Rodríguez León. El fiscal coordinador andaluz dijo que la creación de Unidades Adscritas es una necesidad "evidente e irrenunciable" para el trabajo de estos fiscales, que contarían así con equipos especializados integrados por expertos en Urbanismo, Medio Ambiente, Toxicología y Patrimonio, junto a policías y representantes del SEPRONA de la Guardia Civil. Esta Fiscalía especial comenzó en funcionar en 2003 y el aumento de los asuntos encomendados "son un claro exponente de la confianza que han generado y la eficacia de su intervención", según Rodríguez León. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dijo en la presentación de la Memoria que, en el caso de esta provincia, los fiscales de Urbanismo y Medio Ambiente han sufrido un incremento de carga de trabajo del 110 por ciento en el último año y en la actualidad son responsables del 60 por ciento de las diligencias de investigación de la Fiscalía sevillana. El fiscal especial destacó entre los casos de 2006 la Operación Malaya en Marbella y el caso de la provincia de Sevilla, donde "todas las grandes urbanizaciones ilegales están siendo investigadas". A su juicio, el hecho de que muchos alcaldes o concejales estén imputados en las diligencias abiertas refleja "una falta de medios en localidades pequeñas pero también una cierta pasividad" porque "las corporaciones tratan con vecinos a los que ven todos los días y es humanamente más difícil la persecución de esos delitos". Entre los asuntos más destacados de 2006, Rodríguez León subrayó el derribo del hotel El Algarrobico de Almería y la lucha contra los expolios de buques hundidos en la provincia de Cádiz.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > nueva Ley del Suelo > Cinco Días, País y el periódico
Valor añadido > -De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, se incrementa la participación de la comunidad en las plusvalías que genera el proceso urbanizador. Con esta nueva redacción se refiere a la cesión de suelo a los ayuntamientos a la que están obligados los promotores. Se establece con carácter general un porcentaje mínimo del 5% y un máximo del 15%. Hasta ahora la horquilla, que debían establecer las comunidades autónomas, oscilaba entre el 0% y el 10%. Otro instrumento que nace con vocación de incrementar la superficie de terreno destinada a VPO es la obligación de constituir patrimonios públicos de suelo separado e integrado por aquellas parcelas de uso social. Es más, la ley prohíbe la subasta o venta de terrenos públicos para VPO por encima del valor máximo de repercusión que tienen los suelos para ese tipo de construcciones. Por último, amplía la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo, ya que los planes y convenios deberán someterse a información pública antes de su aprobación. Los concejales y demás directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y verán limitada su actividad dos años después de abandonar sus responsabilidades públicas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > nueva Ley del Suelo > País y el periódico
Valor añadido > -se establece una nueva valoración del suelo, de forma que su valor no estará en función de las expectativas, sino de su uso real inicial. Esta medida es calificada de "expolio" por la Asociación de Promotores Constructores, ya que permite la expropiación de suelo a un precio sensiblemente inferior al que han pagado las empresas con vistas a posteriores recalificaciones. Aunque al PP le parecen del todo insuficientes las medidas contra la especulación, se introducen novedades de control. Así, será obligatoria la revisión de planeamiento global del municipio o territorio cuando por sí mismas y a lo largo de dos años las actuaciones propuestas supongan el incremento de un 20% de la población o de la superficie de suelo en el ámbito correspondiente. Abaratar las expropiacionesPero para la portavoz autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría y el diputado ponente por este partido, Pablo Matos, con esta ley no se acaba ni con la corrupción ni con la especulación, ya que sólo se trata de "abaratar las expropiaciones" y acabar con el concepto de justiprecio.Pero en el resto de los grupos de la Cámara la satisfacción moderada fue la actitud dominante, Así lo manifestó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, que reconoció los avances, aunque su grupo insistirá en todo un paquete de medidas que, a su juicio, redondearían más la ley.Incluso el PP, aunque mantiene un rechazo "frontal y total" a la ley, sí votó a favor de algunas enmiendas, como las relativas a la protección de los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000. Los grupos nacionalistas han ido aminorando las críticas a la ley, según se producía el reconocimiento de las competencias a las comunidades autónomas, en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.
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NOTICIA > -Turismo > Urbanismo > Galicia > ABC y otros
Valor añadido > -Sólo once municipios gallegos, ninguno de ellos en la costa, ha adaptado sus planeamientos urbanísticos a la Ley del Suelo aprobada en 2002. Ésta es una de las negativas conclusiones que arroja un informe del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), que pone el dedo en la llaga al alertar de que el 75% del litoral gallego padece una «construcción masiva» -comparable a la de la Costa del Sol- y que el futuro es «terrorífico» si no se reacciona a tiempo, denunció Alberto Unsain, presidente del órgano.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -El Partido Popular estaría estudiando la posibilidad de proponer al Gobierno reformar la Constitución para que las competencias de suelo pasen de las comunidades autónomas, tal y como establece en la actualidad la Carta Magna, a la Administración Central, según señaló el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete. En una entrevista concedida a Servimedia, Arias Cañete afirmó que el cambio de competencias de la vivienda es un tema que habrá que plantear para que las políticas de suelo se puedan reorientar. 'La vivienda es un sector clave de la economía española, que hay que cuidar para que no se encarezca el suelo', por lo que consideró que la mejor fórmula es liberalizar el suelo, 'ir a una política mucho más flexible en materia urbanística'. A su juicio, una de las razones del encarecimiento de la vivienda es que el suelo se utiliza como elemento de financiación de los ayuntamientos. 'Hay que solventar el problema de la financiación local y simultáneamente resolver los problemas de suelo', sostuvo Arias Cañete. 'Lo que no tienen sentido es que el país con la menor densidad de población de Europa sea donde más caro es el suelo', apuntó. El dirigente del Partido Popular también abogó durante la entrevista por modificar la edad de jubilación y el periodo de cálculo de las pensiones, para garantizar la sostenibilidad del sistema. A su juicio, prolongar la vida activa permitiría menos tensiones en los costos de la Seguridad Social, de tal manera que el que quiera, se podrá jubilar a una edad determinada, y apostó porque la prórroga de la edad de jubilación con carácter voluntario tiene que ser una constante abierta a toda la sociedad española', aseveró.
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo > reforma del Código Penal
Valor añadido > -Trujillo hizo público que la futura reforma del Código Penal de 1995, que según dijo se encuentra en el trámite de presentación de enmiendas, endurecerá las penas por delitos urbanísticos y de medio ambiente. María Antonia Trujillo precisó que en esta reforma se van a incluir los delitos contra el urbanismo y contra el Medio Ambiente y se van a incrementar las penas pecuniarias y van a agravar las privativas de libertad. La ministra hizo este anuncio al ser preguntada en una rueda de prensa por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula una recalificación de terrenos de la empresa Ebro en Valladolid y señala que el alcalde vallisoletano, Javier León de la Riva (PP), debió abstenerse en el procedimiento por ser consejero de la compañía agroalimentaria.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Cataluña
Valor añadido > -Según el País, el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), gobernado por el PSC, trasladó ayer al Ministerio Fiscal el expediente disciplinario que abrió hace dos meses a su arquitecto municipal, Ferran Saló, por una posible conducta irregular en una operación urbanística. El expediente concluye que Saló, en sus tareas en el Ayuntamiento, elaboró informes técnicos de diversos proyectos en los que participaban empresas en las que también trabajaba en el ámbito privado. Según el informe, se podría haber perjudicado los intereses municipales debido a que el arquitecto habría actuado sin velar plenamente por los intereses de la administración local, con la consecuencia de una pérdida de patrimonio. El consistorio actuó tras la recomendación de la Diputación de Barcelona, organismo que tramitó el expediente, que comunicó al alcalde de Olesa, Joan Rota, que observaba "indicios de delito penal" en la actuación del técnico municipal. El arquitecto municipal, con más de 10 años ejerciendo en el Ayuntamiento, se encuentra suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo. El técnico despertó las sospechas hace dos meses, cuando el grupo municipal del Bloc Olesà, en la oposición, presentó una documentación que demostraba la relación profesional entre Saló y un promotor inmobiliario del sector de Cal Candi, que se encuentra en proceso de reparcelación. Posteriormente, el informe de la Diputación desveló que esta coincidencia se dio en otras operaciones. La ley determina el deber de abstención por parte del trabajador municipal, y el arquitecto no se abstuvo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > ABC y varios
Valor añadido > -La Fiscalía Anticorrupción aumentó el pasado años en un 40,15 por ciento el número de causas judiciales en trámite en las que participa debido, entre otros factores, al aumento de investigaciones en el ámbito de la corrupción urbanística, según indica la memoria del organismo. «Se ha abierto un campo operativo que todavía tiene que ser investigado mucho», indica la memoria de la Fiscalía, que interviene en 178 casos judiciales y tramita 23 diligencias de investigación y otras doce diligencias informativas. A su juicio, la coordinación de jueces y fiscales, Agencia Tributaria y Policía Judicial, además de los servicios antiblanqueo (Sepblac) y la «profundidad del trabajo realizado» han motivado que «se dé la importancia que tiene» a la corrupción urbanística y «no se contemple como una materia cuasi contencioso-administrativa».Según informa Efe, entre los casos abiertos en 2006, Anticorrupción destacó los abiertos en Marbella contra su ex alcalde Julián Muñoz, por prevaricación y fraude; los iniciados en Santa Cruz de Tenerife, ligados al Parque Marítimo Anaga o la denominada «Playa de las Teresitas», contra el edil de la capital tinerfeña; o los instruidos en Valdemoro, contra el ex alcalde de Ciempozuelos, y en Palma de Mallorca, por el caso Andratx. Todo ello confirma, según la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, «la aparición pública y reiterada de prácticas administrativas impropias en el área urbanística» de las que «muchas tienen connotaciones de corrupción por parte de autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Reforma Ley del Suelo Estatal
Valor añadido > -Principios Fundamentales según nota de presentación > Transparencia: que se manifiesta sobre todo por la obligatoriedad de que los Planes Urbanísticos sean sometidos obligatoriamente a periodos de información públicos y dispongan de un resumen ejecutivo, para que los ciudadanos valoren qué se quiere hacer y cómo les va a afectar.  Derechos ciudadanos: el ciudadano tiene derecho a opinar. El Proyecto de Ley recoge reglas concretas para hacer efectivos que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Controles de legalidad: las Administraciones no podrán vender o subastar terrenos de su patrimonio destinados a viviendas protegidas por encima del valor máximo de repercusión para ése uso.Criterios básicos de ocupación del suelo: podrá transformarse el suelo que sea necesario e idóneo, pero se valorarán para su posible protección los valores ecológicos y paisajísticos en el suelo rural. Sostenibilidad de los desarrollos urbanísticos en materia ambiental y económica. Un porcentaje mínimo del 30% , reservado para la vivienda protegida. Además de medidas anticorrupción y contra la especulación, entre las que destaca la obligación de que los convenios urbanísticos y las permutas, además de la información pública obligatoria, tendrán que aprobarse por el Pleno municipal.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -Según el País, el Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante.  Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico. En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones. Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo
Valor añadido > -El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, apuntó hoy la necesidad de reducir el precio del suelo para poder hacer viviendas "económicas y más asequible".
Durante su participación en las jornadas "La gestión del suelo: Vivienda y desarrollo sostenible" que organiza MCA-UGT en Cáceres, Lazcano explicó que, para "promotores y constructores de vivienda, el suelo es su materia prima y han de adquirirlo para poder seguir en la actividad económica". Según el presidente de la CNC, la reducción del precio del suelo "sólo se puede conseguir con el incremento de la oferta a través de una regulación adecuada de su régimen, pero también de los sistemas de actuación de la gestión urbanística". Además, Lazcano pidió que "se agilicen los trámites" para que "la burocracia no se dilate en el tiempo porque se encarece sobremanera el precio de la vivienda". Por otra parte, el presidente de la patronal de la construcción se mostró a favor en la participación del sector privado en la gestión del suelo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate el  informe con las conclusiones de la visita que realizaron dos de sus miembros el mes pasado a la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Almería para analizar sobre el terreno los efectos del urbanismo. En términos generales, el texto detecta abusos generalizados en España y advierte de la codicia de promotores y autoridades municipales y del peligro para los propietarios. El presidente de la comisión parlamentaria, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, redactaron el documento después de visitar entre el 27 de febrero y el 3 de marzo Almería, localidades de la sierra de Madrid y más de una decena de municipios de la Comunidad Valenciana. El debate debería haberse celebrado el día en que el informe fue difundido, el pasado 27 de marzo, pero no fue posible debido a que entonces no estaba disponible  más que en su versión inglesa, según hizo constar en la comisión de Peticiones el eurodiputado del PP Luis Herrero. El informe afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos". Puntualiza, no obstante, que "ayuntamientos y gobiernos regionales responden en varios grados, desde un compromiso leal con su comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes de los urbanizadores". Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas "leyes regionales". En la Comunidad de Madrid, la visita de Cashman y Libicki se centró en Galapagar y Torrelodones, donde el informe señala con preocupación sobre el desarrollos en localidades vecinas como El Escorial "el tamaño de los programas y su impacto en los alrededores naturales, en las aves en peligro, la falta de un tratamiento de agua apropiado y los efectos sobre el tejido social" de la región. En Almería, el informe relata que sus autoridades provinciales "admitieron y reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales". La visita a la Comunidad Valenciana fue la que pasó por más municipios y la más insatisfactoria en relación a la actitud de sus autoridades, según se desprende del informe, que apunta a que se trata de la tercera visita a la región, donde "las autoridades no han cumplido los compromisos que dieron a previas delegaciones".
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo
Valor añadido > - Los casos de corrupción inmobiliaria se multiplicarán en las semanas previas a los comicios autonómicos y locales de mayo, cuando la "oleada de corrupción" alcance su "momento cumbre" por el uso político que las diferentes fuerzas podrían hacer de estas cuestiones, según el consejero delegado de Roan, José Luis Marcos.  En un artículo incluido en el informe "Valoraciones 2006. Tendencias 2007" de la asesoría inmobiliaria, Marcos sostiene que la corrupción será uno de los escenarios de enfrentamiento dentro de la campaña electoral, de forma que, el sector promotor "va a pasar un injusto vía crucis", ya que los casos de corrupción son en realidad "minoritarios". "La catarsis va a ser de aúpa, van a pagar justos por pecadores", añade. El consejero delegado de Roan insta, por otro lado, a que estos casos "no se repitan", para lo cual propone "aplicar la ley a los infractores e introducir transparencia en los mecanismos de generación de suelo". Desde el punto de vista legislativo, sostiene que "el mero hecho de que el avance del plan urbanístico, el documento inicial, las alegaciones y su resolución estuviesen colgadas en Internet 24 horas al día y 365 días al año, evitaría muchas actuaciones, cuanto menos, 'sorprendentes'". Además, Marcos considera que existe una "excesiva independencia municipal a la hora de dirigir el lápiz del planeador urbanístico y a la hora de poner el cielo como límite de crecimiento urbano municipal", a la que los legisladores probablemente, asegura, "pondrán coto". Por otro lado, Marcos atribuye a las autoridades competentes en materia de urbanismo un "deseo" de cambiar el modelo vigente, que se traducirá en una cada vez menor posibilidad de "poner en marcha suelos". En este sentido, señala que la próxima Ley de Suelo, actualmente en trámite de aprobación en el Senado, no aportará soluciones a su "carestía", ya que esta circunstancia favorece a las administraciones, que "a través de subastas de suelo financia muchas actividades, inversiones y gastos públicos sin tener que incrementar la presión fiscal". "Aquí está la raíz del problema, las diferentes administraciones se lucran con el suelo no sólo para financiar la inversión, sino incluso los gastos corrientes", asegura. Por tanto, si "la financiación de los ayuntamientos y entidades varias estatales o paraestatales está en la base de esta gestión tortuosa y poco productiva del suelos", ésta situación "perversa" solo se podrá solucionar "si el suelo y su gestión se liberaliza", opción muy criticada por la actual ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. En esta línea, sus críticas alcanzan a iniciativas legislativas como el Plan de ordenación del territorio de Andalucía (POTA), que actualmente tramita la junta de Andalucía y que prevé establecer un límite al crecimiento del suelo urbano en los municipios del 40% en ocho años y del 30% en el caso de la población.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -Una norma interna del Parlamento Europeo impedirá que el informe elaborado por los dos eurodiputados que visitaron la Comunitat se discuta en el pleno de la Eurocámara antes del mes de junio, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo. Los socialistas, de esta forma, no han conseguido introducirlo en el orden del día del Parlamento Europeo antes de las elecciones, tal y como pretendían. El reglamento de la Eurocámara impide debatir un asunto referente a un país que está en campaña electoral.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > delitos urbanísticos
Valor añadido > -El juez instructor del "caso Malaya", Miguel Ángel Torres, abogó este jueves por que los delitos de corrupción urbanística sean penados "con el decomiso de los bienes", ya que, a su juicio, no es suficiente que la "mayoría de los casos acaben con una dimisión o con condena moral o con una pena" de prisión. Torres, que evitó hacer declaraciones a los periodistas, participó en Salamanca en una mesa redonda titulada "Corrupción urbanística" dentro el XIX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal que se celebra hasta mañana viernes. En su intervención ante los más de 600 participantes en el encuentro, el juez consideró necesario la modificación de algunas normas, ya que, según explicó "habría que plantearse si tiene sentido desarrollar procesos muy largos con el blanqueo de capitales o incluso por corrupción". Este tipo de casos, a los que calificó de "complejísimos" y que "generan unos grandes costes" no suponen, en su opinión "ningún beneficio para la comunidad desde el punto de vista ejemplificativo", ya que no evitan que se vuelvan a producir. Además, consideró conveniente otras reformas legales, ya que, según señaló, los casos de blanqueo o de corrupción "casi nunca se inician por una denuncia de la persona a la que han solicitado dinero, lo cual dificulta mucho la investigación". En este sentido, significó que en "muchos nos encontramos con una especie de ruleta rusa en el procedimiento". Torres concluyó su intervención haciendo una reflexión sobre "la minusvaloración del derecho de igualdad ante la ley" y tildó de "conductas de otro tiempo" aquellas de "usted no sabe quién soy yo o a mí no me puede hacer esto" a las que se enfrentan los jueces en muchas ocasiones. Por ello, consideró "importante" defender este principio "porque todos tenemos que responder de nuestros actos sean cuales sean". "La prevaricación tiene penas mínimas" La mesa redonda contó también con la intervención del fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, quien declaró que "la prevaricación o la transmisión de influencias tienen penas mínimas y es algo que hay que corregir". Así, estimó conveniente "cambiar los criterios de interpretación de la norma porque este tipo de delitos deben condenarse, no hay que ser favoritista", concluyó. El Congreso de Derecho Penal, que se clausura este viernes, dedicará su última jornada al "Tráfico de personas: el escándalo del siglo XXI" y a la "Financiación de terrorismo". Esta mesa redonda contará con la participación del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, además del catedrático y ex asesor de Política Antiterrorista del Ministerio del Interior, Fernando Reinares Nestares, y del coronel de la Guardia Civil José García San Pedro.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Cataluña > reforma ley del suelo estatal
Valor añadido > -El grupo parlamentario de CiU en el Senado presentóuna enmienda de veto a la Ley del Suelo en el Senado al considerar que "invade competencias de manera flagrante en la regulación de los patrimonios municipales de suelo". Según explicó el senador nacionalista Pere Macias, su grupo ya consiguió, en el trámite del Congreso, "mejoras notables para evitar invasiones competenciales" en el nuevo Estatuto de Cataluña, pero precisó que quedaron algunas cuestiones por resolver.    En concreto, se refirió a la regulación que hace la Ley de los patrimonios municipales de suelo, que según dijo, "son una herramienta fundamental de cara a la política de suelo y vivienda". Macias espera convencer a los grupos parlamentarios a lo largo del trámite en la Cámara Alta "de la gravedad de esta circunstancia". Finalmente, subrayó que CiU "no piensa apoyar el veto que pueda presentar el PP" ya que, según explicó, no comparte "en absoluto" la posición de los 'populares' en relación la ley, que de solucionarse la mencionada inversión competencial, CiU "podría compartir, en su totalidad".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > el País
Valor añadido > -El urbanismo que está padeciendo España es un atentado contra derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos conchabados con alcaldes de poca monta, enfeudados unos y otros en la codicia y la avaricia. El fenómeno alcanza su paroxismo en la costa mediterránea, y en particular la valenciana, donde la construcción supone "con demasiada frecuencia el expolio de una comunidad y una cultura". Así lo señala el informe presentado ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la delegación parlamentaria que visitó Andalucía, Madrid y Valencia entre los pasados 27 de febrero y 3 de marzo. Los comisionados agotan las expresiones de dureza. Hablan de "hormigonamiento de la costa" y del "descomunal enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría". "Las víctimas se cuentan por decenas de millares" al ver los vecinos de los pueblos que "de repente el tamaño y la población de sus comunidades se multiplica más allá de toda proporción como consecuencia de las ambiciones de alcaldes de medio pelo". La hostilidad valenciana a la visita de los comisionados fue extrema. Michael Cashman, uno de los redactores del informe, reveló cómo al entrar en un ascensor alguien de la delegación oficial local dijo: "¡A ver si se estrella el ascensor!". El cuadro descrito por los viajeros fue tal que el eurodiputado popular Luis Herrero pidió disculpas por lo ocurrido en Valencia. "Se diría que los 540 municipios de la Comunidad Valenciana concentrados en la franja costera han sufrido serios problemas como consecuencia de la excesiva urbanización", dice el informe, que también da cuenta de visitas a Andalucía (Ronda, Albox y el Valle de Almanzora) y Madrid (Torrelodones y Galapagar). Los eurodiputados apuntan que la solución al gravísimo problema del urbanismo en España pasa por las autoridades locales y regionales, pese a su manifiesta dejación de responsabilidades. El informe está redactado en inglés y será discutido, una vez traducido al español, el próximo 11 de abril en la Comisión de Peticiones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -El informe de los eurodiputados que recientemente visitaron la Comunidad de Madrid, Almería y la Comunidad Valenciana para investigar quejas urbanísticas advierte de la "codicia" del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos. El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, que presentaron hoy su informe ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), lamentaron particularmente la situación en la Comunidad Valenciana y se quejaron del trato recibido de sus autoridades. En su visita de finales de febrero y principios de marzo, los eurodiputados encontraron ayuntamientos con "planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia". También visitaron pueblos cuya extensión crece "fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores". El texto, que comenzará a ser debatido en la reunión del próximo 11 de abril y que podría ser elevado como propuesta de resolución al pleno del PE, no se ciñe a las autonomías visitadas, sino que da a entender que los abusos urbanísticos son generalizados en el Estado. "En ningún otro país de la UE los derechos de propiedad de los ciudadanos son objeto de este tipo de abusos o con esta extensión", reza el informe, que describe un panorama desolador de la costa mediterránea española. "Las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque sean necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado", se lee en el texto. Entre las víctimas de abusos, españolas y del resto de la UE, están quienes ven sus terrenos expropiados en virtud de las legislaciones urbanísticas sobre el suelo, que según los eurodiputados presentan "anomalías" a escala autonómica y estatal. En paralelo, "muchos miles" de personas han adquirido viviendas de "buena fe" y descubierto después que eran ilegales, por lo que viven ahora "bajo la espada de Damocles", según el informe. La visita incluyó municipios de Madrid, Almería y de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los casos, objeto de quejas ciudadanas dirigidas al Parlamento Europeo. Es en la Comunidad Valenciana donde la delegación encontró "la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles", según el informe. En el debate de hoy en la comisión de Peticiones, Cashman denunció los "intentos de atacar la integridad" del presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, y de él mismo, y aseguró, sin citarle, que algún miembro del Parlamento Europeo participó en esa "campaña de difamación". Además, mientras alabó la "transparencia" con que actuaron las autoridades autonómicas de Madrid y Andalucía, censuró la "falta de cooperación" del conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien, según dijo el laborista, llegó a negar la existencia de los centenares de quejas recibidas en el PE. "Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", afirmó Cashman.  El eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y a Libicki en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas.  El socialista valenciano Joan Calabuig denunció por su parte que hoy mismo el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano había calificado de "montaje" los trabajos de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. David Hammerstein, del grupo Los Verdes, criticó la "falta de lealtad de la Generalitat Valenciana hacia las instituciones europeas, cuyas recomendaciones ha ignorado olímpicamente".  El español Willy Meyer (Izquierda Unida) y la italiana Luciana Sbarbati (Liberal) abogaron por que el Parlamento Europeo exprese por escrito su rechazo a la recepción que tuvo la delegación. "En los ocho años que soy miembro de esta comisión, nunca había sucedido algo así", dijo Sbarbati.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > Cinco Días
Valor añadido > -La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo emitió ayer un informe crítico sobre la fuerte presión urbanística en España, en especial en el litoral valenciano. El informe, basado en los informes de los europarlamentarios que visitaron desde el 27 de febrero al 3 de marzo algunos municipios de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, señala que las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España. Estos, según la Comisión, se han extendido por numerosas localidades a través de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. La peor parte del estudio se lo lleva la Comunidad Valenciana, donde la delegación constató la actitud 'más arrogante' de sus autoridades y obtuvo 'las menores explicaciones' sobre 'proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles'. En términos generales, el informe constata que 'la Comisión continúa profundamente preocupada por la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos a sus tierras y casas'.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > ABC
Valor añadido > - El informe de una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó la Comunidad Valenciana a finales de febrero, acusa al Gobierno valenciano de no respetar los derechos de los ciudadanos, tanto españoles como europeos. a la propiedad privada cuando acomete grandes proyectos de urbanización. Además, añade que esto puede estar vulnerando leyes comunitarias y derechos y principios fundamentales contenidos en el Tratado Comunitario. Estas conclusiones aparencen en un informe de 28 páginas hecho público ayer en Bruselas pero que, en contra de lo que suele ser habitual, no fue debatido por parte de los grupos políticos que forman la mencionada Comisión ya que el texto no estaba disponible en todas las lenguas, tal y como marca el Reglamento del Parlamento. Así, el debate se pospone para el 11 de abril. Diputados contra diputados Sin embargo, y a pesar de que no se produjo un debate propiamente dicho, el vicepresidente de la Comisión, el socialista británico Michael Casman, uno de los que viajó a la región en la primera semana de marzo, explicó que la visita fue muy productiva ya que pudo analizar sobre el terreno las denuncias de los ciudadanos, aunque le entristeció ver «los intentos de ataques personales contra los miembros de la delegación, ataques en los que participaron incluso eurodiputados». El representante del PPE en esta comisión aseguró que lamentaba las descalificaciones que habían recibido los europarlamentarios.Polémicas aparte, el informe señala que el Gobierno español en general, y el valenciano en particular, tienen que definir claramente la aplicación del artículo 33 de la Constitución en el que se hace referencia al «interés público», ya que en muchas ocasiones se infringen los derechos a la propiedad de las personas por decisión de las autoridades regionales y locales.En cuanto a los urbanizadores y constructores, en muchos casos objetivos de las denuncias recibidas por los eurodiputados, el informe asegura que las diferentes autoridades locales les han dado muchos poderes. La Eurocámara cree que estas autoridades deberían consultar a los ciudadanos y permitirles participar en el desarrollo de proyectos urbanísticos para fomentar un desarrollo sostenible y aceptable.Sobre las compensaciones que se le debe dar a los propietarios cuando se les expropia, Bruselas cree que se debe hacer «en base a tasaciones adecuadas y conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y la Corte Europea de los Derechos Humanos».Este informe, que será debatido el 11 de abril, podrá ser objeto de una votación y de una resolución, que podría ser incluso llevada al Pleno de la Eurocámara, en caso de que así lo decidan los eurodiputados tras el debate. En el terreno de las consecuencias prácticas, más allá de las valoraciones políticas del Parlamento Europeo, la Comisión Europea aseguró ayer que está tomando buena nota del mencionado informe, en el sentido de si puede aportar algo al procedimiento formal abierto por el Ejecutivo de Bruselas contra la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo >  la verdad
Valor añadido > -La próxima entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo ha impulsado en los últimos meses algunas transacciones de envergadura en este mercado, según asegura la sociedad de análisis sectorial y estratégico DBK en un informe sobre el sector. La firma considera que el próximo cambio de normativa es uno de los aspectos que está alimentando el dinamismo de este mercado, junto con la necesidad de las inmobiliarias de posicionarse en el sector «ante la perspectiva de un cambio de ciclo» y diversificar sus carteras para mantener el fuerte crecimiento de la actividad de los últimos años. La firma augura que la gestión de suelo «cobrará una creciente importancia dentro de los planes de negocio de los principales operadores». En su opinión, en la actual coyuntura de ralentización del mercado residencial, las inmobiliarias que tengan cartera de suelo «bien diversificadas y con plazos de maduración adecuados» serán las que encuentren «interesantes oportunidades de negocio» en los próximos ejercicios. De hecho, el estudio de DBK indica que en 2006 el mercado del suelo mantuvo el « dinamismo» mostrado en los últimos años. Según sus datos, las 36 mayores inmobiliarias del país concluyeron 2006 con una cartera de terrenos global de 98 millones de metros cuadrados edificables, un 22,5% superior a la del ejercicio precedente.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Cinco Días
Valor añadido > -Las constructoras reclaman pagar menos por las expropiaciones
Las constructoras están presionando al Gobierno para que aproveche el trámite parlamentario de la Ley de Suelo y otorgue a ésta cierto carácter retroactivo. Las empresas persiguen que la norma se aplique a los expedientes de expropiación aún sin resolver. De conseguirlo, el precio a pagar por los terrenos será sensiblemente menor con el nuevo sistema de valoraciones.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > el País
Valor añadido > -La Fiscalía de Málaga ha solicitado una condena de un año y medio de prisión y una multa de 4.500 euros para un hombre que construyó una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de protección especial en Vélez-Málaga y por incumplir la orden de paralización de obras iniciado por el Ayuntamiento de dicho municipio.Así, entre finales de 2002 y principios de 2003, el hombre llevó a cabo, según el escrito de conclusiones conclusiones provisionales del fiscal, la construcción de una vivienda de unos 100 metros cuadrados aproximadamente ubicada en el paraje conocido como Las Chozas de Triana.  Posteriormente, la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Vélez Málaga abrió expediente sancionador y ordenó la inmediata suspensión de las obras, resolución que fue notificada a la esposa del acusado, quien hizo "caso omiso" a la misma hasta su terminación, según la acusación pública.
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NOTICIA > -Urbanismo > opiniones Ignacio Arnaiz , director del área de Informática de Arnaiz consultores.> el Mundo
Valor añadido > -La consulta en internet de los planes urbanísticos municipales debería ser una acción sencilla y casi cotidiana, pero no es así. Si se visitan los sitios 'web' de algunos ayuntamientos españoles (hay más de 8.000) y se busca el Plan General de Ordenación Urbana, lo más probable es que en la mayoría de las páginas visitadas no se encuentre ningún documento de planeamiento, aunque en algunas se puedan descargar las normas urbanísticas en formato 'pdf' y ver planos escaneados. Muy pocos ayuntamientos muestran a través de su página en internet un sistema diseñado específicamente para consultar la información urbanística con documentos actualizados. Pongamos un ejemplo cercano. Madrid capital tiene publicado su Plan General de Ordenación Urbana en internet desde hace más de ocho años, pero desde entonces la información de base no ha sido actualizada, a pesar de la inmensa cantidad de modificaciones y planes de desarrollo aprobados posteriormente. Lo cierto es que para los ayuntamientos resulta complicada la publicación en internet de sus planes, incluso para aquellos que tienen posibilidades de hacerlo, es decir, medios humanos y económicos, debido al carácter peculiar de este tipo de información. Pero, ¿hasta qué punto las dificultades técnicas son insuperables? o ¿no será que realmente no interesa a algunas administraciones que las decisiones urbanísticas se hagan públicas en un canal de acceso como internet? Los planes urbanísticos son públicos, e incluso antes de su aprobación definitiva se exponen ante los ciudadanos en el ayuntamiento. Pero, ¿quién debe publicarlos en internet? El candidato más adecuado y cercano es el propio municipio, pero eso supondría la puesta en marcha de más de 8.000 sistemas diferentes. Si dependiera de la administración autonómica, ésta debería contar con la buena voluntad de los ayuntamientos grandes y pequeños en la entrega de documentación. Si el encargado fuera el propio Estado u organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, el esfuerzo debería ser rotundo, ya que cada vez están mas lejos de la competencia real y, por tanto, del acceso a los planes. La publicación del planeamiento en internet necesita del esfuerzo conjunto y conllevará modificaciones legislativas para la redacción, tramitación y aplicación de planes digitales; sistemas de acceso especializados y de refundido automatizados. Sólo con el apoyo incondicional de los técnicos y de los políticos se podrá acceder a una información vital para el desarrollo armónico y sostenible de nuestras ciudades.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Marbella > Casa Malaya
NOTA: EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES LO RECAUDAN LAS AUTONOMÍAS.
Valor añadido > -Chaves arremete contra el juez por decir que la Junta se lucró con la «Malaya» El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, arremetió ayer contra el juez Miguel Ángel Torres por decir que el Gobierno autónomo se benefició de la «Malaya». Según Chaves, lo único que podía hacer la Junta en Marbella era impugnar ante los tribunales y la fiscalía las licencias urbanísticas concedidas por el Consistorio. Torres revela en el sumario que la posición de la Junta de Andalucía respecto a la trama de corrupción municipal «es más de responsable que de perjudicada» debido a sus muchas competencias en urbanismo. El juez rechazó «con rotundidad» la intención del Gobierno andaluz de personarse en esta causa judicial como parte ofendida o perjudicada, ya que lejos de haber sido directamente afectada por la trama inmobiliaria «se benefició de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones».Apreciaciones «subjetivas»El presidente andaluz calificó de «subjetivas» las apreciaciones del juez y negó que la Junta se haya enriquecido o aprovechado de estos impuestos. También recordó que los tributos sobre licencias urbanísticas los recauda el Ayuntamiento de Marbella y no la administración autonómica. Manifestó asimismo que la Junta «ha podido, querido y sabido ejercer su responsabilidad» en Marbella y recordó que su gobierno ha impugnado más de 400 decisiones urbanísticas del Consistorio marbellí. «Esta es la única competencia que tenía la Junta, y lo ha hecho», dijo el presidente andaluz, quien sin embargo aseguró que respeta las conclusiones del juez instructor del caso. Mientras, el juez Torres dictó ayer libertad bajo fianza de 90.000 euros para María Rosa Jimeno, esposa del ex asesor de Urbanismo en Marbella Juan Antonio Roca, y de 60.000 para su cuñado, mientras que su hija y una empleada de una inmobiliaria de Murcia quedaron en libertad con cargos. Los cuatro detenidos por su implicación en la trama de corrupción inmobiliaria en Marbella prestaron declaración ante el juez Miguel Ángel Torres, que les imputa un delito de blanqueo de capitales. María Rosa Jimeno, mujer de Juan Antonio Roca que fue arrestada en el domicilio conyugal de Marbella, ya declaró como imputada por blanqueo de capitales el pasado 13 de diciembre, y quedó en libertad con cargos. En su comparecencia aquel día dijo que su marido se encargaba de «todo lo relativo a la vida societaria» de la entidad de la que ella es administradora única y tiene el 99 por ciento del capital social, «Beauty Marbella», y que era él quien se había encargado de las operaciones inmobiliarias. Su hija, que fue detenida en el colegio mayor Santa María del Pino, donde reside en Madrid, declaró durante diez minutos y se le preguntó por una determinada cuenta bancaria.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > Marbella > Casa Malaya
Valor añadido > -La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, dijo que fue el ordenamiento jurídico el que, en su momento, impidió a la Administración autonómica hacer más ante las supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella (Málaga). En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez, quien inauguró hoy en Montoro (Córdoba) la rehabilitación de las Tercias Catedralicias, reaccionó así ante lo recogido en un auto del juez que investiga el caso "Malaya", Miguel Ángel Torres, que rechaza que la Junta sea parte "perjudicada" en el procedimiento y ve su situación "más próxima al responsable civil". Ante esto, Gutiérrez aclaró que fue "a partir del año 2003 cuando cambia el criterio de los tribunales y aceptan las suspensiones de las licencias", de tal forma que, "cuando no hay una suspensión cautelar, porque no la acepta el juez, porque la impide el juez, el ordenamiento jurídico obliga a todas las administraciones a cobrar los impuestos". Éste, según aseguró la consejera de Obras Públicas y Transportes, "es un problema del ordenamiento jurídico, que es muy garantista y es así". Gutiérrez habló así en relación a un auto dictado el pasado mes de noviembre, incluido en la parte del sumario del caso "Malaya" no declarada secreta desde el pasado martes y a la que tuvo acceso Europa Press, en el juez Torres entiende que la Junta de Andalucía "no es perjudicado en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil" e incluso añade "con una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causas".El auto dictado por el juez Torres, por el que desestima la solicitud de la Junta de personarse en el procedimiento como parte perjudicada, deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo andaluz se persone como acusación particular.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cinco Días
Valor añadido > -   Urbanismo > Los expertos culpan del caos urbanístico a la competencia conseguida por las autonomías  Bajo el sugerente título El Urbanismo: Una práctica teórica. Su dimensión moral y política, la Universidad Pontificia de Salamanca celebró ayer en Madrid una jornada de reflexión y debate sobre las circunstancias que han provocado el hecho de que sólo se hable de urbanismo para referirse a escándalos de corrupción y denuncias por delitos contra el medio ambiente. Una de las conclusiones que arrojó el debate es que la transferencia de competencias en esta materia a las comunidades autónomas ha tenido mucho que ver en la situación de inseguridad jurídica en la que en ocasiones deben trabajar operadores públicos y privados, tal y como afirmó Francisco Perales, abogado socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. Sobre el proyecto de ley estatal de suelo que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, Perales afirmó que, tal y como está redactada, puede plantear algunos problemas de inconstitucionalidad. En cuanto a los cambios que propone en el actual sistema de valoraciones, Perales advirtió que se generará una situación en la que cada terreno tendrá dos valores, el establecido por el justiprecio de la expropiación y el real de mercado que seguirá teniendo en consideración la transformación futura que sufrirá ese terreno. Por su parte, el que fuera director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de 1995 a 1999, Pedro Ortiz, lamentó que en urbanismo haya prevalecido sólo lo legal y no también lo ético. 'En urbanismo teníamos que haber pensado más en qué debíamos hacer y no en qué se podía hacer. Los políticos y los técnicos tendríamos que habernos sentado a debatir si un desarrollo urbanístico era bueno o malo para el conjunto de la ciudadanía y en los últimos 30 años se ha hablado poco en esos términos', explicó. José María de la Riva, que también tuvo responsabilidades en esta materia como vocal del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con el gobierno socialista, lamentó que las administraciones públicas hayan ido perdiendo poder en favor de los operadores privados. Criticó la desaparición del modelo de 'Madrid región' y el aislamiento de los nuevos ensanches.
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NOTICIA > -Urbanismo > Aragón > el periódico
Valor añadido > -La dura sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, Javier Albar, ha provocado la reacción del área de Urbanismo, que pretende rebatir los argumentos esgrimidos para anular todo el proceso de adjudicación de la nueva Romareda. Este diario recoge los contradictorios puntos de vista:  La sentencia se basa principalmente a lo largo de sus 35 folios en que la valoración del solar que entrega el ayuntamiento a cambio de la construcción del campo de fútbol no tiene fijado un precio cerrado. Sostiene que los usos terciarios --hotel, comercio y oficinas-- deberían estar definidos con exactitud para saber el valor y hasta el propio bien. "Es decir, lo que está indeterminado no es el valor de lo que se da, sino el mismo contenido de lo que se da. Ahí radica, esencialmente, la incerteza del precio, en que se desconoce el pleno contenido urbanístico de la parcela".  Fuentes oficiales de Urbanismo señalaron que para fijar la valoración de la permuta se solicitó los servicios de la consultora Tinsa y se contó también con la del gerente, Carmelo Bosque. "Con estas valoraciones se fijó el precio. Y nunca se deciden los usos terciarios concretos, que es algo que le corresponde al adjudicatario. Así se hace en todas las permutas, como en el Seminario o en el cuartel de la Policía Local", señalaron.  El juez considera que los usos terciarios del solar no están definidos --por lo que no se sabe su valor exacto-- y están condicionados a la determinación de un estudio de detalle que debe aprobar el ayuntamiento. Urbanismo es contundente en este aspecto: "Su error es de partida. No hay ningún estudio de detalle que aprobar, ya que los usos ya están perfectamente fijados en el Plan General. El adjudicatario solo debe presentar el proyecto y pedir licencia".  Javier Albar cree que la permuta no está debidamente justificada, lo que es motivo de anulación. A su juicio, no vale con que el ayuntamiento diga que creó el solar contiguo para pagar el estadio y que debería haber justificado por qué es más conveniente que, "por ejemplo, hacerlo con cargo a presupuestos de obras".  Las citadas fuentes de Urbanismo dicen que la justificación está detallada en la modificación del Plan General y que la motivación de la permuta para obtener recursos se empleó en el caso del Seminario, del cuartel de la Policía Local y de las escuelas infantiles.  La sentencia subraya que hubo trámites de la contratación que no fueron notificados a la oposición y que hubo confusión en el propio expediente. Llega al punto de anular hasta el pliego de condiciones del concurso. Urbanismo es contundente en este punto: "El juez desconoce cómo funciona el ayuntamiento. Confunde el procedimiento con el expediente. La aprobación del pliego, la licitación y contratación son tres procedimientos que forman parte de un mismo expediente, con sus respectivos informes. Y no se debe notificar nada porque la oposición participa en el proceso, ya que asiste a la gerencia de Urbanismo. Estaba perfectamente informada".  La resolución judicial considera que el espacio libre en torno al estadio debería ser de 214,34 metros, pero que solo hay 170,5. "El examen de la documentación nos dice que no los alcanza", señala como otro de los argumentos para anular la adjudicación.  Urbanismo es especialmente crítico con esta conclusión del juez, a la que dice en su escrito que ha llegado tras analizar toda la documentación aportada. "Es inaudito que no acepte el informe del servicio de Prevención de Incendios y llegue a semejante conclusión sin pedir una prueba pericial. Los técnicos municipales revisaron todo el informe tras la alegación presentada por el PP y se reiteraron que el estadio cumplía todas las exigencias de seguridad", incidieron.  Desde el ayuntamiento se recordó también que el propio proyecto oficial del nuevo estadio, realizado por el reconocido estudio de arquitectura Lamela, se apunta que el sistema de evacuación propuesto convertiría a la nueva Romareda es uno de los más eficaces y rápidos. "Se desalojaría en cuatro minutos", subrayaron.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > reforma de la ley del suelo >  Expansión
Valor añadido > -El nuevo criterio de valoración del suelo que entrará en vigor a partir del próximo julio va a provocar un ajuste importante en el patrimonio de las grandes inmobiliarias. La nueva Ley del Suelo sólo establece dos categorías de terreno: rural y urbano.  Esta nueva clasificación elimina todos los derechos por expectativas de revalorización que, hasta ahora, tenían los propietarios de una finca o solar rústico y sobre los que se ha basado el negocio de muchas compañías especializadas en la gestión urbana. De hecho, buena parte de las empresas poseen actualmente suelo en proceso de urbanización, es decir, terrenos rústicos que están pendientes de ser aprobados como urbanizables por los ayuntamientos en futuros planes urbanísticos.  A partir de julio, estos derechos de expectativas desaparecerán, por lo que el valor de estos terrenos se medirá únicamente por la capitalización de las rentas agrarias. El cambio de criterio afectará al coste financiero de los créditos solicitados para pagar los terrenos. En estos momentos, las ocho grandes inmobiliarias españolas tienen una reserva conjunta de 41,1 millones de metros cuadrados de suelo –según los datos de sus memorias anuales–. Expertos del sector consultados por EXPANSIÓN reconocen que entre el 20% y el 25% de esta reserva se verá afectada por la nueva norma. Es decir, unos nueve millones de metros cuadrados que a precios de mercado tienen hoy un valor de 5.363 millones de euros, según el precio medio publicado por el Ministerio de Vivienda. El peso de este tipo de terrenos respecto a la cartera total de las inmobiliarias se eleva, incluso, hasta el 80% en aquellas que han “asumido más riesgos”, especializándose en la gestión del suelo no finalista.En la práctica, la reforma supone un ajuste del valor patrimonial de algunas de estas grandes empresas. “Sin derechos de expectativas, el valor va a caer mucho y las tasadoras van a tener en cuenta el nuevo criterio”, apuntan las mismas fuentes. Exceso de oferta  Según señala la consultora Dyrecto, en un estudio sobre la presión compradora de terrenos por parte de promotoras y constructoras inmobiliarias, “nos encontramos ante un exceso de oferta”, ya que en 2006 las salidas al mercado de terrenos prácticamente se han duplicado. “Cada vez resulta más difícil vender: el número de transacciones registradas en el primer semestre de 2006 se redujo un 30% respecto al mismo periodo del año anterior y los precios de venta bajaron un 18%”, indica el informe. La mayor oferta, junto a la caída en la demanda, lleva a un descenso en la presión compradora de un 33%. Previsiblemente, “esto hará que los precios bajen todavía más”, según señala Miriam Peláez, responsable del servicio de estudios de la consultora. Las dificultades hacen que sea cada vez más necesaria la comercialización profesionalizada de los solares. El estudio por zonas refleja que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con mayor presión compradora por parte de entidades jurídicas de toda España. Después, figuran la capital de España y las Islas Baleares. Cierran la tabla La Rioja, Castilla y León, y Extremadura. Cataluña pierde tres puestos en el ránking de presión compradora respecto a ejercicios anteriores, situándose en la décima posición. La importancia del suelo como principal factor de producción del mercado inmobiliario es innegable. A juicio del economista y estadístico gerente de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Julio Rodríguez, desde 1997, año inmediatamente anterior al boom que parece haber tocado techo en 2006, el precio de la vivienda se ha multiplicado por 2,7 veces en España, mientras que en el mismo periodo los costes de la edificación (salarios y materiales de construcción) sólo lo han hecho en un 35%. Los fuertes aumentos del coste deberían llevar a un aumento de la oferta de suelo, pero, en realidad, la escasez solo existe en los terrenos urbanizables finalistas, esto es, en los terrenos listos para construir al contar con la autorización municipal.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar hoy en todas las provincias españolas. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el medio ambiente o blanqueo de capitales, materias para las que han sido formados especialmente, según explicó en la presentación de las nuevas unidades el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida.        De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo > el Mundo
Valor añadido > -Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar en todas las provincias españolas, según anunció el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el Medio Ambiente o blanqueo de capitales. De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia. Además, de esta nueva plantilla, siete especialistas han sido derivados al Equipo de Inspección Central Medioambiental del SEPRONA, centrados en las infracciones al Medio Ambiente derivadas de la ordenación del territorio. En palabras de Mesquida, estas Unidades "suponen un refuerzo en la lucha contra este tipo de delitos que, por una parte, generan un descrédito para los representantes de los ciudadanos, causan una importante alarma social y tienen una consecuencia directa con la especulación y con el encarecimiento de la vivienda". Todos los agentes seleccionados han recibido un curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de policía judicial, su especialidad a partir de ahora. Actuarán por iniciativa propia, en colaboración con otras unidades, investigando denuncias presentadas previamente o por requerimiento judicial o fiscal. Por ello, y según destacó Mesquida en la presentación de las nuevas Unidades, mantendrán una estrecha colaboración con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, así como con la Fiscalía Anticorrupción, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio de Vivienda.
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NOTICIA > -Urbanismo > Medioambiente > el Plural
Valor añadido > -Parques naturales y regiones protegidas de toda España están viéndose atacados por los planes de urbanismo que amenazan con irrumpir en estos parajes y llenarlos de hoteles, viviendas y campos de golf. Organizaciones ecologistas denuncian el fuerte impacto de estos proyectos de urbanismo, mientras que las Administraciones y empresas constructoras aseguran que de esta manera se acaba con la despoblación de muchas zonas rurales del país. Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Beleares, Canarias, Cantabria, Andalucía… todas ellas tienen parques naturales amenazados por planes de urbanismo feroces que ponen en peligro la flora y la fauna de estos parajes, o aumentan la población de zonas rurales con turismo de alto nivel. Según denunció el diario El País, al menos diez de esos parques naturales están en peligro debido a la especulación urbanística. Una de las comunidades más afectadas por el urbanismo es la valenciana. La provincia de Alicante, bastante conflictiva en cuanto a especulación, está viendo peligrar su zona de humedales en los parques del Hondo d’Elx y las lagunas de La Mata y Torrevieja, alrededor de cuyo perímetro proliferan las urbanizaciones, y está prevista la construcción de 10.000 nuevas viviendas. También en los alrededores del parque del Hondo, se proyecta la macro urbanización Dolores Golf, que cuenta con el visto bueno del ayuntamiento del PP de la localidad desde 2005. Algo similar ocurre en Murcia, donde el Gobierno regional, del PP permitió, con una modificación a la ley socialista, la desprotección de 15.000 hectáreas anteriormente declaradas zona verde, para construir el complejo Marina de COPE, una nueva ciudad de vacaciones. También en Andalucía, especialmente en Almería, en los términos del Parque natural del Cabo de Gata se ha convertido en un símbolo de la especulación urbanística por las construcciones de hoteles a punto de ser expropiados. Las islas también están en el punto de mira: en Baleares, el presidente popular Jaume Matas consideró ‘confiscaciones’ el Parque natural de Cala d’Hort en Ibiza y el de Llevant Mallorca. En La Gomera (Canarias) grupos ecologistas han denunciado la construcción de apartahoteles en el Parque natural de Majona, así como la extracción de materiales en una montaña del parque rural Valle Gran Rey.  Pero también en las zonas del interior crece la especulación sobre espacios protegidos. En Castilla La Mancha, la antigua pedanía de Los Heros en el Parque natural Barranco del río Dulce está a punto de alojar un complejo hotelero con servicios de spa y hostelería. También en Madrid, el encinar del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares, que formará parte de futuro Parque Nacional de Guadarrama, tiene previsto albergar 400 viviendas y un campo de golf impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.  Castilla León y Cantabria completan la lista de autonomías cuyas reservas naturales están amenazadas por la especulación urbanística. El parque palentino de Fuentes Carrionas albergará próximamente una estación de esquí a pesar de que, como denuncian los grupos ecologistas, la zona está habitada por osos pardos, una especie en peligro de extinción. En Cantabria, los ecologistas han ganado la batalla, y 400 chalets construidos en las inmediaciones del Alto del Cuco de Piélagos tendrán que ser derribadas.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Vivienda > reforma de la ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -la ministra ha lanzado la siguiente advertencia: “Los grupos que finalmente no la apoyen, si eso ocurre, deberán explicar por qué”. Por ello me veo en la necesidad de solicitar a los diputados del pleno del Congreso a que voten no y a exponer cuáles son los porqué. Entre las razones por las que hay que votar no, destacan las siguientes: incentiva la especulación, incrementa la corrupción, aumenta la inflación, elimina el principio de indemnidad patrimonial en las expropiaciones, y gran parte de su articulado es inconstitucional. Empezando por el final, la ley es inconstitucional porque no hace caso a la Sentencia 61/1997 del Constitucional, que eliminó el debate sobre si el Estado podía legislar o no en materia urbanística y, además, le atribuye como únicas competencias la de dictar cuáles son los derechos y deberes de la propiedad del suelo y el régimen de valoraciones en los casos expropiatorios. Pues bien, la ley que se somete hoy a votación hace caso omiso a esta sentencia e introduce derechos y deberes, como los de los ciudadanos, que poco tienen que ver con la propiedad. Por otro lado, también da cobertura a la iniciativa urbanizadora y edificadora a terceros sin necesidad de ostentar la propiedad, con lo que incentiva las expropiaciones privadas que chocan de forma directa con el concepto de propiedad privada definido en nuestra Constitución. Además, este tipo de expropiación incluida en diferentes leyes urbanísticas autonómicas como método de gestión está actualmente denunciado en los tribunales europeos. Por último, la ley introduce un gran número de preceptos que afectan a materias de competencia autonómica, como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Algunos de éstos son: los convenios urbanísticos, los plazos de información pública del planeamiento, exigencia de documentación que debe incorporar el planeamiento (como, por ejemplo, el de sostenibilidad económica, que lo único que le preocupa es que las arcas locales estén saneadas), y para terminar introduce increíbles límites totalmente arbitrarios en los desarrollos urbanísticos que contemplen crecimientos superiores a un 20% de la población actual del municipio o de su territorio (¿por qué no el 14%, el 16% o el 38%?). Indemnización Tanto el Tribunal Constitucional, diciendo que debe entenderse como “correspondiente indemnización”, como el Tribunal Supremo mediante reiterada jurisprudencia, han venido defendiendo el denominado principio de indemnidad patrimonial, mediante el cual debe existir “un equilibrio entre la indemnización de la expropiación y el valor económico del bien”. Sin embargo, esta ley desoye dicho principio y lo elimina por completo mediante el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. Con el cambio de criterio de valoración (que de ser en función de la clasificación pasa a ser en función de su situación), así como los cambios de los mecanismos o métodos de valoración del suelo, las compensaciones expropiatorias serán infinitamente menores a la de los precios de mercado y, por lo tanto, al valor económico del bien. Por todo ello, el criterio de indemnidad patrimonial definido por la Justicia es eliminado y sustituido por el de indignidad compensatoria o injustiprecio expropiatorio. La ley en ciernes utiliza como premisa legitimadora de la misma una deducción totalmente errónea de la tendencia inflacionista de los precios, probablemente, producto de la falta de reflexión y del desconocimiento del funcionamiento del mercado por parte del legislador. Ésta atribuye a las clasificaciones de suelo los aumentos de los precios y de la especulación, sin darse cuenta de que lo que produce verdaderamente encarecimiento de precios es la intervención sobre la oferta de suelo, ya sea mediante la clasificación o cualquier otro tipo de intervención estatal que limite los potenciales usos del suelo por parte de su propietario.Si lo que se quiere es acabar con la tendencia inflacionista de los precios, lo único que hay que hacer es eliminar el control sobre los mismos, como explica la ciencia económica. Sin embargo, la ley no sólo produce un importante aumento de la intervención del suelo sino que además introduce nuevos impuestos, como el aumento hasta un 20% de la cesión de la edificabilidad a las arcas municipales y la reserva mínima de un 30% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas con algún régimen de protección, este último de dudosa constitucionalidad. Sin duda alguna, estos nuevos impuestos producirán una tendencia inflacionista de los precios de las viviendas libres. Por otro lado, otro de los supuestos fines de la futura ley es eliminar la corrupción. Como ya hemos dicho, ésta no sólo no lo conseguirá sino que además la fomentará, ya que incentiva mediante su creciente intervención del suelo la especulación con base en la actividad política y administrativa. Este tipo de especulación, y no la económica, que es necesaria para equilibrar el mercado, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo, es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. El artículo 47 de nuestra Constitución, cuando dice que los poderes públicos deben impedir la especulación se refiere a ésta, puesto que impedir la economía es llevar nuestra economía al colapso. Éstas son algunas de las razones de peso por la que todos los representantes parlamentarios deben votar no. Estoy convencido de la buena fe del Gobierno en querer solucionar el problema de la vivienda y la corrupción, y es por ello que, si verdaderamente quieren hacerlo, deben retirar hoy este proyecto de ley y confeccionar una reforma legislativa que gire en torno a los dos siguientes principios: el respeto al derecho a la propiedad privada del suelo y la liberación de la asignación de los usos del mismo. De esta manera se eliminará la especulación política y con ella la corrupción. En caso de que el Gobierno no retire esta catastrófica ley y los diputados del Pleno no quieran utilizar estas razones para explicarle a la ministra por qué han votado no, la oposición debe presentar de inmediato un recurso de inconstitucionalidad de la misma y además derogarla en el primer Consejo de Ministros el día que vuelva al poder.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > reforma de la ley del suelo
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, María Antonia Maria Antonia Trujillo, aseguró que el proyecto de Ley de Suelo, que será votado hoy en el Congreso, ‘no es un acto de intervención, sino un acto de responsabilidad con los ciudadanos y con los poderes públicos’.  La titular de Vivienda negó el carácter intervencionista del texto, y explicó que supone un ‘cambio de rumbo importante’ respecto a la liberalización del suelo promovida por el Gobierno del PP a través de la ley de 1998, que, en su opinión, ha supuesto ‘un efecto llamada para a los especuladores’. Además, precisó que dicha liberalización del suelo ha dado como resultado hasta el año 2005 no el abaratamiento del precio de la vivienda como se esperaba, sino un encarecimiento del 150%, y del 500% en el caso del precio del suelo. El proyecto es además una ‘pieza clave en la lucha contra la especulación y la corrupción’, según Maria Antonia Trujillo, ya que, a su juicio, supone una ‘apuesta por la transparencia y la sostenibilidad, frente a la opacidad y la especulación’. La ministra de Vivienda afirmó con satisfacción que el proyecto de ley, que previsiblemente será aprobado mañana para su remisión al Senado, ha obtenido cada vez más apoyos por parte de las fuerzas políticas a lo largo del proceso de tramitación. Así, destacó que desde el pacto inicial firmado con IU y ERC se han ido sumando los apoyos de todos los grupos parlamentarios al texto ‘quedando en soledad el PP’. ‘Algo tendrá que ver la redacción de la ley’, sugirió la ministra de Vivienda. En referencia al contenido de la norma, Maria Antonia Trujillo destacó las últimas enmiendas introducidas en materia de anticorrupción durante la fase de Comisión, en la que además se amplió la obligación inicial de reservar un 25% del suelo para VPO hasta el 30%. La gran novedad del dictamen que mañana será votado en el pleno de la Cámara Baja será este paquete de medidas, entre las que se incluye la obligación de hacer constar la identidad de los propietarios de suelos durante los cinco años anteriores a un incremento de edificabilidad o recalificación de los mismos. Asimismo, recoge la obligación de que las permutas y los convenios pasen por los plenos de los ayuntamientos, la tramitación telemática de los planes urbanísticos, nuevos elementos competenciales o la prohibición de que valor real del suelo pueda aumentarse en más del doble. Maria Antonia Trujillo se refirió también al carácter ‘permanente’ con el que se ha querido dotar a la ley, a diferencia de la legislación del suelo en las legislaturas pasadas, que, según señaló, se modificó en siete ocasiones y fue objeto de dos sentencias del Tribunal Constitucional. ‘Es una ley para el futuro’, sentenció
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NOTICIA > -Urbanismo > Madrid
Valor añadido > -El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz pidió hoy retirar la visita a la Comunidad de Madrid prevista en la agenda de la misión del Parlamento Europeo que se desplazará a España desde mañana, martes, para estudiar quejas urbanísticas. En una reunión de la comisión de Peticiones, órgano responsable de la misión, Iturgaiz alegó que la visita a Madrid -dirigida principalmente a municipios del 'área de Galapagar', según su agenda-, está rodeada de 'irregularidades'. Apuntó en concreto que las quejas relacionadas con la visita 'no se han debatido' previamente en el Parlamento y que 'nadie se ha puesto en contacto con las autoridades regionales y locales'. Advirtió además que, al estar prevista para el sábado, éstas no podrán atender a los eurodiputados pues ese día la 'administración está cerrada'. El presidente de la comisión, el polaco Marcin Libicki, declinó contestar a las observaciones de Iturgaiz y emplazó a los portavoces de los grupos políticos a discutirla en la reunión que celebrarán a primera hora de mañana, antes de la salida de la misión. Por su parte, el eurodiputado del PSOE Miguel Angel Martínez crítico a Iturgaiz por haberse referido a 'irregularidades', término que juzgó 'insultante' para la comisión y su presidente, al tiempo que defendió la pertinencia de la visita a Madrid. La misión parlamentaria, que comienza mañana, martes, y se prolonga hasta el sábado, prevé visitar varias localidades en Almería, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que han sido objeto de quejas ciudadanas por cuestiones urbanísticas. Su agenda contempla un primer encuentro mañana mismo en la capital madrileña con 'autoridades nacionales' y 'embajadores europeos' para revisar la legislación española sobre uso del suelo. El miércoles, se desplazará a la ciudad de Almería y, en la provincia almeriense, visitará Albox y el Valle de Almanzora, antes de viajar hacia Orihuela (Alicante).  El jueves, visitará los municipios alicantinos de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Tibi, Parcent y Benissa. El viernes, viajará a Jávea, en Alicante, Benicassim y Oropesa, en Castellón, Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y Valencia. Ya el sábado, los eurodiputados prevén volver a Madrid y visitar municipios objeto de quejas 'especialmente en el área de Galapagar', así como entrevistarse con autoridades autonómicas para discutir sobre la aplicación de la ley del suelo, siempre según su agenda. La misión estará integrada por el presidente Libicki, conservador del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por uno de los vicepresidentes de la comisión, el laborista británico Michael Cashman. El grupo del Partido Popular Europeo ha rechazado participar en la visita al entender que responde a un intento de influir en el proceso electoral de los comicios municipales y legislativos del próximo 27 de mayo.
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Spanish real estate
Valor añadido > -José Luis Marcos, consejero delegado de Roan, considera el momento actual que vive el residencial español como "una gran oportunidad para las consultoras" en el que "somos los mejores guías y merece la pena sentarse con nosotros, con los que saben, para colocar de mejor manera el producto". Y es que el sector residencial se ve afectado por las incesantes noticias sobre desaceleraciones -"en un periodo de siete años los indicadores muestran que habrá un descenso de potenciales clientes"-, subidas de tipos de interés y temores por la nueva Ley de Suelo. Sin embargo, José Luis Marcos es optimista: "en el aspecto financiero, la subida de los tipos de interés del pasado viernes supone un aumento de 70 euros, lo cual demuestra que no es un gran problema para 2007; y en el de las ventas, es cierto que hay mayores retrasos en los plazos de adquisición, pero no son significativos; de hecho, los seis fondos de inversión españoles al llegar diciembre, necesitados de adquirir inmuebles residenciales por tema legislativo, se las ven y se las desean para adquirir viviendas". Para Marcos, la Ley de Suelo no aportará nada "mientras no haya voluntad política verdadera de liberalizar el suelo". Donde si es pesimista la consultora es en el segmento de la vivienda de costa, donde "hay suelo para proyectos, ya con licencia, que están esperando a ser vendidos porque los promotores no quieren levantar inmuebles porque saben que con los precios actuales es difícil vender; competidores como Marruecos -el proyecto de Fadesa en territorio alaüí oferta pisos a 120.000 euros-, Chipre o Croacia tienen precios mucho más bajos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Expansión
Valor añadido > -Reformaremos la legislación urbanística de las comunidades autónomas para liberalizar el suelo”, señalan los populares en el programa electoral, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. El objetivo: “Abaratar su precio y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica”. El duelo será directo con los planes del PSOE. El partido en el Gobierno ha plasmado en su plan marco en materia de urbanización el mensaje contrario. “En los últimos años, la política del todo urbanizable, propugnada por el PP, ha conducido a un modelo de desarrollo territorial basado en el crecimiento frenético de la ocupación del suelo y en la urbanización dispersa del territorio”, asegura literalmente el documento elaborado por el Partido Socialista como base de su reforma del modelo urbanizador. Si para el PP es absolutamente necesario liberalizar suelo como vía para acabar con las restricciones impuestas a la oferta de metros cuadrados urbanizables y abaratar, así, su coste, para el partido en el Gobierno, el impacto de ese modelo supone la urbanización “a menudo desordenada y sin la necesaria consideración de los recursos y servicios que requieren los nuevos desarrollos”. En consecuencia, la solución planteada por el PSOE no puede ser más alejada de la del PP. Los populares apuestan por la liberalización como vía para bajar el precio de los pisos y los socialistas defienden abiertamente “una mayor y mejor intervención pública en la ordenación del territorio y en la preservación de sus valores”. El compromiso del PP no termina ahí. Sus planes pasan por poner “a disposición de la ciudad tanto suelo como requiera mediante un planteamiento abierto, ágil y transparente”, lo que implica también crear “mecanismos que agilicen y simplifiquen la tramitación e incrementen la transparencia de la gestión del suelo y de las licencias urbanísticas”.La supervisión de estas políticas es clave para los populares, que no dudarán a la hora de lanzar la Inspección, creando servicios especiales autonómicos y locales “con personal cualificado”, que se completarán con las “auditorías especiales sobre gestión urbanística”, reforzando el control sobre la aprobación y el seguimiento de los convenios urbanísticos. Estos se someterán incluso al trámite de información pública para ser después aprobados por el pleno municipal y publicados en Internet, donde también se podrá consultar su nuevo “mapa nacional del suelo”. Favorecer el alquiler y el acceso a la vivienda entre los jóvenes será otro capítulo estrella en vivienda, con reducciones de la carga que grava la constitución de hipotecas y del pago de impuestos como Transmisiones Patrimoniales o la práctica supresión de  Actos Jurídicos Documentados. Medidas que se sumarán a la rebaja de un punto en el IRPF en las comunidades donde gobierne el PP, como adelantó ayer EXPANSIÓN. El PP no se olvida del arrendador, para el que quiere “favorecer el desarrollo” de seguros que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino. Se compromete, además, a aplicar los juicios rápidos civiles en materia de desahucios y a implantar  sistemas de arbitraje para resolver los conflictos. En cuanto a la VPO, extenderá la promoción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con opción de compra para menores de 35 y familias numerosas; una medida que también difiere de la que propone el PSOE, que prefiere crear desde 2009 un parque “permanente” en alquiler, de forma que la VPO en propiedad “desaparecerá poco a poco”.
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NOTICIA > -Urbanismo > el País
Valor añadido > -Ochocientas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, que suman más de 6,5 millones de personas, entre ellas Vigo, Ourense, Oviedo, Burgos, Úbeda, Algeciras e Ibiza, no depuran, o lo hacen insuficientemente, sus aguas residuales. El problema -que España debería haber resuelto antes de 2006- se ve agravado por las últimas exigencias de Bruselas, que ha declarado zonas sensibles (objeto de tratamientos depuradores más completos) a 288 aglomeraciones más, con 25,5 millones de habitantes. El Gobierno proyecta destinar 17.500 millones de euros a resolver los problemas actuales y los futuros. Expertos en el tema reconocen que las mayores necesidades de depuración se deben al incremento de población y a la galopante urbanización de nuestro territorio.  La Administración central piensa adoptar la 'tolerancia cero' contra los vertidos La población, a efectos de depuración de aguas, supera con creces los 73 millones El agua es un bien mal repartido y maltratado en España. Y la situación tiende a empeorar. A los rigores que está imponiendo el cambio climático, se suma el aumento de población (cuatro millones de inmigrantes censados) y la progresiva urbanización de costas y sierras con la consiguiente demanda de agua e infraestructuras. Pese a los esfuerzos de la administración, todavía hoy 800 núcleos urbanos (entre ellos ciudades como Ibiza, Vigo, Ourense, Badajoz o Úbeda), con 6,5 millones de habitantes, incumplen la directiva europea de 1991, que obligaba a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes (la carga contaminante por individuo, calculada sobre la media máxima semanal, que llega a las instalaciones depuradoras). De forma que si la población de hecho en núcleos de más de 2.000 habitantes es 35,4 millones de personas, la población estimada, a efectos de las necesidades de depuración supera los 73 millones No sólo ha sido imposible cumplir los objetivos del primer Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, sino que, a medida que se aplicaba, se quedaba pequeño. "Se aprobó en 1995, pero se elaboró entre 1992 y 1993, y en estos 15 años años ha habido un aumento enorme de la población", dice Ángel Cajigas, director general de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), que participó en la elaboración de ese primer marco legal. Y un auge tal de la construcción que, en estos momentos, España duplica la media europea en segundas residencias, con 160 por cada mil habitantes. Parte de estas construcciones son explotadas en el marco de nuestra otra gran industria, el turismo. Una población flotante que reclama nuevas depuradoras. "Cuando se redactó el primer plan de saneamiento no vislumbramos la necesidad de otra planta depuradora para Madrid, por ejemplo. Eso sin contar con que muchas estaban ya obsoletas", añade Cajigas.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Madrid > C. Valenciana > ABC, Levante y otros
Valor añadido > -El Parlamento Europeo investigará el urbanismo de Andalucía> Una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara, según informaron hoy fuentes parlamentarias. La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman. El PP, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, todavía no ha decidido si enviará o no a un representante, según explicó su representante, Carlos Iturgaiz. Iturgaiz denunció que se está tratando hacer una «sangría3 sobre todo contra la Comunidad Valenciana, porque es la tercera vez que la visita una misión del Parlamento por irregularidades urbanísticas. «Es una visita política contra los Gobiernos del PP» que «no tiene precedentes» en ningún otro Estado miembro, dijo el parlamentario popular. El miércoles 28 de febrero, los parlamentarios visitarán la zona de Galapagar y luego viajarán a Almería, donde se acercarán a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo centrarán sus reuniones ya en la Comunidad Valenciana. > Una misión del Parlamento Europeo visitará por tercera vez la Comunitat Valenciana para investigar el urbanismo. La visita tendrá lugar del 27 de febrero al 3 de marzo. Los autodiputados también acudirán a Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara, según fuentes parlamentarias.  La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman.  El PP, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, no ha decidido si enviará o no a un representante, según el europarlamentario Carlos Iturgaiz, quien denunció que se está intentando hacer una “sangría” contra la Comunitat.
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NOTICIA >-Promoción > urbanismo > Gaceta
Valor añadido > -Las administraciones más expuestas a los vaivenes derivados de la evolución del mercado inmobiliario son los ayuntamientos, pues en ellas aproximadamente el 1,4% del producto interior bruto (PIB) –un 22% de sus recursos- está directamente vinculado a las actividades de este sector, según se expone en el informe Situación Inmobiliaria del Servicio de Estudios del BBVA. El análisis concluye que la construcción aporta un 32% de los ingresos municipales, mientras que genera alrededor del 36% de los gastos, por lo que parece hacerse evidente que una eventual desaceleración gradual del sector inmobiliario se haría sentir de forma intensa en las corporaciones locales.
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NOTICIA >-Promoción > urbanismo > reforma ley del suelo
Valor añadido > -La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) cargó  de forma muy dura contra la Ley de Suelo promovida por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. La norma «abona la corrupción urbanística», según señaló el presidente de la patronal, Guillermo Chicote. A su juicio, lejos de frenar la especulación, como propugna el Gobierno, el texto favorecerá la discrecionalidad de ayuntamientos y comunidades autónomas y multiplicará el poder de unas pocas empresas generando verdaderos monopolios.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo
Valor añadido > -Los ciudadanos podrán acceder a través de Internet a los planes urbanísticos que se desarrollen en sus municipios gracias al acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el que se pretende potenciar la "transparencia" en la gestión pública en el sector, informó el Ministerio. La iniciativa fue suscrita por el ministro de Industria, Joan Clos, y el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, y supone la primera fase de desarrollo del programa de impulso de la introducción de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la gestión urbanística municipal, que se hará efectiva a través de la entidad pública Red.es con una inversión máxima de 1,5 millones de euros. En virtud del convenio firmado se realizará un estudio para analizar las actuales necesidades de los ayuntamientos a la hora de implantar una herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica) para poner a disposición de los ciudadanos los planes urbanísticos.
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo > Cataluña > expropiaciones urbanísticas
Valor añadido > -El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha ganado el recurso de casación que interpuso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que elevaba la indemnización correspondiente a uno de los expropiados de Terra Mítica de 36.779.595,16 a 806.585.971 euros, según informó la Generalitat en un comunicado.  Este es el cuarto de los seis recursos que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra las sentencias TSJCV que fijaban unas indemnizaciones por las expropiaciones de Terra Mítica "muy superiores a las fijadas por el Jurado Provincial de Expropiación", al entender la sala que los terrenos expropiados "debían valorarse como suelo urbanizable, y no como suelo no urbanizable, criterio este último que es el que siempre defendió la Abogacía de la Generalitat".  El fallo, que fue notificado hoy a la Generalitat, vuelve "a confirmar las razones esgrimidas por la abogacía de la Generalitat que siempre ha considerado que los terrenos deben valorarse como suelo no urbanizable" y, por tanto, confirma "la plena legalidad de las indemnizaciones fijadas por el Jurado Provincial de Expropiación". Según el Consell, "la cuantía total del beneficio económico para la Generalitat que se deriva del conjunto de las sentencias relativas a las expropiaciones de Terra Mítica excede de los 120 millones de euros, diferencia entre las indemnizaciones fijadas por el Jurado Provincial de Expropiación y las solicitadas por los expropiados".
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NOTICIA > -Urbanismo > C. Valenciana > opiniones F. Gaja> Levante
Valor añadido > -dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Turismo > Urbanismo > Aragón > el periódico
Valor añadido > -Francisco Bono PRESIDENTE DE ARAMÓN: "El urbanismo es la única forma de amortizar la inversión en la nieve"
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Urbanismo > Madrid > el País
Valor añadido > -El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (4.963 habitantes) ha aprobado los planes parciales de dos zonas del municipio, el SAU-I y SAU-III, donde se edificarán 869 viviendas en altura. En estas casas vivirán unas 2.700 personas, una cifra que incrementará la población actual en un 54%. IU ha denunciado que su tramitación ha sido "completamente irregular", ya que los había visado e informado el arquitecto municipal, lo que es incompatible debido a que la empresa de la que es coadministrador ha sido la encargada de redactar los planes. "Por tanto, se ha erigido como juez y parte", explica IU. Guadalix de la Sierra, gobernado por el PP, encargó a la empresa MDS Arquitectos, SL, la redacción de los planes parciales. El arquitecto municipal, Rafael Martínez Díaz, que ocupa su cargo de forma honorífica, fue el encargado de revisar los planes. El problema surge debido a que Martínez es coadministrador de MDS Arquitectos, SL. "El arquitecto es incompatible para informar los planes que su propia empresa ha llevado a cabo", denuncia el concejal de IU de Guadalix, José Antonio Herencia. Los servicios técnicos municipales también advirtieron al alcalde, Ángel Luis García, sobre la incompatibilidad del arquitecto para visar los planes, porque, a su juicio, se están mezclando los intereses privados con los públicos.
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NOTICIA > -Urbanismo > Castilla León
Valor añadido > -Salamanca contará a partir del segundo semestre del año 2009 con el Museo Nacional de Arquitectura, una infraestructura que se ubicará en el antiguo Banco de España en la que se invertirán más de 20 millones de euros y que contará con una plantilla que oscilará entre 80 y el centenar de empleados, según anunció ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quien destacó que el edificio albergará un centro de documentación dedicado a la investigación y contará con una red de centros asociados.
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NOTICIA >-Edificación > urbanismo > el periódico
Valor añadido > -El Consejo de Ministros aprobó la creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, con sede en Barcelona para la sección de urbanismo, y en Salamanca para la de arquitectura. Se oficializa así la decisión salomónica anunciada el pasado año por el Gobierno central para solucionar la polémica creada entre ambas ciudades por su deseo común de acoger el museo. Barcelona fue la primera en presentar candidatura, con Joan Clos como alcalde. Luego se unió Salamanca, con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, natural de Béjar, ciudad de esta provincia, como valedor. Caldera defendió la propuesta como compensación por el revuelo creado por la devolución a Catalunya de una parte de los documentos confiscados por el Ejército franquista y depositados en el archivo salmantino, lo que convenció a Zapatero. La decisión provocó duras críticas de la oposición barcelonesa y del mundo catalán de la arquitectura y el urbanismo. El actual alcalde, Jordi Hereu, optó ayer por dar carpetazo al conflicto y dijo que la aprobación final supone "un reconocimiento al protagonismo que históricamente ha tenido la ciudad en este campo". LA CIUDAD DE LOS ARQUITECTOS Hereu tildó a Barcelona de "ciudad de los arquitectos", pero recordó también a los numerosos urbanistas que han dejado "su huella", simbolizados en Ildefons Cerdà. El alcalde quiso felicitar a Salamanca. "Es bueno que ambas ciudades se reencuentren, después que la utilización perversa de la historia las haya querido separar", concluyó. El ayuntamiento abrirá un periodo de consultas en el sector para decidir la ubicación y las características del equipamiento.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cataluña > la vanduardía
Valor añadido > -El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cadaqués, Valentí Seriñana (ERC) - que profesionalmente regenta una empresa de construcción-, está llevando a cabo unas obras de reforma en un edificio del paseo de Mar de esta localidad de la Costa Brava sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat y, por lo tanto, también sin el correspondiente permiso municipal de obras. El grupo municipal de CiU, en la oposición en el consistorio de Cadaqués, ha denunciado esta situación irregular calificándola de "muy grave", por lo que no descartan exigir responsabilidades políticas.
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NOTICIA >-Promoción >Urbanismo > reforma de la ley del suelo > el Mundo
Valor añadido > -La Ley del Suelo del Ministerio se aprobará antes de junio
El retraso en la tramitación de la norma y su posible influencia a nivel autonómico han obligado a posponer la elaboración de una ley propia en la comunidad de Madrid  Primero se habló de 2006. Ahora parece que no será antes de junio de 2007. María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, prometió hace unos meses que la nueva Ley del Suelo entraría en vigor antes de que acabase este año. Sin embargo, a día de hoy, la futura norma tiene forma de proyecto y se encuentra todavía tramitándose en el Parlamento. El 20 de diciembre se aprobó el informe de la ponencia. El texto pasará ahora a la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso antes de acudir al Senado. Sin embargo, el trabajo de la Comisión no comenzará hasta febrero. Los cálculos más optimistas señalan mayo como posible fecha de puesta de largo. «Desde luego, será antes de junio», aseguran desde el Grupo Socialista. Lo que parece es que la forma final de la ley no diferirá en mucho del proyecto del Gobierno. Pablo Matos, portavoz del Grupo Popular en la Comisión, tiene pocas esperanzas de que el texto se modifique en estos meses. «En apenas 20 minutos, el PSOE nos dijo que admitía un par de enmiendas al PP», afirmó a Profesionales SU VIVIENDA. La única aspiración de los populares es poder cambiar algo en el Senado, aunque al PSOE no le costará deshacer dichos cambios cuando vuelva a la Cámara Baja y es que, cuando el texto llegó al Parlamento a mediados de julio, ya existía un preacuerdo entre socialistas, ERC e IU-ICV que facilitaba la aprobación del proyecto de ley. Por el camino ha quedado la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Popular, que considera el proyecto intervencionista e inconstitucional, pues invade competencias autonómicas. El aspecto que más preocupa al PP es el referente a la expropiación, pues, según Matos, «se pagará a los propietarios por debajo del valor del suelo». Para Joan Herrera, de IU-ICV, la valoración del suelo también es el punto más importante, aunque por diferentes razones, pues confían en que ayude a frenar la especulación. Su grupo quiere un respeto competencial absoluto y alcanzar mayores exigencias como subir la reserva mínima de suelo para VPO hasta el 30%. Por su parte, ERC también quiere blindar aspectos competenciales y exige mejoras en materia medioambiental. Es probable que ambos terminen apoyando la norma, aunque Herrera coincide con Matos en que no resolverá el problema de la corrupción. De igual manera opina Jordi Jané, portavoz de CiU en la Comisión. Su grupo apoyará el texto siempre y cuando el PSOE esté dispuesto a resolver «algunos vicios de alteración de competencias». Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), cree que la ley «no abaratará el precio del suelo, sino que lo encarecerá» y creará un conflicto de competencias entre administraciones, lo que derivará en la presentación de recursos de inconstitucionalidad.
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NOTICIA > -Impuestos > Urbanismo > el País
Valor añadido > -Hacienda fotografía España desde el aire para detectar el fraude inmobiliario > Los alrededores de las ciudades más dinámicas concentran los proyectos sin identificar Un ejército de aviones está fotografiando el país por orden de Hacienda para comprobar si los proyectos urbanísticos que se observan desde el aire se ajustan a la legalidad. La proliferación del ladrillo en los últimos años ha llevado a la Dirección General del Catastro a intentar detectar los posibles fraudes en su fase más temprana. A mediados de 2007, Hacienda contará con una imagen aérea precisa de España que descubra las urbanizaciones de las que no tiene constancia el Catastro. Los alrededores de las ciudades más dinámicas, como Madrid, concentran buena parte de los proyectos sin identificar. Los inspectores del Catastro -dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- contarán el próximo año con una herramienta más cualificada para luchar contra el fraude inmobiliario. Se trata de un mapa aéreo de España, obtenido mediante una técnica denominada ortofotografía, que permitirá identificar cualquier elemento con una altura superior a 50 centímetros del suelo. El proyecto, una iniciativa del ministerio en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, consiste en superponer las fotografías aéreas a los mapas catastrales, que reflejan todos los proyectos urbanísticos registrados en el Catastro. La diferencia entre ambas imágenes permitirá identificar los proyectos nuevos, no necesariamente ilegales, según explicó ayer el director general del Catastro, Jesús Miranda. Con esa información, Hacienda se dirigirá a las comunidades autónomas o los ayuntamientos (según a qué administración corresponda la concesión de cada licencia) para comprobar si cuentan con los permisos reglamentarios. Los ayuntamientos están obligados a suministrar periódicamente al Catastro todo el planeamiento urbanístico del municipio, pero en la práctica esta obligación se incumple. "Son relativamente pocos los que remiten la información puntualmente. Por eso tenemos que buscar mecanismos alternativos", explicó ayer Miranda a este periódico. Hasta ahora, los inspectores del Catastro funcionaban principalmente con los datos que les remitían los ayuntamientos. En el momento en que tenían constancia de un proyecto sin licencia se dirigían a la administración competente para preguntar. A partir de ahora Hacienda contará con su propio sistema de información -también lo pondrá a disposición de comunidades y ayuntamientos- y podrá actuar con más celeridad. La normativa obliga a comunicar al Catastro toda obra finalizada en un máximo de dos meses después de colocar el último ladrillo. De momento, Hacienda dispone ya de la información ortofotográfica relativa a Andalucía (en gran parte la Costa del Sol), Murcia, Cantabria y parte de Cataluña. De lo observado y de otras informaciones se desprende que son los alrededores de las ciudades con mayor dinamismo en los últimos años, entre ellas Madrid, los que mayor número de urbanizaciones sin identificar registran. Jesús Miranda precisa que la mayoría de ellas son legales y cuentan con sus licencias, aunque Hacienda aún no tenga constancia de ello. Las que no se ajusten a lo establecido serán objeto de investigación.
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NOTICIA >-Urbanismo > Castilla La Mancha
Valor añadido > -La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicará en su página web las actas de la comisión regional y de las comisiones provinciales de urbanismo de los últimos cinco años y quiere que los Ayuntamientos de la región hagan lo mismo con los acuerdos municipales. A partir de esta semana, a través de la web de la Junta (jccm.es) se podrá acceder a las actas, donde se pueden buscar todos los acuerdos e informes relativos a calificaciones de suelo, planeamientos generales o planeamientos de desarrollo de cada uno de los 911 municipios de la comunidad de los últimos cinco años. El consejero de Vivienda y Urbanismo castellano-manchego, Alejandro Gil, subrayó que esta medida, aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno, supone un paso más en la apuesta del Gobierno regional por la transparencia y la participación ciudadana en materia de urbanismo. Indicó que mediante el decreto, anunciado por el presidente regional, José María Barreda, en el último debate sobre el estado de la región, la Junta se compromete a publicar todas las actas de las comisiones de urbanismo en el plazo de un mes desde su celebración, así como las de los últimos cinco años. Además, el consejero mostró el deseo de que otras administraciones, especialmente los ayuntamientos de la comunidad, den la misma publicidad a sus acuerdos, desde el convencimiento de que "la inmensa mayoría" de los responsables de urbanismo están comprometidos con sus ciudadanos y hacen las cosas bien. A este respecto, el consejero reconoció que la Junta sólo puede recomendar esta medida, puesto que la ley consagra la autonomía municipal en esta materia, pero sostuvo que la Administración regional necesita instrumentos más ágiles que los actuales para intervenir en caso de que aprecie irregularidades.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo > Vivienda > reforma de la ley del suelo
Valor añadido > -CiU introdujo ayer una serie de enmiendas en el proyecto de la Ley de Suelo, a su paso por la fase parlamentaria de ponencia, orientadas a garantizar la accesibilidad de las viviendas para las personas con discapacidad.  Concretamente, las modificaciones reconocen el ‘derecho del ciudadano a disfrutar de una vivienda accesible’ y a ‘acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público’.  El portavoz de Vivienda de CiU en el Congreso, Jordi Jané, explicó en un comunicado que ‘estas propuestas prevén la incorporación de normas de accesibilidad universal en la construcción de viviendas, debido a que el derecho de tener una vivienda adecuada se concibe, en los colectivos de personas con discapacidad, únicamente si éstas han sido diseñadas siguiendo los principios de accesibilidad’.  Por otro lado, Jané lamentó la celeridad con la que se ha tramitado el proyecto de ley en su fase de ponencia, ya que el trámite se prolongó poco más de 20 minutos, y calificó el procedimiento de ‘tramitación exprés’. Por ello, afirmó que no se han podido debatir ‘en profundidad’ las más de 300 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, ni ha sido posible resolver así ‘la invasión competencial que hace esta ley en materia de suelo’.  En este sentido, el parlamentario catalán sostuvo que el texto deberá ser debatido en profundidad durante su paso por la Comisión y el Pleno del Congreso, antes de su aprobación definitiva, dado que puede tener ‘posibles vicios de inconstitucional’.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Murcia > suelos contaminados
Valor añadido > -Urbanismo prepara la descontaminación del suelo de Potasas para inicios de 2007   ... cinco años que el grupo industrial Ercros cerró en El Hondón su fábrica de Potasas y Derivados. Y, casi en el quinto aniversario de esa fecha, que ha permitido reducir de forma notable la contaminación atmosférica en Cartagena, el concejal de Urbanismo anunció que la otra descontaminación pendiente, la de los propios terrenos que ocupaba la planta, empezará en los primeros meses de 2007. El edil de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Agustín Guillén, señaló que la Dirección General de Calidad Ambiental ultima la redacción de un informe que establecerá las condiciones en que la sociedad Podecasa (constituida por Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) abordará la eliminación de los metales pesados. El proyecto, que complementa al que se hizo para la limpieza superficial es imprescindible para la expansión de la ciudad hacia el este. La financiación corresponde también al grupo Ercros, dueño de la mitad del suelo. Arsénico y bario Un estudio realizado en el año 2000 por Emgrisa, la empresa LQM Gestión Ambiental y la Universidad Politécnica indican que, a pesar de los metales acumulados por la actividad industrial, las aguas subterráneas no están tan contaminadas. Eso sí, hay exceso de arsénico y bario en ciertos lugares. El concejal de Urbanismo ha manifestado en múltiples ocasiones que el Ayuntamiento no escatimará fondos para costear la descontaminación de Potasas, pero las administraciones están realizando los cálculos para ajustar el presupuesto del plan ambiental. Hasta ahora, los técnicos han advertido de que descontaminar la parcela pasará por la retirada de los metales pesados, que generan unos altos niveles de contaminación por la presencia de cadmio, zinc, mercurio o plomo, y que pueden complicar las tareas. Otra de las dificultades será que existen diferentes niveles de profundidad de suelo adonde ha llegado la contaminación. El futuro de la zona, que será un nuevo ensanche urbano (otro será la zona de Finca Versalles, que ampliará Barrio Peral y José María Lapuerta), pasa por el soterramiento de las vías y la estación de ferrocarril y la construcción de unas 5.000 viviendas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > el País
Valor añadido > -El juez intervino el teléfono del consejero de Interior en Baleares tras el chivatazo La resolución judicial entendía que podía existir un delito de encubrimiento o revelación de secretos  El juez de Palma de Mallorca que investiga el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Andratx, gobernado por el PP, ordenó el pasado 5 de diciembre la intervención del teléfono del consejero balear de Interior y secretario general del PP en las islas, José María Rodríguez, ante las sospechas de que había advertido al alcalde de esa localidad, Eugenio Hidalgo, de su inminente detención, lo que habría permitido destruir pruebas. El auto se ha conocido después de que Rodríguez negara ayer en una conferencia de prensa que avisara a Hidalgo el 27 de noviembre de la inminente intervención judicial.  El consejero balear de Interior no sólo alertó al alcalde de su inminente detención sino que, según el auto judicial, habló con Hidalgo de los aspectos esenciales del caso y de los posibles afectados: "Como advierte el ministerio público, es destacable la conversación que mantienen [Hidalgo y Rodríguez] donde se pone de manifiesto que los dos conocían la acción judicial que se desarrollaría poco después. En esa comunicación, tanto Hidalgo como Rodríguez sopesan el alcance de la acción, cuales pueden ser sus puntos neurálgicos y quienes son sus principales afectados que puedan verse mayormente involucrados".Pese a las evidencias reunidas por la investigación judicial, Rodríguez ofreció ayer una conferencia de prensa en la que negó todos los extremos. "Es radicalmente falso que yo le avisara a las ocho al señor Hidalgo que iba a ser detenido porque no la sabía". Rodríguez admitió que llamó a Hidalgo a las ocho de la mañana del 27 de noviembre. ¿De qué hablaron?, le preguntaron los periodistas. "Que era lunes, que [Hidalgo] estaba en su despacho... de eso exclusivamente". Rodríguez anunció que tomará medidas legales para que los medios de comunicación "rectifiquen". La vicepresidenta de Baleares, Rosa Estarás, pidió a la fiscalía que "actúe de oficio" contra los medios por "injurias y calumnias" contra el Gobierno. El PP cuestionó la petición fiscal que llevó al juez a pinchar el teléfono de Rodríguez. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, detalla como "un hecho incontrovertible" que el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, "fue avisado y conocía la acción judicial que iba a desarrollarse el lunes 27 de noviembre y esperaba la intervención". Por esa razón, según el relato del juez, el alcalde popular "destruyó documentación en la sede de su propia corporación" municipal, "lo que se produjo el 26 de noviembre de 2006, tras una reunión mantenida el día anterior entre los señores Hidalgo [alcalde de Andratx] y Rodríguez [consejero de Interior del Gobierno balear del PP]". El regidor reconoció en su declaración ante el juez que había destruido documentación el 26 de noviembre. En esa misma declaración, Hidalgo confesó que el consejero de Interior del Gobierno balear le había anunciado el 25 de noviembre que "iba a haber lío". El "lío" al que supuestamente se refería Rodríguez era una intervención judicial para desarticular una trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Andratx por la cual el alcalde de esta localidad, Eugenio Hidalgo, en colaboración con el inspector municipal de Obras, concedían licencias irregulares a cambio de comisiones ilegales e incluso compraban terrenos que luego se recalificaban para sí. En estos delitos también estaría implicado el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, que antes de ejercer el cargo autonómico había sido alto responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > el País
Valor añadido > -El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo fue alertado con 40 horas de antelación por el secretario general del Partido Popular de Baleares y consejero de Interior, José María Rodríguez, de que estaba en marcha una operación anticorrupción que le afectaba. Hora y media antes de su arresto, el pasado 27 de noviembre, Rodríguez avisó telefónicamente a Hidalgo de que la Guardia Civil iba a detenerle, según ha sabido EL PAÍS de fuentes próximas a la investigación. Estos avisos permitieron al ex alcalde destruir numerosos documentos, así como pistas sobre el presunto cobro de una comisión de 369.424 euros. El pasado 27 de noviembre, dos días antes de que la Guardia Civil realizara las primeras detenciones y registros en relación con la trama de corrupción urbanística, el consejero de Interior del Gobierno balear, José María Rodríguez, anunció al alcalde de esa localidad mallorquina: "Habrá lío en Andratx". Así lo reconoció en su declaración ante el juez -según consta en el acta a la que ha tenido acceso EL PAÍS- el ex alcalde Eugenio Hidalgo cuando, el 30 de noviembre, fue preguntado acerca de quién le avisó de que su Ayuntamiento era objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. En una de las conversaciones telefónicas de Rodríguez con Hidalgo, grabadas con autorización judicial, el consejero de Interior comunicó con hora y media de antelación al entonces alcalde que iba a ser detenido en el Ayuntamiento por agentes de la Guardia Civil.
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NOTICIA > -Urbanismo > opiniones Castaño Gea > el Mundo
Valor añadido > -El planeamiento urbanístico es fundamental para favorecer un comportamiento energético y ambiental eficiente de la edificación. Además, debe evitar la imposición de restricciones que dificulten la incorporación de criterios de sostenibilidad en las fases posteriores a este proceso. Hay que tener en cuenta que los desarrollos urbanísticos inciden directamente sobre cuatro elementos básicos a preservar en aras del desarrollo sostenible: el territorio, un bien limitado y sobre explotado; la energía (la edificación representa el 42% del consumo de energía en la Unión Europea); el agua (el consumo en España asociado al uso y construcción de edificios es el doble del consumo de agua en la industria); y los materiales (la construcción es una de las actividades más consumidoras de materiales y generadoras de residuos). Para mitigar los efectos anteriores, el urbanismo sostenible pretende la utilización racional del territorio que permita compatibilizar el crecimiento y el dinamismo económico con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida. La manera de alcanzar este objetivo requiere criterios de sostenibilidad en las principales fases del urbanismo, entre las que se encuentran: la definición del modelo urbano y la distribución de los usos del suelo, el trazado de las calles, la parcelación y las necesidades de transporte público y, por último, el acondicionamiento ambiental. Las fases de la edificación en las que resulta más recomendable la incorporación de criterios de sostenibilidad son la adecuación del diseño del edificio a las condiciones climáticas y ambientales de la zona, la selección de los materiales y sistemas constructivos, la implantación de sistemas energéticos eficientes e incorporación de energías renovables, el diseño del sistema de mantenimiento preventivo del edificio y, por último, la deconstrucción y valorización de residuos.En la actualidad la consideración de este tipo de criterios está asociada principalmente a aquellos proyectos urbanísticos y arquitectónicos de alta calidad. Pero la aplicación de tales medidas representa, normalmente, un sobrecoste mínimo (entre el 2 y el 5%) el cual se recupera mediante un mayor ahorro en los costes asociados a la fase de uso y mantenimiento.Para ello, al servicio de las administraciones públicas y de las empresas privadas de la construcción se encuentran diferentes organizaciones, que desde un enfoque multidisciplinar ofrecen una metodología contrastada para el asesoramiento e incorporación de este tipo de medidas.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo > Expansión
Valor añadido > -El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, solicita que "las competencias en materia de ordenación del territorio retornen a la Administración Central" ante la oleada de escándalos de corrupción urbanística. Vercher señala a los municipios como "el gran problema" ya que tienen "algún tipo de perspectiva interpretativa peculiar" a la hora de "ajustar el urbanismo y los elementos democráticos más elementales". Como conclusión, señala: "España es el paraiso de la corrupción urbanística".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda
Valor añadido > -El presidente del PP, Mariano Rajoy, invitó hoy a repensar las competencias de urbanismo con idea de que el Estado asuma algunas de ellas y, a partir de ahí, promover una ley encaminada a conseguir la "liberalización" del suelo.  En declaraciones a los periodistas en el transcurso de la recepción del Día de la Constitución, Rajoy recordó que el artículo 149 de la Carta Magna no menciona al urbanismo como una competencia del Estado y que, por ese motivo, el Tribunal Constitucional ya se ha "cargado" dos leyes del suelo de distintos gobiernos: la de 1992, con el PSOE en el poder, y la de 1998, ya con el PP.  A su juicio, "hay que dar una vuelta" a este tema y promover un debate para que el Estado (el Gobierno y las Cortes Generales) tenga "algunas competencias" en materia de urbanismo, algo que considera "muy positivo".  A partir de ahí, ya avanzó su apuesta por una ley encaminada a conseguir "la mayor liberalización del suelo". Según dijo, si en un municipio hay cuatro terrenos y, por decisión de la Concejalía de Urbanismo, sólo se puede edificar en uno, "es evidente que en ese cuarto terreno el suelo es mucho más caro y los pisos también muchos más caros".
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NOTICIA > -Promoción > Cinco Días
Valor añadido > -Urbas pretende desarrollar hasta 20.000 viviendas en Marruecos en los próximos cinco a siete años, según estimó el director de Expansión Internacional de la compañía, Ignacio Otero, en una entrevista para Europa Press. 'Queremos quedarnos a largo plazo en Marruecos', declaró Otero. La compañía de Guadalajara desarrolla en la actualidad, a través de su filial Urbatra, dos complejos de viviendas en Tánger. Además, está analizando y comprando nuevo suelo para desarrollar nuevos proyectos, según fuentes de la empresa. Urbas construirá un conjunto de 1.600 viviendas cerca del aeropuerto internacional, en un terreno adjudicado por el Ministerio de la Vivienda marroquí. Un 30% de las casas serán viviendas sociales. Además, construirá 250 viviendas, de mayores calidades, en el centro de la ciudad. El inicio de las obras de ambos complejos comenzará a principios de 2007. La entrega está prevista entre 2009 y 2010.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Canarias > el País
Valor añadido > -La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio. Un acta de la filatélica refleja: "Con respecto al pago reclamado por el alcalde, habrá que ver por qué y a cambio de qué" La contabilidad secreta de la filatélica incluye un compromiso de pagar tres millones a cambio de favores urbanísticos La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio. Una nota confidencial de 2005 de Fórum -intervenida en el registro de su sede central y a la que ha tenido acceso EL PAÍS- anotaba entre los presuntos receptores de sobornos por el primer proyecto lo siguiente: "El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo [de Coalición Canaria]: aportación económica a la formación que representa unos 3.000.000 euros". Y sobre la recalificación de terrenos, otro escrito detallaba que "con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el porqué y a cambio de qué". El juez Baltasar Garzón, que instruye el supuesto fraude de la filatélica Fórum a más de 200.000 clientes, dictó ayer un auto que pone al descubierto dichos negocios presuntamente irregulares de los gestores la empresa filatélica intervenida, que podrían haber pagado comisiones ilegales a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife (220.000 habitantes). Entre los presuntos receptores de sobornos también figura el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez. Dado que Zerolo es aforado, al ser diputado autonómico por Coalición Canaria, el caso derivará hacia el Tribunal Superior Canario. La Autoridad Portuaria de Tenerife adjudicó en 2002 la concesión de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés de la localidad de Santa Cruz de Tenerife a Parque Marítimo de Anaga, SA, cuyo principal socio financiero era Fórum. La sociedad fue creada en 1996 y aunque la concesión del puerto deportivo de San Andrés data de 2002, las obras llevan cuatro años de retrasos con diferentes prórrogas concedidas por la Autoridad Portuaria y con algunos problemas en relación con el estudio de impacto ambiental del proyecto.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Ley del suelo
Valor añadido > -La Ley de Suelo no resuelve el futuro de los suelos urbanizables en tramitación, según Knight Frank  La aprobación de la nueva Ley de Suelo no especifica cual será el futuro de los suelos urbanizables que en la actualidad están pendientes de tramitación urbanística, pese a que en su articulado sólo contempla dos tipos de suelo, los rurales y los urbanos, según un estudio de Knight Frank. Además, la Ley de Suelo no aclara "qué criterio se seguirá para aprobar la incorporación de un suelo rural a una plan general de ordenación urbana (PGOU)", indica la consultora inmobiliaria. En este sentido, señala que la aprobación del actual proyecto de ley, aún en trámite parlamentario, podría traer consigo "conflictos derivados de situaciones transitorias". Por otro lado, desde Knight Frank se considera que el "factor precio" se verá afectado por "el exceso de oferta que pueda existir en un mercado como el inmobiliario, íntimamente ligado a la coyuntura económica del país y a la presión que se genera por la liquidez en el mercado". Así, la consultora considera que le Ley de Suelo no conseguirá abaratar el precio del suelo, más aún después del recorrido de precios al alza observado en los últimos años. No obstante, apunta que la nueva clasificación del suelo incluida en el proyecto de ley, que pretende frenar la especulación, "incentivará a los inversores profesionales, y dejará poco margen de actuación a la figura del especulador".
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NOTICIA > -Promoción > Reforma de la Ley del Suelo > la opinión de Murcia
Valor añadido > -La reforma de la Ley del Suelo pretende limitar la expansión urbanística  > El Gobierno de Zapatero quiere poner trabas a los proyectos que supongan un aumento del 20% de la población del municipio  El PSOE quiere acabar con la especulación urbanística. Por eso, el Proyecto de Ley del Suelo que se tramita en el Congreso de los Diputados obligará a los ayuntamientos a tramitar como nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cualquier proyecto urbanístico que implique un aumento de población del municipio del 20% o superior. Con esta iniciativa, el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados pretende evitar que se vuelvan a repetir casos como el de Seseña, en Castilla-La Mancha, en el que la empresa de Francisco Hernando, más conocido como Paco El Pocero, quería construir 13.500 viviendas en un pueblo de apenas 5.000 personas, o de Alhama de Murcia, municipio en el que Polaris World quería edificar unas 15.000 viviendas, cuando la población actual es inferior a 20.000 habitantes. Por eso, los socialistas presentaron la semana pasada un conjunto de enmiendas al Proyecto de Ley del Suelo elaborado por el ministerio de la Vivienda, que pretende poner límites a las reclasificaciones y recalificaciones de los terrenos, según aseguró a LA OPINIÓN el diputado socialista por Almería Francisco Contreras. Para evitar nuevas Seseña o Alhama de Murcia, el PSOE ha incluido un nuevo artículo que dice: "La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o ámbito territorial en que se integre. En todo caso, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial". El PSOE quiere que las comunidades autónomas tengan la última palabra en los desarrollos urbanísticos más importantes. Los socialistas aseguran que la participación "de los ciudadanos en el procedimiento, como la evaluación ambiental de los planes, queda defraudada si se permite que sigan aprobándose grandes actuaciones de urbanización mediante modificaciones puntuales de los planes, sin la necesaria visión de conjunto de su impacto sobre la economía y el territorio locales". Así, el PSOE resalta en sus enmiendas que la decisión final de las comunidades "se muestra a todas luces necesaria, vista la alarma social generada por algunas actuaciones urbanísticas recientes". Además, el grupo socialista destaca que la incidencia de esta modificación sobre el modelo urbanístico de las comunidades "es mínima, ya que sólo establece un estándar mínimo y deja en manos autonómicas la determinación de los casos y el procedimiento para la revisión de los planes".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -Según revela el sondeo Asep del mes de noviembre, al que ha tenido acceso LA GACETA DE LOS NEGOCIOS, un 90% de los ciudadanos considera que el nivel de corrupción en España es alto (62%) o muy alto (28%). La corrupción se sitúa ya en el quinto lugar entre los principales problemas del país, muy cerca del terrorismo y algo lejos todavía del paro, la vivienda o la inmigración. Además, aparte de estar alarmados, los españoles tienen muy claro dónde está el foco de tanto hedor. Sobre una escala en la que 0 significa "ninguna corrupción" y 10 supone "máxima corrupción", los encuestados apuntan al sector de la construcción (7,9) y a los ayuntamientos (7,4) como los lugares más putrefactos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > CNN+
Valor añadido > -Urbanismo: El juez destapa el cobro de 740.000 euros en comisiones ilegales en Andratx > El juez que investiga la corrupción urbanística en la localidad mallorquina de Andratx ha destapado el cobro de 740.000 euros por recalificaciones ilegales.  El titular del Juzgado número 12 de Palma de Mallorca ha dictado un auto en el que imputa al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, al director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y al celador del consistorio, Jaume Gibert, varios delitos.  Figuran ilegalidades contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas.  Además el fiscal ha pedido al juez el registro de viviendas y cajas fuertes en busca de acciones, joyas y obras de arte. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > La razón
Valor añadido > -El cesado director general de Ordenación del Territorio de Baleares, Jaume Massot, tiene una empresa dedicada a negocios inmobiliarios con sede en su domicilio particular, según un auto del juez instructor del caso Andratx, Álvaro Latorre. Massot, junto con el alcalde de Andratx (Mallorca), Eugenio Hidalgo, y el celador municipal de obras Jaume Gibert, permanecen detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Palma por presuntos delitos vinculados con actuaciones urbanísticas, a la espera de pasar hoy a disposición del juez, ante quien declaró ayer la ex arquitecta municipal María Isabel Seguí Capó, informa Efe.   La empresa de Massot, de la que es administrador único, se denomina Balear Helvética de Inversiones SA. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ordenó registrar la sede de la misma -en la casa del ex alto cargo- ante la sospecha de que podría haber sido utilizada para blanquear dinero de actividades ilícitas en la época en que fue jefe de Urbanismo de Andratx. Se da la circunstancia de que Massot, como director general, era a su vez vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que pasan todas las leyes urbanísticas de las islas, entre ellas, el Plan Territorial de Mallorca.   Massot, considerado por el grupo ecologista Gob como el «cerebro» de la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, está acusado, en principio, de los delitos contra la ordenación del territorio, de falsedad y de prevaricación urbanística.    El alcalde y ex guardia civil Eugenio Hidalgo hizo efectiva ayer su dimisión como primer edil y concejal en el Ayuntamiento, después de que el mismo lunes así lo reclamara el equipo de gobierno de la localidad, dirigido ahora por el alcalde accidental Jaume Porsell (PP). El PSIB-PSOE pidió que se cree una comisión en el Parlamento balear para investigar toda la actividad llevada a cabo desde el Govern por Massot hasta que fue detenido el pasado lunes por presunta corrupción urbanística en Andratx. Mientras, el portavoz adjunto de EU-EV en el Parlament, Miquel Ramon, anunció que preguntará al presidente del Govern balear, Jaume Matas, ante el pleno de la Cámara balear, si piensa adoptar medidas contra otros alcaldes del PP implicados en procesos judiciales o esperará a que sean detenidos para hacerlo.  EU-EV y PSM solicitarán al Consell Insular de Mallorca que asuma las competencias urbanísticas del Ayuntamiento, petición a la que esta institución respondió que «no tiene intención de hacer nada que no le pidan los jueces» en torno al caso y, por tanto, asumirlas de momento.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -El Consell de Mallorca "no tiene ninguna intención de hacer nada que no le pidan los jueces" en torno al caso de presunta corrupción urbanística en Andratx, por lo que no tiene previsto asumir las competencias en urbanismo de este municipio a no ser que sea por decisión judicial.  Así respondió hoy el portavoz de la institución insular, Toni Martorell, a la petición hecha esta mañana por el PSM y EU-EV, que presentarán una moción de urgencia al Consell para que asuma estas competencias y haga una declaración institucional en contra de los hechos que se están investigando.   El Consell de Mallorca "ha hecho todo lo que tenía que hacer" en el caso del municipio de Andratx, señaló Martorell, quien dijo que "hace más de un año" que la institución devolvió a este Ayuntamiento su informe de planeamiento urbanístico porque contenía "cuarenta deficiencias" que debía solventar.  Al respecto, amplió que el Consell ha impugnado licencias de obras otorgadas por el Consistorio de Andratx y que se le ha pedido en reiteradas ocasiones que adapte su planeamiento, que data de los años 70, a la nueva legislación.  Martorell también hizo referencia a las declaraciones hechas ayer por la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, quien afirmó que se podría "evaluar" la posibilidad de que el Consell gestionase las funciones de urbanismo que competen al Ayuntamiento de Andratx.  El portavoz de la administración insular recomendó a Cabrer que "responda" por el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, detenido por la trama de Andratx, en lugar de opinar sobre una cuestión en la que "no tiene nada que decir".  A juicio de Martorell, el PP y el Govern tienen "un problema importante", ya que este caso de presunta corrupción ha minado la confianza de los ciudadanos en ellos y por eso se dedican a crear "cortinas de humo", haciendo referencias al Consell de Mallorca, a fin de distraer "la atención" sobre su responsabilidad.
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NOTICIA > -Urbanismo > competencias estatales > la Razón
Valor añadido > -El PP planteará reforzar las competencias del Estado en materia urbanística en la conferencia sobre el modelo territorial que celebra este fin de semana y en la que Mariano Rajoy lanzará, a grandes pinceladas, su propuesta de reforma constitucional de cara a las elecciones generales. Con el debate sobre la lucha contra la corrupción en plena efervescencia, el PP mantiene que la solución pasa por aplicar la ley y por la actuación policial, si bien reconoce una laguna en los poderes de la Administración central en esta materia, debido a las transferencias a las comunidades autónomas. La limitación afecta a su capacidad para dictar legislación básica.  Hay precedentes de leyes que el TC ha «tumbado» por entender que eran injerencias en las facultades autonómicas, es el caso de una norma aprobada en 1990 y de la Ley del Suelo de 1998. Esta última fue un intento del Gobierno de Aznar de liberalizar el suelo, que fracasó. La iniciativa en esta materia promovida por el Gobierno socialista puede también tener problemas. El debate que plantean los populares apunta a la necesidad de corregir la advertencia del TC de que el Estado carece de un título específico en materia urbanística. La secretaria ejecutiva de Política Local y Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció ayer un pacto al PSOE para «arreglar» la situación actual del modelo de Estado, que atraviesa, en su opinión, un momento «crucial», debido a que se han vulnerado los principios fundamentales que lo sustentan, tales como el «consenso y la lealtad institucional». Además, abogó por «identificar» como competencias «irreductibles» del Estado la política exterior, la seguridad y la gestión de crisis.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares >   El Confidencial y varios
Valor añadido > -Se da la paradoja de que el PP confirmó hace poco más de un mes a Hidalgo como su cabeza de lista para el ayuntamiento de Andratx en las próximas elecciones municipales, cuando el regidor suele pasearse por la isla a bordo de un Ferrari Testarossa –rolex de oro en muñeca- y tiene dos casos judiciales abiertos, según fuentes políticas. En Mallorca era un secreto a voces que el alcalde estaba siendo investigado por la Fiscalía. A esta circunstancia se sumó el envío a la isla de un equipo de guardias civiles por orden de su director general, Joan Mesquida, que es natural de allí. En total, veinte ayuntamientos gobernados por el PP en las Baleares están siendo investigados por la Justicia, frente a uno del PSOE. También se tenía conocimiento que desde el Consell mallorquín –en manos populares- se habían emitido informes urbanísticos contradictorios como los firmados por algunos funcionarios supuestamente implicados ahora en la trama.  El presidente de Baleares, Jaume Matas, ha pedido perdón a su partido y ha asumido la responsabilidad de la aceptación de Hidalgo entre sus filas. Mientras, el secretario general del PSOE de Baleares, Francesc Antich, considera que el urbanismo a la carta se ha desatado en la isla –alcaldes que conceden licencias a su libre albedrío- y reclama transparencia al Govern. El PSOE ha pedido la creación de una comisión parlamentaria que investigue los incrementos de patrimonio de los cargos públicos y denuncia que el PP paralizó la Ley del Suelo autonómica. El Govern conocía bien a los detenidos La relación de Hidalgo –líder de la extinta Agrupación Liberal Andratx (ALA)- con el urbanismo viene de lejos. En la anterior legislatura, la alcaldesa del PP, Margalida Moner, fue apartada de su cargo en 2002 para ceder el puesto a Hidalgo, quien era su primer teniente de alcalde y regidor de urbanismo. Moner es la actual consejera de Agricultura del Govern. Previamente, Hidalgo había sido alcalde gracias a un pacto de coalición con el PSOE. Por su parte, Massot, el director general de Ordenación del Territorio detenido, era persona de confianza de la consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, quien sostiene que sólo responderá de lo que afecte a su departamento.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Baleares >   El País
Valor añadido > -El escándalo balear de corrupción destapado el pasado lunes, el caso Andratx, que implica al alcalde de esta localidad, Eugenio Hidalgo, del PP, y al cerebro de Urbanismo del Gobierno balear, Jaume Massot, se basó en la concesión de licencias "absolutamente irregulares", en "certificaciones falsas de suelo" para levantar casas en áreas naturales protegidas y en el cobro de sobornos, mediante testaferros y sociedades interpuestas tuteladas por Hidalgo y sus colaboradores. Así consta en el auto judicial que ordenó las detenciones y registros, y apunta el cobro de al menos 740.000 euros en comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción, que llevaba cuatro meses rastreando el caso con intervenciones telefónicas y peinados societarios y de patrimonios por la Agencia Tributaria, ha documentado pagos ilegales al alcalde y a su socio, el inspector de obras, Jaume Gibert, por valor de 740.000 euros, la mitad a cada uno. Andratx es uno de los municipios de Mallorca donde las residencias de verano tienen mayor valor y donde más han proliferado los destrozos paisajísticos en su litoral.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -Andratx-Ecologistas señalan al responsable de Ordenación del Territorio de Baleares como cerebro de la trama urbanística  El GOB señaló al actual director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, como "verdadero cerebro" de la trama de irregularidades urbanísticas destapada hoy en el Ayuntamiento mallorquín de Andratx, y del que fue jefe de Urbanismo antes de ocupar su actual cargo en el Govern balear.  Según explicó a Europa Press el portavoz de la asociación ecologista, Miquel Àngel March, es Massot quien ha dirigido los hilos de la corrupción urbanística en Andratx -a pesar de que ahora se encuentra en excedencia de su cargo municipal- y no su alcalde y edil de Urbanismo, Eugenio Hidalgo, sobre el que se han focalizado las denuncias. En opinión del portavoz ecologista, "no estamos hablando de un hecho reciente, sino de unas actuaciones continuadas en el tiempo", de las que Jaume Massot "tuvo que ser consciente" desde su puesto y, previsiblemente, participar de ellas, o bien, tolerarlas. Aunque March rehusó confirmar si aún se encuentra activo dentro de la trama.  Para el GOB, este tipo de corrupción urbanística "exige" la complicidad del jefe de Urbanismo y sus técnicos, así como el celador de obras, el concejal del área -el propio Hidalgo en las dos últimas Legislaturas- y determinados concejales, que recurrirían a "trampas" para poder edificar en suelo rústico y en espacios naturales. Concretamente, habrían usado de forma fraudulenta la Ley del Suelo, a fin de considerar como urbanos determinados terrenos que son de uso rústico, o bien protegidos, en los que el Consistorio ha venido permitiendo la construcción de urbanizaciones, complejos de apartamentos y otras edificaciones.  Massot es aparejador y secretario del Colegio Oficial de estos profesionales en Baleares, desempeñó su cargo de jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx durante más de 20 años, hasta que, en los tres últimos, pasó a ocupar el de director general de Ordenación Territorial, gracias a un permiso de excedencia especial,
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -en los últimos años se han presentado numerosas denuncias penales contra el alcalde y el equipo de gobierno por ortogamiento de licencias ilegales, que han tenido como consecuencia que la Fiscalia anticorrupción de Baleares haya imputado a Hidalgo en varios delitos y, precisamente, el próximo viernes, 1 de diciembre, debía declarar por un asunto menor relacionados con sus propiedades.  Las denuncias que se han interpuesto contra Eugenio Hidalgo provienen tanto de particulares, como de partidos políticos (UM, PSOE y PSM), así como del Consell Insular de Mallorca o el grupo ecologista GOB, hasta sumar, al parecer, varios centenares.  Los motivos de las mismas hacen en su mayoría referencia al otorgamiento de licencias de obra de forma irregular. Destacando entre todos los casos la construccion de un complejo de 20 bloques y 150 viviendas en una zona protegida, áreas que en el mismo municipio también se han visto amenazadas por la construcción de chalets unifamiliares también sin ajustarse a la ley.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares >  editorial El País
Valor añadido > -Eugenio Hidalgo, alcalde desde hace cinco años de la localidad mallorquina de Andratx, y antes concejal de Urbanismo de ese mismo municipio de 10.000 habitantes, detenido ayer bajo las acusaciones de prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, era además promotor y constructor, y se concedió licencias a sí mismo, según denuncias que fueron acumulándose desde hace tiempo. También fue detenido Jaume Massot, ex jefe de Urbanismo del municipio y hasta ayer director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares. A raíz del descomunal escándalo de Marbella, muchas personas se preguntaron cómo había sido posible que los concejales y demás personajes de la trama hubieran pensado que podía pasar inadvertido su repentino enriquecimiento sin que alguien investigase. No tiene explicación (fuera del hecho de que así como la sabiduría tiene límites, la estupidez puede ser ilimitada), pero no sólo en Marbella. El ya ex alcalde de Andratx, un antiguo guardia civil que, partiendo de un negocio de compraventa de coches, dio en promotor inmobiliario, fundó un partido ad hoc, al que denominó Alianza Liberal de Andratx (ALA), antes de afiliarse, hace un año, al Partido Popular (PP). Este partido le confirmó como futuro candidato cuando ya existían denuncias por supuesto otorgamiento de licencias irregulares y también por amenazas y coacciones contra una concejal de Unión Mallorquina que había presentado algunas de esas denuncias. Por tanto, la sorpresa expresada por su actual partido debe considerarse relativa. Alguien que compatibiliza la Concejalía de Urbanismo con su condición de promotor, ¿no resulta sospechoso de haber buscado el cargo en beneficio propio?; una vez producidas las denuncias de particulares y de otros partidos, ¿no debía el PP haberse adelantado, marcando distancias e investigando por su cuenta? El también detenido Jaume Massot era hasta ayer director general de Ordenación Territorial del Gobierno balear. Su presidente, Jaume Matas, declaró ayer mismo que las imputaciones contra ese alto cargo no tienen que ver con su actual función, sino con la anterior como funcionario, también en el área de Urbanismo, en el Ayuntamiento de Andratx. Sin embargo, y a la vista de lo que estaba pasando en esa localidad, cabe preguntar cuáles eran los méritos de ese aparejador para ser nombrado director general. Y si, con tales antecedentes, ha ejercido correctamente su último cargo. Esta confusión entre ediles responsables del área de Urbanismo, promotores inmobiliarios y altos cargos está siendo una de las fórmulas más repetidas de corrupción. En este caso, las denuncias han acabado llegando a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, si las cosas eran tan evidentes, ¿cómo es posible que no existiera ningún mecanismo de control de legalidad dentro del propio Ayuntamiento para impedir que las cosas llegaran tan lejos?
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares >  editorial El País
Valor añadido > -El jefe del urbanismo balear detenido ayer, Jaume Massot, es aparejador y secretario del colegio profesional de Baleares. Durante su carrera política se ha caracterizado por su experiencia en gestionar las normas urbanísticas de Baleares. Durante 20 años fue el funcionario máximo responsable de urbanismo de Andratx, el municipio donde supuestamente se ha desarticulada una trama de corrupción urbanística. Massot no es del PP y fue destituido como alto cargo del Gobierno de Jaume Matas, quien señaló que su acción gubernamental no estaba cuestionada por la actuación judicial. Massot no tramitaba desde el Gobierno licencias ni denuncias relacionadas con los municipios baleares, porque Urbanismo es competencia del Consell de Mallorca. El director general detenido fue autor principal del proyecto de Ley de suelo del Gobierno de Matas y gestó las normas territoriales que delimitaron desde 2003 nuevas áreas urbanizables en las islas y las zonas menos protegidas de Baleares. El director general, ubicado en el departamento de Medio Ambiente, es persona de confianza de la consejera de Fomento, Mabel Cabrer, la mujer de peso de Andratx en el PP, donde veranea.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > --El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Xosé Crespo, ha pedido que «no se demonice a alcaldes y concejales» en materia de urbanismo porque no se oponen a «que se ordenen las cosas» pero sí a ser considerados el «chivo espiatorio» de la coyuntura actual.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares >  el Mundo
Valor añadido > --El alcalde de Andrantx: concejal de Urbanismo, promotor y constructor al mismo tiempo Se habría otorgado a sí mismo licencias de obras, incluso en zonas protegidas Acumulaba centenares de denuncias   El alcalde de la localidad mallorquina de Andrantx, Eugenio Hidalgo, detenido por su supuesta implicación en diversos casos de irregularidades urbanísticas, compatibilizaba desde hace ocho año su cargo de concejal de Urbanismo con su condición de promotor y constructor. Empezó a gobernar el municipio el último año de la pasada legislatura, por lo que lleva casi cinco al frente de la Alcaldía, periodo en el que se ha producido en Andrantx un gran incremento de la construcción y de las denuncias por irregularidades. Hidalgo habría participado de la trama de corrupción a través de su empresa Eucar, SL -que empezó su actividad en el sector de la compra-venta de vehículos-, al otorgarse licencias a sí mismo, incluso en zonas protegidas, entre otras irregularidades que han sido reiteradamente denunciadas. Eugenio Hidalgo fue guardia civil antes que empresario y edil y, aunque actualmente pertenece al PP, empezó en la política creando un partido independiente, Alianza Liberal de Andratx, que le llevó a ocupar un cargo público por primera vez, sin abandonar por ello sus compromisos empresariales. La historia de sus imputaciones en este tiempo es larga y se ha acentuado en los últimos años. El último caso el presunto delito de prevaricación y abuso de poder -así como amenazas y coacciones- contra la portavoz del partido Unión Mallorquina (UM) en la localidad, Isabel Alemany, quien había denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil la construcción de una urbanización en un área protegida de Andratx. En respuesta a ello, Hidalgo ordenó, mediante un decreto de alcaldía, el cierre de un aparcamiento que pertenecía a la familia de Alemany desde 1980. El juzgado de Instrucción número 4 de Palma le citó a declarar el pasado 18 de octubre, aunque Hidalgo rehusó presentarse. El conseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, en declaraciones realizadas el pasado 6 de julio sobre las ilegalidades en la concesión de licencias de obras y en el planeamiento urbanístico de la isla, consideró "especialmente grave" la situación de Andratx. Vicens consideró que la aprobación de una moratoria para construir viviendas plurifamiliares en las urbanizaciones costeras del municipio era, en realidad, una "maniobra de distracción" del equipo de gobierno de Eugenio Hidalgo -que se había concedidio a sí mismo una licencia para un edificio de pisos-, al que emplazó a "subsanar las deficiencias existentes", sin que, al parecer, se produjeran cambios. Centenares de denuncias  En los últimos años se han presentado numerosas denuncias penales contra el alcalde y el equipo de gobierno por ortogamiento de licencias ilegales. Como consecuencia, la Fiscalia anticorrupción de Baleares ha imputado a Hidalgo en varios delitos. Precisamente, el próximo viernes, 1 de diciembre, debía declarar por un asunto menor relacionados con sus propiedades. Las denuncias que se han interpuesto contra Eugenio Hidalgo provienen tanto de particulares, como de partidos políticos (UM, PSOE y PSM), así como del Consell Insular de Mallorca o el grupo ecologista GOB, hasta sumar, al parecer, varios centenares. La mayoría hacen referencia al otorgamiento de licencias de obra de forma irregular. Destacan las referentes a la construccion de un complejo de 20 bloques y 150 viviendas en una zona protegida, áreas que en el mismo municipio también se han visto amenazadas por la construcción de chalets unifamiliares, también sin ajustarse a la ley.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares
Valor añadido > -Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy por orden del Juzgado de Instrucción número 12 al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), acusados de los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por haber cometido supuestamente actos prohibidos a cargos públicos. Los agentes están registrando su despacho en el Ayuntamiento. En esta misma operación, se han detenido a siete personas más entre ellas está además el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, que fue concejal ’popular’ en Andratx. Fuentes municipales han informado de que a las diez de la mañana, agentes del Instituto Armado ha registrado varias dependencias del Ayuntamiento de Andratx por orden judicial y han trasladado después al alcalde, en calidad de detenido, a la Comandancia de la Guardia Civil en Palma. El alcalde, que tiene varias causas abiertas, tenía que comparecer mañana ante el juzgado número 1, que investiga supuestas irregularidades en relación a un aparcamiento construido en el núcleo urbano de San Telmo, perteneciente a Andratx. Es el segundo caso de un alcalde del PP detenido despues de que parte de la corporación municipal de Telde en Canarias fuera detenida hace unos días por casos de corrupción urbanistica.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > Mallorca Diario
Valor añadido > -Agentes de paisano de la Guardia Civil han cerrado durante más de tres horas la sede de la Dirección General de Ordenación del Territorio ubicada en la Conselleria de Obras Públicas en la calle Alexandre Roselló número 13. Por orden de la Fiscalía Anticorrupción los efectivos policiales han realizado un registro para hacerse con documentación relativa a los presuntos casos de corrupción que se investigan en Andratx. El registro se ha iniciado pasadas las 10 de la mañana y ha durado hasta más de las 13.30 horas. Aunque en un principio se encontraba en paradero desconocido ya que no había acudido a su despacho a trabajar, finalmente el director general de Ordenación del Territorio, Jaime Massot, ha sido detenido en el marco de la operación iniciada este lunes que ya ha supuesto el arresto del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del inspector de Urbanismo del ayuntamiento andritxol, Jaume Gibert. Jaime Massot, actualmente director general de ordenación del Territorio del Govern balear fue teniente de alcalde de Urbanismo de Andratx y asesor de Urbanismo de esta alcaldía. Nada más conocer la noticia el presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas, ha anunciado el cese inmediato de su cargo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Baleares > el día de Baleares
Valor añadido > -El director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot y el alcalde de Andratx, el popular Eugenio Hidalgo, han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 12. La operación ha dejado más arrestados, aunque su número y su identidad aún no han trascendido.Eugenio Hidalgo, tras ser detenidos.  La operación policial arrancó a las 10.00 horas con un registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Andratx por orden del fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, en el marco de unas diligencias que instruye el titular del Juzgado número 12 de Palma. Fuentes próximas a la investigación informaron a EFE de que al menos unos treinta agentes de la Guardia Civil, en presencia del fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, permanecen en el consistorio mallorquín de Andratx revisando toda la documentación encontrada en la Alcaldía. Durante la operación, además del alcalde, han sido otras tres personas vinculadas a él. Hidalgo ha sido trasladado en calidad de detenido a la Comandancia de la Guardia Civil en Palma. Se le acusa de delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y de haber cometido actos prohibidos a cargos públicos. El alcalde, que tiene varias causas abiertas, tenía que comparecer mañana ante el juzgado número 1, que investiga supuestas irregularidades en relación a un aparcamiento construido en el núcleo urbano de San Telmo, perteneciente a Andratx. En el marco de esta misma operación ha sido detenido a lo largo de esta mañana el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, que fue funcionario en el Ayuntamiento de Andratx. Según EFE, ha sido arrestado también un funcionario del ayuntamiento mallorquín. El PP no acepta que nadie 'emponzoñe' su labor' El presidente del Govern y del PP balear balear, Jaume Matas, ha informado de que Hidalgo ha sido suspendido de militancia y Massot, destituido del cargo. Además, ha desvinculado la detención de Jaume Massot de su actuación en ese departamento y la ha atribuido a su actuación anterior en el ayuntamiento mallorquín de Andratx.  En cuanto al alcalde, ha señalado que "probablemente, todos los partidos políticos nos hemos equivocado en Andratx" tras explicar que el alcalde es militante del PP desde hace sólo un año y que "antes ha sido alcalde con el PSOE y con Unió Mallorquina en esta misma legislatura". Tras conocer estas detenciones, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que su partido es una "alternativa" al Ejecutivo socialista y quiere gobernar en España, por lo que aseguró que no está dispuesto a "aceptar de ninguna manera que tres, cuatro, cinco o diecisiete empozoñen la labor de un partido".  "Si alguien en este partido comete una actividad delictiva yo le digo que se va inmediatamente a la calle, inmediatamente y sin ningún tipo de miramientos a la calle", aseveró.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -El Gobierno quiere abrir un debate político y jurídico sobre los límites que tiene el poder legislativo para acometer reformas en materias cuya competencia ha sido cedida a las comunidades autónomas. Al menos así lo consideran abogados de las firmas Jiménez de Parga, Cuatrecasas y Deloitte, así como numerosos catedráticos de Derecho Administrativo, notarios, Gobiernos regionales y los servicios jurídicos del PP.  El motivo de esta lucha competencial es, en esta ocasión, la reforma de la Ley del Suelo, cuyo anteproyecto está ahora en trámite parlamentario. El Gobierno, a través del PSOE, ha introducido una enmienda parcial en la que obliga a los ayuntamientos a tener que recibir el visto bueno de la comunidad autónoma a la que pertenecen para aprobar planes urbanísticos –o modificaciones de los mismos– de gran envergadura -ver EXPANSIÓN del 23 de noviembre-. El criterio que se empleará será que el proyecto genere un aumento del 20% de la población del municipio o del terreno urbanizable. Pero esta medida tiene visos de ser inconstitucional, según consideran fuentes de las citadas firmas. La razón de que la apuesta del Ejecutivo por controlar la labor de los alcaldes pueda chocar con la Carta Magna estriba en que el Estado no es competente para determinar la decisión municipal de diseñar el desarrollo urbanístico de un territorio, ya que la tarea planificadora corresponde a los consistorios. La única Administración que puede poner límites a la ordenación urbanística es la autonómica. De hecho existen normativas regionales más duras que otras a la hora de establecer cortapisas a los proyectos de los ayuntamientos. El conflicto surge cuando el Estado obliga a todas las comunidades autónomas a ampliar su capacidad de control. Para intentar superar este obstáculo competencial, la enmienda del PSOE explica que el Gobierno “dejará en manos autonómicas la determinación de los casos y el procedimiento para la revisión de los planes” de gran envergadura. Pero los expertos consultados creen que el simple hecho de que el Estado regule la materia es ya, de por sí, inconstitucional. El Grupo Parlamentario Popular ya ha manifestado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente la Ley es aprobada (el Ejecutivo tiene los apoyos necesarios en el Congreso para ello). Así, el TC se vería obligado –como ya hizo en 1997 y 2001– a dictar una sentencia para delimitar los aspectos competenciales de la norma. Pero no sólo será el mayor control a los alcaldes la cuestión sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal, ya que la cesión obligatoria del 25% de las nuevas promociones a Vivienda de Protección Oficial (VPO) también puede quedar en entredicho. De hecho, las comunidades autónomas ya han denunciado este aspecto y preparan sus respectivos recursos para que, al final, la última palabra la tenga el Constitucional.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Ley del suelo > Expansión
Valor añadido > -El Grupo Parlamentario Socialista pretende utilizar el proyecto de Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, para atajar la oleada de tramas que se están investigando en casi un centenar de municipios españoles.  En concreto, los socialistas han presentado una enmienda a la citada iniciativa legislativa en la que proponen que una actuación urbanística que conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, “un aumento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio”, tenga que ser autorizada por el correspondiente Gobierno autonómico.  Actualmente este control no existe de forma generalizada, con lo que la discrecionalidad de los ediles es prácticamente total hasta que las viviendas están construidas, momento en el que resulta tan traumático como improbable la intervención autonómica. En la motivación de la enmienda, el PSOE señala que el citado criterio del 20% “sólo será un mínimo estándar, dejando en manos de las comunidades autónomas la determinación de los casos y el procedimiento de revisión de los planes urbanísticos”, indicando que la legislación sobre ordenación territorial regional establecerá de forma particular en cada caso el impacto de las actuaciones urbanizadoras. Así, se otorgan poderes a la Administración autonómica para llegar a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio en el que se encuentren los proyectos. La polémica está servida. La reforma de la Ley del Suelo quedará ahora expuesta a las críticas de las haciendas locales por lo que, según los expertos jurídicos consultados, “es a todas luces una usurpación de competencias”. El diputado socialista Francisco Contreras explica que el objetivo de la enmienda – que supone la adición de un nuevo apartado al artículo 15 del proyecto de ley– es que “no se cuelen” actuaciones de gran envergadura e impacto ambiental, ya que representan un cambio sustancial en el modelo territorial de la región correspondiente, amparándose en mecanismos que, en la actualidad, no requieren un control exhaustivo por parte de las máximas instancias autonómicas. Con el telón de fondo de los últimos escándalos, “es necesario un precepto de estas características en la normativa estatal”, según explica Contreras. El PSOE opina que “su incidencia en el modelo urbanístico de las comunidades autónomas es mínima”, aunque no opina sobre su repercusión en las políticas municipales. Fuentes del despacho Jiménez de Parga consultadas cuestionan este enfoque, al señalar que, en el fondo, de lo que se trata es de una asunción competencial del Estado –sin mayor capacidad de influencia sobre las CCAA que sobre los municipios– que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Ley de Haciendas Locales, ya que el ordenamiento jurídico de las Administraciones Públicas deja meridianamente claro qué potestad, en lo referente a la planificación del territorio, es competencia municipal. Además, abre la puerta a un mayor control del Estado sobre los planes urbanísticos de los consistorios, al ser más sencillo intercambiar información con los gobiernos regionales, por ejemplo a través de las Conferencias Sectoriales, que con los alcaldes y concejales. El gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Julio Gil, manifestó ayer que la patronal estudia las enmiendas, aunque descartó que esta circunstancia afecte al sector más allá de los efectos negativos que tendrá la propia reforma normativa para el mercado: aumento de precios, abaratamiento de las expropiaciones y nula ambición en la agilización de los planes. Entre las novedades al articulado del PSOE destaca otra que propone incorporar una disposición que prevé que la Administración General del Estado pueda participar en los procedimientos de ordenación a través de los órganos colegiados supramunicipales
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Ley del suelo > Ideal
Valor añadido > -EL proyecto de nueva ley del Suelo que ayer fue defendido en el Congreso por la ministra de la Vivienda contiene algunos de los elementos clave que pueden atajar el caos urbanístico actual y las lacras que lleva aparejadas. El 'boom' inmobiliario, que ha desempeñado un papel muy sobresaliente en la prosperidad de los últimos años, ha generado algunas paradojas: al tiempo que estimulaba un crecimiento económico sostenido desde 1995, ha propiciado desórdenes y abusos incompatibles con una concepción cabal de la ordenación del territorio, sin favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y de los sectores con menos recursos económicos. Este desarrollo imparable del sector construcción se ha debido en buena medida a la utilización de los bienes inmobiliarios como activos financieros. Activos que han servido de refugio al dinero proveniente de la economía sumergida o incluso de actividades criminales. Mientras, los propios ayuntamientos, necesitados de recursos, han optado por financiarse con las plusvalías conseguidas por esos medios. Con todo, la alarma no ha saltado tanto por el recalentamiento manifiesto del sector construcción cuanto por el descubrimiento de graves y escandalosos episodios de corrupción. Los nuevos y más estrictos controles a los grandes desarrollos urbanísticos que contempla el proyecto en trámite, la exigencia de garantías de servicios en las actuaciones de esta índole y el establecimiento de una tutela de la Administración Central en los procedimientos de ordenación territorial autonómica son medidas difícilmente discutibles y que parecen haber obtenido sustantivos apoyos. Con todo, es llamativa la insistencia de los grupos nacionalistas en preservar su competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, a pesar del manifiesto interés del Gobierno central por no incurrir de nuevo en las causas de inconstitucionalidad que ya fueron declaradas por el Tribunal Constitucional con ocasión de anteriores intentos legislativos (la célebre sentencia 61/1997, de 20 de marzo, sobre todo). El debate de ayer, enriquecido con el debate social que se está produciendo en los medios de comunicación estos días, ha servido en todo caso para poner de manifiesto la complejidad del problema que se quiere resolver, así como la necesidad de que las soluciones que se arbitren consigan el consenso necesario que las haga realmente operativas. En dicho consenso deben participar no sólo los grupos políticos sino también los agentes sociales y económicos concernidos por el problema. El acuerdo político requerirá adoptar una visión superior del concepto ordenación del territorio que permita la cooperación de la Administración Central con las comunidades autónomas. El consenso social, en el que deben implicarse los agentes financieros, los promotores inmobiliarios o los constructores, deberá establecerse sobre los grandes principios de mercado, que habrán de tamizarse en pos del interés general, ineludible en este caso.
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NOTICIA >-Promoción > Urbanismo > Vivienda > C. Valenciana  > Ley del suelo > Panorama y otros
Valor añadido > -El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, afirmó que la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo socialista, que comienza su tramitación parlamentaria, "pone en evidencia las contradicciones de quienes están denunciando el urbanismo valenciano en Bruselas y, al mismo tiempo, hacen una Ley del Suelo calcada de la Ley Urbanística Valenciana (LUV)". González Pons realizó estas declaraciones en el recinto de Feria Valencia, adonde acudió, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, para inaugurar la sexta edición de Urbe Desarrollo. Así, preguntado sobre el texto que se debate en el Parlamento, consideró que la Ley del Suelo "reproduce exactamente en algunos apartados la legislación valenciana, tal y como está siendo cuestionada por algunos partidos políticos locales que son del mismo color político que el Gobierno central", y "pone en evidencia las contradicciones de quienes están denunciando el  urbanismo valenciano en Bruselas y, al mismo tiempo, hacen una Ley del Suelo calcada de la LUV". Al final, dijo, "la historia pone a todos en su sitio". Al mismo tiempo, subrayó que ha pedido la comparecencia de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el Senado para "tener un debate con ella sobre vivienda y sobre precio del suelo". Al respecto, manifestó que le parece "muy bien" que "se combata la especulación", pero, "sobre todo, se ha de combatir el precio del suelo", resaltó.  Para ello, "tenemos que hacer viviendas de protección oficial (VPO), y las estamos haciendo; también debemos hacer viviendas de renta libre para el que se la pueda pagar, y así lo estamos haciendo". Pero, se preguntó, "¿qué hay de las viviendas medias para las rentas medias, destinadas para aquellas personas que no reúnen los requisitos para acceder a una VPO, pero tampoco tienen ingresos para comprarse una de renta libre, al precio al que están?".  Por ello, "o rebajamos el precio del suelo, o al final habrá mucha gente que no pueda acceder a una vivienda", advirtió. Sobre este asunto, afirmó haber oído "muy pocas veces" a la ministra hablar sobre este tema y dijo que le gustaría "saber qué piensa de cómo podemos bajar el precio del suelo en España". Por otro lado, sobre una posible enmienda para limitar el crecimiento de las ciudades en función del número de habitantes, opinó que "prohibir a la gente que entre en las ciudades es una idea demasiado autoritaria para mi gusto".  "Cada uno que diga lo que quiera, pero los políticos vamos a organizarnos para que la libertad sea real y efectiva", añadió, al tiempo que apostilló que "esos tics autoritarios que tienen a veces los socialistas no los entiendo". Finalmente, preguntado sobre la reanudación de la actividad de las Comisiones Territoriales de Urbanismo, González Pons manifestó que éstas no han estado paradas "en ningún momento", desde que él accedió a la conselleria de Territorio y Vivienda, y dijo que éstas trabajan "lenta, sosegada y digestivamente". En esta línea, explicó que hay muchos municipios que tienen "necesidad de sacar conciertos previos y planes generales de ordenación urbana, por lo que las comisiones territoriales de urbanismo son organismos que no pueden estar parados". "La gestión de la administración urbanística valenciana es lenta y segura y a cada momento dirigiere exactamente aquello que le toca", sentenció.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Nota oficial
Valor añadido > -Debate de totalidad de iniciativas legislativas: Ley de Suelo >texto de intervención de la ministra de Vivienda en el Congreso de los Diputados.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -El proyecto de la Ley de Suelo superó este jueves el debate de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso por PP y CiU, gracias al apoyo de IU-ICV, ERC y PSOE, la abstención de PNV, y después de que BNG retirara en el último momento la suya ante la oferta de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de llegar a un consenso en materia competencial y en relación a la definición de suelo rural. En concreto, el proyecto de la Ley de Suelo obtuvo un total 136 votos a favor, 160 en contra y 5 abstenciones, después de que se emitieran 301 votos. Todas la formaciones, salvo el Grupo Socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de devolver el texto completo. Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas. Invasión de competencias Pese a que Trujillo adelantó en su comparecencia que el proyecto de Ley de Suelo supone un "marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos", y que supone un "uso innovador de los títulos competenciales", los grupos centraron sus críticas en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.  El portavoz de CiU, Jordi Jané, fue el portavoz más crítico en este punto, ya que, a su juicio, el texto "no respeta el Estatuto de Cataluña", como señaló igualmente el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.  Por ello, propuso un pacto de Estado para abordar los problemas de acceso a la vivienda en las autonomías de modo que cada nivel administrativo se comprometa a impulsar actuaciones con este fin en el ámbito de sus correspondientes competencias. Por su parte, el BNG advirtió de posibles "conflictos jurídicos" a nivel competencial de mantenerse el actual texto, y defendió, por ejemplo, el derecho de las comunidades autónomas a la hora de definir las tipologías de suelo. No acabará con la corrupción  Por otra parte, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios aseguraron que la Ley de Suelo no podrá acabar con los casos de corrupción. En este punto, el portavoz de ERC, Josep Andreu Domingo, afirmó que la corrupción está "intrínsecamente alejada tanto de la ley del PP de 1998, como del actual proyecto", mientras que el portavoz del Grupo Popular, Pablo Mato, indicó que el texto propuesto no contempla ningún artículo que especifique como se llevará a cabo el control de la corrupción. En este punto, Jané volvió a determinar como competencia eminentemente autonómica la lucha contra la corrupción, y apuntó que para acabar con ella "cada administración debe cumplir sus objetivos", por lo que planteó la necesidad de crear al respecto un nuevo pacto de Estado. Por otra parte, mientras que la ministra de Vivienda aseguró que el establecimiento de una horquilla de participación de los ayuntamientos en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas entre el 5% y el 15%, con la posible excepción de aumentar el porcentaje máximo hasta el 20%, supone dejar margen de actuación a los legisladores autonómicos, desde CiU y IU-ICV se planteó eliminar este tope al no encontrar razones para fijarlo. Por su parte, Rodríguez declaró que al establecer dos únicos tipos de suelo, uno rural y otro urbano, la ley no contempla las peculiaridades de muchas poblaciones rurales en las que los propietarios de las viviendas viven vinculados a la explotación agraria. En su opinión, "si se aprueba esta medida, serán ilegales muchos asentamientos gallegos", lo que supondrá mayor despoblación, menos explotación y un perjuicio económico para España. Esta apreciación fue defendida también desde ERC, que indicó además la necesidad de modificar el sistema de valor del suelo en los casos de expropiación (que no contempla la valoración de las expectativas de los suelos), ya que perjudicará a los trabajadores agrícolas, colectivo al que Rodríguez unió como principal afectado a los pequeños propietarios. En este punto, se indicó desde el grupo popular que este nuevo sistema sólo persigue lograr una "abaratamiento" de las expropiaciones en favor de los intereses del Gobierno. Polémica en torno a la cesión del 25% del suelo  Unos de los puntos que centrarán gran parte del debate de las enmiendas parciales será la reserva del 25% para los ayuntamientos para la construcción de VPO, cuestión en la que surgieron discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios. Desde el PP se señaló que esta medida "no es necesaria" ya que "no es nada nuevo" si se tiene en cuenta que muchas comunidades autónomas ya cuentan con reservas aún mayores que la establecida en la Ley de Suelo, y citó en este sentido a Andalucía (30%), Castilla La Mancha (50%) o Navarra (50%). En el caso de IU-ICV, el porcentaje se queda corto, por lo que Herrera propuso ampliarlo hasta el 33%, mientras que desde ERC se defendió este porcentaje, más aún cuando, al impulsar la construcción de VPO, favorecerá el acceso a la vivienda en un contexto de tipos de interés al alza. Por su parte, desde CiU se instó a considerar la situación de muchos ciudadanos que no podrán acceder a las viviendas protegidas al no poder cumplir los requisitos establecidos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo > enmiendas parlamentarias
Valor añadido > -El PP, que ha presentado casi sesenta enmiendas, propone suprimir una gran parte de los artículos que componen el proyecto de ley. Además, se muestra contrario a que el texto establezca una nueva clasificación del suelo. En términos de expropiación, el PP destaca que no se puede sustituir el valor real por el valor legal a pagar. Por último, el principal partido de la oposición quiere impulsar el mercado del alquiler, por lo que cree necesaria la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la creación de los Juzgados de Vivienda. El PSOE, por su parte, propone en una de sus ocho enmiendas que una actuación urbanística que conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un aumento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio sea autorizada con los máximos controles previstos en la legislación de cada comunidad autónoma.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo > enmiendas parlamentarias
Valor añadido > -Entre las enmiendas adicionales que ha incluido el PP a la Ley del Suelo, se incorpora el intento de "contribuir a abaratar el precio de la vivienda", por lo que propone "favorecer a las corporaciones locales la posibilidad de constituir y desarrollar patrimonios públicos de suelo destinados a viviendo protegida".  Al respecto, subrayó que éste "no es un problema urbanístico, sino de financiación de haciendas locales, por lo que es necesaria una reforma en este ámbito para dotar de financiación suficientemente a los Ayuntamientos". Además, piden "mejorar el mercado de alquiler por lo que reformando la ley de arrendamientos urbanos y la ley orgánica de poder judicial para que juzgados de vivienda resuelvan rápidamente problemas entre inquilinos y arrendador".  Otro grupo de enmiendas está destinado a sustituir los títulos primero, segundo y tercero que se refieren a clasificación del suelo y a las valoraciones, "por el régimen que establece la ley vigente, que en su opinión es más seguro jurídicamente y más justo".  Otras propuestas se refieren a enmiendas parciales "para mejorar técnicamente el texto, favoreciendo la accesibilidad universal y eliminar las barreras arquitectónicas y a mejorar la claridad y la seguridad jurídica de los artículos".  También entrarían en este grupo, las orientadas a eliminar "motivos que puedan justificar su paso por el Tribunal Constitucional por invadir competencias de comunidades autónomas". El PP sospecha que "algunos artículos de la Ley del Suelo "podrían ser inconstitucionales" por la invasión mencionada.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo > enmiendas parlamentarias
Valor añadido > -El diputado tinerfeño y portavoz nacional del Partido Popular en Vivienda, Pablo Matos, declaró que 'el mensaje del Gobierno de España respecto a que la nueva Ley del Suelo contribuirá a abaratar el precio de las casas y a evitar la especulación es rotundamente falso'. Matos, tras haber presentado una enmienda de totalidad al proyecto, anunció que en los próximos días se presentarán las enmiendas correspondientes al articulado. 'La norma no hace una sola propuesta tendente a solucionar el primer problema en la vivienda, que es el precio del suelo, y por tanto su incidencia en el precio final', señaló. En opinión del portavoz del PP, 'este objetivo tiene una ausencia clamorosa en el preámbulo del Proyecto de Ley, ni siquiera lo toma como una finalidad a buscar, no hay en el texto de la Ley ninguna medida que vaya dirigida a agilizar los procesos de transformación de suelo urbanizable en solares aptos para edificar, sobre todo en los destinados para vivienda protegida'. Matos resaltó que 'no hay ni un solo instrumento para evitar las retenciones especulativas de suelo y tampoco hay una sola medida nueva para facilitar la constitución y desarrollo de los patrimonios públicos del suelo, necesarios para ejecutar planes de vivienda y la vivienda protegida'.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Convenios urbanísticos de Marbella
Valor añadido > -El PP pedirá al Gobierno andaluz en el Parlamento que 'aclare' quiénes dentro de la Administración andaluza han actuado como 'conexión' con el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, para decidir sobre los informes de la planificación urbanística en la ciudad. En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, anunció que pedirán una aclaración a la Junta después de que ayer se conociese que Roca afirmó que la tarea del área municipal era 'dar informes (de convenios) que no eran vinculantes porque se remitían a la Junta, que podía decir si estaban bien o mal'. Preguntado sobre en qué nivel de la administración autonómica se centran las sospechas del PP, Sanz declaró que 'todos sabemos cuál es el nivel de intervención' de las delegaciones provinciales, unas administraciones que, en su opinión, cuentan con un control 'directo y estricto' de las consejerías de las Junta. 'Los que conocemos el funcionamiento de la administración autonómica a nivel provincial sabemos que se trata de un modelo muy centralista, muy de la dirección clara y propia del máximo nivel de las conserjerías', subrayó Sanz, quien añadió que el motivo de la pregunta que formulará en la Cámara es 'buscar que lo aclare'.
Sanz calificó de 'enormemente grave' lo declarado por Roca sobre que la 'decisión última' sobre los informes correspondía a la Junta, por lo que se mostró partidario de 'llegar hasta el final' para que se conozca 'qué conexiones y qué relación ha existido entre la tarea de Roca en el Ayuntamiento y la intervención de la Junta'. 'Pedimos que se aclare quiénes eran los interlocutores que, en nombre de la Junta de Andalucía, mantenían esa relación y esa conexión con el señor Roca', subrayó Sanz, quien denunció que cada día que pasa la Junta de Andalucía se está convirtiendo más en una administración 'bajo sospecha'. Indicó que el PP no está dispuesto a aceptar que la Junta y el PSOE pretendan convertirse en el 'adalid de la limpieza' y denunció que la administración andaluza está intentando 'tapar sus vergüenzas y miedos' planteando el derribo de 5.000 viviendas, una propuesta, a su juicio, 'disparatada' y que la sitúa también 'bajo sospecha'. En su opinión, el anuncio de derribos solo es una estrategia ante 'los miedos por las previsibles conexiones con los escándalos' urbanísticos, por lo que reiteró que no puede ocurrir que sean al final los ciudadanos 'los paganos' en estos asuntos, cuando la Junta es la 'máxima responsable de control y disciplina' urbanística. Rechazó el argumento de que la Junta actúa por mandato del TSJA, ya que, recordó, en otras actuaciones pedidas por el alto tribunal andaluz en el 2003, la administración andaluza 'no ha ejecutado' los mandatos de la Justicia y aún están pendientes.
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NOTICIA > - Urbanismo > control de los ayuntamientos > C. Valenciana > el País
Valor añadido > -El Tribunal de Cuentas ha abierto, por primera vez desde que la Sindicatura de Cuentas tiene competencias sobre los entes locales, diligencias a dos municipios de la Comunidad Valenciana por no rendir cuentas a la institución autonómica. Se trata de Tuéjar y Fortaleny, gobernados por el PP y el PSOE, respectivamente. Los dos procedimientos abiertos surgen a raíz del informe de seguimiento de 11 municipios que reiteradamente habían eludido presentar sus cuentas ante la Sindicatura de Cuentas. Este informe fue "aprobado y presentado a les Corts a principios de este año y derivaba de otro anterior, que analizaba la situación de los ayuntamientos valencianos con una población superior a 900 habitantes y que no habían presentado cuentas entre 1994 y 2000", según la Sindicatura. El Tribunal de Cuentas señala que el caso de Fortaleny supone "un incumplimiento muy grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas por parte de quien gestiona fondos públicos". No obstante, este municipio presentó sus cuentas, después de abierto el expediente, correspondientes a 2003, 2004 y 22005. En cuanto a Tuéjar, el informe también detectó "algunas irregularidades en la gestión económico-financiera del ayuntamiento, consistente fundamentalmente en la incoherencia documental de determinados pagos".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) pidió este lunes que se evite la financiación de los ayuntamientos "con cargo al urbanismo" para acabar con la corrupción urbanística. El presidente de APCE, Guillermo Chicote, abogó por "reformar en lo necesario" la financiación de los ayuntamientos para que no se realice con cargo al urbanismo, "que es lo que han hecho desde hace años". Chicote, que presentó propuestas para combatir la corrupción urbanística, apuntó la necesidad de "acabar con la discrecionalidad extrema que las leyes atribuyen a los ayuntamientos" y que en su opinión les permite conceder un "trato de excepción" a algunos promotores. Entre las medidas propuestas por APCE destaca la revisión de "todas" las clasificaciones y calificaciones de suelo, con el objetivo de cambiar aquellas que sean "susceptibles de ser modificadas". Según los promotores, esta medida permitirá clasificar como urbanizable suelos que antes no lo eran "sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva". APCE también solicita la agilización de la tramitación burocrática de las licencias urbanísticas para evitar "que nadie sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto". Para mejorar la transparencia, los promotores también proponen publicar en Internet todos los informes que recaigan en los expedientes, tanto los favorables como los desfavorables, y evitar así el "secretismo tan querido por algunos funcionarios y autoridades". APCE exige asimismo que se apliquen, "con todo rigor", las leyes que sancionan las autorizaciones y licencias concedidas con infracción de reglamentos. También propone la inclusión en el Código Penal, como delito específico, la financiación de los partidos políticos obtenida "como retribución de favores de naturaleza urbanística". APCE insta a las Asociaciones Provinciales de promotores a introducir una norma deontológica que prevea la expulsión de las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción".
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, rechazó hoy que para frenar la corrupción urbanística se plantee retirar competencias a los ayuntamientos en este terreno y recordó al respecto que son las Comunidades Autónomas "las que poseen la competencia exclusiva en materia de urbanismo, aunque quienes sufran las mayores presiones sean los gobiernos locales". Agregó que la legislación básica del Estado también "puede aportar soluciones".  Gallego compareció esta tarde ante la Comisión de Entidades Locales del Senado para repasar la actividad de la FEMP. En su intervención, expresó que la institución "reprueba y rechaza profundamente los comportamientos irregulares" y apuesta por la condena legal de los  corruptos "sin pretextos", pero también exige el rechazo de los partidos políticos y de la sociedad.  También aseguró que la mayoría de alcaldes y concejales trabaja por el bien de la comunidad. Exigió "dimensionar bien el tema", porque los corruptos son minoría y porque no todos los casos son ilegales, dijo Gallego. "La aclaración es importante para evitar armas arrojadizas contra el adversario político", dijo. Así, Heliodoro Gallego aseguró que la raíz de la corrupción son las plusvalías que se están generando con la venta de suelo, unos beneficios que "deberían repercutir directamente en beneficio de la colectividad", aunque no siempre es así y no es sin embargo ilegal, quiso explicar.   "En ocasiones, esas plusvalías se destinan a otros fines por una decisión política que, podrá ser discutible, pero no ilícita. A veces van a enriquecer bolsillos privados. Incluso cabría la posibilidad de que, aún contando con todos los requisitos legales y cumpliendo todos los procedimientos establecidos, una determinada actuación pudiera generar beneficios desmedidos, lo que conocemos como pelotazo", dijo. El senador de IU, Eduardo Cuenca, reclamó esta tarde de la FEMP "mayor presión" contra la corrupción y "alguna propuesta, criterios, recomendaciones de formas de actuar". Y agregó que su formación "echa en falta" apoyo expreso de esta organización a alcaldes que, como el de Seseña, de IU, sufren presiones por denunciar. "Nos gustaría que la FEMP levantara un poco la voz", reclamó el senador.  Heliodoro Gallego respondió que la Federación ha expresado su "solidaridad" con todos los cargos locales que luchan "contra quienes quieren corromperle". "Hemos dado muestras de protección y amparo (a esos cargos) y lo seguiremos haciendo, no quiero que haya ningún olvido", manifestó.
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NOTICIA > -Urbanismo > Norte Castilla
Valor añadido > -Competencias estatales: El Gobierno lanzó hace unos días un 'globo sonda' en el que proponía devolver al Estado cierto control en el ordenamiento urbanístico, en especial en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Este control depende en la actualidad de las comunidades autónomas y los municipios. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, descartó al día siguiente esta reasunción por el Estado de las competencias. En su lugar, propuso un «mejor modelo de gestión» que se plasmará en la próxima Ley del Suelo. El documento propone «la asunción de pleno de la responsabilidad de las comunidades autónomas en la ordenación del territorio mediante la exigencia de planes territoriales municipales».  Acuerdo autonómico: A principios de mes, el PP y el PSOE de la región pactaban un acuerdo para modificar la Ley de Ordenación del Territorio que aumenta la capacidad de la Junta de Castilla y León para suspender, además de las licencias, todo el planeamiento urbanístico municipal que entre en colisión con planes «de interés regional». Para esta suspensión será necesaria una correcta argumentación y el debate previo con los Ayuntamientos y el informe del Consejo Regional de Urbanismo. A los pocos días, los socialistas rompían el pacto después de unas declaraciones del PP en la prensa que el PSOE entendió como una prueba de que «la voluntad de los populares es aplicar la ley con discrecionalidad y sin garantías jurídicas para los Ayuntamientos». El portavoz del partido socialista, Ángel Villalba, señaló al día siguiente que la razón que acabó con el pacto fue que «mientras lo estábamos negociando, la Junta asumió en Candeleda competencias en materia urbanística que son municipales».
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NOTICIA > -Urbanismo > Diario Información
Valor añadido > -El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y, en segundo lugar, porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo. El mundo del Derecho Penal y el del Derecho Administrativo son dos compartimentos estancos, además de que investigar este tipo de delitos conlleva un conocimiento profundo en materia de urbanismo que, inisto, no tienen ni fiscales ni jueces. Y por eso se deriva a la vía contencioso-administrativa. Pero, ¿qué sucede con esta vía Que está colapsada y que tenemos una ley poco eficaz en cuanto al establecimiento de medidas cautelares, que no suspende el acto administrativo, con lo que las obras ilegales se consolidan. Un proceso contencioso puede durar entre ocho y diez años, tiempo en el que la obra ilegal queda consolidada.
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > opiniones > C. Valenzuela > EP
Valor añadido > -La principal diferencia entre los casos de corrupción de Marbella y de Ciempozuelos estriba en las actitudes de los respectivos gobiernos regionales de Andalucía y Madrid a la hora de paralizar las normas de uno y otro municipios sobre urbanismo que permitieron en el caso de Marbella que durante quince años se construyeran miles de viviendas ilegales sin que actuara la Junta de Andalucía mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid paralizó el plan de urbanismo de Ciempozuelos y evitó las construcciones ilegales tan pronto se publicó una noticia en la prensa de supuestas irregularidades en este municipio. ¿Cómo pudieron los responsables del ayuntamiento de Marbella permitir la construcción de viviendas en zonas verdes, la apertura de grandes centros comerciales sin licencia, la promoción de chalets en zonas protegidas por la Ley de Costas y el saqueo de los fondos municipales sin que la Junta de Andalucía les pusiera un solo pero en quince años? En la vecina localidad de Fuengirola la Junta tuvo paralizada durante meses las construcción de un aparcamiento subterráneo municipal porque unos vecinos denunciaron el daño que corría un árbol centenario. Cualquier alcalde andaluz puede dar fe de la vigilancia constante por parte de la administración regional para que se cumplan las normas urbanísticas. No podía ser de otra manera: la competencia de velar porque los ayuntamientos cumplen con las normas exigibles en la construcción compete a las Comunidades Autónomas.  Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta de Marbella, declaró esta semana en un juzgado de Málaga que todos los informes de los convenios urbanísticos de Marbella se remitían íntegramente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Roca será un chorizo, pero según otros testimonios tiene razón en este punto. Y aún en el caso altamente improbable de que el funcionario competente hubiera guardado todos esos informes en un cajón, la Junta tenía sobrados informes publicados en varios medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo en Marbella para haber actuado hace tiempo y haber impedido que continuaran las tropelías urbanísticas.  Exactamente lo que hizo la Comunidad de Madrid tan pronto como hace un mes tuvo conocimiento de que el alcalde socialista de Ciempozuelos y su antecesor habían aportado un convenio con una constructora que les prometía una recompensa de 40 millones de euros como prueba para depositar en un banco de Andorra un millón de euros cada uno. Los dos alcaldes se pueden haber llenado los bolsillos a costa de sus ciudadanos. Pero no con el consentimiento de los responsables de su Comunidad Autónoma ¿Alguna vez sabremos por qué la Junta de Andalucía no actuó de la misma manera?
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo
Valor añadido > -La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) cargó ayer contra el texto de la Ley del Suelo, del que dijo que encarecerá el precio de la vivienda y provocará recortes de empleo en el sector. El PP y CiU, mientras tanto, presentaban sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. La normativa obliga a los empresarios de la construcción a reservar para vivienda de protección oficial (VPO) el 25% de los nuevos desarrollos y a ceder a los ayuntamientos hasta el 20% del terreno en cada operación. Esto hará que los pisos del mercado libre asuman a través del precio toda la presión de la VPO sobre los promotores, según la APCE. Para la asociación, la Ley del Suelo y el Código Técnico de la Edificación (CTE), que entre otras cosas recoge la obligación de instalar paneles solares en las VPO, provocarán que los promotores rehuyan este tipo de construcciones. Por su parte, el secretario general de APCE, Manuel Martí, reclamó normas más ágiles para luchar contra la corrupción.
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NOTICIA > -Urbanismo > Castilla La Mancha > miciudadreal
Valor añadido > -El consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, ha participado en la Jornada “Soluciones para acceder a una vivienda asequible”, celebrada en el marco del Salón Inmobiliario Barcelona Meeting Point, que tiene lugar estos días en la ciudad condal, en una mesa de debate en la que también han participado las consejeras del ramo del Principado de Asturias y Andalucía, y sus homólogos de Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra. En su intervención, Alejandro Gil ha puesto de manifiesto que la promoción de viviendas con protección pública, no puede llevarse a cabo única y exclusivamente por parte de las administraciones, sino que también los promotores privados deben formar parte de ese esfuerzo común para lograr que haya una mayor oferta de este tipo de inmuebles.   Así, el consejero ha indicado que “deben ser las administraciones las responsables de crear las condiciones adecuadas para que los promotores privados lleven a cabo la construcción de vivienda con protección pública, pero sin llevar a cabo un excesivo intervencionismo”   Gil también ha querido dejar claro que no se puede hablar de soluciones para el acceso a una vivienda asequible sin abordar de lleno el problema del suelo.    En este sentido, el máximo responsable del urbanismo en la región, ha indicado que, tan nefasta resulta una “ultraliberalización” del suelo, como la propugnada por la Ley Estatal del Suelo del año 98, como la falta del mismo, poniendo como ejemplo de esto último lo sucedido en la capital regional, en la que durante los últimos diez años no se ha actualizado el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, con la consiguiente falta de generación de suelo para viviendas, cuestión que tan sólo se ha visto compensada con el crecimiento de los municipios cercanos.  Alejandro Gil ha completado su intervención recordando que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con el precio más asequible en vivienda libre, la tercera con menor esfuerzo familiar para el acceso a la vivienda, y la cuarta región con más vivienda protegida por habitante.
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NOTICIA > -Urbanismo > Castilla La Mancha > Seseña > opiniones
Valor añadido > -El consejero de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, apuntó hoy que la actuación en el PAU "El Quiñón" fue aprobada "no por el Gobierno regional, sino por el alcalde de Seseña, que fue quien decidió en su momento y bajo su responsabilidad dar 5.000 licencias de obra". "Es una cuestión que se tiene que dilucidar entre el Ayuntamiento de Seseña y su alcalde y el agente urbanizador", dijo Gil, quien, además, rehusó hacer valoraciones acerca de la manifestación que hoy secundaron en Seseña (Toledo) un millar de trabajadores de la constructora ONDE 2000 para pedir más licencias de edificación.A su juicio, el Gobierno regional "cumplió con el deber legal" de informar sobre una actuación urbanizadora "en la que había dos requisitos que impusimos al Ayuntamiento y al promotor inmobiliario, que era un plan de etapas, de manera que todas las viviendas se hagan paulatinamente hasta el año 2017". Gil recordó también la obligatoriedad de disponer de un "plan especial de infraestructuras de abastecimiento de aguas, alcantarillado y suministro eléctrico que debía ser sufragado por el promotor inmobiliario". "Ahora, cualquier decisión le corresponde al municipio de Seseña y esperamos que el alcalde haga lo que tiene que hacer, que es cumplir la Ley", concluyó. El consejero realizó estas declaraciones instantes después de inaugurar en Albacete el Encuentro Internacional Foro Civitas Nova 2006, en las que también se refirió a la urbanización de La Losilla en el término municipal de Chinchilla (Albacete) y a la posibles dificultades de abastecimiento de agua que podrían producirse. Al respecto, recordó que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó el Plan de Ordenación Municipal de este municipio con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, "que supedita las actuaciones concretas a la obtención de la autorización o concesión administrativa de aguas".El consejero dijo que esa tramitación "le corresponde hacerla al Ayuntamiento de Chinchilla y a los promotores de la actuación y la autorización le debe ser otorgada porque, si no es así, no se pueden abastecer desde el punto de vista legal esas viviendas", subrayó.
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NOTICIA > -Promoción > Impuestos > Legal > Urbanismo > el País
Valor añadido > -Los notarios españoles han remitido a la policía entre enero y octubre de este año 111 operaciones -la mayoría societarias- en las que sospechan que hay blanqueo de capitales. Desde enero, los notarios ya no son meros espectadores de las operaciones mercantiles de las que dan fe. Si ven operaciones extrañas o sospechosas de esconder delitos, están obligados a facilitar toda la documentación que posean a un organismo que creó en enero el Consejo General del Notariado: el Órgano Centralizado de Prevención (OCP). Jueces, fiscales y policías tendrán acceso a la información que recopile el OCP.
Desde su entrada en funcionamiento, el OCP ha recibido de los casi 3.000 notarios españoles 2.673 expedientes de operaciones sospechosas. Tras analizar esa información, los expertos financieros del OCP han hallado claros indicios de operaciones fraudulentas en 111 casos, los cuales ya están en manos del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo integrado por policías que dependen administrativamente del Banco de España. Los otros casos siguen en estudio y en otros los expertos no han detectado delitos. El nuevo OCP acumulará, y permitirá cruzar datos, de las operaciones que los notarios consideren llamativas por su cuantía. Pero también de las no llamativas si los firmantes son personas investigadas por jueces y fiscales. Cualquier escritura que realicen puede ser analizada en este centro. Se trata de localizar a las personas que utilizan notarios de distintas ciudades para cometer fechorías y ocultar movimientos societarios y dinerarios.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > negocio inmobiliario y varios
Valor añadido > - la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, señaló hoy que no está a favor del "urbanismo a la carta, del parcheo y la recalificación selectiva que hay en este país". Trujillo se mostró en contra de las "las recalificaciones que se hacen para atender a lo que se entiende como necesidades coyunturales". La titular de Vivienda ha declarado no ser partidaria del “urbanismo a la carta, del parcheo y la recalificación selectiva que hay en este país”. En su opinión, “la mayoría de las recalificaciones responden a necesidades coyunturales”, alejadas de una planificación más racional y coherente con las demandas sociales
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Madrid > el confiencial
Valor añadido > -En el caso de la Comunidad de Madrid hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre ha declarado de facto una moratoria en la aprobación de nuevas recalificaciones, sobre todo aquellas que están rodeadas de alguna polémica. Precisamente, y para evitar la proliferación de pagos a cuenta por parte de promotores inmobiliarios, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente la prohibición de ejecutar los convenios urbanísticos (acuerdos entre el municipio y los propietarios del suelo) hasta que la revisión del plan no haya sido aprobada con carácter definitivo. Dinero bajo el brazo Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Como el procedimiento administrativo es largo -en algunos casos la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico puede durar 8 ó 10 años- lo que han hecho los promotores es anticipar el pago de ciertas cantidades o, incluso, costear la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos con el objetivo de que el alcalde de turno pueda mostrar a sus vecinos los éxitos de su gestión.  Un ejemplo de esto ya fue adelantado por El Confidencial el pasado 30 de junio. En Castellar de la Frontera (Cádiz) la recalificación de terrenos tenía un precio. Exactamente los 1,88 millones de euros que pagó el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán, al ayuntamiento gaditano por la recalificación de dos grandes fincas con una superficie total de 896 hectáreas. El convenio se firmó el 12 de agosto de 2005, y lo más paradójico es que el municipio -cuyo regidor es el socialista Francisco Vaca García- cedió a Arenal 2000 -la empresa de Sandokán- la elaboración de “los estudios y proyectos urbanísticos necesarios para obtener la modificación del planeamiento vigente”. Es decir, que la propia empresa beneficiada por el cambio de uso de los terrenos (una decisión política del ayuntamiento) es la encargada de reformar el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado, precisamente, por el propio consistorio. El caso de Castellar no es más que una muestra. En Colmenar de Oreja (Madrid) el consistorio aprobó la recalificación de una finca para instalar allí una central térmica de Endesa. El municipio cobró más de un millón de euros en concepto de anticipo, pero la realidad ha sido cruel con el consistorio. La Comunidad de Madrid no ha autorizado la construcción de la instalación eléctrica.  Lo sucedido tan sólo pone de relieve cómo los promotores impulsan la ejecución de determinados planeamientos urbanísticos que de otra manera no hubieran podido salir adelante debido a las insuficiencias presupuestarias municipales. Y eso que en algunas comunidades autónomas existen líneas de crédito especiales para que los ayuntamientos puedan financiar la elaboración de nuevos planes de ordenación urbana.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el País
Valor añadido > -El Madrid obtuvo 501 millones de beneficio con la venta de la Ciudad deportiva, el mismo dinero que ha gastado en fichajes desde 2000 -entre ellos Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham- y que le han permitido ganar una Copa de Europa y dos Ligas. La construcción de cuatro rascacielos en sus campos de entrenamiento fue posible gracias a que el Ayuntamiento multiplicó por cinco la edificabilidad de la zona. El ejemplo cundió y Sevilla, Betis y Levante lograron operaciones inmobiliarias para seguir fichando. El Valencia ha conseguido permiso para derribar su estadio y construir pisos en el centro de la ciudad. Con ésta y otras operaciones obtendrá más de 180 millones de beneficios. El Murcia ha ganado 200 millones gracias a que el Ayuntamiento le permitió construir un estadio y un centro comercial en un terreno comprado a precio de saldo. El consistorio ha sido condenado por perdonarle 20 millones al club, pero el Murcia ha roto el mercado de fichajes en segunda, ha hecho una plantilla de ensueño y aspira al ascenso.Zaragoza y Valladolid tienen planes similares a punto de ser aprobados. Barcelona, Español, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Levante y Hércules, entre otros, buscan nuevos pelotazos. Los clubes son sociedades anónimas deportivas y los presidentes, la mayoría constructores, alegan que sólo con estas operaciones pueden ser competitivos. Con estos desarrollos urbanísticos y también con la publicidad institucional en sus camisetas y con las televisiones autonómicas pagando un sobreprecio por sus derechos televisivos. El fútbol por si solo no es un negocio tan redondo como parece.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla León
Valor añadido > -El presidente de la Confederación del Sector de la Construcción de Castilla y León, José Manuel Aguilar, reconoció ayer en Ávila que el precio de la vivienda en la región está muy lejos de bajar, más bien todo lo contrario «subirá» en los próximos años. Lo mismo ocurrirá con la actividad constructora que «seguirá creciendo a un buen ritmo» puesto que «existe demanda de vivienda» y al menos así será, a juicio de Aguilar, «como mínimo hasta finales del 2008». Las previsiones no son por tanto muy halagüeñas para los usuarios que necesitan o quieren comprar una vivienda, pero según el presidente de los constructores, la raíz del problema se encuentra en la Ley del Suelo que se debate estos días en el Congreso. Según Aguado «entre el 50 y el 60% del precio de la vivienda» es consecuencia del suelo y ese es a su juicio el gran problema del precio de la vivienda. A la reunión celebrada ayer en Ávila asistieron los presidentes de los constructores de las nueve provincias de la región con la intención de analizar algunas de las cuestiones que más preocupan al sector.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > corrupción urbanística > opiniones López Guerra, secretario de Estado de Justicia
Valor añadido > -Preguntado ante los casos de corrupción urbanística, y si se plantea el Gobierno articular medidas para abordar este incremento, el secretario de Estado de Justicia defendió que tanto la especulación, como los casos de violencia de género se pueden erradicar parcialmente con la creación de más órganos judiciales. Aseguró que deben existir medidas de prevención y de inspección,  pero explicó que desde la perspectiva jurisdiccional el Ministerio trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, a fin de agilizar los procesos. También en esta legislatura, recordó, el Gobierno esta reforzando el Ministerio Fiscal, de tal forma que de las 1.000 plazas de jueces y fiscales que se crearán, 600 en el Ministerio Fiscal.  "Tanto con elementos personales y procesales el Ministerio de Justicia pretende enfrentarse a este tipo de delitos que afectan notablemente a los recursos públicos y a la confianza de los ciudadanos en el sistema", aseveró.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > corrupción urbanística > opiniones F. Bocos
Valor añadido > -Dentro de unos meses los ciudadanos estamos convocados a las urnas para elegir nuevos representantes municipales y autonómicos, de manera que es surgente que los partidos den una solución al problema. Quizá, ya digo, habría que arbitrar nuevos controles para que los ayuntamientos antes de recalificar un terreno, o aprobar un proyecto urbanístico, tengan un control de alguna entidad superior de la Administración. Lo que no es tolerable es lo que está pasando, y es evidente que ni el PSOE puede  presumir ante el PP ni el PP ante el PSOE. Más les valdría que se pusieran a pensar como evitar lo que está pasando.
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NOTICIA > - Promoción > Urbanismo > Canarias > el País y otros
Valor añadido > -Detenidos el alcalde y cinco concejales del PP en Telde por repartirse comisiones  > Acebes suspende de militancia a los ediles y el PSOE pide la disolución del Ayuntamiento > Una libreta de María Antonia Torres, concejal de Obras del PP de Telde (Gran Canaria) detenida el pasado mes de marzo en una operación anticorrupción denominada Faycan, originó ayer la detención de seis ediles más del PP del municipio, entre ellos el alcalde. En la libreta, Torres anotaba de su puño y letra en septiembre de 2005 el reparto entre sus compañeros de equipo de Gobierno de una comisión de unos 50.000 euros abonados por una empresa. Este pago dejó un rastro documental ratificado por el empresario que lo abonó y un miembro del equipo municipal. Entre los detenidos figura la hija de Torres, María Eugenia Fernández Torres, a quien se acusa de blanqueo de capitales ya que invirtió el dinero de su madre, fruto de presuntas comisiones, en comprar y poner a su nombre inmuebles. Hay otro elemento que corrobora el reparto de este botín entre los concejales del PP: una pericial caligráfica de las anotaciones de la libreta de Torres. La investigación, impulsada por la Jefatura Superior de Policía de Canarias y la Fiscalía Anticorrupción, analiza si hay más comisiones recibidas por el equipo municipal del PP ya que hay numerosos indicios, grabaciones y declaraciones en ese sentido. También esperan resultados del análisis patrimonial de los imputados. Los detenidos prestarán hoy declaración ante Javier García-Sotoca, titular del juzgado número 3 de instrucción de Telde (Gran Canaria). La operativa de esta trama política era la siguiente: - Negociación con empresas que querían ser adjudicatarias de contratos municipales, exigiendo a cambio el cobro de comisiones. - Desde el departamento de Intervención se adelantaban o retrasaban los pagos de las firmas ya contratadas con el fin de forzar a las empresas a abonar el peaje exigido. - Se confeccionaban facturas falsas municipales para compensar a los empresarios las pérdidas por el pago de comisiones.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Corrupución urbanística > opniones Ismael Rodríguez > teldeactual
Valor añadido > - La existencia de una legislación de Régimen Local que cada vez ha venido acrecentando el poder y el carácter más presidencialista a los Alcaldes y Presidentes de Cabildos Insulares (o Diputaciones), a la vez que inversamente ha ido mermando los asuntos que son sometidos al control del Pleno de las corporaciones locales. Con ello se ha conseguido que la oposición, en las distintas administraciones públicas locales, tenga un papel bastante limitado en el control y la fiscalización de los gobernantes. .. El deficitario control fiscalizador de quienes corresponde hacerlo y el uso irregular que se hace por muchos políticos, con la connivencia de funcionarios, de la Ley y el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. ... Las carencias de financiación de muchos ayuntamientos, que han visto en el urbanismo y en el crecimiento de camas turísticas la panacea a todas sus deficiencias económicas, ha propiciado que la corrupción tenga una puerta de entrada fácil en los ayuntamientos con políticos que tienen pocos escrúpulos. De las irregularidades e infracciones urbanísticas, como pueden ser las construcciones de viviendas en suelo rústico o las vulneraciones de la legislación urbanística en suelo urbano, incluso mediante la ocupación de suelo público, se intenta obtener una bolsa de “votos cautivos y agradecidos” por parte de políticos impresentables, que son los que justamente tienen la obligación legal de impedir esas ilegalidades. La legislación de ordenación del territorio y de urbanismo, a pesar de todas las limitaciones que establecen, sigue permitiendo rendijas por las que se cuelan recalificaciones de suelo, convenios urbanísticos y otras muchas fórmulas para financiar irregularmente a los ayuntamientos y, en muchos casos, los propios bolsillos de políticos y funcionarios corruptos.
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NOTICIA > -Turismo
Valor añadido > -El terreno de la costa representa un 7% del suelo y sobre él vive el 45% de la población en España. La mayoría de las playas españolas perderá terreno que el mar recuperará en el futuro. Concretamente, en 2050 las playas del Mediterráneo tendrán unos 15 metros menos de anchura. Todos estos datos pertenecen al informe 'El impacto del cambio climático en las zonas costeras españolas', de Raúl Medina Santamaría, catedrático de Oceanografía de la Universidad de Cantabria, y obligan a replantearse tanto la edificación presente como la futura en primera línea de playa. «Ante la subida del nivel del mar, el camino más recomendable es el de la planificación, que todo plan general de urbanismo incorpore cláusulas que tengan en cuenta el cambio climático en el territorio gestionado». El informe señala que, «según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), el riesgo de inundación aumenta cada año para infraestructuras urbanas, turísticas e industriales, tierras de cultivo, áreas de recreo y hábitats naturales».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Andalucía > el decálogo socialista >ABC
Valor añadido > -No a las reclasificaciones indiscriminadas. Sobre este particular, la edil del PP hizo especial hincapié, pues «al amparo del PGOU, Monteseirín ha reclasificado a suelo urbanizable 2.700 hectáreas, que suponen un 20% del término municipal y un incremento con respecto al suelo ya urbano del 45%». La portavoz usó ejemplos como Palmas Altas, Villanueva del Pítamo o Cortijo del Cuarto.Transparencia informativa. En este punto, los populares recordaron que el alcalde «ha firmado 68 convenios urbanísticos, que le suponen al Ayuntamiento ingresos por valor de 3.950 millones de euros, que no forman parte del documento del PGOU ni están colgados en la web municipal, por lo que los sevillanos no pueden conocerlos, lo que supone una transparencia informativa nula; no hay manera de obtener esa información».Reparto justo de plusvalías. En este tema, Martínez mencionó que con el PGOU se han producido plusvalías por valor de 10.000 millones de euros, «cifra que no se reparte entre los barrios ya consolidados, a los que no se les equipa y a los que sólo se les destina el Plan de Barrios, que es una inversión compulsiva e ineficaz». Cumplir la legalidad. El PSOE cierra su decálogo con una obviedad pasmosa, el «cumplimiento escrupuloso de la legalidad» y la toma de medidas «contra el urbanismo fraudulento». El PP recordó al hilo de esto que Monteseirín «se ha negado a realizar una segunda exposición pública del PGOU, tal como recoge la ley para el caso en el que se modifiquen propuestas estructurales como, de hecho, ha ocurrido en Sevilla».
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirmó en Huesca que la Ley del Suelo que está impulsando el Gobierno de Zapatero acabará con el «todo vale» que recogió el anterior Ejecutivo del PP en el texto legislativo que impulsó en 1998. Según Trujillo, aquella ley «tenía un efecto llamada a los especuladores» y dijo que «ha tenido efectos nocivos para el desarrollo urbanístico e impedido el acceso a la vivienda de muchos ciudadanos». Declaró que la nueva ley, en tramitación, «apuesta por la transparencia y por la sostenibilidad, en contra de la especulación y la opacidad que tenía la ley de 1998». Pero sus explicaciones no han convencido a los convocantes de la manifestación que el próximo sábado se celebrará en madrid bajo el lema «Por una vivienda digna». A este respecto, Trujillo dijo que se identifica con la reclamación que se plantea y, en su defensa, afirmó que «en esa dirección estamos trabajando, más vivienda de protección y menos especulación».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > opiniones José Cavero
Valor añadido > -De hecho, el urbanismo ilegal y cómo enfrentarse a él parece haberse convertido en una de las preocupaciones más vivas del gobierno socialista, hasta el punto de haberse "inventado" todo un "fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente", con el encargo de perseguir y castigar a esta clase de delincuentes. Pues bien, este fiscal, Antonio Vercher, con esa misión de coordinar a los fiscales de toda España en la lucha contra los delitos contra la ordenación del territorio, tiene a su cargo y a sus órdenes a guardias civiles, policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas, y acaba de declarar su decisión de recurrir a la demolición de las viviendas ilegales. ¿Que hay en España más de cien mil viviendas ilegales? La única solución parece ser el recurso a la demolición. Pero de manera rápida y metódica. Porque, como explica el fiscal, de manera textual, "desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena esa demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición, hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación"...  Pero insiste en que parece ser el único procedimiento útil para terminar de una vez con los abusos e irregularidades de las que toda España está plagada. Hasta el punto de que aconseja y recomienda a los eventuales compradores de vivienda que comprueben en el registro que todo está en orden antes de comprometerse a su compra.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > - El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Carlos Hernández, considera que el proyecto de la Ley de Suelo abre, "por fin", un debate de "incalculables proporciones", por cuanto recoge medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en el estatuto de los ciudadanos, "que recoge sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad jurídica real en el acceso a la vivienda".  Así lo señala en un artículo publicado en la revista 'Profesiones', en el que subraya que este debate debe complementarse con una "política integral" del Gobierno, ya que el suelo "todavía no parece tener el perfil obvio de gran problema nacional". Para Hernández, la nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, plantea "adecuadamente" nuevas fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones reales de suelo y una movilización "ordenada" de los recursos disponibles. Por otra parte, el Gobierno debería mejorar, a su juicio, la financiación local, así como introducir nuevas medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, y apostar por la lucha contra la delincuencia organizada. Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado". Asimismo, defiende la iniciativa pública sobre el suelo, así como el aumento del patrimonio municipal e insta a la sociedad a asumir que la Ley de Suelo "es un proyecto vital para alcanzar las ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones estructurales de los problemas urbanos de España".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > el País
Valor añadido > -"Hay que demoler las viviendas ilegales"  > En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > kaosenlared
Valor añadido > -El Partido Popular y el Urbanismo
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > C. Valenciana > opiniones Honorio Fernández Llamas, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) > el País
Valor añadido > -La mayor parte de los ayuntamientos no tienen capacidad ni técnica ni personal ni económica para desarrollar por sí mismo el urbanismo y, sin embargo, tienen la competencia central. Por tanto, tienen que recurrir a técnicos privados. Los que hacen los planes urbanísticos para las promotoras son los que luego asesoran a los ayuntamientos. Como se dice vulgarmente, es poner la zorra a cuidar el gallinero. La segunda cuestión es clásica, y depende de la Administración central, y es que los ayuntamientos tienen muchas más competencias que medios económicos. Habría que facilitar más recursos a los municipios, porque la única fuente de ingresos fácil, y no sólo fácil, sino oscura, es el urbanismo.>Siempre que se hace una casa tiene que haber un proyecto supervisado visado por el colegio oficial. En el caso de las 1.200 casas ilegales de Catral es imposible que hayan pasado esos filtros, por tanto o han ocultado la realidad o sencillamente que no se han presentado los proyectos, o que estos estaban falseados, para almacenes, vallados o refugios de labor. Y los notarios necesitan una licencia de obra y certificado de obra final del arquitecto y comprobar esas cosas. Y es sospechoso que los notarios no sepan que en Catral y el resto municipios de la Vega Baja existen esas prácticas. Pensamos que tampoco cumplen el reglamento hipotecario.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Madrid > opiniones Santiago Gzalez>el Correo
Valor añadido > -la Fiscalía Anticorrupción no tiene aún entre sus funcionarios ningún experto en urbanismo, a pesar de que la mayor parte de los pelotazos se han dado en el sector del ladrillo. El último caso ha saltado en Ciempozuelos cuando Simancas perseguía el pelotazo de un tío de Esperanza Aguirre. Quedan flotando en el viento, como cantaba Bob Dylan, las respuestas a alguna pregunta elemental. Durante los últimos doce años, ¿ha tenido la FSM alguna sospecha sobre el alcalde de Ciempozuelos?¿los concejales socialistas? ¿el concejal de Urbanismo? Los 40 millones de la comisión por recalificar, ¿a dónde fueron? Y, finalmente, ¿el Padre es Dios?
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > La Razón
Valor añadido > -Los «populares» se reservan su alternativa en esta materia para más adelante, y ayer optaron por quedarse en la denuncia de la «maniobra propagandística» de la iniciativa del PSOE y en recordar hechos como que siga siendo miembro de la dirección del PSC el ex senador Josep María Sala, condenado por el «caso Filesa». Acebes destacó que la lucha contra los corruptos pasa por aplicar la ley, impulsar la Fiscalía y dotarla de los medios policiales y judiciales. «El PP no será cómplice de pactos de silencio para ocultar los desmanes del Gobierno. Al que roba hay que aplicarle el Código Penal», afirmó, tras recordar el «escándalo» de Marbella y la pasividad de la Junta de Andalucía, el crédito del PSC cancelado por Montilla o la situación en Ciempozuelos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > opiniones Antonio Jimenez > EP
Valor añadido > -La tesis Blanco sobre la corrupción política en torno al ladrillo es un alegato a favor de la impostura y la hipocresía por no decir la desvergüenza. El secretario de organización socialista dice que la corrupción "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo y por vaciar de contenido la Fiscalía Anticorrupción". Dicho en "roman paladino", Blanco sugiere que los alcaldes socialistas ponen el cazo a promotores y constructores y se llevan las "mordidas" millonarias por culpa de la legislación  del Gobierno de Aznar. O sea, que si Aznar no hubiera llegado nunca a la Moncloa, no tendríamos sobre la mesa el caso Ciempozuelos, por ejemplo. ¿Acaso no hubo urbanismo salvaje y escándalos de comisiones ilegales derivados de la construcción durante los 14 años de Gobierno de Felipe González? Como broma no está mal la argucia devenida en sofisma de Pepiño Blanco. La realidad, sin embargo, es que hay dos ex alcaldes del PSOE que han cobrado la friolera de 6.665 millones de pesetas por recalificar unos terrenos en la localidad madrileña de Ciempozuelos  y no todo parece que haya acabado, ni mucho menos, en los bolsillos de los ex ediles. Las investigaciones abiertas no descartan la posibilidad de que estemos ante una reedición de Filesa y por tanto de otra financiación ilegal de partidos. No deja de ser irónico que el PSOE pretenda ahora devolverle al Estado el control del urbanismo que está en manos de las comunidades y de los ayuntamientos. Conviene recordarle a Pepiño Blanco que fueron, precisamente, comunidades gobernadas por los socialistas las que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la legislación aprobada por el Gobierno de Aznar que liberalizaba todo el suelo municipal, salvo el protegido por razones medioambientales o de otra índole. Las comunidades socialistas y los ayuntamientos que respaldaron el recurso por el que el alto tribunal anuló la legislación del gobierno popular entendieron que si perdían el control del suelo perdían asimismo buena parte de la financiación municipal y regional. Me temo que también pensaron en la posibilidad de perder una vía indirecta de inyectarle recursos a las arcas de los partidos. Por tanto, bienvenido sea el decálogo con el que los socialistas pretenden ponerse al frente de la manifestación contra la corrupción y la inmoralidad urbanística, pero como bien le responde Rajoy, la mejor fórmula para combatir los desmanes y delitos urbanísticos es que quienes ponen el cazo y cobran comisiones inmorales e ilegales como las de Ciempozuelos dejen de ponerlo y que policías y jueces actúen contundentemente contra alcaldes y concejales recalcitrantes en el latrocinio del ladrillo.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > opiniones Fermín Bocos > EP
Valor añadido > -Sabíamos por los poetas que las cosas no existen hasta que se las nombra; lo que ignoramos es que algunos políticos quieran hacernos creer lo mismo en relación con los pelotazos urbanísticos. Teniendo  a medio consistorio marbellí en la cárcel y a otros ayuntamientos  bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, resulta chusco -por no emplear otra expresión- que desde la dirección del PSOE hablen de la conveniencia de firmar un pacto o 'decálogo' contra la corrupción. La iniciativa resulta chocante porque en materia de normativa urbanística está ya todo dicho. Hay leyes, son buenas y lo que hay que hacer es cumplirlas. Todo lo demás son inventos para salir en la televisión sacando pecho, cuando, todos sabemos, que lo que tienen que hacer tanto el PSOE como el PP es deshacerse de aquellos alcaldes o concejales a los que se les vio entrar en el Ayuntamiento a pie y ahora pasean en 'Rolls-Royce'. Hablo de socialistas y populares pero, ¿qué habría que decir de los nacionalistas de CiU y aquél famoso '3%' denunciado  en el 'Parlament de Catalunya' por el presidente Maragall y del que nunca más se supo? ¿Y, qué pasó en Madrid con la recalificación de los terrenos deportivos del Real Madrid -situados en pleno Paseo de la Castellana- recalificación que dio pie a otro inmenso pelotazo urbanístico? Exactamente: nada. No pasó nada. Aquí sólo pasa algo cuando algún medio de comunicación decide tirar de la manta y negro sobre blanco señala a los responsables de una determinada recalificación fraudulenta. La sospecha de que la maquinaria municipal está engrasada con cargo a las comisiones que los ayuntamientos cobran de las constructoras, es vieja. Tan viejos como son los caminos por los que los dineros de ésas mordidas llegan a las tesorerías de los partidos políticos. Sólo nos enteramos  de los casos de corrupción cuando alguno de los intermediarios mete la mano en la olla o cuando algún  funcionario honrado, otra constructora que aspiraba al negocio o un secretario despechado, filtra algún nombre. Sería imposible explicar  el 'boom' inmobiliario sin las mordidas consistoriales, pero es el secreto de Polichinela: todo el mundo el mundo lo sabía, pero nadie  lo decía.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el País
Valor añadido > -La Fiscalía Anticorrupción, que tiene abiertas 10 causas en España por supuesta corrupción urbanística en distintos ayuntamientos y comunidades, carece de expertos en esa materia para profundizar en sus investigaciones. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer por carta al Ministerio de Justicia que se dote a la Fiscalía Anticorrupción de expertos en materia urbanística para que las investigaciones sean más efectivas y evitar retrasos en el análisis de casos complejos como el de la recalificación masiva de suelo rústico en Seseña (Toledo) a favor de un promotor u otros. La Fiscalía Anticorrupción tiene actualmente 11 fiscales encargados de la investigación a los que apoyan 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria y otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, además de 12 policías, nueve guardias civiles y otros 22 funcionarios. Sin embargo, no cuenta con expertos para luchar contra delitos de prevaricación urbanística, y considera necesario que se le adscriban al menos un par de técnicos que podrían proceder de los ministerios de Fomento o de Vivienda.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo  > Expansión
Valor añadido > -El decálogo del PSOE para combatir la corrupción es una mera sucesión de enunciados retóricos, de dudoso alcance efectivo. La retirada de las listas electorales de los implicados en escándalos debería ir de suyo y no presentarse como gran logro.La bola de nieve de la corrupción urbanística crece porque los ayuntamientos carecen de un sistema de financiación estable, suficiente y transparente, porque los ediles disfrutan de una excesiva discrecionalidad en la elaboración del planeamiento urbanístico, y porque la financiación de los partidos también crece a menudo al socaire del urbanismo. La Ley del Suelo, en trámite parlamentario, ofrece una oportunidad para introducir transparencia y seguridad jurídica, y para acabar con la heterogeneidad en las legislaciones autonómicas. Debe reformarse, además, la financiación local y establecer unas reglas del juego claras en la financiación de partidos.El asunto reviste tal gravedad que realmente requiere un pacto de Estado, para que, en aras de la higiene democrática, PSOE y PP tapen todas las rendijas por donde se cuelan aquellos que conciben la política como un negocio.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > ABC
Valor añadido > -La comisión del «caso Ciempozuelos» es siete veces superior a los pagos de Filesa > Cuarenta millones de euros, más de 6.700 millones de pesetas. Ésta es la cuantía de la astronómica comisión pactada entre el ex alcalde socialista de Ciempozuelos y la inmobiliaria Esprode a cambio del desbloqueo del Plan de Urbanismo del municipio. La desorbitada cifra no tiene parangón en el turbio «ranking» de los escándalos político-financieros que han salpicado nuestra historia reciente. Para hacerse una idea de la magnitud del asunto, la citada comisión multiplica por siete los pagos irregulares detectados en el «caso Filesa», el escándalo de financiación irregular del PSOE que marcó el «felipismo». Más de mil millones de pesetas -unos seis millones de euros- fueron pagados por varios bancos y empresas a cambio de supuestos informes y estudios que nunca existieron. El fin real de esta tapadera: engordar las cuentas socialistas. La equiparación entre ambos casos cobra fuerza si se tienen en cuenta las sospechas del PP: «Ciempozuelos huele a financiación ilegal del PSOE y quizás a algo más», asegura Juan José Güemes, portavoz popular de Madrid y consejero de Empleo.Merece la pena establecer una comparación con otros destacados casos de corrupción para comprobar la envergadura de este nuevo escándalo. «Caso Guerra». El PSOE proporciona a Juan Guerra -hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra- un despacho oficial en la Delegación del Gobierno de Andalucía. Aunque su función, en un principio, era ser el asistente de su hermano a cambio de un sueldo de 129.370 pesetas al mes, Juan Guerra acabó siendo juzgado por cohecho, prevaricación, usurpación de funciones o malversación de fondos. El fraude fiscal llevado a cabo ascendía a 253.627 euros (42,2 millones de pesetas).«Caso Roldán». El ex director general de la Guardia Civil nunca entregó al Ministerio del Interior los más de 10 millones de euros (1.700 millones de pesetas) con que se lucró a base de fondos reservados, comisiones por obras y estafas a constructores. Nueve años fue la condena que recayó sobre el protagonista del «caso Roldán».«Caso Ibercorp». En 1992, este banco, presidido por Manuel de la Concha, es intervenido después de que el Banco de España intentara sin éxito enajenar la entidad. Dos años después, en abril de 1994, se conoció que Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas). El 5 de mayo del mismo año, Mariano Rubio y Manuel de la Concha ingresaron en prisión. En julio, la juez del caso les acusó de cohecho, estafa y apropiación indebida. Rubio se vio envuelto en el caso por un crédito de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) que concedió el instituto emisor a Ibercorp, pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España. «Caso SEAT». Es una de las cuatro piezas en las que fue dividido el denominado «caso AVE», que a su vez fue desglosado de «Filesa», comenzó a instruirse hace doce años y que se refiere al presunto pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid-Sevilla. Este caso tiene sus raíces en un pago hecho en 1988 por directivos de la empresa automovilística al ex embajador alemán en España Guido Brunner presuntamente con la finalidad de hacer gestiones en su favor en el país germano. El pago fue de 900.000 euros (150 millones de pesetas) que posteriormente fueron ingresados en una cuenta de Aida Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. En la resolución judicial también se describió la operación que sirvió para recalificar irregularmente los terrenos de que Seat disponía en el madrileño Paseo de la Castellana. «Caso PSV». El escándalo de la Promoción Social de Viviendas comenzó en 1993 y fue el mayor fraude inmobiliario cometido en España. El proceso penal puso al descubierto los graves errores cometidos por UGT en su intento de prestar servicios sociales a sus afiliados. UGT apostó a fondo por la promoción de viviendas sociales, pero acabó apropiándose de 78 millones de euros (13.000 millones de pesetas), entregados por los cooperativistas para la compra de los pisos.
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NOTICIA > OBRA PÚBLICA- Urbanismo
Valor añadido > -El Gobierno da la primera lectura al Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medio Ambiental > La Ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado en el que se encontraban antes del daño.
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el País
Valor añadido > -El comité permanente de la ejecutiva federal estudiará hoy un decálogo contra la corrupción urbanística, que será presentada por el secretario de Organización, José Blanco. El PSOE no se dirigirá al PP para ofrecerle un pacto en torno a este asunto, sino que confía en que las medidas para atajar la corrupción urbanística sean asumidas por todas las fuerzas políticas. Los socialistas quieren llevar con cautela el debate sobre la intervención del Estado en la ordenación del territorio porque se trata de un asunto delicado, en el que las competencias las tienen las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les corresponde la elaboración de los planes urbanísticos. En la Conferencia Política de hace cuatro semanas, el PSOE aprobó un texto que ahora desarrollará, con vistas a incluirlo en el programa para las elecciones municipales de 2007.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > ABC
Valor añadido > Asistimos en las últimas semanas a una orgía de apariciones de escándalos urbanísticos en toda España. El ventilador está puesto y la proximidad de las elecciones sin duda contribuye a ello. Pero lo cierto es que los casos están ahí y el debate sobre el «ladrillo» se coloca entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos, porque está relacionado con la carestía de la vivienda. Aquí en Castilla-La Mancha la situación no es distinta. De ahí el debate en las Cortes de la semana pasada. Por cierto, allí una diputada del PSOE tuvo un desliz que por fortuna corrigió y ante el que pidió disculpas. Señaló que ante esta materia «todos tenemos que callar». Pero el coordinador de IU, Cayo Lara, ya se ha encargado de decir que la frasecita, que tildó de bíblica, «será la frase de la legislatura». Y es que si la perversa utilización del urbanismo propicia pingües beneficios para unos pocos, otros quieren que también produzca réditos electorales.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Diario de Sevilla
Valor añadido > EL Gobierno anunció el viernes, tras la celebración del Consejo de Ministros, una actitud tajante para erradicar los casos de corrupción urbanística municipal que se están descubriendo, un día sí y otro también, en diversos municipios de España y que afectan a ayuntamientos regidos indistintamente por cualquiera de las fuerzas políticas mayoritarias o por independientes. Marbella era la más espectacular por las dimensiones del expolio, pero era una mancha más en un mar de irregularidades que en épocas como ésta, en las que ya se dibujan en el horizonte las próximas elecciones locales, afloran con sospechosa facilidad. En las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación, además de la operación Malaya, noticias relativas a Seseña (Toledo), Las Navas del Marqués (Ávila), Murcia, Ciempozuelos y Tres Cantos (Madrid), por citar sólo los casos más espectaculares. Hay en los últimos casos descubiertos un denominador común que aleja el actual modelo de corrupción del que sacudió la vida municipal en los años 80: si entonces las operaciones irregulares tenían como objetivo principal la financiación de los partidos políticos, esa práctica delictiva parece felizmente erradicada y ahora se busca simplemente el enriquecimiento personal de los concejales corruptos. Los partidos siguen teniendo, en cualquier caso, la responsabilidad, por enrolar en sus filas a individuos venales. La actuación en estos casos debe ser contundente y la expulsión inmediata, además de colaborar con la Justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre el sobornado. Pocas cosas hacen tanto daño a la democracia como la corrupción municipal. Cabe preguntarse ante la proliferación de estos casos si la vigilancia urbanística se realiza en España con la eficacia exigida. Que se llegue a situaciones como la de Marbella dice muy poco en favor de las administraciones públicas encargadas de evitar y/o sancionar estos desmanes. Surge sin remedio la duda de si las competencias sobre suelo están en las manos adecuadas.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido >  En el plano urbanístico, insistió Rajoy, "el pacto que hay que hacer es aplicar la ley", porque, bajo su punto de vista, no se trata de hacer normas sino de hacerlas cumplir porque "la corrupción va unida a la condición humana". "Un ladrón roba igual con una ley que con otra, porque el ladrón lo que hace es violar la ley", argumentó. También criticó que ahora el PSOE diga que "quiere atribuir competencias de urbanismo al Estado". "¡Pero si se las acaba de dar en el Estatuto de Cataluña todas a la Generalitat de Cataluña", exclamó Rajoy, quien denunció que el Gobierno actúa "improvisando" y carece de "criterio sobre nada".
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NOTICIA > -Urbanismo > Andalucía > Editorial > Europasur
Valor añadido > -Desde 2005, la Guardia Civil ha detectado en Andalucía 3.343 viviendas o urbanizaciones y 679 parcelaciones ilegales en 165 municipios, esto es, en el 21,42% del total (uno de cada cinco). El dato no puede ser más preocupante y sirve para poner de manifiesto, por si no lo estaba ya, que la (ausencia de) ordenación del territorio y el descontrol urbanístico son dos de los problemas más graves que arrastra nuestra tierra al cabo de un cuarto de siglo de autonomía. Marbella es sólo la punta del iceberg de un clima generalizado de impunidad a la hora de ocupar suelos de dominio público, construir fuera de planeamiento o sin licencia (añádase el truco de la licencia provisional en obras definitivas), instalarse en zonas protegidas (incluso junto a Doñana), extraer ilegalmente agua de los acuíferos, verter clandestinamente a los arroyos.... Quienes así actúan lo hacen en la confianza de que no sólo no pasará nada –éste es el país de los hechos consumados– sino que, más tarde o más temprano, la Administración legalizará los desmanes urbanísticos (la tentativa del Ayuntamiento de Córdoba en Medina Azahara es un ejemplo, como antes lo fue el de Zalamea la Real) o seguirá haciendo la vista gorda. La Junta, con el argumento del principio de la autonomía municipal consagrado en la Constitución, trata de exonerarse de toda responsabilidad en este estado de cosas y de derivarla exclusivamente hacia los ayuntamientos. Si no tuviera responsabilidad alguna in vigilando, ¿por qué entonces crea ahora, y no en los 25 años anteriores, un cuerpo de inspectores de Urbanismo? ¿Por qué se ha inhibido ante denuncias que sobre obras ilegales le han cursado ciudadanos? ¿Cómo la Consejería de Obras Públicas dice que es muy difícil identificar urbanizaciones ilegales cuando Agricultura sí es capaz de controlar por teledetección espacial –programa SIG-PAC– hasta las variaciones en los cultivos de fincas de sólo una hectárea de superficie? El inventario de ilegalidades hecho por el Seprona no hace más que ratificar que, en materia de urbanismo, Andalucía sigue siendo un territorio comanche.
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NOTICIA > -Urbanismo > el País
Valor añadido > -El Seprona, la policía ecológica del instituto armado, ha hecho un recuento de todas las infracciones en materia de ordenación del territorio localizadas en las áreas rurales, aunque estas tengan costa, ya que ése es la zona bajo su égida. Los agentes han recorrido vías pecuarias, líneas costeras, montes protegidos, las riberas de los ríos. Todo en busca de "una construcción o edificación en suelo no urbanizable común o suelo protegido por alguna disposición legal". Sólo durante 2005 localizaron 8.196 obras ilegales (desde casas matas a obras de mayor porte), de las que 365 fueron consideradas directamente delictivas y el resto, infracciones administrativas. Los agentes detuvieron a 116 personas. Las provincias más infractoras durante el año pasado fueron, por este orden, Tenerife, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Granada (con gran concentración todas en las zonas de playa), Cáceres y Coruña. Esta clasificación apenas se ha visto alterada durante las inspecciones realizadas en los seis primeros meses de este año, salvo por la escalada hasta la primera posición de infractores de la provincia de Cuenca, que copa casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Seprona de enero a junio de 2006. Cuenca escala a ese puesto al contabilizar 520 edificaciones ilegales, casi todas levantadas vulnerando normas administrativas. Pero el récord absoluto del año en cuanto a delitos de este tipo lo tiene Almería, que reúne 101 de los 265 casos penales que el Seprona puso en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las actuaciones de la Guardia Civil conllevaron la detención de 123 personas, la mayoría de las cuales quedó en libertad y, como mucho, se llevó una multa. Los agentes reconocen que demoliciones como consecuencia de sus denuncias "ha habido más bien pocas". Canarias, en cualquier caso, se confirma como el territorio donde sus convecinos menos dudan en levantar una vivienda ilegal, o al menos donde más se han localizado en el año y medio de estudio: 2.221 han sido denunciadas, lo que supera con creces a Málaga (1.136), Murcia (927) o Madrid (505). Estas tres últimas provincias son en las que, precisamente, la Guardia Civil tiene previsto que comiencen a trabajar los tres primeros Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, encuadrados en las Unidades de Policía Judicial. Éstos, en realidad, investigarán tramas de corrupción inmobiliaria, de mayor calado, en las que pueda haberse cometido delitos de tráfico de influencia, prevaricación, cohecho o blanqueo de dinero en relación con delitos urbanísticos.
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NOTICIA > - Urbanismo > nueva ley del suelo
Valor añadido > -El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, José Andrés Burguete, pedirá al Parlamento y al Ejecutivo foral que impugnen ante el Tribunal Constitucional la ley estatal del Suelo si las Cortes no subsanan durante la tramitación lo que calificó de ‘visos de inconstitucionalidad’.  Según expuso, el proyecto invade competencias exclusivas en materia de urbanismo y ordenación territorial. Por ejemplo, se fija que las promociones reserven un 25% para VPO. Si bien Navarra estableció un mínimo del 50%, Burguete señaló que la reserva es una intromisión de la que no hay que hacer ‘dejación’.
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NOTICIA > -Urbanismo > Expanión
Valor añadido > -Enrique Múgica, que participó en León en las XXI Jornadas de  Defensores del Pueblo, mostró así su preocupación por el creciente  número de casos de corrupción y atentados contra el Medio Ambiente  relacionados con el sector urbanístico. Múgica apostó por un incremento de los medios y recursos de los que dispone la Justicia para que pueda actuar con “mayor urgencia”  para acabar con el abuso de este sector y poner a su disposición las  herramientas necesarias para que se cumplan las sentencias y se  investigue en profundidad los posibles delitos. “Una sociedad democrática requiere un Estado con la suficiente  fuerza para proteger y amparar las buenas condiciones de vida de los  ciudadanos”, afirmó. En esta línea, señaló que la situación de España no es “alentadora” ya que el sector de la construcción, que es junto al de  los servicios uno de los pilares de la economía nacional, está  poniendo en peligro el futuro del país “con un urbanismo salvaje”,  que afecta especialmente a las zonas del litoral.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el País
Valor añadido > -La Guardia Civil tiene a punto su plan para crear equipos especializados en la lucha contra la corrupción urbanística. El proyecto prevé la formación de un Grupo de Delitos Urbanísticos, compuesto por una treintena de agentes encuadrados en la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite del instituto armado contra la delincuencia organizada. Este núcleo central se completará con la creación en sus 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, con 170 agentes en conjunto. La previsión es que los equipos empiecen a funcionar a primeros de año de forma escalonada y que el primer escalón se establezca en tres provincias sacudidas por casos llamativos: Madrid, Murcia y Málaga
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NOTICIA > -Urbanismo > Finanzas
Valor añadido > -La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha defendido la participación estatal en el sector urbanístico para garantizar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y sostiene que "el exceso de suelo teóricamente urbanizable no resuelve el problema de la vivienda y además puede producir daños medioambientales importantes".  Trujillo ha advertido de que "la teórica liberalización del suelo puesta en práctica años atrás en España crea más problemas que los que resuelve, tanto por el riesgo de degradación ambiental como por el incentivo para la especulación con el suelo que supone". Frente a esta situación, ha justificado el proyecto de Ley de Suelo, tachado por diferentes agentes del sector de intervencionista y actualmente en tramitación parlamentaria, como herramienta para la retención especulativa de suelos.
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NOTICIA > -Urbanismo > Cinco Días
Valor añadido > -El presidente del Consejo Económico y Social (CES). Marcos Peña, reclama 'un replanteamiento de la política de suelo' de los ayuntamientos con 'urgencia' para moderar el encarecimiento de la vivienda. En una entrevista concedida a Servimedia, Peña indica que 'ocultar la gravedad e importancia' de este asunto 'es estúpido', aunque el problema es 'complejo' al afectar al sistema financiero y a un sector como el de la construcción, pero también al reparto de competencias en el país, donde las políticas de vivienda dependen de las comunidades. Para el presidente del CES, esa política municipal es algo pendiente y que se ha de afrontar 'con urgencia', con el fin de acabar con 'esta especie de pandemia nacional' que es la política urbanística. No obstante, Peña auguró que no habrá cambios sustanciales en los precios de la vivienda 'mientras se mantenga el empleo', ya que, con 'sacrificio', se podrán ir pagando las letras de las hipotecas, aunque sea destinando a ellas el sueldo íntegro de uno de los cónyuges. No obstante, añadió que, pese a los malos augurios, la explosión de la llamada burbuja inmobiliaria no llega
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo > Editorial de Ideal
Valor añadido > -EL carácter 'ejemplarizante' de la medida que ha invocado el consejero de Territorio y Vivienda de la Comunidad de Valencia al retirar el control del urbanismo al municipio de Catral, en el que se han construido un millar de casas sin licencia en pleno parque natural de El Hondo, debería ser una buena noticia. Pero no lo es en la medida en que resulta realmente sorprendente que se ataje semejante desmán cuando el daño urbanístico y ambiental está tan avanzado y es bien conocido que lo que sucede en este término municipal -en manos del PSOE- ocurre igualmente en una infinidad de los municipios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, independientemente del signo político de su alcaldía, porque lo suficientemente acreditado es que la anarquía urbanística en este país es una lacra transversal que afecta a la gran mayoría de los partidos. Tampoco es Valencia la única Autonomía en la que suceden hechos de esta índole, como demuestran los casos de Carboneras, en Almería; Seseña, en Toledo; la reciente dimisión del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (PP) acusado de haberse enriquecido mediante planes parciales autorizados por su departamento o la del vicepresidente de la Diputación de Granada después de que se hicieran públicos los sorprendentes incrementos de su patrimonio personal. Por no hablar de la disolución del consistorio marbellí, sin duda el paradigma de la especulación inmobiliaria fraudulenta. La corrupción urbanística ha crecido en nuestro país hasta el extremo de convertirse en una verdadera lacra. Lacra que, por cierto, se ampara en una legislación manifiestamente insuficiente para garantizar el interés general así como para prevenir y reprimir los delitos relacionados con la corrupción, y con la escasez de medios con que cuenta la Justicia para combatir el fraude. A medida que arrecia el goteo de episodios de esta naturaleza crece el malestar en la opinión pública, pero no se ve en absoluto que los responsables políticos tomen conciencia de la gravedad creciente del asunto ni del desprestigio que también les salpica. La cirugía aplicada en Marbella, en gran medida gracias al arrojo de un único juez, debería haber sentado escuela en otros lugares donde la contaminación es muy evidente. Y, para ello, es necesaria la iniciativa del Ministerio Fiscal, que puede y debe ser excitado en su celo por el Gobierno. Al propio tiempo, debe revisarse cuanto antes la legislación para facilitar la paralización de cualquier construcción de dudosa legalidad, el derribo de las construidas sin las preceptivas autorizaciones, la sanción de los infractores y la persecución de las tramas delictivas que están detrás de los flujos indecentes de dinero negro que circulan por el litoral -y no sólo por el litoral- de nuestro país. No se puede construir una democracia cabal basada en valores arraigados en medio del espectáculo denigrante de una corrupción que germina por numerosos intersticios de este país. La construcción ha sido, y está siendo, un motor muy útil para nuestro desarrollo económico y, por eso mismo, ha llegado el momento de erradicar esta 'infección' que amenaza con contaminar gravemente sectores muy amplios de la política municipal.
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NOTICIA > -Promoción > corrupción > el País editorial
Valor añadido > -Pero el hecho es que los partidos no aplican sus propios códigos éticos y dilapidan la cada vez más escasa confianza que los ciudadanos depositan en la gestión pública en las administraciones locales y autonómicas. Lo correcto es que los altos cargos sorprendidos en un escándalo presenten su dimisión o se les obligue a ello, de forma que todos los partidos aprendan la lección y entiendan que viven de la confianza de los votantes en su pericia y honradez. Los casos de Marbella, ejemplo de un Ayuntamiento convertido en máquina de delinquir, o de Orihuela, Alicante y Telde (Gran Canaria) demuestran que la corrupción municipal, exacerbada por el boom inmobiliario, la falta de controles independientes internos del gasto y el desmesurado coste de los partidos políticos, pueden ser un grave peligro para la democracia. Los ciudadanos empiezan a identificar gestión municipal con corrupción y se desentienden de los gobiernos locales. Así surgió el GIL en Marbella. La desidia actual puede conducir todavía a peores pesadillas.
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NOTICIA > -Promoción > reforma de la ley del suelo estatal  > Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > -El anteproyecto de ley del Suelo Estatal “va a resucitar al peor agente urbanizador, el de la LRAU”, según aseguró ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons. En la nueva normativa nacional del Gobierno no queda “bien definida” la figura del agente urbanizador, y acusó al PSOE de tener una “empanada” en materia urbanística, ya que la Ley de Suelo Estatal “parece fruto de la contradicción entre sus ideales y la realidad de sus alcaldes”.  González Pons exigió al presidente del Gobierno y a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que creen un agente urbanizador “igual al de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que cumple con las directrices europeas y garantiza la transparencia en el proceso urbanizador. Según Pons, la normativa es “claramente inconstitucional” porque establece una reserva para VPO. ....Asimismo, dijo que "en materia urbanística el PSOE tiene una empanada impresionante, como se demuestra en la Ley del Suelo Estatal fruto probablemente de la contradicción que existe entre sus ideales y la realidad de sus alcaldes, con situaciones como la de Estivella, en la que se pretende construir campos de golf en el PORN de un Parque Natural o Sueca, donde el Tribunal sentencia que se ha construido dentro de los límites del PN de la Albufera".... "Zapatero y Trujillo deberían ir a las hemerotecas, al año 97, o preguntarle a Narbona, que era directora general del gobierno de Felipe González, para saber todos los artículos que el Tribunal Constitucional declaró ilegales y que ahora vuelven a copiar en el anteproyecto de ley casi una década después", indicó el conseller de Territorio.  En este sentido, la normativa estatal establecer un porcentaje de reserva de suelo para VPO que es claramente inconstitucional a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97,de 20 de marzo en la que se reconoce que la asignación de los usos del suelo en los desarrollos urbanísticos es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
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NOTICIA > -Urbanismo > delitos urbanísticos > Cinco Días
Valor añadido > -Los delitos contra el medio ambiente 'ocupan la mayor parte de las diligencias de investigación de las Fiscalías', con especial incidencia en la Fiscalía de La Coruña, Sevilla, Málaga, Murcia, Jaén, Las Palmas o Barcelona, según consta en la Memoria 2006 del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.En el documento presentado ayer destaca cómo el Tribunal Supremo ha constatado un incremento de los asuntos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo entre los delitos contra el medio ambiente. Precisamente, en este punto la Fiscalía advierte que el urbanismo 'constituye una fuente de creciente criminalidad', informa Europa Press.En este sentido, apunta que 'las cuestiones de recalificación de suelo, licitaciones de grandes y pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal repercusión económica para los propios organismos públicos encargados de la gestión, que favorecen el desarrollo de conductas corruptas'.En total, en 2005 se incoaron 2,1 millones de diligencias por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, un 2,5% más.Respecto a la prevaricación urbanística, la Fiscalía General del Estado constata 'la íntima relación que mantienen con la corrupción política' y observa 'que las grandes tramas de corrupción relacionadas con la gestión urbanística, fundamentalmente ejercida por los ayuntamientos, son en muchos casos competencia de la Fiscalía especial'.Entre los casos recogidos en la memoria se incluyen las prevaricaciones urbanísticas en municipios costeros como Marbella o Benalmádena.Pozos clandestinos• Entre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente destacan las actividades de explotación ilegal o construcción de pozos de agua clandestinos; el tratamiento de aguas residuales con depuradoras insuficientes; o la gestión de vertederos ilegales.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > memoria judicial
Valor añadido > -La memoria advierte de que el urbanismo constituye una fuente de creciente de criminalidad y apunta que las cuestiones de recalificación del suelo, licitaciones de obras públicas, y licencias urbanísticas conllevan tal repercusión económica para los organismos públicos encargados de la gestión, que favorecen el desarrollo de conductas corruptas.  Entre los casos recogidos por el fiscal general del Estado se incluyen las prevaricaciones urbanísticas acaecidas en municipios costeros como Marbella o Benalmádena. Además, la Fiscalía propone reforzar la actuación de los fiscales en la lucha contra los incendios forestales, ya que considera que las detenciones y condenas son "realmente escasas comparadas con la cifra de fuegos".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla La Mancha > Entrevista José Blanco, Secretario de Organización del PSOE > el País
Valor añadido > -. En la conferencia también se hablará de urbanismo. ¿Cómo es posible que en el caso de Seseña (Toledo), donde un señor compra suelo rústico que luego se recalifica, eso haya sido apoyado por el PSOE local y por el Gobierno de Castilla-La Mancha, también socialista? R. En el año 2002 yo disolví la agrupación en Seseña. Ya no hay militantes socialistas en ese pueblo, porque yo no compartía la actuación de los concejales y del conjunto del partido allí. Lo único que hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha fue aprobar un plan legal. Hay que ir hacia un modelo de desarrollo sostenible donde la especulación esté exterminada.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Editorial de El País
Valor añadido > -Corrupción urbanística  El urbanismo se ha convertido en una fuente alarmante de criminalidad en España en los últimos años. A la simbiosis que se registra en no pocos casos -con Marbella como paradigma- entre la política y el negocio de la construcción se suman los desmanes de quienes se sienten seguros de poder hacer lo que les venga en gana para lucrarse. "Tú eres tonto. Eres el único alcalde honrado de España", le dijo en su día Francisco Hernando, Paco el Pocero, promotor del aberrante megaproyecto de viviendas que se están levantado en Seseña, con el consentimiento del PSOE y del PP, al regidor comunista de esa localidad toledana. Una consecuencia de tanta corrupción urbanística que prolifera hoy en España, sin parangón en los principales países de la Unión Europea, está siendo el descrédito de las instituciones. ¿Qué conclusión debe extraer cualquiera al conocer que poco antes de que un ayuntamiento recalifique un terreno un promotor lo compre a buen precio? El discurso viene al hilo de lo que ha adelantado en una entrevista a este diario el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, sobre los planes para crear unidades de la Benemérita especializadas en derecho urbanístico y en la investigación de patrimonios personales para combatir la lucha contra lo que él denomina corrupción urbanística de baja intensidad: "Hay una corrupción relacionada con reclasificaciones, con planes generales, con declaraciones de interés social, que los mecanismos actuales de lucha contra la corrupción no consiguen detectar (...) delitos en los que se produce un trato de favor a un determinado particular, empresario, que puede determinar modificaciones en la normativa urbanística y por ello recibir algún tipo de compensación". La idea en sí no es mala, aunque suscita las lógicas reservas sobre la extensión a los delitos urbanísticos de las amplias competencias de un cuerpo que tiene la doble naturaleza de civil y militar. Es verdad que la Guardia Civil también se ocupa con relativo éxito de funciones como la de la conservación del medio ambiente a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). El peligro de todo ello es que se solapen investigaciones abiertas por muchas instancias, que no se resuelva nada y al final el ciudadano no tenga más remedio que darle la razón a Paco el Pocero.
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NOTICIA > -Promoción > urbanismo > Diario Montañés
Valor añadido > -En las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) se desarrolla esta semana un curso de máxima actualidad: «El urbanismo, factor de corrupción». En la lección inaugural el jurista José Ramón Parada adelantó una tesis de gran interés. En resumen, Parada afirma que las excesivas competencias de los ayuntamientos en materia urbanística es una de las causas de la corrupción y de la mala planificación. Propone el prestigioso catedrático de derecho que se retiren poderes a los municipios para evitar las recalificaciones y para cortar la «sobreexplotación del suelo», porque al depender una parte de la financiación municipal del urbanismo se agudiza la tendencia a extender licencias que sirvan de fuente de dinero para obras comunes. Por otra parte, Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, pide que se agraven las penas por delitos urbanísticos y califica la situación de la corrupción en España como «muy grave». Dos expertos juristas aportan ideas para combatir uno de los males que aquejan a nuestro país, dos vías para reducir, al menos, la creciente corrupción que afecta al sector de la planificación urbana y que en Cantabria tiene exponentes claros, entre otros las docenas de viviendas declaradas ilegales una vez construidas y vendidas.
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NOTICIA > -Urbanismo > Declaraciones Dtor Gral Guardia Civil >Joan Mesquida Ferrando >el País
Valor añadido > -Puede haber un favoritismo, una corrupción urbanística de baja intensidad que es contra la que hay que luchar. Por eso quiero una Guardia Civil especializada en derecho urbanístico, en análisis e investigación de patrimonio personal, que sirva para poner de manifiesto que no hay relación entre las retribuciones que percibe una persona y su tren de vida. Aunque estamos aún en fase de estudio y de análisis, creo que debería depender de la Fiscalía Anticorrupción, para que nadie pueda ver en una determinada actuación ningún tipo motivación política, de si el teniente de alcalde o el concejal de urbanismo de turno pertenece a este o al otro partido. Si analizamos las denuncias de corrupción de los últimos años veremos que la mayoría han sido a base de grabadoras escondidas por el ciudadano de turno y eso me da que pensar que hay una carencia en investigación.
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NOTICIA > -Urbanismo > Impuestos
Valor añadido > -A pesar de las grandes cantidades de dinero que mueve el urbanismo y de -o precisamente a causa de- fenómenos de corrupción tan escandalosos como el de Marbella, los fondos económicos que obtienen los ayuntamientos por recalificaciones de los usos del suelo -a través del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana- sólo representaron en 2005 el 2 por ciento (1.238 millones de euros) de los ingresos que obtienen los entes locales, según un informe del Ministerio de Administraciones Públicas elaborado con datos del Ministerio de Economía y Hacienda, al que ha tenido acceso ABC.No obstante, en diez años se han multiplicado casi por cuatro los ingresos obtenidos por esa vía -a un ritmo de crecimiento aproximado de una décima en cada ejercicio presupuestario-, ya que en 1995 recaudaron 366,5 millones, que representaban el 1,3 por ciento del total de sus presupuestos.Algo más, el 3,5 por ciento -2.185 millones de euros en 2005- , representan los ingresos procedentes de actividades urbanísticas -impuesto sobre construcciones, instalaciones y licencias de obra-. Diez años atrás estos ingresos también eran casi cuatro veces inferiores, con un monto total de 643,9 millones, que equivalían al 2,3 por ciento del total de sus presupuestos. En este capítulo, la aportación creció medio punto sólo ente 2003 y 2005, después de algunos años, como 1997, en lo que se redujo.El IBI, el impuesto más rentableEl que se aplica a los bienes inmuebles (IBI) sigue siendo el impuesto que mayores ingresos aporta a los entes locales, hasta alcanzar el 10,8 por ciento del total, que el año pasado se tradujo en 6.764 millones. Hace una década el porcentaje era más alto, del 11,1 por ciento, aunque los ingresos eran menos de la mitad -3.163 millones-.A gran distancia están los recursos que obtienen por tasas en concepto de prestación de servicios y realización de actividades de competencia local, que representan el 6,6 por ciento -4.149 millones-. En 1998 equivalían al 4,2 por ciento y la cantidad ingresada fue de 1.534 millones.El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica les reporta el 3,2 por ciento -2.008 millones-. Este porcentaje es prácticamente idéntico al de 1995, cuando ingresaron por este concepto 943 millones, equivalentes al 3,3 por ciento.Los mayores ingresos de los entes locales, aunque con una tendencia a la baja, siguen procediendo de las transferencias del Estado, que en 2005 representaron el 18,4 por ciento -11.536 millones-. Diez años atrás el porcentaje era del 24, 7 por ciento, el más alto registrado en la serie estadística que comienza en 1993, con 7.039 millones. Desde entonces, la tendencia porcentual ha sido descendente, con la excepción del bienio 2002-2003, en que pasaron del 20,9 al 22,1 por ciento, para volver a reducirse en 2004 hasta el 19,2.
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NOTICIA > -Legal > Urbanismo
Valor añadido > -El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que avala dos artículos de la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid (9/1995, de 28 de marzo) referentes al establecimiento y composición de un Jurado Territorial para la fijación del justiprecio en las expropiaciones a realizar por la propia comunidad autónoma y los ayuntamientos de su territorio.  El fallo, contra el que dos magistrados han formulado votos  particulares contrarios, responde a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de que los propietarios de una finca afectada por el proyecto de acondicionamiento de la carretera M-272 (actual 231) en Villarejo de Salvanés recurrieran el Acuerdo del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa del 28 de abril de 1999 por el que se determinó el justiprecio del citado terreno.  En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se recuerda que los recurrentes argumentaban que la regulación del órgano que fija los justiprecios en el procedimiento de expropiación forzosa y esa misma actividad ejecutiva debe corresponder al Estado, conforme a lo dispuesto en el orden constitucional de reparto de competencias en esta materia. Sin embargo, el fallo del Pleno del TC desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
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NOTICIA > -Urbanismo > Ceuta y Melilla
Valor añadido > -El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), consideró que es el "momento oportuno" para renegociar la devolución de las competencias de urbanismo, después de una sentencia del Tribunal Constitucional que falla a favor del Estado. En declaraciones a los periodistas, el jefe del Gobierno autonómico señaló que la sentencia "ratifica" el sistema actual por el que Ceuta y Melilla son las dos únicas autonomías españolas que no tienen las competencias sobre urbanismo, que les fueron retiradas durante la época de gobierno del GIL en el año 1999. Juan Jesús Vivas dijo que es "el momento oportuno para renegociar, ya que se negocia el proyecto de Ley sobre el Suelo", mientras que el consejero de Fomento, José Antonio Rodríguez, resaltó que este dictamen "nos deja como estamos". La sentencia fue notificada el martes a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma, que la estudiarán durante los próximos días, por lo que el Gobierno ceutí ha considerado oportuno mantener la prudencia en las valoraciones. El Tribunal Constitucional falló este lunes a favor de que el Estado mantenga las competencias en urbanismo en Ceuta, después de desestimar el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por esta Ciudad Autónoma en relación a una disposición de una ley estatal que modificaba otra anterior sobre Régimen del Suelo y Valoración. Ceuta presentó el conflicto en relación a una disposición de la ley, de 1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificaba otra norma, por la que el Estado recuperaba las competencias en la regulación de los planes urbanísticos de la ciudad. Atribuía al Ministerio de Fomento la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Ceuta y Melilla y sus modificaciones o revisiones. Ceuta alegó que el Estado carece de competencias en materia de planeamiento urbanístico y defendió su autonomía municipal, así como que el urbanismo es un asunto de interés municipal.El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que el Estado mantenga las competencias de Urbanismo en Ceuta. En concreto, desestimó el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por Ceuta en relación a una disposición de una ley estatal que modificaba otra anterior sobre Régimen del Suelo y Valoración. Ceuta presentó el conflicto a una disposición de la Ley, de 1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificaba otra norma, por las que el Estado recuperaba las competencias en la regulación de los planes urbanísticos de la ciudad. Entonces, atribuía al Ministerio de Fomento la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Ceuta y Melilla y sus modificaciones o revisiones. Ceuta alegó que el Estado carece de competencias en materia de planeamiento urbanístico y defendió su autonomía municipal, así como que el Urbanismo es un asunto de interés municipal. Para el Tribunal Constitucional, la regulación de los planes de ordenación urbana se inserta en la competencia sobre Urbanismo y «es exclusiva de las comunidades autónomas», estatus que no tiene Ceuta y Melilla. Recuerda otras sentencias, que rechazan que los ayuntamientos tengan competencias esenciales en los planes urbanísticos, aunque reconoce que esa doctrina no se pueda aplicar en este caso, «dada la singularidad del régimen jurídico propio» de la ciudad que le atribuye ciertas competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Papel del Estado Para el Tribunal Constitucional, dado que Ceuta no es comunidad autónoma, ni posee potestad legislativa, ni su territorio está integrado en una autonomía, «debe concluirse» que esa competencia legislativa «sólo puede corresponder al Estado». Rechaza que la atribución a Fomento de la facultad controvertida suponga una vulneración del Estatuto de Autonomía, así como que la Comisión Mixta de Transferencias le confiera esa competencia. Reconoce que la capacidad de decisión de Ceuta «se encuentra condicionada» en materia de Urbanismo, aunque corresponde a la ciudad «la decisión última sobre la aprobación definitiva». Añade que en Ceuta «existen sólidas razones que justifican la intervención del Estado» en el planeamiento urbanístico, como los intereses supralocales, lo que «justifica sobradamente la intervención» del Estado.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Castilla La Mancha > editorial de El País
Valor añadido > -Pero Barreda anunció ayer otra decisión, después de su larga entrevista en La Moncloa con Rodríguez Zapatero: la aprobación con el máximo beneplácito de la macrourbanización de la localidad de Seseña, cuya tramitación ha calificado sorprendentemente de "impecable". El actual alcalde, de IU, ha denunciado el caso a la Fiscalía Anticorrupción y ésta ha abierto diligencias. Los trámites de la urbanización se aprobaron con una celeridad que envidiaría cualquier ciudadano; el Ayuntamiento, con un alcalde del PSOE, ni siquiera dejaba cumplir los plazos de exposición pública en beneficio del promotor; el constructor compró el suelo rústico 14 días antes de la recalificación, con lo que hizo un negocio redondo; y la misma mañana en la que se aprobó el pleno, el entonces alcalde, José Luis Martín, dijo que la Junta de Castilla-La Mancha le había dicho ese mismo día que podía aprobar la recalificación. Todo para construir 13.508 viviendas -ninguna de protección oficial- en bloques de 10 plantas, en un secarral junto a un pueblo de 7.000 habitantes y con problemas de agua acuciantes. El modelo de urbanismo es el mismo que ha criticado con acierto el Gobierno en comunidades gobernadas por el PP como Valencia, Murcia o Madrid: recalificaciones rápidas, pelotazo y dinero público de las inversiones en infraestructuras para beneficio privado. En este caso, el Gobierno y la Junta de Castilla-La Mancha gastarán 98 millones de euros para que en la comarca de la Sagra, en la que está Seseña, haya acomodo para 800.000 personas, algo que supondría triplicar la población. Mientras, las viviendas comenzarán a ocuparse en 2007 y entre todos tendremos que pagar carreteras, colegios, agua y hospitales. Los compradores han adquirido legalmente y nadie podrá negárselo. ¿Alguien habló de desarrollo sostenible?
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, consideró hoy que actualmente los ayuntamientos "son el gran problema" en materia de ordenación del territorio y, al respecto, abogó por que las competencias en esta materia retornen a la Administración central en aras de un mayor control. "A nivel de control tengo la impresión de que desde una perspectiva centralizadora se puede ser más eficaz que desde la actual atomizada y de diáspora", enfatizó en rueda de prensa Vercher, quien esta tarde participó en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Ordenación territorial: ¿decisión administrativa o ciudadana'. El fiscal de Sala coordinador para casos de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo (TS), Antonio Vercher, cree que el Proyecto de Ley de Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros, será un 'paso importante' para normalizar la materia urbanística de mantenerse la redacción 'tal y como está'.  Vercher, en una rueda de prensa con motivo de su participación en un curso sobre urbanismo en la UIMP, opinó que el 'gran problema' de la actual situación del urbanismo son las administraciones locales por el hecho de que sus presupuestos dependen en gran parte de la ordenación territorial y tienen 'demasiadas' competencias en este ámbito, a lo que se suman además los casos de corrupción. El fiscal del TS, que tomó posesión como coordinador en materia medioambiental y urbanística el pasado mes de abril cree que las administraciones locales son 'conscientes' de su responsabilidad en este ámbito y, a pesar de ello, tienen una interpretación 'peculiar' a la hora de 'ajustar' la ordenación territorial con los aspectos ambientales y el 'adecuado' control de los presupuestos. Vercher recordó que entre el 35 y el 40 por ciento del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico que, junto el resto de factores, han dado lugar a la actual situación 'caótica' que, además, se ha generalizado 'bastante. En su encuentro con los medios, Vercher también subrayó el 'especial' interés que el Fiscal General del Estado tiene en conseguir una 'patente efectividad' del artículo 319 del Código Penal en el que se hace referencia al uso de las demoliciones en materias de delitos urbanísticos. Vercher afirmó que el éxito obtenido en las ultimas operaciones policiales relacionadas con urbanismo es 'indicativo' de una situación 'extraña' en la que hay 'grandes' inversiones económicas de las que debe conocerse su procedencia para atajar este problema. El fiscal de sala del TS intervino hoy en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 'Ordenación Territorial : ¿Decisión administrativa o ciudadana?' en el que participa con una ponencia sobre la transparencia y la participación en el urbanismo como instrumento de prevención de la corrupción.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el Mundo
Valor añadido > -A. Menéndez de  Uría Menéndez«La legislación del suelo ha sufrido en los últimos años una 'atropellada evolución', según dice el propio proyecto de ley. Nos parece más urgente conseguir que se aplique la ley vigente que hacer una nueva, arriesgando, de paso, un nuevo embrollo de conflictos de competencias constitucionales. Hay aspectos positivos, como querer actualizar la regulación del derecho de superficie, la transparencia en la tramitación de los planes o las limitaciones a los convenios urbanísticos, pero técnicas como la creación de patrimonios municipales de suelo están en nuestra legislación desde 1956. La ley de expropiación forzosa debería ser objeto de una actualización sistemática y coherente. El texto vuelve al 'parcheo' e introduce unos criterios de valoración, cuando menos, discutibles». > J. Gil APCE No puedo hacer una valoración positiva porque su puesta en marcha no produciría los efectos deseados en el sector. El incremento de la cesión a los municipios -pasamos de un 0%-10% a un 5%-15%, pudiendo llegar a un 20%- provocaría un aumento en el precio del suelo y, como consecuencia, en el de la vivienda. La entrada en vigor del nuevo sistema de valoraciones expulsaría a empresas pequeñas y medianas del mercado de gestión de suelo, debido a una mayor dificultad para acceder a la financiación, por lo que nos encontraríamos con un mercado oligopolista. Para acabar con las prácticas especulativas, objetivo que nosotros compartimos, sería necesario acortar los plazos de transformación del suelo, acabar con la dependencia financiera que los municipios tienen del urbanismo y articular medidas a favor del fomento de la competencia».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Reacciones a la ley del suelo
Valor añadido > -La Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) no ha tardado en cargar contra el proyecto de Ley del Suelo que el pasado viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para ser enviado a las Cortes. Apce aseguró ayer que la norma es intervencionista y que, lejos de frenar la especulación, encarecerá los pisos del mercado libre. La patronal reiteró su total apoyo al objetivo de evitar la retención especulativa de terrenos que persigue la ley, porque "eleva de forma artificial el coste del suelo". Pero ese comportamiento, matizó, "sólo puede darse en relación con el suelo urbanizado o urbanizable limitado y no con el suelo rural o urbanizable no delimitado". Una de las novedades más importantes que presenta el proyecto de ley es la segmentación en sólo dos clases de suelo -rústico y urbano- a la hora de las valoraciones (en casos de expropiación, por ejemplo). Los promotores afirman que "los caminos propuestos por el Ministerio de Vivienda no conducen al destino deseado, sino a uno diametralmente opuesto: a un encarecimiento del precio final de la vivienda". "Lo que es lógico en una economía de mercado es que las cosas valen lo que valen y que el precio lo fije el mercado, que para eso está", sentencian. Junto a la liberalización del suelo, reclaman la agilización de los trámites burocráticos del planeamiento urbanístico que, dicen, es otro de los problemas que presenta el mercado español. La norma sitúa la denominada cesión de aprovechamiento (de los promotores a los ayuntamientos) de terrenos en cada desarrollo entre un 5% y un 15% que, en casos excepcionales, podría elevarse al 20%. En esos suelos, los consistorios deben levantar pisos protegidos, espacios verdes o cualquier otro tipo de equipamiento social. Hasta ahora, la horquilla iba de cero al 10%. Pero los promotores aseguran que gran parte de las corporaciones locales no cumplen con ese deber y no lo harán tampoco en el futuro. "Los han vendido -los terrenos- en subasta pública para financiar gastos como las fiestas del pueblo o corridas de toros defendiendo que se trataba de acciones de interés social", apuntan.  Respecto a la obligatoriedad de que en cada nuevo desarrollo se destine un 25% (las autonomías pueden después elevar el porcentaje) de suelo a pisos protegidos, Apce dice que esto generará inseguridad jurídica para los empresarios que operan en las comunidades que manejan porcentajes menores como Murcia o La Rioja.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Rioja > reacciones a la Ley del Suelo
Valor añadido > -La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, anunció ayer que La Rioja presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de Ley del Suelo, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, al considerar que invade competencias autonómicas y locales. Vallejo, que participó el pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda en la que la ministra, María Antonio Trujillo, presentó el borrador del texto aprobado ayer, aseguró que la futura legislación es «inconstitucional en la medida que invade más de una decena de preceptos que corresponden a competencias autonómicas y municipales» y garantizó que el Gobierno riojano va a luchar «para que se respeten sus competencias y las de los municipios». La consejera, que había pedido la retirada del documento en aras a un mayor consenso, lamentó que la ministra se negase a contestar sobre si se iba a aprobar ayer en el Consejo de Ministros el anteproyecto, asi como el hecho de que el Gobierno central «que presume de talante» no tenga en cuenta las opiniones de las comunidades autónomas y actúe de forma «dictatorial invadiendo reiteradamente las competencias autonómicas». Vallejo encuentra el texto «absolutamente innecesario» porque «no aporta nada» y entiende que no va a solucionar el problema de la vivienda «sino que su aplicación puede poner en peligro la actividad de la construcción, que está en un momento de crecimiento sostenido, por la inseguridad jurídica en relación a las valoraciones y la tipificación del suelo que plantea». A su juicio, estamos ante un proyecto «ambiguo, sectario y contradictorio», incidiendo en que la Ley de Ordenación y Urbanismo de La Rioja, en vigor en otoño, lo supera en cuestiones como la reserva de suelo para vivienda protegida que la nueva normativa establece en el 25% «mientras que nosotros tenemos un 30%».
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda > Nota oficial del Ministerio de Vivienda
Valor añadido > -El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Suelo e inicia su tramitación parlamentaria Durante la fase de consultas el anteproyecto de Ley de Suelo ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social.
Ver >  Prensa / Suscriptor

NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Vivienda  > Editorial de el País
Valor añadido > -Los redactores de la nueva Ley de Suelo, en periodo de trámite parlamentario, persiguen sin duda el loable objetivo de abaratar el precio del suelo para amortiguar el crecimiento del precio de la vivienda. Para conseguirlo, proponen medidas tales como una reserva del 25% en la edificabilidad para viviendas protegidas; obligación para los promotores de facilitar a los ayuntamientos entre el 5% y el 15% del suelo urbanizado para espacios verdes, viales u otras dotaciones públicas; información pública durante 20 días para los planes urbanísticos; freno a las parcelaciones urbanísticas en terrenos rurales, y la garantía de que toda urbanización dispone de suministro de agua y otras conexiones de servicios. Todas estas normas están claras. Algunas son discutibles, como la insistencia en conferir a los ayuntamientos una cantidad mayor de suelo que puede ser utilizado para aumentar los ingresos municipales mediante especulación. Pero lo más urgente es averiguar si podrán aplicarse en todo el territorio nacional y en qué grado serán aceptadas por los promotores. Porque el Partido Popular asegura que incumple 15 preceptos constitucionales y, por tanto, ha anunciado que recurrirá el proyecto ante el Tribunal Constitucional. Las comunidades gobernadas por el PP entienden que, tal como está redactado, el texto "invade competencias autonómicas". Si así fuera, sería de lamentar que la ministra María Antonia Trujillo no se hubiera preocupado de negociar con las autoridades autonómicas los límites de la actuación del Gobierno. Ya debería estar claro cómo puede ejercer el Estado sus funciones de coordinación de las actividades económicas relacionadas con la construcción que tanta repercusión tienen sobre el medio ambiente, el consumo de un bien escaso como es el agua o la política turística. Pero da la impresión de que el PP se opone a esa coordinación y se escuda en la ley para mantener el caos inmobiliario. Si el partido de Rajoy dispone de recetas para compaginar la libertad de mercado, las competencias autonómicas y el respeto mínimo a las condiciones medioambientales, tienen la obligación de debatirlas con el Gobierno y explorar su aplicación antes de desenfundar recursos ante el TC. Seguro que la Generalitat valenciana, por ejemplo, entiende que no es posible engordar el cinturón de cemento a pie de playa o multiplicar las urbanizaciones sin agua.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Ley del suelo. > ABC y varios
Valor añadido > -El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Suelo, con el objetivo de frenar la especulación urbanística, tras haber superado de forma positiva el proceso de consulta con administraciones públicas e instituciones representantes del sector.El Proyecto de Ley de Suelo tiene como objetivo esencial "apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible, entendiendo éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social".Durante la fase de consultas, que se inició tras la aprobación del Anteproyecto de Ley de Suelo, el pasado 26 de mayo, éste ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social.
Asimismo, desde el Gobierno destacan que en este dictamen favorable sobre la futura legislación del suelo han coincidido, por primera vez, tanto la patronal como los sindicatos.El Proyecto de Ley de Suelo establece un estatuto de los ciudadanos, en el que se fija que, "por encima de los intereses inmobiliarios privados está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades".El Proyecto pretende, asimismo, establecer los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.Para ello se someterán a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.También busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.Contra la especulación Además, pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.El Proyecto de Ley busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas.Esta horquilla se establece entre el 5% y el 15% del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que, según el Ministerio de Vivienda, permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.Al mismo tiempo, establece una nueva regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.Una de las novedades de la gestión pública del suelo viene determinada por el régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.El Proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.El PP prepara una enmienda a la totalidad El PP ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad al anteproyecto si el Gobierno no corrige "sustancialmente" el texto durante el proceso de tramitación parlamentaria.Asimismo, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea aprobada con el contenido actual, según explicó ayer en el Congreso el responsable de Economía del PP, Miguel Arias Cañete.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > País Vasco > Suelos contaminados > el confidencial
Valor añadido > -Principalmente en el País Vasco, donde según la organización ecologista Lur Maitea existen muchos informes del Instituto Nacional de Toxicología y del Seprona (el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil) que demuestran la existencia de construcciones -tanto de uso civil como residenciales- levantadas sobre terrenos contaminados.  En concreto, se citan casos como los de la Feria de Muestras de Baracaldo o la nueva terminal del aeropuerto de Sondica, levantada sobre terrenos todavía contaminados por una sustancia denominada lindane, altamente tóxica. Esta sustancia es un pesticida -prescrito antiguamente contra la sarna y los piojos infantiles- que está considerado como una agente cancerígeno y de ahí su alta peligrosidad. Según Lur Maitea, algunas superficies comerciales del País Vasco -como el centro comercial Artea (en Lejona) o los centros Continente de Erandio y Sestao (Vizacaya) están construidos sobre terrenos contaminados, en este último caso como consecuencia de la existencia anterior de un vertedero de Babcock Wilcox España.  La asociación ecologista apunta la responsabilidad de Ihobe, la empresa pública del Gobierno vasco encargada del tratamiento de residuos industriales. Pero ésta siempre se ha defendido con el argumento de que sus trabajos están en sintonía con el medio ambiente y su sostenibilidad.  De espaldas a la legislación  La Ley de Residuos del año 1998 obliga a delimitar y a hacer un inventario de los suelos de carácter peligroso para la población, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Un mandato que, según los ecologistas, no se cumple en muchos casos, ya que el proceso de regeneración de un suelo machacado durante años con sustancias químicas es muy elevado.  Según la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua, “entre el 70% y el 80% del suelo sigue contaminado”, ya que las autoridades se comportan de forma “tramposa y fraudulenta”. Aunque la legislación obliga a realizar una anotación marginal en las escrituras públicas inscritas en los registros de la propiedad cuando el terreno tiene antecedentes de contaminación química, lo cierto es que rara vez se hace esa anotación. Los ecologistas ponen como ejemplo un terreno de unas 36.000 metros cuadrados pendientes de recalificación urbanística en la localidad de Lutxana (Vizcaya). Los terrenos estaban ocupados por Plastificantes de Lutxana, una filial de Cepsa, y en los últimos años fueron regenerados por la sociedad pública de gestión ambiental (Ihobe). Sin embargo, el pasado 31 de marzo el Instituto Nacional de Toxicología entregó los resultados de unos análisis en los que se concluía que las seis muestras recogidas eran ecotóxicas. Las muestras acreditaban la existencia de restos de cadmio, plomo, grasa de silicona, cobre, zinc, lindane y otras sustancias. La existencia de lindane -altamente deflagrante- provocó hace algún tiempo que dos operarios saltaran literalmente por los aires debido a que en ese momento estaban utilizando unos sopletes.  De fábricas a pisos cotizados Uno de los casos más conocidos de venta de suelo contaminado se refiere a la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de Uralita, a las afueras de Sevilla. El cambio de uso lo decidió el anterior ayuntamiento hispalense, cuando el Partido Andalucista regía el área de Urbanismo, y aún hoy hay filtraciones de amianto, según han denunciado en repetidas ocasiones Los Verdes de Andalucía. Allí se construyeron 1.350 viviendas y un centro comercial, y aunque las quejas llegaron al Defensor del Pueblo, lo cierto es que todo sigue igual. Cuando se producen obras de cierta importancia en el subsuelo, según los ecologistas, suelen producirse emanaciones. Quien compró y urbanizó esos terrenos no fue otro que el promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido en la región como ‘Sandokán’.  Lo mismo está sucediendo en Cartagena, Murcia, donde los planes del ayuntamiento de revisión del Plan Parcial denominado Novo Cartago pasan, según los ecologistas, por la recalificación de suelos contaminados por residuos mineros. En estos momentos, en la ciudad murciana se dirime la compra de la compañía Española de Zinc, cuyo único interés radica en los terrenos, comprometidos para la construcción de 4.000 viviendas. Buen negocio.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -La nueva Ley del Suelo potenciará la figura del Fiscal Especial con atribuciones en Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico creada por el Gobierno, señaló hoy la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la presentación de la propuesta socialista 'Por una nueva Política Urbanística y del territorio'. Trujillo aseguró también que se reforzarán las medidas disciplinarias de los ayuntamientos y se potenciarán las subsidiarias de las comunidades autónomas para que las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes o espacios protegidos sean detectadas lo antes posible y sean sancionadas con dureza. "Todos los ciudadanos tienen tienen derecho a disfrutar de un desarrollo sostenible y cada vez más reclaman la obligación de que las administraciones preserven los ecosistemas", explicó, por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "Hemos perdido suelos naturales muy valiosos por el avance imparable de la construcción de zonas residenciales, por lo que hay que controlar la gestión integral del suelo y, en concreto, el suelo del litoral", continuó.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > Especial Directivos
Valor añadido > -El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de Ley del Suelo con lo que el texto pasa ahora a un proceso de consulta con las administraciones públicas e instituciones representantes del sector antes de su aprobación definitiva para su posterior remisión a las Cortes Generales. La líneas maestras de del anteproyecto son: -Estatuto de derechos. Se establece un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades. -Información pública. El anteproyecto fija una serie de mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Así, todos los planes y convenios urbanísticos serán sometidos a información pública, y para que los ciudadanos puedan conocerlos se elaborará un resumen ejecutivo de este tipo de planes. Además, el Ministerio de Vivienda quiere asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa. -Porcentaje de cesión a los ayuntamientos. Para conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo y para desincentivar las prácticas de reclasificación y retención especulativas del suelo. En este sentido, el tercer gran pilar de este anteproyecto se refiere al porcentaje de cesión de aprovechamiento obligatoria que deben realizar los promotores a los ayuntamientos cuando promueven un proyecto. El texto establece una horquilla amplia entre el 5 por ciento y el 15 por ciento. En la actualidad ese baremo va del 0 por ciento al 10 por ciento. Con la nueva ley, se trata de que ninguna promoción quede exenta de la cesión municipal, aunque la norma deja una salida para casos excepcionales, que podrán bajar del 5 por ciento o subir del 20 por ciento siempre que la decisión esté motivada. -Suelo para viviendas de protección oficial. Se pretende facilitar la construcción de más viviendas de protección oficial por lo que establece que las comunidades autónomas tendrán que reservar como mínimo un 25 por ciento del suelo para VPO. En la actualidad, ninguna norma estatal regula esa reserva de suelo, de modo que cada comunidad establece su propio porcentaje, que va desde el 50 por ciento (Comunidad de Madrid) hasta el 65 por ciento (en vigor en el País Vasco). -Suelo público. El Ministerio de Vivienda pretende, asimismo, mejorar la regulación de los suelos públicos, al asegurar su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio. -Régimen de valoraciones. En este punto, la mejora de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que establece el anteproyecto y que se remite a la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas futuras. El anteproyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no puedan participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > reforma de la ley del suelo
Valor añadido > -El PP presentará una enmienda a la totalidad al anteproyecto de Ley del Suelo si antes no se cambia
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -El Observatorio para la Sostenibilidad de España (OSE) ha advertido este fin de semana de que los efectos del urbanismo "desaforado" no han hecho más que empezar y que las repercusiones más graves de este modelo de desarrollo todavía no han llegado. El OSE, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), ha abogado por un nuevo marco legislativo y financiero para evitar la ocupación abusiva del terreno y las recalificaciones especulativas de suelo rústico con el fin de conseguir dinero para las arcas municipales. El observatorio hizo público la pasada semana un informe monográfico sobre los cambios de ocupación del suelo en España y las implicaciones para la sostenibilidad, que advierte de la urbanización "desmesurada" en España. El informe incluye un análisis comparado por comunidades autónomas, que refleja que Madrid es la que tiene más suelo ocupado (el 12%), seguida de Baleares, Valencia, Cataluña y Canarias (con porcentajes entre el 4,6 y el 5%), mientras que las del interior tienen los porcentajes más bajos de ocupación (entre el 0,7 y el 1,4). Según este observatorio, las razones que explican "pero no justifican" el urbanismo "desaforado" en España son la fuerte demanda nacional y extranjera de viviendas, la pérdida de atractivo de los sectores productivos tradicionales, las necesidades financieras municipales y la legislación "poco limitadora". Los expertos que han realizado el informe apuestan por dar valor al suelo rústico sin necesidad de recalificarlo, por medidas cautelares como la que planteó el Parlamento Europeo para la Comunidad Valenciana (la moratoria urbanística) o por comprar terrenos para salvaguardarlos.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo > el País y varios
Valor añadido > -El suelo edificado en España ha aumentado un 40% en los últimos 18 años y lo ha hecho a un ritmo de crecimiento muy superior al del resto de países europeos. Es una de las principales estimaciones del informe Cambios de ocupación del suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad, realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), organismo creado por el Ministerio de Medio Ambiente. El trabajo cuya metodología se basó en la interpretación de fotografías tomadas por satélite y la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas, confirma que el urbanismo salvaje se cebó entre 1987 y 2000 en el Mediterráneo, principalmente en Murcia y la Comunidad Valenciana con incrementos de más del 50%. Más de un tercio de ese litoral se encuentra ya construido en su primer kilómetro desde el mar.La ocupación del suelo, tanto en las zonas costeras como urbanas, se ha acelerado en España durante las últimas décadas hasta transformar cada día una superficie de 30.000 metros cuadrados, similar a la que ocupan tres campos de fútbol. La construcción de viviendas se ha disparado -el años pasado se alcanzaron las 816.000 unidades y para este año se prevés unas 860.000-, hasta el punto de que la cifra supera a las del Reino Unido, Alemania y Francia juntos. Un modelo urbanístico que se presenta a todas luces como "insostenible e irresponsable", según palabras de la ministra de Medio Ambiente, Crisitina Narbona, tras la publicación del informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Según este informe, Madrid es la comunidad que tiene un mayor porcentaje de suelo ocupado o artificial (12%), seguida por los dos archipiélagos (con porcentajes de ocupación superiores al 4%), y durante los últimos años los mayores niveles de ocupación se han concentrado en el levante, sobre todo en Murcia y en la Comunidad Valenciana.  El informe refleja el aumento de los regadíos en zonas de secano que en muchos casos padecen además una escasez de recursos hídricos, así como una disminución de las zonas húmedas naturales y un incremento de las zonas húmedas artificiales, como embalses. El suelo artificial representa el 2,1% del territorio, y se incrementó casi un treinta por ciento en el periodo 1987-2000, debido según los autores del informe a la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical en un modelo horizontal. Esa tendencia se aprecia sobre todo en Madrid y en el litoral mediterráneo, aunque se ha desplazado también hacia el litoral atlántico y cantábrico. En Madrid, entre los años 1987 y 2000, se ha perdido casi el nueve por ciento de la superficie agrícola. Las superficies industriales, comerciales y de transportes han aumentado en este periodo casi un 73,7%, y han supuesto una importante fragmentación del territorio. Murcia, donde más se ha aumentado la superficie artificial  El informe cifra en 1.146.000 hectáreas la superficie ocupada el pasado año, y calcula que al ritmo actual el suelo ocupado se elevará en el año 2010 a 1.239.000 hectáreas, lo que significaría un aumento del 52% en algo más de veinte años. Murcia ha sido la Comunidad donde más ha aumentado la superficie artificial durante ese periodo (un aumento del 62% entre 1987 y el año 2000), y en tres provincias (Málaga, Barcelona y Alicante) ya está urbanizado el 50% de la superficie del primer kilómetro de costa. La política hidráulica de grandes embalses ha supuesto "un gran impacto ambiental y social" y en el terreno forestal se observa una gran pérdida por incendios, señala el estudio, que apunta que "lo más sostenible" sería estabilizar la superficie forestal y conseguir aumentar su madurez. Achaca a la Política Agrícola Común (PAC) las "fuertes transformaciones internas" que ha experimentado la superficie agrícola, y subraya el incremento de zonas de regadío, en muchas ocasiones en zonas áridas o con escasos recursos hídricos y en ocasiones para productos que no tienen mercado. El informe se ha realizado con datos aportados por el proyecto europeo Corine Land Cover, coordinado en España por el Instituto Geográfico Nacional y se ha elaborado a partir de la interpretación de las imágenes captadas por los satélites Landsat y Spot. Esa tecnología ha permitido comparar por primera vez los cambios de ocupación del suelo en dos momentos (1987 y 2000) a nivel europeo, nacional y por comunidades autónomas. Las previsiones para los próximos años en España auguran una fuerte demanda Europea de vivienda en las zonas costeras e insulares y una demanda doméstica ascendente de segunda residencia. Según los autores del informe, la degradación o pérdida de suelo natural sólo estaría justificada para garantizar el acceso de la población a una vivienda digna, pero consideran que ese no es el caso español, ya que la ocupación del suelo se destina "a generar activos en parte ociosos no justificables ni económica ni socialmente".
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo> ABC y varios
Valor añadido > -La superficie de suelo construido en nuestro país se ha disparado dando lugar a un desarrollo urbanístico "insostenible e irresponsable". Así lo advierte en un informe el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) en el que revela que en el periodo que va de 1987 al año 2000 el volumen de suelo construido en España creció un 29, 5 por ciento, la tasa más elevada de toda Europa. La Comunidad de Madrid es la que mayor proporción de suelo construido registra de España, con el 12 por ciento del total de su territorio, por delante de otras como Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, con porcentajes que oscilan entre el 5 y el 4, 6 por ciento. Según el informe 'Cambios de ocupación del suelo en España' del OSE, la superficie de suelo artificial en España, que representa un 2, 1 por ciento se incrementó un 29, 5 por ciento durante en el periodo 19872000. Entre las causas principales se encuentra la transformación del modelo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. Esta tendencia se manifiesta principalmente en regiones del interior como Madrid, y en regiones del litoral, primero en el Mediterráneo y que ahora empiezan a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico. De hecho, durante esos trece años los mayores crecimientos de superficie artificial se han concentrado en Murcia y la Comunidad Valenciana, con aumentos superiores al 50 y al 60 por ciento, respectivamente. Aunque Madrid se sitúa a la cabeza como la comunidad autónoma con una mayor proporción de suelo construido, con el 12 por ciento del total de su territorio, por delante de otras como Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, todas ellas con porcentajes que oscilan entre el 5 y el 4, 6 por ciento.  Durante la presentación del informe el director del OSE, Luis Jiménez, advirtió que el modelo de desarrollo urbanístico español es "insostenible e irresponsable". En el acto también estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que destacó que España "está hoy peor que lo que indica el informe", cuyos datos finalizan en el año 2000; por lo que se requiere una "urgente la acción". "O el modelo de desarrollo es más sostenible o no será desarrollo", sentenció.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -El Instituto la Construcción cree que la ley del Suelo es un primer paso contra la especulación pero insuficiente > El director del Instituto de Ciencias de la Construcción 'Eduardo Torroja', Juan Monjo, señaló hoy que el Anteproyecto de la Ley del Suelo, aprobado en el último Consejo de Ministros, da 'unos primeros pasos' para reducir o limitar al máximo la especulación, aunque precisó que no es suficiente y que habrá que esperar a futuras modificaciones de la ley 'para tratar de limitar el precio máximo del suelo y la superficie máxima de suelo que puede ser edificable'. Monjo explicó a Europa Press que ya existía una ley que regulaba todas las intervenciones en el suelo para edificar y que el nuevo texto persigue, entre otras cosas, 'completar algunos aspectos de la intervención técnica que estaban bastante bien regulados pero que siempre son mejorables'. En su opinión, la nueva ley 'da unos primeros pasos para reducir o limitar al máximo la especulación' ya que su problema reside en que 'al final, el coste de un edificio tiene un porcentaje muy elevado por el precio del suelo sobre el que se asienta, que puede superar el 60, el 70 y hasta el 80 por ciento muchas veces'. El director del Instituto de Ciencias de la Construcción indicó que 'hay que empezar a poner límites o cotas a esta especulación' y que uno de los primeros pasos es 'limitar el tiempo en que un suelo puede estar exento, sin edificar, una vez que ya está calificado para la ley del suelo', aspecto que recoge la nueva ley. Sin embargo, añadió, 'esto no es suficiente' y 'habrá que dar en futuras modificaciones de la ley, nuevos pasos para tratar de limitar el precio máximo del suelo y la superficie máxima que puede ser edificable'. 'Este aspecto depende al final de la administración municipal, pero de alguna manera la ley del suelo puede tratar de regular', añadió. Monjo cree que 'mientras no se corte la especulación actual', la nueva ley no va a influir, 'desgraciadamente', en el precio final de la vivienda. 'Solamente puede influir en el momento en que haya menos demanda de suelo o mayor oferta, entonces reduce el precio del suelo o se limita el precio del suelo de alguna manera desde el Estado', subrayó. Por último, indicó que 'nunca una ley es perfecta' y que es cuestión de 'ir dando pasos', pues los cambios bruscos 'normalmente no son fáciles de dar'. Para finalizar, aseguró que el aspecto más importante de la nueva ley es 'limitar los plazos de utilización del suelo'.
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NOTICIA > -Turismo > Golf > el País
Valor añadido > -La inauguración  en Vizcaya de un nuevo campo de golf confirma el auge de estas instalaciones. Actualmente existen 11 instalaciones de este tipo en Euskadi, de las que siete se han construido en los últimos quince años. Pero esta tendencia no se ha parado y está en proyecto la construcción de otros 12 campos, lo que duplicaría la oferta actual en pocos años. El número de practicantes de este deporte supera los 17.000 en la comunidad autónoma. Desde que en 1910 empezó a funcionar el primer recorrido de golf vasco, el de Hondarribia, la situación ha cambiado radicalmente. A éste le siguieron los de La Galea, (Getxo) en 1911, y el de Zarautz, en 1916. Hubo que esperar 60 años más para contar con un nuevo campo, el de Laukariz en Mungia (Vizcaya). La década de los 90 fue la época de despegue de estas instalaciones, con la construcción de los tres campos de que dispone Álava -Izki, Zuia y Larrabea (Legutiano)- y otro en San Sebastián. El de Izki, cerca de Maestu, fue el primero de titularidad pública, al que el pasado año se sumó el Meaztegi, en La Arboleda, propiedad de la Diputación de Vizcaya. En este territorio hay ahora cuatro campos: Meaztegi, Laukariz, La Galea y Artxanda. Pero, tras frustrarse un proyecto en Laukiz, hay planes para construir otros cinco, en Bakio, Mungia, Orduña, Sopuerta y Loiu. El mayor problema para su desarrollo es la elevada superficie requerida: en el caso de un recorrido de 18 hoyos, se necesitan cerca de 60 hectáreas. En Vizcaya, según los datos de la federación vasca de golf, hay 5.661 licencias, ligeramente por encima de las 5.145 de Álava y las 6.252 de Guipúzcoa. Seis más en Álava  A los tres campos existentes en Álava, se pueden sumar otros seis en este territorio, si prosperan los proyectos en marcha. Los más importantes se sitúan en Labastida y Laguardia (La Rioja alavesa), con sendos recorridos de 18 hoyos, que irían rodeados de más de 1.200 viviendas. En Vitoria se va a empezar las obras del complejo de nueve hoyos de Jundiz y otro de las mismas características en Gamarra. A ellos se unen el plan de la Caja Vital de habilitar otro campo de 18 hoyos en Ulibarri-Gamboa y un proyecto de construir una pista de entrenamiento en Zigoitia. Guipúzcoa cuenta con cuatro campos en Zarautz, Hondarribia, San Sebastián y Andoain, este último abierto en 2002. Además, existe un proyecto para un quinto complejo en Andoain.
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NOTICIA > -Urbanismo
Valor añadido > -La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, respaldó el manifiesto suscrito por 108 expertos que reclaman un mayor control sobre el urbanismo en España y dio la bienvenida a cualquier tipo de iniciativa que se mueva en la línea defendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Trujillo recordó en rueda de prensa que tanto la actuación del Gobierno como de la Junta de Andalucía en el caso de Marbella ha sido "ejemplar" a la hora de colaborar con la justicia y atajar un problema al que se ha dado respuesta disolviendo el Ayuntamiento y nombrando una gestora. Sobre el manifiesto por una nueva cultura del territorio suscrito por expertos en urbanismo, arquitectos y geógrafos del toda España, Trujillo apuntó que "cualquier petición o declaración que vaya en la misma dirección en la que está trabajando el Gobierno de España será siembre bien recibida". El manifiesto presentado en el Círculo de Bellas Artes recoge también el deseo de que el Gobierno y las Cortes controlen a través de las planificación de las obras públicas y el agua el crecimiento del urbanismo, siempre respetando las competencias de los Ayuntamientos y de las comunidades autónomas. En este sentido, el manifiesto aboga por que se cambie la Ley del Suelo de 1998, en el sentido de que la vocación del suelo es ser urbanizado, mientras, según los expertos firmantes, la vocación del suelo tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo".
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NOTICIA > Urbanismo > Opinión Digital > Gustavo Muñoz
Valor añadido > -que en algunos ayuntamientos las licencias de obra para algunos promotores se prolongan en el tiempo sin que se sepan las causas, y para otros, se liberan con presteza. Naturalmente siempre se trata de papeles y trámites, cuya cumplimentación para unos está muy clara y para otros debe ser muy compleja, pese a que se trate de profesionales conocedores de las leyes. Más valdría que los dirigentes empresariales exigiesen trámites claros, y plazos concretos, más que dedicarse a la defensa de las amistades políticas Sorprende que alguno de esos dirigentes empresariales haya llamado a la urgencia de aprobar los planes de urbanismo en las ciudades que lo tienen en trámite porque, dicen, luego hay que discutir los planes de actuación urbanística (PAU) concretos. Efectivamente, los planes urbanísticos se aprueban de una manera, y luego por los distintos instrumentos de reforma, acaban siendo lo contrario que habían propuesto redactores e intervinientes directos en su elaboración. Si de verdad se quisiese contribuir a la claridad y transparencia de las normas y, por extensión, de los bolsillos, lo que debería reclamarse es normas concretas, claras y con posibilidades de variación igualmente tipificadas. Al fin y al cabo una norma urbanística tiene una validez en el tiempo determinada, lo que facilita las reformas temporales. Los planes hay que discutirlos, mucho y públicamente, lo demás induce a pensar mal. El urbanismo es la actividad controlada por los ayuntamientos más golosa para los corrompibles y al mismo tiempo para quienes quieren hacer negocio legítimamente, por ello mismo, las prisas y atragantamientos no son admisibles. Tampoco que se tarde en elaborar más de un lustro, como ocurre en algunos puntos de la región. Por lo demás, en lo tocante a estos temas, más que proclamar la limpieza personal lo que sirve es demostrarla cada día.
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NOTICIA > -Promoción > Urbanismo
Valor añadido > -Desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario  Mejora la transparencia en el mercado inmobiliario, la actuación entre las Administraciones Públicas y los mecanismos de prevención del fraude inmobiliario.
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NOTICIA >   Urbanismo > el truco del padrón > Editorial el País
Valor añadido > -Se inscriben en el padrón municipal familiares o amigos, y se hincha consiguientemente el censo electoral. Es un viejo truco para ganar alcaldías, especialmente cuando soplan vientos inmobiliarios. Era ya tiempo de detener este fraude ante algunos casos que han llegado a la justicia y la constatación de "numerosos empadronamientos sospechosos" por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de quien depende la Oficina del Censo Electoral. Con vistas a las municipales del año próximo se ha impuesto la revisión del censo de 5.856 poblaciones, sobre un total de 8.109 municipios. La falta de control ha favorecido este tipo de fraudes. Era posible cambiar de municipio, darse de alta en uno nuevo y figurar en su censo electoral, sin que se hubiera producido a la vez la baja en el anterior. Por ello, el INE ha ordenado que sus delegaciones provinciales den de baja a los empadronados que no vivan en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, aun cuando no hayan sido dados de alta en un nuevo municipio. Las multas de 30 a 601 euros por inclusión ficticia en el censo no se corresponden con las cantidades que a menudo están en juego. Es el caso de Yésero, Huesca, cuyo alcalde empadronó de golpe en 1998 a 19 personas -él incluido- para presentarse luego a unas elecciones que ganó por 17 votos. Hoy pretende aprobar la construcción de 589 casas en un pueblo que sólo tenía 40 viviendas y 62 residentes censados. La justicia es lenta en algunos casos. La Audiencia de Navarra ha inhabilitado al alcalde de Pitillas por consentir la inscripción de 135 vecinos en los seis meses anteriores a los comicios de 2003, y 82 de ellos sólo en los tres meses anteriores, con lo que se aseguró la victoria en las municipales 2003.
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NOTICIA >  Urbanismo > Editorial de El País
Valor añadido > El valenciano es el único segmento de nuestra costa mediterránea que sigue sin un plan global de ordenación. Los socialistas protestan por ello, pero en 10 años no han reclamado al PP el reglamento de la ley urbanística, y en cambio han aplicado en los ayuntamientos en que gobiernan los llamados Programas de Actuación Integrada (PAI), que han permitido operaciones inmobiliarias gigantescas que en ocasiones supondrán multiplicar por 30 el número de residentes. Los ayuntamientos ven en la recalificación de suelo una fuente adicional de ingresos, o de compensaciones de las inmobiliarias (construcción gratuita de campos de fútbol, por ejemplo), que esgrimen como coartada para hacer la vista gorda. Por eso ha resultado tan oportuna la intervención de Bruselas. No siempre la instancia más próxima es la más indicada para decidir en estas cuestiones. Y es de esperar que no entremos ahora en una esgrima entre la Administración central y la autónoma sobre quién es más culpable de los males que la UE denuncia (con el efecto de atrasar las decisiones necesarias para remediarlos).
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NOTICIA >   Urbanismo > reforma de la ley estatal del suelo > reacciones a las expropiaciones de solares > El País
Valor añadido > El borrador de la Ley del Suelo, que prevé un nuevo sistema de valoración de los terrenos para frenar su precio y contempla la expropiación de solares retenidos con fines especulativos, fue criticado por el sector. "No sólo no puede lograr la contención del precio del suelo y de la vivienda, sino que si se aprobara en sus propios términos actuales, sería un peligro para la economía española", dijo el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote. Chicote, que inauguró el vigésimo cuarto coloquio nacional de la APCE, se mostró convencido de que el problema de la vivienda en España no se resolverá "de forma totalmente satisfactoria hasta que se aborde, simultáneamente, el de la financiación de las haciendas locales". Asimismo, Chicote se mostró molesto por la ausencia de Trujillo en la inauguración, por problemas de agenda.
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NOTICIA > Urbanismo > Legal > el País
Valor añadido > "No se pueden tomar decisiones de suelo, de urbanismo, sin contar con lo que opina el patrimonio". Así explicó ayer la ministra de Cultura, Carmen Calvo, una de las principales conclusiones del foro Cultura y diversidad. 30 años de bienes culturales, organizado por el Ministerio de Cultura en Córdoba. La reforma de la Ley del Patrimonio Histórico de 1985 revisará la correlación entre las leyes que afectan al ordenamiento y las que protegen los bienes culturales para que el crecimiento sea más "eficiente". Calvo, sin embargo, quiso dejar claro que la reforma no persigue que "los planes de protección le creen problemas a los planes urbanísticos". "Hay que poner en concurrencia las dos normativas y dar más información", según la ministra, quien también dijo que se busca que "en los planes de suelo se acaben incluyendo todos los aspectos relativos al patrimonio".
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NOTICIA >  Urbanismo > el Mundo
Valor añadido >  ¿Qué es una cesión de suelo?  > Se entiende por cesión de suelo el porcentaje de aprovechamiento urbanístico que el promotor tiene que entregar al Ayuntamiento correspondiente en el momento de hacer una operación urbanística. Este terreno pasa, en ese momento, a formar parte del patrimonio público. > En teoría, este patrimonio debe destinarse a vivienda protegida o, en su caso, a actuaciones consideradas de interés social -como centros escolares, ambulatorios, instalaciones deportivas, un palacio de congresos...-. Pero, en la práctica, lo que puede ocurrir y, de hecho, según algunas fuentes del sector, es lo más habitual, es que ese suelo procedente de las cesiones se utilice para fines distintos a los sociales previstos. «En muchos casos, los ayuntamientos venden ese suelo cedido a los promotores», explican desde un Gobierno regional. En cuanto al porcentaje, la actual Ley del Suelo marca que la participación de las autonomías en las plusvalías del suelo sean del 0% al 10%, si bien son los municipios los que tienen la última palabra. El texto de la que podría ser la nueva Ley del Suelo permite que en la legislación regional se amplíe esta horquilla hasta un máximo del 20%, en algunos casos.
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NOTICIA >  Urbanismo > el Mundo
Valor añadido >  ¿Qué es una reserva para VPO?  El porcentaje de reserva de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida (VPO) es aquel que cada Comunidad Autónoma (CCAA) marca como obligatorio para tal fin en los nuevos desarrollos urbanísticos. De forma que si el porcentaje fijado por la autonomía fuese de, por ejemplo, un 50%, la mitad de las viviendas, como mínimo, que desarrollen los promotores en ese suelo deben ser protegidas. Actualmente cada CCAA fija libremente este porcentaje. En Madrid, en concreto, es del 50%, lo mismo que en otras muchas regiones, si bien hay algunas con una cifra sensiblemente inferior. Ahora, el borrador de la Ley del Suelo que prepara la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, señala a los gobiernos regionales que el mínimo deberá situarse en el 25% de reserva de suelo para VPO. Uno de los principales problemas derivados de esta pauta es que los promotores se ven obligados a construir vivienda protegida, mucho menos rentable -e incluso no rentable, en algunos casos, según ellos-, por lo que para cuadrar sus cuentas, repercuten estas pérdidas o menores ganancias en el precio de la vivienda libre.
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NOTICIA >   Urbanismo > Vivienda > opiniones >Antonio  Font
Valor añadido > El problema es que el mercado del suelo no es trasparente. El propietario y el promotor invierten en un bien en un mercado que no es nada trasparente, y aguantan todo lo que pueden. Pero lo más que pasa es que se mantiene el precio. La gente prefiere tener su dinero en vivienda. El otro problema es el de las dificultades económicas de los ayuntamientos que prestan servicios por encima de lo que les obligaría la ley y , en cambio, no les dan los recursos necesarios. Para urbanizar y ganar elecciones han aprendido el truco de emitir edificabilidad, como cuando el Banco de España emitía pesetas.
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NOTICIA >  Urbanismo > Castilla León > opiniones > Norte de Castilla
Valor añadido >  Se coge una situación en principio simple, por ejemplo el urbanismo, y se empieza a enrevesar. Hasta que surge la necesidad social del desenrevesador. El que nos aclara cobrando a cojón de pato lo que quiso decir el que lo dijo para que nadie entendiera aquello que no quiso decir. Pienso en el urbanismo porque corren tiempos de plan general. Una de las gracias del PGOU es cambiar la clasificación del suelo en un intento de ordenar el crecimiento a diez años de la ciudad. La legislación castellana considera desde 1999 (modificada en 2003) que el suelo puede ser urbano, urbanizable o rústico. Como no debió quedar suficientemente oscuro, en 1999 ve la luz la Ley de Urbanismo, modificada otras dos veces en 2002 y vuelto a modificar en 2003. Pero aún debía haber alguien coscándose de algo de forma que en 2002 se perpetra la Ley de Modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (de momento, sin modificar).
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NOTICIA > Urbanismo
Valor añadido > modificación de la Ley de Montes que prohibirá la recalificación de terrenos quemados durante al menos 30 años, se creará una Fiscalía medioambiental y un fondo para la gestión sostenible de los bosques.
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NOTICIA > Urbanismo
Valor añadido > Hay que invertir muchísimo dinero en urbanismo. En general el urbanismo está muy mal pagado. La mayor parte de los arquitectos prefieren hacer arquitectura: se paga mejor, ves el resultado de tu trabajo en un plazo relativamente corto, tu ego queda más gratificado. En el urbanismo tienes que relacionarte con autoridades y con decenas, cientos o miles de vecinos. Es muy duro. Se están empezando a diseñar e impulsar planes de ordenación en muchos municipios canarios, pero te encuentras, sorprendentemente, que los planes los llevan técnicamente tres, cuatro, cinco arquitectos. Algo similar ocurre con los planes insulares de ordenación. Y ese no es el modelo. El modelo es que cada plan cuente con un equipo multidisciplina: arquitectos, urbanistas, sociólogos, etcétera. Claro que eso es mucho más caro.
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NOTICIA > Urbanismo > opiniones > Josefa Luzardo> El Mundo
Valor añadido > La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó, por unanimidad, solicitar que las grandes ciudades tengan competencias para aprobar sus planes urbanísticos.
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NOTICIA > Urbanismo > Expropiaciones > El País
Valor añadido > Nulo de pleno derecho. Así ha calificado el Consell Jurídic Consultiu (CJC) el convenio de adquisición de más de 48.000 metros cuadrados que la Generalitat expropió al Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea, término que albergará el futuro aeropuerto de Castellón. El dictamen no es vinculante, aunque da pie a un contencioso que, con los argumentos esgrimidos por el organismo, sería favorable al recurso interpuesto por el grupo municipal socialista. En cualquier caso, supondrá la revisión del precio que la Generalitat pagó por los terrenos en 2002, cerca de 58.000 euros.La base sobre la que se revisará el precio pagado al Consistorio es la misma que alegan los propietarios de más del 60% del suelo afectado por el proyecto del aeropuerto y que se centra en el hecho de que la expropiación se realizó con precios de suelo rústico, mientras que ya existía una reserva de suelo dotacional. El propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vilanova d'Alcolea, que se expuso públicamente al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de expropiación, marca todo el terreno como urbanizable
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NOTICIA >   Urbanismo > delitos urbanísticos y convenios > ABC
Valor añadido > Los delitos urbanísticos, la corrupción de los poderes públicos y la delincuencia organizada van de la mano en muchas ocasiones, según han puesto de manifiesto un grupo de investigadores del Instituto Andaluz de Criminología encabezado por José Luis Díez Ripollés, en un estudio publicado en 2003 en el que ya alertaban de que la intensa actividad urbanística de la Costa del Sol «no resulta explicable a menos que se parta de que se está nutriendo de dinero negro proveniente de actividades lucrativas lícitas no declaradas al fisco o bien de actividades ilegales».Estos juristas han analizado una serie de casos que «presentan lugares comunes» como la «presencia de convenios urbanísticos acordados entre promotores-constructores y los ayuntamientos» que «reportan dudosos beneficios al municipio y que sirven de base a una modificación del planeamiento urbanístico o para una recalificación del suelo favorable a los intereses de aquellos». Además, el estudio resalta que «en todos los casos estudiados se aprecian indicios de posibles delitos de cohecho y/o tráfico de influencias». Los investigadores destacan también que «en buena parte de ellos se podría haber cometido además delito de fraude relacionado sobre todo con enajenaciones irregulares de patrimonio público y con la firma de convenios urbanísticos que dudosamente favorecen los intereses públicos y claamente redundan en beneficio de intereses particulares».A estos delitos y corrupciones, se suman otras infracciones penales como la desobediencia judicial estafas, falsedad documental y administración desleal del patrimonio».
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NOTICIA > Urbanismo > valoraciones para expropiaciones > Negocio inmobiliario
Valor añadido > Los expertos que han elaborado el dictamen de propuesta para la reforma de la ley del suelo de Madrid reconocen que para que sus sugerencias en materia de expropiaciones tengan el efecto deseado es imprescindible el complemento de una nueva ley estatal de valoraciones.
'Ésa es una de las pocas competencias que le quedan en exclusiva al Estado en materia urbanística, el régimen de valoración del suelo', asegura el secretario de la Comisión, Enrique Porto.De hecho, estos expertos recuerdan que uno de los principales problemas que provocó el agente urbanizador en sus primeros años de aplicación en la Comunidad Valenciana fue el hecho de no ajustarse a los precios que marcaba la ley estatal en materia de expropiaciones. 'Fruto de ese incumplimiento, numerosos propietarios que se sintieron entonces perjudicados acudieron a los tribunales y la justicia les dio la razón', recuerda uno de los integrantes de la comisión. Ahora, sin embargo, la ley madrileña estará muy pendiente de la reforma que ultima el ministerio y que, tal y como anunció su titular, María Antonia Trujillo, estará lista antes de que finalice el primer trimestre de este año.La pretensión del Ejecutivo es otorgar a cada suelo el precio que tenga en el momento de la expropiación eliminando cualquier expectativa de incremento de valor, los también llamados 'elementos especulativos' y, por supuesto, teniendo en cuenta 'si sobre dicho terreno el propietario ha introducido o no algún tipo de transformación o mejora', añaden fuentes oficiales
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NOTICIA >  Urbanismo > El País
Valor añadido > Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizado aumentó en 170.384 hectáreas. O lo que es lo mismo: entre 1990 y 2000 se urbanizó un 24,45% de lo construido por el hombre en toda su historia. O visto de otra forma: en una década se ha edificado íntegramente una superficie como la provincia de Guipúzcoa. En ese periodo, el país perdió 239.248 hectáreas de zonas forestales (superficie algo inferior a la de Álava). Las cifras proceden del proyecto europeo Corine Land Cover, que cartografió la superficie europea por satélite en 2000 y la comparó con los datos de 1990. En España, el censo del suelo lo ha coordinado el Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento). Procesar los centenares de imágenes por satélite, con una resolución de 25 hectáreas, ha llevado tiempo. El análisis acaba de concluir.. Los responsables españoles estudian cómo colgar los resultados en Internet. Las imágenes, sin explicaciones, se pueden ver ya en la web http://image2000.jrc.it/
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NOTICIA >  Urbanismo > Cinco Días
Valor añadido >  El Ministerio de Vivienda dispone ya de un primer borrador de la que será la nueva ley del suelo. El documento plantea la necesidad de acabar con la actual calificación masiva de suelo urbanizable, lo que en la práctica supone la vuelta a la situación anterior a 1998, es decir, que sean exclusivamente los ayuntamientos quienes fijen qué terrenos son urbanizables.
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NOTICIA >   Urbanismo > Asturias > Nueva España
Valor añadido >  No nos engañemos, Urbanismo firma cheques al portador y es tal su potestad en este sentido que pequeños resultan todos los esfuerzos para vigilar tanta emanación de poder. Manuel Martí Ferrer, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) -por tanto, persona perfectamente parcial en esta materia- suele decir que el poder en estado puro consiste en mover unos milímetros una línea de un Plan de Ordenación. ¿Adónde van, por ejemplo, tres milímetros sobre un plano? Pues a quince o a treinta metros de aprovechamiento urbanístico añadido sobre el suelo real. Sin embargo, el problema del PGOU de Gijón no consiste ahora en buscar milímetros distraídos, sino en confirmar que, efectivamente, el nuevo planeamiento puede crear millonarios. Pero ahí precisamente salta la cuestión: ¿por qué puede surgir riqueza urbanística en unos lugares y no en otros? ¿Qué sabiduría suprema ha de determinar dónde han de llover los millones y dónde no? ¿Con qué criterios?
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NOTICIA > Urbanismo > Ley del Suelo > El Mundo
Valor añadido > Una Ley del Suelo ideológica que se olvida de aspectos técnicos de primer orden El Partido Socialista quiere que la futura Ley del Suelo de María Antonia Trujillo lleve el 'sello de la casa' y tenga una importante carga ideológica. Sin embargo, han sido varios los expertos y los profesores de Derecho Administrativo que han mostrado su disconformidad sobre este aspecto. «Me parece bien que el Gobierno quiera dotar a la futura ley de un espíritu más social, pero no puede obviar aspectos técnicos fundamentales si quiere que la norma pueda desarrollarse en su plenitud», afirma un profesor de Derecho conocedor de los trabajos que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Vivienda. Este carácter ideológico también ha provocado un cierto rechazo dentro del mundo universitario. Varios catedráticos de Derecho Administrativo han declinado amablemente hacerse cargo de la redacción de dicho texto. La razón, como apunta uno de ellos, es bien sencilla: «Las ideas están muy bien, pero sólo con ellas no se puede redactar una norma». Por el momento, esta tarea ha sido encomendada a un profesor asociado de una universidad madrileña con importantes lazos con el PSOE. La busca del catedrático continúa. Tiempo al tiempo.
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NOTICIA >  Urbanismo > Vivienda > Reforma de la Ley del Suelo > El País
Valor añadido > La principal medida consiste en modificar el criterio para abaratar el precio del suelo, que llega a suponer la mitad del coste final de un piso y que Trujillo quiere pactar con comunidades y ayuntamientos, ya que tienen gran parte de las competencias. La ministra indicó que se tendrá en cuenta el "valor real del suelo y no su valor expectante". Por ejemplo, con esta norma se pretende evitar que se valore una finca rústica a precio de oro sólo porque puede que en el futuro sea urbanizable. Este criterio deberá inspirar a los agentes públicos, pero existen dudas sobre cómo afectará a la iniciativa privada, al menos hasta que se presente al detalle la nueva normativa. Lo que sí que está claro es que este cambio permitirá al Estado ahorrarse miles de millones en expropiaciones, sobre todo las relacionadas con las grandes infraestructuras, como la alta velocidad ferroviaria. Con la ley actual en la mano, los propietarios de un terreno pueden pedir a ministerios como el de Fomento que les pague una finca rústica a precio de suelo urbanizable.La nueva ley del suelo también incluirá sanciones para los propietarios que retienen solares sin motivo justificado, bien a través de multas o de penalizaciones fiscales. Trujillo no fue mucho más concreta. Para avanzar en el consenso, la ministra indicó que quiere impulsar un pacto con todas las comunidades para crear una bolsa pública de suelo para viviendas protegidas. En este sentido, la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, dependiente de Vivienda, dispone ya de seis millones de metros cuadrados para pisos a precios asequibles.Respecto a la fiscalidad, Trujillo afirmó que el Gobierno modificará la estructura de incentivos fiscales a la compra de vivienda durante el próximo año, en el marco de la reforma del IRPF. La ministra no especificó si se reducirán o ampliarán las actuales desgravaciones, pero insistió en que se debe primar el alquiler.
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NOTICIA >    Urbanismo > Legal
Valor añadido >  El Gobierno tiene preparado ya el borrador de la nueva Ley del Suelo y lo presentará en los próximos días o semanas, según anunció la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. El proyecto, que tendrá que ser debatido con las demás administraciones, pretende tener un carácter definitivo. Trujillo recordó que durante las dos legislaturas del PP la norma fue modificada en seis ocasiones, con lo que «reinó la falta de claridad y coherencia».
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NOTICIA > Urbanismo : consecuencias de empezar a edificar antes de urbanizar (Madrid > Ensanche de Carabanchel )> El País
Valor añadido > Un vecino: "saber cuándo estarán los colegios, hospitales, y demás equipamientos del barrio es lo que ahora nos preocupa", explica Juan. "Sólo han empezado con las obras de la perrera municipal", añade. Urbanismo asegura que ya se han iniciado las conversaciones para ceder los terrenos a las diferentes administraciones para llevar a cabo estas infraestructuras. Pero "todavía falta tiempo" para verlas en pie, reconoce.
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NOTICIA >  Urbanismo > Reforma de la Ley del Suelo
Valor añadido > El Gobierno acometerá una reforma de la Ley del Suelo y Valoraciones. Se abordará, entre otros contenidos, la reserva en los nuevos desarrollos residenciales de un porcentaje de al menos un 25% obligatorio para vivienda protegida.
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NOTICIA >   Urbanismo > revista de prensa > El País
Valor añadido > El Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles ha condenado a Florentino Serrano, ex alcalde de Quijorna, a un año de cárcel y a 18 meses de multa, a razón de 30 euros diarios, por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia ordena, además, la demolición de 24 patios de casas que invaden una vía pecuaria de la localidad > Explica el juez: "Nunca se ha aportado esa licencia; y es más, de la prueba documental, y muy en particular en el escrito que hizo el acusado Juan Francisco Hernández en nombre del Mirador de Quijorna, con fecha 28 de mayo de 1998, se reconoce de modo expreso que se iniciaron las obras sin licencia".
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NOTICIA > Urbanismo > Vivienda
Nota inmoley.com: Una vez más: es competencia de la C. Autónomas. Sirva de ejemplo la Ley del Suelo de Madrid. En todo caso, ¿de qué sirve un concurso en el que lo que prevalece es el mejor precio?.
Valor añadido >La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, apostó por "erradicar la subasta allí donde subsiste" como forma normal de enajenación del suelo y sustituirla por el concurso con el fin de evitar las "fórmulas que propicien la especulación".> En la clausura del curso ´Hacia un nuevo urbanismo´ organizada por la Fundación de Estudios Inmobiliarios, la ministra aseguró que en la figura del concurso debe primar "las condiciones de dignidad, adecuación, accesibilidad física y precio y la calidad de las viviendas".
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NOTICIA >   Urbanismo > Vivienda
Valor añadido >   La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo "La administración general del estado tiene asumido en esta legislatura el compromiso de dedicar los suelos desafectados del patrimonio del Estado preferentemente a la vivienda protegida, en lugar de primar siempre y a ultranza sus intereses financieros",
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NOTICIA >  Urbanismo
Valor añadido >  Trujillo reiteró que se promoverán "reformas estructurales", entre las que se encuentra la modificación de la Ley del Suelo con el objeto de evitar retenciones especulativas de los terrenos, revisar los criterios de valoración para impedir la anticipación de plusvalías y acometer un pacto estatal que permita la calificación de una reserva mínima para viviendas protegidas en los nuevos desarrollos residenciales.
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NOTICIA >  Urbanismo > Vivienda > Entrevista a D.  Francisco Vázquez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) > Cinco Días
Nota inmoley.com: Puede resultar de interés repasar la evolución de precios en subastas o concursos de suelo público y el destino dado a las cesiones gratuitas de suelo, o las limitadas actuaciones municipales en vivienda protegida, o los retrasos de casi un año en tramitación de licencias y de lustros en desarrollo de planeamiento ...
Valor añadido > afirma que los municipios "no nos sentimos culpables del precio  de la vivienda; nos sentimos víctimas". Con estas palabras, se defiende de las acusaciones políticas y sociales que convierte a los ayuntamientos en los principales responsables del elevado precio de las casas. > Afirma que los ayuntamientos no se financian con el suelo, "porque, si lo hicieran, sería ilegal. Nuestro suelo lo dedicamos a vivienda de protección oficial (VPO) y el excedente, a comprar nuevo suelo" a la vez que recuerda que "el PP redujo las cesiones gratuitas de suelo del 15% al 10%" y que "he planteado volver al anterior sistema y dedicar ese 5% a VPO".
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NOTICIA >   Urbanismo > Vivienda > Cinco Días
Nota inmoley.com: Hoy no, mañana puede, pero a lo mejor no, pero sí, bueno ya veremos, o no.
Valor añadido >   El Plan de Choque que prepara el Gobierno con medidas urgentes para tratar de facilitar el acceso a la vivienda no incluirá una revisión al alza del porcentaje que los promotores deben ceder a los municipios.> No obstante, el director general de Arquitectura y Política de Vivienda, D Rafael Pacheco, apuntó, tras la inauguración de la exposición 'Arquitecturas Ausentes', que esa medida se podría incluir, en todo caso, en el futuro plan de vivienda plurianual que prepara su departamento y que se aplicará entre 2005 y 2008, ambos incluidos.> Tradicionalmente, el suelo que ceden los promotores se dedica a aumentar el patrimonio de los ayuntamientos o a incrementar su equipamiento público.> La semana pasada, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, propuso aumentar el citado porcentaje desde el 10% actual hasta un 15%, con el objetivo de que los municipios dediquen los nuevos terrenos a la promoción de viviendas protegidas o de precio tasado.> Fuentes del Ministerio de Vivienda confirmaron entonces que el Departamento estudiaba la propuesta y que se podría incluir tanto en el futuro Plan de Vivienda 2005-2008 como en el Plan de Choque.
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NOTICIA >   Urbanismo > Vivienda > cesiones obligatorias
Nota inmoley.com: Un promotor que contemplase en serio esta medida agilizaría su proyecto para ceder únicamente el 10%, porque el 5% de más podría perjudicar su proyecto. Un promotor realista calcularía cuanto va a tener que pagar de más al ayuntamiento por recomprar al ayuntamiento el suelo que debió ceder para parques que el ayuntamiento no construye. Un urbanista se preguntaría que dicen las C. Autónomas.> Por si sirve de algo: estas declaraciones equivalen a anunciar a los fabricantes de coches que se circulará por la izquierda y que habrá que cambiar el volante al lado derecho; después de la alarma del sector de producción, dirían pues a lo mejor se sigue circulando por la derecho o no, ya veremos. ¡Un poco de seriedad!
Valor añadido >  El Ministerio de Vivienda estudia aumentar el porcentaje máximo de suelo que las promotoras están obligadas a ceder a los Ayuntamientos, con el objetivo de incrementar así el espacio dedicado a la construcción de viviendas protegidas o a precio tasado.Sin embargo, las citadas fuentes puntualizaron que esa opción es una de tantas en las que trabaja el ministerio para incluirlas en el Plan de Choque que aprobará durante este mismo mes, así como en el próximo Plan de Vivienda 2005-2008.Además, el ministerio aún no ha concretado cuál sería el incremento del suelo -que tradicionalmente se destina a aumentar el patrimonio de los Ayuntamientos o su equipamiento público-, aunque el Pdte del la Fed. de Municipios propuso que se eleve desde el 10 por ciento actual hasta el 15 por ciento.
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NOTICIA >  Urbanismo > Andalucía > Estepona > revista de prensa > el País y varios
Nota inmoley.com: Gravísimo precedente ante este tipo de renegociaciones "voluntarias".
Valor añadido > Una constructora dona 2,55 millones al Ayuntamiento de Estepona "voluntariamente"  > El alcalde de Estepona, D. Antonio Barrientos, del PSOE, reconoció que la constructora cordobesa Prasa transfirió más de 2,55 millones de euros al Ayuntamiento entre los meses de agosto y marzo de este año. El dinero se ingresó como "aportaciones voluntarias". Según Barrientos, este dinero procede de la renegociación de convenios urbanísticos que la anterior alcaldesa > Justificación en prensa local >Barrientos recordó que el concejal del PP, D. Ignacio Mena, en su etapa anterior como delegado de Urbanismo, "regaló 2.137 metros cuadrados por incremento de volumen de edificabilidad en primera línea de playa", a la citada promotora, en la zona de El Pinillo, y añadió que "ahora, el Ayuntamiento ha cobrado de Prasa, con aportaciones voluntarias, esta edificabilidad a 570 euros el metro cuadrado, recaudando un total de 1,17 millones de euros". >Asimismo manifestó que ha demostrado con un informe del interventor municipal, D. Luis Ángel Alonso de Linaje, que los ingresos obtenidos por convenios sobre el volumen de edificabilidad pueden recaudarse "por aportaciones voluntarias destinadas al fin que quiera la persona o entidad que efectúa la aportación".
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NOTICIA > Urbanismo > C. Valenciana > expropiaciones > revista de prensa > el País
Valor añadido >  La Generalitat Valenciana fijó en 1999 en casi cuatro millones de euros el precio que debía pagar a ocho propietarios de cinco fincas que se incorporaban al espacio que hoy ocupa el Parque Temático Terra Mítica y su entorno lúdico y hotelero. Una sentencia obliga ahora a la Administración autonómica a pagar 20 millones de euros al anular la peritación inicial y estimar el recurso presentado por los propietarios.> Es la quinta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el mismo sentido, lo que ha convertido los 17,9 millones de euros que inicialmente pagó la Generalitat por los 10 millones de metros cuadrados del parque Benidorm-Finestrat en más de 100 millones cinco años después. El error, como señalan las sentencias, es que la Administración nunca contempló al valorar el suelo la ganancia que iba a obtener de su actuación.> La última de las sentencias dice que "las indemnizaciones por esta expropiación no debieron ceñirse a la clasificación del terreno como no urbanizable o a su naturaleza agrícola, sino al aprovechamiento urbanístico que se le iba a dar".
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NOTICIA >   Urbanismo > Nueva ley del suelo estatal > revista de prensa > Cinco Días
Valor añadido >  El nuevo gobierno buscará establecer un acuerdo entre las tres Administraciones para suscribir un nuevo pacto del suelo, de forma que todos los terrenos de titularidad pública que decidan enajenarse se destinen, preferentemente, a la promoción de vivienda protegida en alquiler o en derecho de superficie (sistema similar al de los aparcamientos de residentes).> Asimismo, los socialistas han confirmado que reformarán la legislación estatal sobre valoración legal del suelo, 'de forma que en ningún caso el valor de los terrenos pueda incorporar elementos especulativos', subraya el programa electoral.
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NOTICIA > Urbanismo > general
Valor añadido >  Los recursos judiciales contra planes urbanísticos se han convertido en una fuente de inseguridad jurídica para los promotores inmobiliarios, que ven paralizadas muchas obras hasta que llegue una sentencia firme. El sector reclama mayor agilidad judicial y una actuación correcta por parte de los ayuntamientos.
Ver >  Prensa / Abonado

NOTICIA >  Urbanismo > Legal >  revista de prensa > El País
Valor añadido >  El ex alcalde de Pulianas se defiende en la Audiencia Provincial de Granada de la acusación de prevaricación por presuntas irregularidades urbanísticas diciendo que "nunca leía los expedientes que firmaba" porque estaba "convencido" de su legalidad.
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NOTICIA >   Urbanismo > Legal > Expropiaciones y justiprecio > revista de prensa > El País
Valor añadido >  El Consell, a través de la extinta Sociedad Pública Parque Temático de Alicante -ahora Sociedad Pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana- pagó 17,6 millones de euros en 1999 por los 10 millones de metros cuadrados que ocupan el parque temático Terra Mítica y los complejos lúdicos y hoteleros de su entorno. Cinco años más tarde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en cuatro sentencias, prácticamente ha quintuplicado el valor de las expropiaciones, que finalmente rozarán los 100 millones de euros, porque no todos los recursos están resueltos.> Los cuatro fallos que hasta ahora y desde noviembre ha dictado la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ tienen el mismo fondo. El Consell pagó el terreno expropiado como suelo forestal, sin considerar que el uso que iba a darle debía de alguna manera estar incluido en la valoración. No lo hizo y los recursos de varios propietarios de grandes extensiones que impugnaron el justiprecio fijado por la Administración se han visto satisfechos: el alto tribunal considera que se trataba de suelo urbanizable.>El sobrecoste, aproximadamente 85,4 millones de euros, lo tendrá que asumir la hacienda pública valenciana, si el Tribunal Supremo valida los argumentos jurídicos del TSJ, y jurisprudencia en ese sentido ya existe.
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NOTICIA > Urbanismo > Editorial Gaceta de los negocios
Valor añadido >  Por qué estos circunloquios, en lugar de reformar el sistema urbanístico? Porque la ley establece, y el Tribunal Constitucional así lo ha confirmado en dos ocasiones desde 2001, que, en última instancia, la decisión de cuánta y cuál debe ser la oferta de suelo (viviendas) está en manos de autonomías y ayuntamientos. Y el Gobierno central tiene serias dificultades para establecer una política de suelo, urbanística o de vivienda nacional.
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NOTICIA >  Urbanismo > opiniones > D. Luis de Guindos Jurado, secretario de Estado de Economía > revista de prensa > Cinco Días
Valor añadido >  Por lo que se refiere al suelo, queda mucho por hacer, y con responsabilidad compartida. Lo lógico para que no haya tensiones de precios es que la oferta se ajuste de forma inmediata a la demanda, y para eso tiene que haber mayor disponibilidad de suelo. Creo que hay que llegar a un acuerdo sobre transparencia en los procesos urbanísticos para todos los ayuntamientos; sería muy positivo que todo expediente desde la petición de recalificación hasta el final se colgase en Internet. Creo que la información proporcionaría transparencia y generaría más rapidez. Más oferta y más transparente.
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NOTICIA >  Urbanismo > revista de prensa > El País
Valor añadido > 1.1.2004 entra en vigor la Ley de Grandes Ciudades > El efecto fundamental de la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades es que el pleno -órgano legislativo y de control formado por los concejales electos de todos los partidos- pierde su histórica labor ejecutiva, compartida hasta ahora con el gobierno. Un pleno municipal no funciona -hasta hoy- como un Parlamento. Su particularidad reside en que es órgano legislativo y ejecutivo a un tiempo: la aprobación de cualquier norma debe pasar por él, pero también la adjudicación de todos aquellos contratos que superen una determinada cuantía.
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NOTICIA >  Urbanismo > Andalucía > Revista de Prensa > El País
Valor añadido >  Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian qué posibles fórmulas podrían aplicarse para sancionar la construcción de viviendas con licencias declaradas ilegales por los tribunales en Marbella que no sea necesariamente la demolición para evitar perjudicar a los compradores que las habitan y que nada tienen que ver con el contencioso entre administración autonómica y local. El Ayuntamiento de Marbella se ha pronunciado ya contra las demoliciones y posiblemente no recurrirá la sentencia del TSJA que anula la licencia para 465 viviendas en San Pedro.
La primera sentencia que anula una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento marbellí en contra de su propio Plan General de Ordenación Urbana parece haber cogido desprevenidos tanto al consistorio como a la administración autonómica, que recurrió la autorización de obras en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.>La Junta, que debe pedir ahora la forma en que se ejecuta la sentencia, admite que "está muy verde" en este asunto, según el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano. La dificultad de la cuestión estriba en hacer compatible las sanciones por ocupar suelo no urbanizable, en este caso reservado para equipamiento deportivo, con el derecho de terceras personas que ya habitan las viviendas y que las compraron con apariencia de legalidad, al disponer de licencia municipal de obra, de primera ocupación y de suministros de servicios públicos -algunas de las 465 casas del conjunto El Arquillo ya han sido incluso vendidas por segunda vez-. En todo caso, la Junta entiende que lo que debe evitarse es que las ilegalidades queden impunes.>El catedrático de Derecho Constitucional D. Agustín Ruiz Robledo apunta que ya que en casos así no cabe una reversión de la situación urbanística del suelo y para no dejar las viviendas fuera de ordenación, que los tribunales decretaran el resarcimiento por la vía de la disciplina urbanística y se establecieran sanciones por la pérdida de equipamiento.
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NOTICIA >  Urbanismo > Andalucía > ¿seguirán las administraciones ganando sentencias que luego se niegan a pedir que se ejecuten ? > Revista de prensa > El País
Valor añadido >  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en una sentencia una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella en 1995 para construir 465 viviendas porque el suelo está reservado para equipamiento deportivo en el planeamiento urbanístico vigente. Reparar la ilegalidad será complicado, pues en los ocho años transcurridos, y dado que el tribunal no decretó en su día medidas cautelares, las casas se hicieron y están habitadas.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que fue quien recurrió ante el TSJA, estudian ahora si pedir o no la ejecución de la sentencia, así como las posibles fórmulas para reparar la ilegalidad que no comporten la demolición, ya que se perjudicaría esencialmente a terceras personas que nada tienen que ver en el contencioso: los compradores de las viviendas.> Además, la situación es muy complicada porque no se trata de un caso aislado. A la vista de los fundamentos jurídicos que amparan la sentencia, es presumible que en los próximos meses se sucedan resoluciones similares que anulen licencias concedidas por el Ayuntamiento. Desde 1995, la Junta ha recurrido casi 300 licencias contrarias a la normativa urbanística.
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NOTICIA >  Urbanismo > opiniones > Revista de prensa > Gaceta de los Negocios
Valor añadido > La Fundación Diálogos acogerá el próximo jueves 25 de noviembre un simposio sobre El problema de la vivienda en España, en el que entre otros participará D. Antonio Jiménez-Blanco, consejero de la firma Allen & Overy y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén, quien comenta en este artículo algunos de los argumentos de su ponencia. Según advierte Jiménez-Blanco, la legislación urbanística es competencia de las comunidades autónomas, por lo tanto, "hay 17 leyes del suelo y la del Estado sólo dicta cuatro o cinco principios generales. Dicho esto, estimo que la Ley del Suelo actual no solamente no lucha contra la especulación, sino que tiene elementos estructurales en pro de la especulación". > En su opinión, "hay análisis demenciales: se piensa que el suelo supone el 60% del precio total de la vivienda, y se insta a actuar sobre el suelo. Es al revés: la gente está dispuesta a pagar un precio por un piso, y el precio del suelo se fija según el precio del producto final".
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NOTICIA > Urbanismo > la frecuente pasividad de los ayuntamientos > C. Valenciana > El País
Valor añadido > Tres muertos en seis días en una obra ilegal no fueron, al parecer, un sólido argumento para que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa decretara la paralización inmediata del mastodóntico proyecto hotelero que se erige en la cala de Finestrat. Fue necesaria, ayer, la visita del director general de Trabajo, Román Ceballos, y la cascada de reacciones de sindicatos, oposición y entidades cívicas para que se dictara una orden de paralización cautelar del edificio.>El alcalde de La Vila Joiosa, el popular José Miguel Llorca, admitió el miércoles "conocer" las irregularidades urbanísticas del inmueble que sobrepasa con creces los límites de edificabilidad del planeamiento urbanístico. Sin embargo, Llorca se eximió de toda responsabilidad con el argumento de que envió en "cinco o seis" ocasiones a agentes de la Policía Local para que parasen la actividad. La continuidad de las obras, pese a la apertura de siete decretos de paralización por su propio departamento de Urbanismo, fue justificada por el alcalde con el siguiente argumento: "Tenemos poca potestad para actuar". Expertos en Urbanismo no sólo negaron este extremo sino que insistieron en la tesis contraria, en base a los preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local. Esta norma de carácter estatal marca las directrices y competencias de los alcaldes en materia de infracciones urbanísticas.>Las mismas fuentes indicaron que el Real Decreto de Disciplina Urbanística "habilita" al primer edil o, en su defecto, a la Generalitat, para paralizar cualquier actuación que no se ajuste al objetivo para el que se solicitó la licencia . "La paralización inmediata de las obras está tipificada", dijeron. Abundaron, al respecto, que 48 horas después de que la Policía Local notifique al constructor la detención de las obras, en caso de que éste haga caso omiso, el alcalde "debe" incoar un decreto de precinto de las obras. En el supuesto de nueva desobediencia, el constructor puede incurrir en un delito penal. "Es aquí donde interviene el ministerio público", apostillaron.
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NOTICIA > Urbanismo
Valor añadido > Esquema de urbanismo y fases con posible corrupción.
Ver >  Prensa

NOTICIA > Urbanismo > opiniones de inmoley.com (pág. 57 de ABC Dominical 22.6.03).
Valor añadido > Obstáculos para la transparencia > Para entender los titulares de prensa a cuenta de los grandes escándalos político-inmobiliarios hay que conocer los mecanismos que enturbian inevitablemente la transparencia de la actividad del sector: 1. El suelo, «maná» financiero. Según explica Angel  L. Sánchez- Cía, socio director de Inmoley.com, «el primer objetivo del promotor, lógicamente, es buscar suelo. Cuando lo encuentra, necesita saber quiénes son los propietarios, y actualmente los mayores propietarios de suelo en España son los Ayuntamientos». De hecho, los municipios obtienen un 44 por ciento de sus ingresos no financieros de la fiscalidad, cesiones y enajenaciones de suelo. Esta realidad de «Consistorios terratenientes» se debe «a que en toda concesión de licencia municipal para construir, la ley obliga al beneficiario a ceder un 10 por ciento de ese suelo al Ayuntamiento, en teoría para equipamientos. Pero en la práctica no todo pasa a cumplir esa función pública y van acumulando grandes bolsas de suelo». > 2. Concursos-subasta. La Administración local, en muchos casos, actúa, según los expertos consultados, como «especuladora»: el suelo de propiedad pública no sale a subasta, sino a concurso. Pero en los concursos generalmente está puntuando más el precio que ningún otro concepto, por lo que vienen a ser subastas encubiertas». Con el agravante de que los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Comunidades Autónomas, tienen en su mano la llave de las recalificaciones, pues son las que elaboran y aprueban los PGOU, y, por tanto, los que, de algún modo, «dan el pelotazo». Las repercusiones sobre el precio final de la vivienda son brutales: se calcula que un 50 por ciento del total corresponde al suelo. > 4. Recalificaciones discrecionales. ¿Por qué una ciudad crece por el sureste y no por el norte o por el oeste? Sánchez-Cía explica que los principios para la recalificación de suelo en los distintos municipios «son homogéneos, pero hay criterios subjetivos. Por ejemplo, unos Ayuntamientos prefieren hacer más parques o más viviendas protegidas que otros». En última instancia, son acuerdos de pleno municipal los que otorgan la llave del planeamiento a los responsables políticos de los municipios.> 5. Suelo congelado. Sánchez-Cía insiste en que «hay mucho suelo urbanizable en el cinturón de las grandes ciudades que está «congelado», es decir, que no se promueve en los plazos que exige la ley y se retiene con fines especulativos. También hay muchos solares abandonados dentro de las ciudades que no se edifican en los plazos legales. En la práctica, es raro que se sancione la inactividad. La nueva ley extremeña es muy exigente en la construcción de solares abandonados. La ley valenciana creó la figura del «agente urbanizador» que es un promotor no propietario al que se le autoriza para construir en un terreno ajeno abandonado por su propietario. Pero esta figura no funciona cuando el titular del suelo abandonado es otro promotor, lo que ha generado suspicacias entre los propietarios de suelo afectados».> 6. Dependencia mutua. Todos los especialistas consultados consideran también que, hoy por hoy, es casi imposible deslindar la actividad del sector inmobiliario de la esfera política y atenuar su dependencia mutua «porque las decisiones finales pasan por los plenos municipales, que son órganos políticos. La diferencia entre los pequeños Ayuntamientos y los grandes es que los segundos cuentan con unos magníficos equipos de urbanistas y los primeros subcontratan los servicios de redacción del planeamiento urbanístico y carecen de funcionarios que vigilen el cumplimiento. Según Sánchez-Cía, «a pesar de la supervisión de las Comunidades Autónomas, el urbanismo en pueblos pequeños es caótico. El problema es que esos pueblos se convierten en ciudades dormitorio, con lo que los errores de planeamiento originales se convierten en grandes problemas a medio plazo. A modo de ejemplo, en las universidades americanas de arquitectura se sigue estudiando el caso de Parla como un ejemplo de lo que nunca se debe hacer». > 7. Falta de planeamiento. El ejemplo de por dónde deberían venir las reformas lo marca la nueva ley catalana: «De hecho -dice Sánchez-Cía- está siendo «copiada» por todos los países europeos. En dos palabras, consiste en trabajar con sentido común, primero fijar el plan de movilidad de la zona (por carreteras, metro, trenes, tranvías, autobuses), y luego empezar a urbanizar. Aunque parezca paradójico, se hace al revés. En Madrid llama la atención que las Tablas y Montecarmelo no hayan previsto el metro antes de urbanizar, lo que implica traspasar este gasto al resto de los madrileños y no a los urbanizadores. Y en Barcelona el gran proyecto 22@ todavía no tiene definidas las necesidades finales de metro. En todo caso, el mecanismo anglosajón (similar al sistema de consorcio en España, seguido muy especialmente por la Comunidad Autónoma de Madrid) permite ahorrar muchos gastos, pues el organismo público expropia suelo rústico a bajo precio, urbaniza y luego vende suelo urbano a los promotores. El sistema funciona y, de momento, todos están contentos».
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NOTICIA > Urbanismo > Revista de Prensa > ABC
Valor añadido > Expertos en urbanismo advirtieron ayer que la llegada del Tren de Alta Velocidad debe ser empleado como una herramienta de planeamiento urbanístico. Así se puso de manifiesto ayer durante la celebración de las jornadas «El urbanismo y la ordenación del territorio en el siglo XXI», organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este
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NOTICIA > Vivienda > Urbanismo > Revista de Prensa > Gaceta de los Negocios
Valor añadido > El Círculo de Empresarios >críticas que realiza esta organización empresarial va dirigida directamente contra los poderes públicos, y más concretamente contra los ayuntamientos, que son quienes en última instancia y mediante el acto administrativo de la recalificación del suelo, pueden determinar que un solar pueda multiplicar su valor en breve plazo de tiempo, lo que de por sí puede dar lugar a sospechas generalizadas de corrupción en los ayuntamientos, e incluso al intento de control desde ámbitos particulares, de los organismos encargados de las recalificaciones.
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NOTICIA > Urbanismo > Revista de Prensa > El País > Opiniones > D. Jesús Leal Maldonado, catedrático de sociología urbana de la Universidad Complutense de Madrid
Valor añadido > hay que regular y clarificar el destino del suelo de cesión que reciben los ayuntamientos.
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NOTICIA > Urbanismo > Revista de Prensa > ABC > presidente del CES, D. Juan Montalvo > opiniones
Valor añadido > quedan aspectos que mejorar en la política de vivienda, como es una «más rápida» gestión del suelo urbanizable o el «diseño» que tienen las Comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que en su opinión, supondría «modificar algunas leyes».
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NOTICIA > Promoción / Urbanismo > Concursos de suelo > Revista de Prensa > el Mundo > Opiniones
Valor añadido > «Cuando los ayuntamientos publican tanto los precios como los adjudicatarios, el resto de agentes conocen quién está interesado en qué zona y cuánto está dispuesto a pagar» >Los consistorios controlan gran parte de la oferta inmobiliaria y las adjudicaciones de solares para residenciales crean oportunidad mercado y, sobre todo, fijan precios de referencia para todos los agentes inmobiliarios (públicos y privados)
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NOTICIA >  Urbanismo > Revista de Prensa ABC
Valor añadido >  «Ley de Grandes Ciudades» > ya hay consenso
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NOTICIA > Urbanismo > El proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo para abaratar la vivienda se remite al Senado tras recibir la aprobación definitiva en la Comisión de Infraestructuras del Congreso con el respaldo de PP, CiU, PNV y CC,
Valor añadido > con la inclusión de una propuesta para reducir el tipo del IVA de las viviendas de protección oficial (VPO) desde el 7 por ciento actual hasta el 'superreducido' del 4 %. >respeto al medio ambiente en el artículo 9 de la actual Ley del Suelo que hasta ahora definía el suelo no urbanizable sólo como el que presenta un determinado valor agrícola, forestal, ganadero o de determinada riqueza natural. > nuevo sistema de valoración de suelo que pretende excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación y recomienda enajenar los patrimonios públicos de suelo mediante convenios públicos con las administraciones autonómicas o mediante un concurso, para evitar así la subasta.
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NOTICIA > Urbanismo > Andalucía > Málaga > Revista de Prensa > El País
Nota inmoley.com: Ejemplo de contradicciones entre informes emitidos por organismos públicos y dictámenes jurísdicos "independientes".
Valor añadido > El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, D. Enrique Linde > "restó importancia al informe desfavorable emitido por técnicos de la Consejería de Obras Públicas, del que dijo es sólo un "documento técnico que carece de fundamento y virtualidad" > "dice contar con un dictamen de un bufete independiente que desestima la necesidad de un nuevo proceso de información pública".
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NOTICIA > Urbanismo > Revista de Prensa >El País > Artículo D. José Aristónico García, notario
Valor añadido > "las claves del problema ha pasado a los Ayuntamientos, que habrán de renunciar al arbitrismo y la especulación, y cuya financiación definitiva habrá que abordar a cambio con seriedad. Pero nos consta que ahora es una utopía intentar leyes o jurisprudencia armonizadoras, porque las competencias son de las comunidades, los recursos se agotan en los tribunales autonómicos y no existe ese gramo de sentido común que reclamaba Tomás Ramón Fernández."
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NOTICIA > Urbanismo > C. Valenciana > Revista de Prensa > El País > La LRAU, ¿actualizar o revisar?  >Artículo D. Ricard Pérez Casado doctor en Historia y diputado socialista por Valencia
(Nota inmoley.com: la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994 se aprobó en legislatura socialista).
Valor añadido > "frente a una oferta de suelo atomizada, con retenciones indeseables para objetivos armónicos de ciudad, mediante el agente urbanizador se llegan a constituir auténticos oligopolios de oferta del bien escaso, el suelo, dejando inermes a los propietarios y en la inopia a los usuarios, que, insistiré una vez más, somos todos.>Desde luego este resultado no era el perseguido por el legislador de 1994, pero a estas alturas ya no cabe la menor duda sobre la realidad de la gestión del suelo en todos nuestros municipios, y la formación de un oligopolio sin competencia sobre las cuotas mejores de las clasificaciones urbanísticas de nuestras ciudades. Y aún pueblos menores en extensión si se quiere, hasta niveles de escándalo. La naqueranización de la gestión urbanística, al amparo de la LRAU es tan sólo un ejemplo, esperpéntico, de hasta dónde se puede llegar. Y no es el único."
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NOTICIA > Vivienda
Valor añadido > La ponencia sobre el Pacto del Suelo se aplaza para que los grupos negocien las enmiendas
Ver >  Prensa

NOTICIA > Urbanismo > debate
Valor añadido > "las medidas liberalizadoras del estado no son adaptadas por las CC.AA"
Ver >  Prensa

NOTICIA > Urbanismo > Planeamiento
Valor añadido > Todos los datos en internet > Casilla y León se adelantan con un buen proyecto.
Ver >  Prensa

NOTICIA > Urbanismo > ley del suelo
Valor añadido > Fomento insiste en reformar la ley del suelo del 98
Ver > Prensa

NOTICIA > Urbanismo > tramitación de la Ley del Catastro > bases de datos esenciales para promotores.
Valor añadido > 28 millones de fincas urbanas y 42 de rústicas
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NOTICIA > Urbanismo > Ley de costas > modificación la Ley de Costas a través de la Ley de Acompañamiento y de la Ley de Contratación > debate
Valor añadido >  "la Ley de Acompañamiento se plantea que la anchura de servidumbre para la concesión de contrucciones será de 20 metros, con lo que se reduce el margen de protección del dominio público marítimo terrestre que estaba establecido en 100 metros"
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NOTICIA > Urbanismo > sentencia caso Marbella > los PGOU sólo son eficaces al publicarse
Valor añadido > Junta se reservará la competencia de publicar los planes de urbanismo para asegurar su eficacia
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NOTICIA > Urbanismo > Cartografía > contra inundaciones
Valor añadido > mapa elaborado por satélite localizará zonas inundables para evitar que se construya >
Castilla y León > primera región de España en firmar un convenio de colaboración con el Centro de Satélites de la Unión Europea
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NOTICIA > Urbanismo > Cataluña > (Aviso: Magnífica idea a copiar, pero mientras que los ayuntamientos quieren desarrollar sus municipios y dan licencias > las CCAA no invierten lo suficiente en infraestructuras de comunicación básica (ej.: metros o tranvías)
Valor añadido > anteproyecto de Ley de Movilidad > obligación de realizar un informe que analice la movilidad que generará cada nuevo desarrollo urbanístico  > obligatorio municipios de + 50.000 habitantes.
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NOTICIA > Urbanismo > Según un estudio elaborado por el PSOE basándose en todos los planes urbanísticos que se encuentran en la actualidad en proyecto, en España existen ya terrenos calificados como urbanizables para edificar más de cinco millones de viviendas, 800.000 de ellas en Madrid.
Valor añadido > 'No se puede hablar por tanto de un problema de falta de suelo urbanizable, sino de lo que tardan dichos terrenos en poder comenzar a ser urbanizados'
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NOTICIA > Urbanismo > C. Valenciana
Valor añadido > El Tribunal Constitucional ha rechazado de plano las dudas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la figura del agente urbanizador
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NOTICIA > Urbanismo > Ildefonso Cerdá
Valor añadido > Ildefonso Cerdá, aclamado en Londres >como pionero del urbanismo> Royal Institute of British Architects, es todo un reconocimiento a la vida y la obra del ingeniero
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NOTICIA > Urbanismo
Valor añadido > expertos insistieron en la necesidad de que la Administración cumpla "rigurosamente" los plazos de urbanización y, sobre todo, en la extensión de la figura del agente urbanizador, con el fin último de que la promoción privada se configure como "motor de la ejecución urbanística" y que el papel de la Administración se reduzca así "a labor de vigilancia y control que le es propia".
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NOTICIA > Urbanismo > Madrid
Valor añadido > DENUNCIA ANTE BRUSELAS EL PLAN URBANÍSTICO DEL REAL MADRID. El eurodiputado de CiU en el Parlamento Europeo, Pere Esteve, ha denunciado ante la Comisión Europea el proyecto urbanístico de la ciudad deportiva del Real Madrid por vulnerar las normas comunitarias sobre competencia.
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NOTICIA > Urbanismo
Valor añadido >  Ley de Grandes Ciudades, en la que trabaja el Senado, otorgará mayor gestión y competencias a algunos gobiernos municipales. De ella se beneficiarán Madrid y Barcelona.
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NOTICIA >  Urbanismo
Valor añadido > El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) considera que la legislación sobre suelo y el planteamiento urbanístico de las comunidades autónomas constituyen "barreras a la entrada y a la competencia" en el sector inmobiliario, por estimar que restringen la oferta de suelo en el mercado.
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NOTICIA >  Urbanismo
Valor añadido > via penal > edificio > normativas medioambientales y de Patrimonio
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NOTICIA >  Urbanismo
Valor añadido > via penal > edificio > normativas medioambientales y de Patrimonio
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NOTICIA >  Urbanismo > Un ejemplo
Valor añadido > 'Si no tenemos un metro cuadrado de terreno para viviendas sociales es porque el Ayuntamiento ha revendido todos los terrenos que le correspondían de diferentes convenios urbanísticos. El Consistorio ha vendido incluso los suelos de uso dotacional'
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NOTICIA >  Urbanismo > Colegio de Arquitectos de Sevilla
Valor añadido > Ayuntamientos > consienten que no se adjunte el proyecto de ejecución necesario para cada edificación
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NOTICIA >  Urbanismo >La Comunidad Autónoma de Canarias no posee competencias suficientes como para propiciar que en las islas se corrijan los errores urbanísticos cometidos en el pasado, según el consejero de Política Territorial que señaló que "estas correcciones en el planeamiento dependen de la voluntad de los ayuntamientos en cada municipio".
Valor añadido > sin comentarios
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NOTICIA >  Urbanismo >la Fiscalía detalla la siguiente situación en su apartado de medio ambiente: “Se permite la urbanización turística en zonas alejadas del municipio, en aquellas que el promotor ha comprado cientos de miles de millones de metros cuadrados a precio de suelo rústico, se reclasifica posteriormente en urbanizable y se presenta al correspondiente plan parcial que ya contaba con el beneplácito de las autoridades municipales. El resultado es un gran pelotazo urbanístico para promotores, particulares que pierden sus fincas a través de expedientes de dominio, alteraciones de fincas en los catastros, participación de políticos en negocios inmobiliarios...”
Valor añadido > La Fiscalía denuncia la corrupción urbanística de los ayuntamientos
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NOTICIA >  Urbanismo >Círculo de Empresarios >considera urgente definir una nueva política de suelo que convierta la regulación urbanística en una norma más transparente y flexible, para aumentar la oferta y reducir los precios. > Asegura que la actual legislación puede derivar en «procedimientos corruptos, fruto del intervencionismo municipal.
Valor añadido > Grave acusación.
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NOTICIA >  "conveniencia" de alcanzar el 'Pacto Nacional de Suelo' propuesto en su día por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, o, en su defecto, fórmulas de coordinación y cooperación intermedias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para solucionar el "difícil y atomizado mercado de suelo".
Valor añadido > Vincular a la Comunidades Autónomas en materia de suelo, al igual que el Plan de Vivienda.
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NOTICIA >  Urbanismo > Un ejemplo
Valor añadido > 'Si no tenemos un metro cuadrado de terreno para viviendas sociales es porque el Ayuntamiento ha revendido todos los terrenos que le correspondían de diferentes convenios urbanísticos. El Consistorio ha vendido incluso los suelos de uso dotacional'
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NOTICIA >  Urbanismo > Colegio de Arquitectos de Sevilla
Valor añadido > Ayuntamientos > consienten que no se adjunte el proyecto de ejecución necesario para cada edificación
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NOTICIA >  Urbanismo > delito urbanístico > catedrático
Valor añadido > culpa a la administración de permitir infracciones urbanísticas
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NOTICIA >  Urbanismo >La Comunidad Autónoma de Canarias no posee competencias suficientes como para propiciar que en las islas se corrijan los errores urbanísticos cometidos en el pasado, según el consejero de Política Territorial que señaló que "estas correcciones en el planeamiento dependen de la voluntad de los ayuntamientos en cada municipio".
Valor añadido > sin comentarios
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NOTICIA >  "conveniencia" de alcanzar el 'Pacto Nacional de Suelo' propuesto en su día por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, o, en su defecto, fórmulas de coordinación y cooperación intermedias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para solucionar el "difícil y atomizado mercado de suelo".
Valor añadido > Vincular a la Comunidades Autónomas en materia de suelo, al igual que el Plan de Vivienda.
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Según la firma Abogados Inmobiliarios inmoley.com, al menos 83 escritos judiciales complementarios se han amparado en el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que cuestionaba la legalidad de la ley valenciana 6/94 Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) para solicitar las paralizaciones de programas de actuación integrada (PAI) de toda la autonomía. Según inmoley.com, 'las consecuencias de esta actuación pueden suponer la paralización de parte de las promociones valencianas, por lo que hay una gran alarma en el sector'. Los abogados de la firma aseguran que en 2000 se tramitaron 483 PAI y que a lo largo de 2001 se presentaron otros 200. 'Los recurrentes solicitan la paralización de todas las actuaciones hasta que se resuelva el asunto de la posible inconstitucionalidad' de la ley, según inmoley.com

Tribunal Supremo obligatoriedad corporaciones locales de destinar el dinero venta de suelo al mantenimiento de su patrimonio urbanístico

Cataluña, Madrid y Valencia aumentan la oferta de suelo industrial

Los campos de golf se convierten en una excusa para recalificar terrenos

 

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